Agencia
Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

764

DEPARTAMENTAL POLICIAL DE SAN VICENTE: MUJERES TORTURADAS, ABUSADAS SEXUALMENTE Y HOSTIGADAS

"Están acá por putas"

(CPM)Cinco mujeres detenidas en una dependencia policial de la departamental San Vicente, denunciaron ayer haber estado sometidas a torturas sistemáticas por parte de agentes policiales en los últimos meses. Golpes, tormentos físicos, verbales y psicológicos, y abuso sexual figuran entre las prácticas más habituales narradas por las víctimas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino para garantizar un inmediato traslado y evitar la profundización del estado de vulneración. La denuncia no constituye un caso aislado, es un síntoma más de todo un sistema de encierro donde la tortura se ha constituido como práctica sistemática. La situación se agrava en este caso por la perspectiva de género en que se inscriben los abusos denunciados. Aunque esto no constituye una excepcionalidad. De manera reiterada la CPM ha expuesto los argumentos que dan cuenta de los modos particulares con que el sistema de encierro constituye a las mujeres en víctimas por su sola condición de tal.

Mujeres

La CPM expresa su preocupación por las denuncias de torturas realizadas ayer por cinco mujeres detenidas en una dependencia policial de la departamental San Vicente. La gravedad de los hechos exige una contundente intervención judicial y de las autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense, para salvaguardar la integridad de las víctimas e investigar a fondo las responsabilidades policiales en todas sus jerarquías.

Tienen entre 20 y 30 años de edad. Permanecían alojadas todas juntas en una celda de 3 × 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. Dormían en el piso sobre colchones que sus familiares les habían traído. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. Sólo comían lo que, también sus familiares, alcanzaban cada día a la dependencia policial. Permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo.

Ayer denunciaron que en los últimos meses fueron víctimas de torturas sistemáticas por parte de los policías encargados de su cuidado, todos agentes varones, pese a tratarse de una dependencia destinada únicamente a mujeres. A las condiciones antes descriptas, se sumaron las agresiones físicas, psicológicas y verbales; abuso sexual y hostigamiento permanente por su condición de mujer: “están acá por putas”; “sus familias saben que son putas”, eran algunas de las frases con las que convivían.

Un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó ayer en el lugar e intervino para garantizar un rápido traslado que permita salvaguardar la integridad de las mujeres. Al ingresar a la celda donde permanecían detenidas, se percibió rápidamente un clima de hostigamiento y violencia que las obligaba a permanecer en silencio. Luego reconocieron estar amenazadas por los victimarios. Al momento de la entrevista, presentaban síntomas de estrés post traumático: episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada.

Entre los episodios narrados refirieron a la noche del 31 de diciembre, cuando varios agentes policiales ingresaron a la celda, les entregaron una sidra, las agredieron verbalmente y amedrentaron violentamente lo que motivó que salieran al patio. Con las detenidas allí, los agentes se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban “a ver a quien le cae este guascazo”.

Esa misma madrugada alrededor de las 4 am, un agente comenzó a arrojarles petardos dentro de la celda y amenazarlas diciéndoles que les iban “a meter un tiro en el culo por putas” y que iban a informar que “habían querido escaparse”. La secuencia de la noche entera las aterrorizó completamente.

En otra ocasión, a una detenida la obligaron, mientras la golpeaban, a limpiar con una tapita de gaseosa una letrina colmada de excremento.

En el relato, las detenidas mencionaron ser testigos de un hecho ocurrido a mediados de enero: la detención y torturas a un hombre que fue ingresado a una celda contigua. Escucharon ruidos que confirman que fue golpeado y torturado con picana eléctrica. Luego, el detenido fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado.

La inspección realizada ayer por el CCT-CPM habilitó la rápida intervención de la Fiscalía de Brandsen que constató las graves condiciones de detención y el riesgo que implicaba la permanencia de las detenidas en el lugar. Luego, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, en articulación con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos, dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía Nº 3 de La Plata. En el día de hoy, todas ellas prestaron declaración en la Fiscalía Nº 7 a cargo de la Dra. Virginia Bravo, quien lleva la causa por las denuncias de las detenidas contra los agentes policiales. Sobre el nuevo destino de cada una de las mujeres decidirán los juzgados donde se encuentran radicadas las causas correspondientes a cada una.

Desde la declaración de la emergencia de seguridad decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014, se ha ido incrementando la cantidad de personas detenidas en comisarias en condiciones agravadas por el estado de abandono de las dependencias policiales. Esto significó un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que desde el 2005, producto del denominado fallo Verbitsky, la Corte Suprema había prohibido las detenciones en comisarías.

La CPM ha denunciado recurrentemente esta situación que de manera sistemática reproduce prácticas policiales de vulneración de derechos. La denuncia realizada por estas mujeres no da cuenta de un estado de excepcionalidad sino que se trata de un síntoma de un sistema cruel y perverso de encierro que se extiende en toda la Provincia, donde la tortura se ha enquistado como la más habitual de las prácticas por parte de los agentes policiales para el trato con las personas detenidas.

La situación se agrava en este caso por la perspectiva de género en que se inscriben los abusos denunciados. Aunque esto no constituye una excepcionalidad. De manera reiterada la CPM ha expuesto los argumentos que dan cuenta de los modos particulares con que el sistema de encierro constituye a las mujeres en víctimas por su sola condición de tal.

CONFERENCIA DE PRENSA EN LA LADH CORRIENTES 1785 2º “C” - CABA- A DÍAS DEL INICIO DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO POR LA MUERTE DE UN JOVEN EN UNA COMISARIA DE LA MATANZA

Todos somos Gabriel Blanco

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza convoca a una conferencia de prensa ante el comienzo del juicio oral y público contra policías bonaerenses acusados por el homicidio de Gabriel Blanco, en una comisaría de La Matanza, en marzo de 2007. La cita es el lunes 7 de marzo a las 11:00 en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785, 2do. “C”, CABA. Asistirán familiares de Gabriel y personalidades reconocidas en la lucha por los Derechos Humanos que darán detalles sobre la causa, el reclamo de Justicia y la pretensión de criminalizar a los militantes que acompañan a la familia Blanco. Entre los presentes estarás presente Pablo Pimentel, titular de la APDH-La Matanza, quien viene sufriendo persecución, amenazas y difamaciones por su compromiso con el crimen de Gabriel. A 9 AÑOS DE LA MUERTE DE GABRIEL, UNAMONOS EN EL PEDIDO DE JUSTICIA!
BASTA DE MATAR A NUESTROS PIBES!

Gabriel Blanco

A continuación, un resumen del caso que incluye las decisiones del TOC nro. 5, en diciembre pasado, de liberar a los efectivos acusados y la anulación de una pericia sobre la cual el juez de Garantías Raúl Ricardo Alí dictó las prisiones preventivas.

Correo electrónico de contacto: apedehache@yahoo.com.ar

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Causa Blanco: el 16 de marzo inicia el juicio oral

El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco apareció colgado en el calabozo de la comisaría 2º de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Gabriel fue detenido en el barrio “La Borgward”. Era hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones. Quería a su familia y se esforzaba por criar a su pequeño hijo.

Gabriel estaba nervioso. En la comisaría, su compañera pidió hablarle y que viera a su hijo, convencida de que así se calmaría. Los policías le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Por la noche, un patrullero se acercó a la casa de Teófilo para informarle que Gabriel, su hijo, se había suicidado.

Durante el velatorio dudaron sobre la versión oficial y advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban piezas dentales. Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.

El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.

La apelación a la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Sin embargo, fueron ellos quienes cambiaron sus dichos siete años después para deshonrar a los militantes.

Además, integrantes de la Asamblea fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, mientras que familiares de Gabriel fueron amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.

Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea.

Tras varias movilizaciones, una marcha multitudinaria el 18 de mayo de 2015 y una audiencia con el entonces gobernador provincial Daniel Scioli, el fiscal José Luis Claudio Longobardi archivó la causa. Sin embargo, advirtió que, si durante el juicio oral y público contra los policías aparecían elementos nuevos, abriría el expediente.

Criminalizar a los organismos de derechos humanos y a sus militantes, tanto como difamarlos, es el camino que siguen quienes persiguen la impunidad de la violencia institucional.

El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco será el próximo 16 de marzo. Su familia espera un castigo ejemplar para los responsables. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza acompaña a los familiares de Gabriel en cada paso para velar que se haga justicia.

Como anticipo, el Tribunal en lo Criminal nro. 5 (TOC 5) tomó las siguientes decisiones:

- – Anuló la prisión preventiva de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2015.

- – Además, declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque, asegura, los testigos –Balbuena, Suárez y Gómez- no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.

Vale destacar que, en base a esa pericia de reconstrucción, el juez Alí mandó a la cárcel a los imputados el 23 de febrero de 2013 y, con posterioridad, la Sala de Apelaciones denegó la solicitud para esperar el juicio en libertad. En ese momento, ningún estamento judicial advirtió sobre la transgresión de principios constitucionales como ahora sostiene el TOC 5 (no está demás decir que la última determinación se genera en una etapa del país donde las autoridades nacionales plantean una liberalización del accionar policial).

En el marco de la ley, la APDH-La Matanza participará tanto dentro como fuera del juicio. Desde ya pedimos a todos los militantes, sindicatos y partidos, a los barrios y a los medios que nos acompañen para que a Gabriel Blanco no lo maten con el tiro de la impunidad.

Si los policías acusados por la muerte de Gabriel quedan en libertad por decisión de la Justicia de La Matanza, el fallo sería una demostración de poder de la corporación policial, judicial y política. Una forma de disciplinar a los pobres que se rebelen ante el abuso de poder y la violencia institucional.

Los organismos de derechos humanos –que siempre se han solidarizados con víctimas de violencia institucional- serán perseguidos. La causa por “extorsión” que anida en un cajón de la Fiscalía General de La Matanza seguramente será alimentada con nuevas mentiras y difamaciones para criminalizar a los militantes sociales.

Una herramienta fundamental es la comunicación para explicarle a la sociedad qué sucedió con la muerte de Gabriel Blanco, la lucha de sus padres por alcanzar la verdad y que la militancia de derechos humanos está siendo sometida a presiones y acciones mafiosas impropias de una democracia.

La violencia institucional viola los derechos del pueblo. Si articulamos poder popular vamos a terminar con la impunidad política, judicial y policial. Para esto, pedimos un acompañamiento activo, solidario con la familia Blanco y la Asamblea.

Agradecemos la difusión de este caso y la solidaridad el día del juicio oral que será el 16 de marzo.

Para sumar a la difusión el próximo lunes 7 de marzo, a las 11 horas, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Corrientes 1785, 2ºC, CABA) realizaremos una conferencia de prensa junto a la Familia Blanco y organismos de Derechos Humanos.

HOY, A 9 AÑOS DE LA MUERTE DE GABRIEL, UNAMONOS EN EL PEDIDO DE JUSTICIA!
BASTA DE MATAR A NUESTROS PIBES!

Compañeros APDH-La Matanza