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Periodismo de Intervención social

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RÍO NEGRO: ALCALDÍA DE EJECUCIÓN PENAL Nº 2 DE GENERAL ROCA

El juez corrupto Juan Martín Arroyo impide el casamiento de un preso como venganza a las denuncias de sus negociados

(APL)El cuestionado juez de Ejecución Penal de Bariloche, Juan Martín Arroyo, prohíbe – empecinamente- el casamiento del detenido César González y su mujer, y compañera de nuestra Agencia, María del Rosario Fernández. Por quinta vez no autorizó el traslado de González a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el enlace, con el argumento de que: “pudiendo dicho acto llevarce (sic) a cabo en General Roca”. En realidad, el absurdo consiste en que ninguno de los futuros contrayentes tiene familiares en Roca, por lo cual se violarían los derechos de las familias y amigos, quienes no pueden trasladarse masivamente a esta ciudad. Por lo tanto, para afianzar los vínculos de la pareja y, a la vez, por celeridad y economía procesal, es ampliamente conveniente que González viaje a Buenos Aires y no 60 personas lo hagan a Roca, dado que ni el Poder Judicial ni el Servicio Penitenciario de Río Negro costearían los gastos de alojamiento y traslado de los invitados. Cómo ya informara esta Agencia, el juez Arroyo es un corrupto que, entre otros “yeites”, cobra 2 mil pesos las salidas transitorias a los presos y recibe coimas del narcotráfico.

Juez Arroyo

A la vez, como consecuencia de sus denuncias sobre los derechos vulnerados de presos y cautivas, González fue trasladado – entre gallos y medianoche-, desde Bariloche a Roca. De ese modo, se cortaron sus salidas transitorias por estudio, su derecho a estudiar y su libertad que “pulsera magnética” por medio estaba a punto de lograr. Así se lo manifestó el 24 de agosto de 2015 en su propio despacho, el juez Arroyo a Rosario Fernández, a quien en el último escrito el funcionario trató de incoherente y, relativizando su vínculo, se refirió a ella como “quien dice ser la pareja de González”.

Entre las irregularidades de este juez, se encuentra – por caso- que luego de cuatro meses del vengativo traslado, Arroyo nunca notificó a González los motivos del mismo.
Por su parte, el abogado Marcelo Catalano denunció, en su oportunidad, al doctor Arroyo por mentir para acceder al cargo de juez. Para conseguirlo falsificó su domicilio en una declaración jurada que presentó para cumplir con el requisito de residencia en la provincia, que exige la Constitución de Río Negro, expresando allí que vivía en Cipolletti, cuando en realidad vivía y trabaja en La Plata.

“O me pagás o viajás a la tumba”
Fue la frase con la que el Juez Juan Martín Arroyo, intimó en setiembre pasado a Adrián Garcés (20) para evitar su traslado al penal “infierno” de General Roca. El joven, condenado a cinco años de prisión, estaba detenido en la cárcel de Bariloche, donde estudiaba, y por no pagar lo pedido por Su Señoría marchó directo tras las rejas de Roca, como forma de castigo.
A la vez, por la misma época, tres presos del Penal de Ejecución Nº 2 de la localidad de General Roca, decidieron coserse la boca en señal de repudio frente a la policía, las autoridades judiciales y penitenciarias, y denunciaron a Arroyo por violación de múltiples derechos.

Asimismo, el detenido Diego Cid aseguró a esta Agencia, en setiembre pasado, que: “Yo para salir a la calle con salidas transitorias le pago a mi Juez de Ejecución, Martin Arroyo, 2000 pesos cada salida. Primeramente le pagaba al presidente de la Sala II Héctor Leguizamón Pondal, quien además de recibir coimas de parte de los detenidos, fue denunciado internacionalmente como antisemita. Cuando se lo nombró a Martin Arroyo juez de ejecución me citó a su oficina para comunicarme que Pondal le había comentado de mis salidas, entonces seguí pagándole a este”.

Cid, concluyó su narración exponiendo como se materializaba la entrega del dinero: “yo firmaba la salida y ahí inmediatamente un compañero entraba al juzgado y le dejaba el sobre con la plata. Pero no te creas que soy el único”.

Por su parte, la abogada Rosario Fernández denunciará ante el Consejo de la Magistratura de Viedma al juez Arroyo por: Violencia institucional y de género, ensañamiento, discriminación por conculcar sus derechos, ya que ella no se encuentra detenida. Asimismo, consultados especialistas en la materia, los mismos sostuvieron que: “el accionar del juez genera un grave daño psicológico y moral a González”, ya que busca destruir el vínculo con su pareja, quien se ve obligada a viajar a Roca una vez al mes, provocándole perjuicios laborales, económicos y familiares.