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Periodismo de Intervención social

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EL JOVEN RELATÓ POR PRIMERA VEZ ANTE UN MEDIO PERIODÍSTICO LAS TORTURAS SUFRIDAS DENTRO DE LA CÁRCEL

Brian Núñez y tres logros inéditos

(Prensa PPN) Recién liberado, el joven Brian Núñez hizo un estremecedor relato de los tormentos que le infringieron agentes del Servicio Penitenciario Federal cuando estaba alojado en el penal de Marcos Paz. En el programa Voces en Libertad, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Brian Núñez se dio tiempo para una reflexión desoladora: “Mientras estamos aquí hablando, tal vez otro chico está siendo golpeado.” Brian, como se remarcó en el programa, ha obtenido tres logros inéditos:

Brian

1) El suyo es el primer caso en el que un Tribunal Federal dicta una condena efectiva contra agentes del Servicio Penitenciario Federal;

2) Atravesó en prisión – por lo tanto expuesto a la represalia de sus agresores- todo el proceso judicial;

3) y es el primer caso en el que se logra una reducción de pena como medida paliativa al sometimiento que sufrió el denunciante.

“Todavía tengo que recuperar la masa muscular, tengo que usar zapatillas con un formato especial y ponerles dos plantillas porque cuando camino siento donde tengo los huesos quebrados”, decía Núñez mientras ejercitaba también las manos con unos tensores.

Uno de los métodos de tortura que le aplicaron a Brian – conocido como Pata-Pata- deja un efecto físico permanente con dolores en las plantas de los pies y sensación de frío. La característica de la tortura es que sus efectos no terminan nunca, ni psicológica ni físicamente

MAR DEL PLATA- JUICIO POR LOS CRÍMENES DE LA CNU

Un represor "indignado"

El defendido por el abogado José Galán es Mario Ernesto Durquet, quien se “indigna” en la audiencia del día 25 de agosto del corriente año, y sin solicitar autorización se levanta, se dirige al Tribunal (compuesto por los Jueces Luis Imas, Víctor Bianco, Elio Osores Soler y Alfredo Ruiz Paz como cuarto juez) manifestando que “están violando sus derechos humanos”, y solicitando que se obligue a los integrantes del público asistente a quitarse los pañuelos que llevan en la espalda con la inscripción de los nombres de las víctimas asesinadas. Como es sabido, sin fundamentación alguna, el Tribunal accedió a su reclamo e instó a los presentes a quitárselos. Dijimos en ese momento (y repetimos) que más allá de dónde queden ubicados los “significativos” pañuelos, la verdad estallará y será justicia.

Represor indignado

Como se recordará, recientemente en la nota “Un defensor de oficio en Mar del Plata” nos referíamos al abogado José Galán, quién en el Juicio contra crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que se desarrolla en el TOF N° 1 de esta ciudad, representa en su carácter de defensor oficial a uno de los imputados. Todos los imputados – diez civiles y un militar -, están siendo juzgados por asociación ilícita, y en el caso de quienes actualmente están en prisión, Mario Ernesto Durquet, Juan Pedro “Piero” Asaro, Raúl Viglizzo, Raúl Rogelio Moleón, el militar retirado Fernando Alberto Otero, y el ex fiscal Gustavo Demarchi, se les imputan los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad agravada cometidos entre los años 1974, l975 y meses anteriores y posteriores al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Los restantes imputados, Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Roberto Alejandro Justel permanecen en libertad asistiendo al juicio, mientras que algunos están prófugos. En el caso de estos últimos, no ha podido efectivizarse un pedido de extradición.

LA INFORMACIÓN OFICIAL
Analizando la información oficial existente en relación a los delitos que le son imputados a Mario Ernesto Durquet, – que se corresponden con su activa participación en dicha asociación ilícita -, encontramos la que fuera analizada en los Juicios por la Verdad realizados en esta ciudad entre los años 2001 y 2008, consistente en la Resolución emanada por el Tribunal Subrogante integrado por los Jueces Mario Portela, Néstor Parra y Roberto Falcone, que fuera remitida el 8/04/2009 al Juez Federal Norberto Oyarbide a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5 de Capital Federal .
Dicha resolución se inicia con una declaración testimonial del 16/07/77 del cuidador del “Hotel Centenario” sito en Paseo Jesús de Galindez y Falucho, donde hasta dos años antes habían funcionado la imprenta y otras dependencias de la Universidad Provincial, en la que declara haber encontrado en el lugar armas de guerra, municiones, uniformes militares, trozos de tela negra como “capuchas”, pelucas, etc. (Expediente N°817).
Se agrega a este informe: “Cabe señalar la existencia de aportes probatorios que determinan que en la fecha en que operaba la Imprenta (citada) en el Hotel Centenario especialmente durante todo 1975 y meses previos al 24/03/76 habría operado un grupo perteneciente a la CNU integrado por agentes vinculados con la Universidad Provincial en coordinación con la agrupación a nivel nacional conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), hechos que oportunamente fueron puestos en conocimiento del Juez Oyarbide. También da cuenta el citado informe de la renuncia “bajo amenazas” del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Rodolfo Martín Vaello el 15 de octubre de 1975. Dice Vaello: “Un grupo con armas largas, barbas y pelucas postizas, grandes anteojos negros irrumpe en mi despach, obligándome a renunciar”. Efectuó la denuncia del hecho en el Juzgado Federal N° 1 de Mar de Plata.

DELINCUENTE COMÚN ACOMPAÑA A DURQUET
Ramón María González, quien prestó servicios en la Universidad desde el |4/03/75 hasta el 19/01/77, titular de “frondoso prontuario delictivo” (que no obstaculizó su designación) vivía coincidentemente en el Hotel Centenario y acompañaba en sus andanzas a Durquet a bordo de un Fiat 128 con armas que éste proveía. Por la causa N° 763 en la que se le asignaron delitos cometidos el 12/01/77, González fue condenado a tres años de prisión (sentencia 133/134). La carátula de dicha causa incluye a Durquet, y figura como “prófugo” sin que en ningún momento fuera decretada su captura. Sin embargo, González reconoce que Durquet fue quién les entregó las armas y da el dato del vehículo utilizado.
Mario Durquet también tenía en ese momento un pedido de captura por el homicidio de Pablo Rojas, diputado nacional por la Provincia de Mendoza. Nunca fue efectivizada.

LA “INDIGNACION” DEL ACUSADO
El Profesor de Filosofía y Letras de la Escuela de Cadetes con domicilio en 229 y 54 de Echeverry, imputado hoy por delitos de lesa humanidad se “indigna”, y quizás bajo el imperativo de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”, sale al ruedo muy enojado diciendo que “se están violando sus derechos” y arremete contra un público que esperó a la Justicia por cuarenta años sin ningún agravio ni venganza.
Su pasado LO CONDENA. Tiene el derecho de que sus perversas acciones estén siendo analizadas en un proceso judicial, lo que no es poco. Se presenta como víctima y no como lo que es realmente: un victimario. Intenta mantener la construcción de una verdad impuesta a sangre y fuego por el aparato represivo que se desató en los años 1970 y pretende imponer a todos una conducta silenciosa y contemplativa de sus infamias.
Los que fueron eliminados por su mano o por su orden, los encarcelados legal o ilegalmente, los que debieron partir a un exilio forzoso, los testigos que vienen a brindar sus valientes relatos en procura de dar por terminada una impunidad mantenida a través de años, y nosotros que los acompañamos decimos:

LOS JUZGA UN TRIBUNAL. LOS CONDENAMOS TODOS

EDUARDO SOARES

“Los seis campesinos fueron condenados por un delito que no cometieron”

(Por E´a)Eduardo Soares, abogado argentino que acompañó el caso de los seis campesinos condenados por el caso Cecilia Cubas, conversó al respecto con el programa “Mandioca Radioactiva”, emitido por Radio Sur de Buenos Aires. Soares es presidente de la Asociación Gremial de Abogados y es miembro de la Mesa Nacional de Convocatoria por la Liberación Nacional. En la Argentina llevó adelante la defensa de los militantes paraguayos Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón en el juicio que concluyó con la extradición a nuestro país (Paraguay) y una posterior condena en el 2012 a 35 años de prisión. (Fuente: Anred)

Eduardo Soares

Expresó que el caso de los seis campesinos paraguayos es una de las situaciones jurídico-políticas que más ha ofendido a la dignidad de los que luchan por la solidaridad con los hermanos de Nuestra América. “El caso de los seis nos agrede, nos duele porque además, en el poco tiempo que estuvieron los seis acá se convirtieron en hermanos nuestros”, afirmó.
Recordó que la mayoría de ellos pertenecía al Partido Patria Libre, que “a inicios de la década pasada sufrió enormes agresiones y represión por parte del Estado, incluido el secuestro y tortura de sus dirigentes, hoy con asilo político del Estado brasilero. Otros exdirigentes de PPL se encuentran asilados en Bolivia”.
“En ese marco fueron acusados de un delito que no cometieron, el secuestro y muerte de la hija del expresidente Raúl Cubas, involucrado en una interna durísima del Partido Colorado que desembocó en la muerte de Luis María Argaña y la masacre de la plaza”, explicó.
“Los seis fueron involucrados en una causa en la que el propio juez, Pedro Mayor Martínez, los libera afirmando que no tienen nada que ver con los hechos”. “El propio juez, Mayor Martínez, fue testigo en el juicio de extradición reafirmando sus expresiones”, añadió.
Soares relató parte de las numerosas irregularidades cometidas en connivencia entre las autoridades paraguayas y argentinas en el proceso de detención y extradición de los seis campesinos. Mencionó que en la sentencia de extradición, el juez Ariel Lijo reconoció que la defensa probó que en Paraguay hay tortura, pero luego desestimó el hecho. Además, el gobierno paraguayo se comprometió a computar el tiempo de prisión de los seis en Argentina en una eventual condena en Paraguay, pero no cumplió.
“En Paraguay los agarró la justicia del Partido Colorado. Sandra Quiñónez y Rogelio Ortúzar fueron los fiscales de un juicio totalmente amañado. Los colegas paraguayos hicieron un gran trabajo, pero es imposible pelear contra una sentencia cantada por una justicia manejada por la oligarquía paraguaya. Ahora están en Paraguay agotando ya todas las instancias ante la Corte Suprema y nosotros nos vamos a encargar del tema ante el sistema interamericano. La gremial de abogados no va a dejar solos a estos compañeros, vamos a pelear por su libertad con todas las herramientas políticas y jurídicas a nuestro alcance”, concluyó.