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Periodismo de Intervención social

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ENTREVISTA CON SANDRA RAGGIO, DE LA CPM, SOBRE JULIO LÓPEZ

“Tenemos documentación sobre la primera desaparición, y no tenemos nada, ni un rastro, sobre su segunda desaparición en democracia”

(Por RNMA) En el programa Enredando las Mañanas, días atrás, nuestra primera entrevistada fue Sandra Raggio, integrante de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Esta Comisión, el viernes 18 estuvo participando junto a otras organizaciones de los actos recordando que, a nueve años, todavía tenemos desaparecido a Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave en los juicios por delitos de lesa humanidad. Ese día, entre otras actividades, la Comisión dio a conocer documentación de legajos de inteligencia de 1977, donde se hallaba información sobre Jorge Julio López. Nos comunicamos con Sandra para conocer detalles de estos documentos que pertenecían a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y compartir una lectura del papel de los servicios de inteligencia en el marco del estado de derecho.

Sandra Raggio

Sandra Raggio: Es poca la documentación que hay, pero es muy certera, porque es documentación que en su momento ya fue presentada en los juicios donde fue requerida, fue prueba. También en su momento se la entregamos a la mujer y al hijo de Jorge Julio López. Consiste, básicamente, en un listado que hay de detenidos bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional en marzo del 77, donde todavía Jorge Julio López no había sido “blanqueado”, no estaba en la Unidad Penitenciaria N° 9 donde finalmente lo blanquean y está preso más de un año. Lo que dice allí es que estuvo detenido en la comisaría 5ª, que es un lugar acá en La Plata donde funcionó un centro clandestino de detención, y estaba en ese momento detenido clandestinamente, o sea, que estaba desaparecido. Esto significa que en el documento de la DIPPBA lo que se prueba es la desaparición de López, mediante esta burocracia del Estado que deja registro de su desaparición. En ese momento, cuando los familiares estaban buscando desesperadamente a Jorge Julio López, la policía sabía dónde estaba, tenía registro de ello, y da cuenta de alguna manera de cómo operaba, cuestiones que ya sabemos…
Sabemos que esto ocurría, se ha probado en numerosas oportunidades cuál era el modus operandi de la dictadura militar. Pero el saberlo no deja de volver a marcarnos esta idea de que tenemos documentación sobre su primera desaparición y no tenemos nada, nada, ni un rastro, ni una pista, sobre su segunda desaparición.
En ese momento, DIPPBA operaba en el marco del terrorismo de estado. En este momento, tenemos un estado democrático en el marco del cual las fuerzas de seguridad, la justicia, operan, y es realmente muy preocupante y llama a la reflexión profunda acerca de todo lo que le falta al estado democrático que no se haya podido avanzar un solo paso, un solo paso en el esclarecimiento de lo que pasó con la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Mientras tanto, en los archivos de la DIPPBA tenemos documentación de la primer desaparición que ya ha sido probada en la justicia. Ha sido una desaparición que se dio en este estado clandestino, represivo, genocida. Bueno, ahora en democracia, ese mismo estado no ha podido ni siquiera encontrar una pista certera acerca de esto. La pregunta que nos hacemos como Comisión es por qué. Si es que no ha habido decisión política para hacerlo, si la justicia no ha puesto todos los recursos a su disposición, si no es una investigación de primer orden como debería ser… porque en todos los poderes del estado, no hay una investigación más importante que saber qué pasó con Jorge Julio López, porque esto revela todavía un sistema de impunidad de lo que pasa hoy con las violaciones de los DDHH. Es un caso más impune, pero por la relevancia que tiene debería ser de alguna manera el caso emblemático donde podamos todos sentir con tranquilidad que las instituciones de la democracia funcionan.

Te agradecemos el contacto, sabemos que estás con poco tiempo. Mientras se realizaba la movilización el pasado viernes en La Plata, simultáneamente en Florencio Varela se hizo un escrache a Luis Genoud, quien fue nombrado como parte del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y que está vinculado también al terrorismo de estado durante la última dictadura militar. Casos como este, en el que los resabios de la dictadura permanecen en las instituciones de la democracia nos llaman a la reflexión.

Sandra: Sí, a mí me preocupa mucho más que no son resabios, o sea, son también los dispositivos que funcionan en democracia. Nosotros teníamos una cierta ilusión en los años 80. Decíamos que erradicada la dictadura, instalada la democracia y con una democracia estable, ciertas cosas ya no iban a ocurrir más. Bueno, en democracia se violan sistemáticamente los derechos humanos, se violan los derechos de sectores de la población, que son los más vulnerables, los más pobres, hay todavía un cierto estado de excepción donde un montón de ciudadanos en la Argentina están por fuera del estado de derecho, sin acceso a la justicia. Y el caso López es un caso que da cuenta de eso, de esta diferencia en el tratamiento a lo que pasó con las violaciones de los DDHH durante la dictadura y el tratamiento que se da a las violaciones a los DDHH que ocurren durante la democracia, donde la justicia por lo menos debería ser mucho más eficaz, porque ya no tenemos un estado represivo que está llevando adelante un plan sistemático, donde todos los dispositivos están a disposición de eso, sino que estamos en democracia. Yo creo que son mucho más que resabios.

También da cuenta de un estado que todavía no se termina de democratizar, digamos. Y una democracia que todavía no se termina de democratizar, con todos los alcances que hemos hecho como sociedad, con esta estabilidad democrática que tenemos que la valoramos, que podemos elegir, estamos eligiendo a nuestros propios gobernantes. También en los 80 dudábamos acerca de si eso podía pasar o no. Hoy, eso está, pero no es suficiente. No es suficiente que ciertos procedimientos garanticen cómo son las formas de elección del gobierno, sino también que haya procesos de democratización muy fuertes.

Una de las cuestiones para nosotros fundamental, es que se democraticen las fuerzas de seguridad y por supuesto, la justicia también. Pero las fuerzas de seguridad, cuando nosotros ponemos a la luz los documentos de la DIPPBA damos cuenta de lo que puede hacer una agencia de inteligencia. Y la DIPPBA siguió funcionando hasta 1998. Entonces nos preguntamos también qué otra documentación habrá producido el estado que estará en las manos de las agencias de inteligencia, que a lo mejor tienen alguna noticia sobre lo que puede haber pasado con López. Es una pregunta, nada más.
Sandra, muchas gracias y un saludo para los compañeros y compañeras de la Comisión.

El tiempo de las invisibles

El relato oficial de la Historia ha ido dejando sistemáticamente invisibilizadas muchas realidades. La lucha de las mujeres ha sido una de las grandes olvidadas. Así como las disidencias de la heteronormatividad o cis-sexualidad. O muchos movimientos independientes que han luchado por cambiar el sistema.
Este ciclo de documentales muestra varias de esas historias que suceden en los márgenes de la Historia oficial. Relatos de vida de mujeres republicanas que lucharon contra el franquismo, de otras que marcharon al exilio, de lesbianas, gays y personas trans que resistieron el feroz ataque de la dictadura franquista, o de mujeres que hoy en día participan en los movimientos sociales del Estado español luchando por un mundo más justo.Porque algún día todo tiene que cambiar, y llegará un tiempo nuevo. El tiempo de las invisibles.

Última modificación: 27 de septiembre de 2015 a las 16:59
AYOTZINAPA

“A un año estamos como al principio, sin rastro de ellos, sin nada.”

(Por Alaide Martínez/ Desinformémonos) Chilpancingo, Guerrero. El 26 de Septiembre del 2014, la señora Macedonia Torres alistaba su mercancía para salir a vender al tianguis de Amilcingo, en el Estado de Morelos. Eran las 10 de la mañana cuando un vecino tocó a la puerta de su casa para anunciarle la noticia: había ocurrido un “enfrentamiento” entre normalistas y la policía en Iguala, Guerrero. Nadie lograba localizar a José Luis, uno de los seis hijos de la señora Macedonia que iniciaba su carrera en la Normal de Ayotzinapa para ser profesor. En ese momento inició el éxodo de búsqueda para encontrar a su hijo. El caso de la señora Macedonia Torres se replicó. Decenas de familiares de los 43 normalistas desaparecidos arribaron a Tixtla para emprender junto a los estudiantes de la Normal una lucha para exigir la presentación con vida de los jóvenes y justicia por los asesinados. La esperanza de encontrar a sus hijos es el estandarte de la lucha que mantienen, esperando que la sociedad no lo olvide y tampoco perdone como ellos no han olvidado ni perdonado.

Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, la tragedia cobijó nuevamente a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Policías municipales de Iguala ligados a la delincuencia organizada asesinaron a tres estudiantes; Julio Cesar Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón, además, según la versión oficial, detuvieron y entregaron al grupo delincuencial “Guerreros Unidos” a 43 jóvenes sin que hasta la fecha se tenga noticias certeras de su paradero. Del ataque resultaron también heridos los normalistas Aldo Gutiérrez y Edgar Andrés Vargas, hasta la fecha hospitalizados en estado delicado. Todos ellos en compañía de otros estudiantes habían ido hasta Iguala con el fin de realizar un boteo para recaudar fondos y así asistir a la marcha en la Ciudad de México por los estudiantes caídos el 2 de Octubre de 1968.

El caso de la señora Macedonia Torres se replicó. Decenas de familiares de los 43 normalistas desaparecidos arribaron a Tixtla para emprender junto a los estudiantes de la Normal una lucha para exigir la presentación con vida de los jóvenes y justicia por los asesinados.

El número 43 y la fecha 26 de septiembre comenzaron a aparecer primero en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, después en la Ciudad de México y poco a poco en diferentes ciudades, estados y países.

La desaparición de 43 jóvenes trajo a la memoria las múltiples desapariciones forzadas que se han registrado en Guerrero. Durante la época de los años setentas, la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas, profesor egresado de la Normal de Ayotzinapa, desembocó en asesinatos y cerca 500 desapariciones.

Para Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, quien además ha llevado el caso de Ayotzinapa, la desaparición y asesinato de los normalistas es un ejemplo de las violaciones de derechos humanos más graves que se han registrado en el país: “La impresión que se tenía antes de Ayotzinapa era que violaciones como la desaparición forzada o la tortura eran cosas del pasado… si bien es cierto había miles de desaparecidos en el país, estos no lograban la connotación de la desaparición forzada en términos jurídicos. Ayotzinapa viene a poner en el centro de discusión que es una de las violaciones graves que en México sigue teniendo lugar”, explica.

La Verdad Histórica del gobierno mexicano y el contra-informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes
Después de que el gobierno del estado de Guerrero dejara en manos del gobierno federal la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de Septiembre y madrugada del 27, el 27 de Enero, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó en conferencia de prensa que los jóvenes habían sido “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden”, sentenciando: “esta es la verdad histórica de los hechos”. En el mismo informe, dio a conocer que de acuerdo a los primeros resultados de los restos encontrados en el basurero y en el río San Juan, de Cocula, Guerrero, analizados en Universidad de Innsbruck, Austria, pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio.

Sin embargo, los familiares de los normalistas desaparecidos de inmediato rechazaron la versión.

Macedonia Torres, madre de José Luis Luna Torres, normalista desaparecido, reprocha que el presidente de la República y el entonces Procurador de Justicia se han dedicado a decir que sus hijos están muertos: “ya es un año que nosotros no sabemos nada de nuestros hijos, lo que sí sabemos es que los agarraron forzadamente, hay pruebas y hechos de que los agarraron la policía municipal, ministeriales, federales. Murillo Karam y Peña Nieto sólo repiten que nuestros hijos están muertos y calcinados pero no tienen pruebas, hechos, no tienen nada, y nosotros vamos a seguir buscándolos.”

Isabel Telumbre, tía de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, normalista desaparecido asegura que a un año de los hechos ocurridos en Iguala, continúan esperando justicia: “Nosotros estamos reclamando algo que por derechos nos corresponde, justicia y presentación con vida de nuestros familiares. A un año estamos como al principio, sin rastro de ellos, sin nada.”

En el mes de Marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por un acuerdo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de los normalistas desaparecidos comenzó sus trabajos, seis meses después entregó un informe general de las investigaciones realizadas, llegando a dos conclusiones importantes: de acuerdo a los análisis y pruebas los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula y existe un quinto autobús tomado por los normalistas la noche de 26 de septiembre, posiblemente cargado de droga, mismo que no ha sido tomado en cuenta en la investigación de la Procuraduría General de la República. De este modo, se legitimó la consigna de los padres de familia, la verdad histórica había sido una farsa.

Bertha Nava, madre de Julio César Rodríguez Nava, normalista asesinado la noche del 26 de septiembre afirma que las autoridades siguen burlándose de los padres de familia: “Nosotros queremos que nos digan las cosas como son… lo que nos interesa es que nos devuelvan a nuestros muchachos… Si no tienen pruebas contundentes ¿por qué se ponen a estar lastimando a los 43 papás? Nos han tumbado pero así como lo han hecho, nos hemos levantado. Se los hemos dicho, nosotros no creemos en sus mentiras”

Ayotzinapa: una lucha contra el olvido

Desde los hechos ocurridos el 26 y 27 de Septiembre, en México y otros países se
han registrado un sin número de protestas en solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados.
Vudulfo Rosales considera Ayotzinapa como un estandarte de las luchas sociales, que muestra además la corrupción y las injusticias en México: “el caso Ayotzinapa pone en evidencia la corrupción de las autoridades políticas, la crisis en que se encuentra el sistema político mexicano, los partidos políticos, su infiltración por parte de la delincuencia organizada, el autoritarismo, la inacción y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, de los sistemas de justicia y el colapsamiento de todas las instituciones hoy en día supuestamente democráticas, se logra vislumbrar que están colapsadas, coludidas y que son incapaces de poder brindar desarrollo, seguridad, justicia, bienestar en su conjunto a la población del país.”

José Alfredo Galides, padre de Giovanni Galindes Guerrero, normalista desaparecido, refrenda la búsqueda de su hijo y de sus compañeros: “se tienen que continuar porque nosotros siempre hemos dicho como papás que si hubiera sido dinero el que se perdió, en un año se olvida, pero las vidas de nuestros hijos jamás se van a olvidar y es por eso que nosotros tenemos que continuar exigiendo que nos entreguen a nuestros hijos porque vivos se los llevaron y realmente vivos los queremos”.

Dentro de las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, en uno de los edificios más recientes existe una sala de usos múltiples habilitada como habitación compartida, ahí habita desde hace un año la señora Macedonia Torres, quien desde la tarde del 27 de Septiembre del 2014 aseguró que no se iría de Tixtla hasta que su hijo apareciera. Ella, así como todos los familiares de los normalistas desaparecidos, piden a la sociedad que nunca los dejen solos y continúen solidarizándose con la exigencia de la presentación con vida de sus hijos: “Hoy nos tocó a nosotros, mañana pueden ser ellos. El enemigo es el gobierno, no importa si la gente es pobre, a cualquier persona desaparecen. Nosotros estamos luchando por nuestros hijos… pedimos justicia y verdad, la verdad de nuestros y la justicia para los que cayeron también, por eso nosotros no nos callamos y seguimos luchando”.

A un año de los hechos ocurridos en Iguala, no existen pruebas contundentes que den certeza a los familiares de los 43 normalistas sobre lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de Septiembre. La esperanza de encontrar a sus hijos es el estandarte de la lucha que mantienen, esperando que la sociedad no lo olvide y tampoco perdone como ellos no han olvidado ni perdonado.

“Es un golpe que le dieron a los estudiantes que son el progreso de México y es por eso que si golpean y desaparecen al progreso de México, el día de mañana o pasado ¿A quiénes no golpearán? ¿A quiénes no desaparecerán? ¿A quiénes no van a asesinar?”, se cuestiona con lágrimas en los ojos don José Luis, quien desde hace un año espera tener nuevamente entre sus brazos a su hijo.