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UNA MEDIDA CAUTELAR DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AVALA LAS DENUNCIAS DE LA CPM POR LAS

Graves condiciones de detención en comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al pedido de medidas cautelares solicitado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires a favor de la vida e integridad de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza. El fallo, que constituye una nueva confirmación del colapso del sistema penal y las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos denunciadas por la CPM, obliga al Estado argentino a tomar medidas urgentes para reducir la cantidad de detenidos y limitar las detenciones por períodos prolongados.

Comisarías

En 2014, y con motivo de la declaración de emergencia en materia de seguridad, la Comisión Provincial por la Memoria había alertado que esta decisión significaba de hecho la consolidación de las medidas que habían llevado al peor colapso del sistema penal en términos de vulneración de los derechos humanos de los últimos 15 años. En este contexto se presentaron una serie de informes a los distintos poderes del estado provincial, a organismos internacionales y se realizó un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

Con esta reciente resolución, la CIDH avala y reconoce las denuncias realizadas desde entonces por la CPM y obliga al Estado nacional y provincial a garantizar la vida y la integridad física de las personas detenidas. En ese sentido, el fallo exige la reducción drástica de la cantidad de detenidos y la limitación de detenciones por períodos prolongados. Asimismo requiere que el Estado informe en un plazo de 10 días las medidas adoptadas.

En los fundamentos de su resolución, la CIDH hace propia la exhaustiva información que la CPM brindó durante el año y medio que duró el trámite. Así, y ante la endeble respuesta por parte del Estado, la CIDH da cuenta de la sobrepoblación del 382 % en las dependencias policiales de Lomas de Zamora y del 13.800 % en las comisarías de La Matanza. A esto se suman las extremas condiciones de hacinamiento, graves deficiencias edilicias (ausencia de luz natural, falta de agua, humedad, etc.), nulo o ineficiente acceso a la alimentación y la salud, un régimen de vida de encierro absoluto y la práctica sistemática de la tortura. Si bien los datos corresponden a seis comisarías de los partidos bonaerenses, la emergencia humanitaria se extiende a todos los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.

En este caso en particular, el fallo de la CIDH recogió la petición de medidas cautelares que, entre abril y diciembre de 2014, presentaron la CPM y la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Ambas presentaciones se habían realizado en virtud del agravamiento de las condiciones de detención, tras la declaración de la emergencia en materia de seguridad impulsada por el entonces gobierno provincial que, entre cosas, volvió a habilitar los calabozos de las comisarías como lugares de encierro.

En este sentido, cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta por un fallo de la Corte Suprema de Justicia con motivo de las inhumanas condiciones de detención. Sin embargo, la decisión de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, llevó a un aumento sostenido de la cantidad de personas detenidas. En la actualidad, hay 39.927 detenidos, lo que constituye la cifra de prisionización más alta de toda la historia.

Esta situación ya había sido recogida en diciembre pasado por la Corte de Justicia bonaerense, que mediante la resolución nº 2840 reconoció el colapso el sistema penal en los términos en que fue denunciado por la CPM e indicó a los jueces que controlen y eviten detener personas en las comisarías. El reciente fallo de la CIDH también menciona esta resolución de la Corte bonaerense como prueba para ratificar la persistencia de las graves condiciones de detención denunciadas.

Frente a esta situación, el organismo internacional solicitó al gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas detenidas, que implemente un plan de contingencia inmediato a fin de reducir la duración de estancia prolongada en las comisarías identificadas, considerando la naturaleza temporal de las mismas, y que tome acciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento al interior de las comisarias señaladas, de acuerdo a estándares internacionales”.

Desde la CPM, y en consonancia con el reclamo de la CIDH, se vuelve a remarcar la necesidad de encarar reformas estructurales urgentes que pongan fin a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, reconoce a la resolución del organismo internacional como un importante aporte para fortalecer un debate que lleva muchos años y aún espera soluciones de fondo.

CHACO: COMITÉ PROVINCIAL CONTRA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Denuncian violaciones a los derechos humanos en Centro de Detención de Barranqueras

Lo hizo el Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco, entidad que da cuenta de: Celdas colmadas, con olor a “orín o materia fecal”; Ventanas tabicadas donde los internos no pueden ver la luz del día; Falta de mantenimiento; Falta de asistencia médica; “Trato severo” e incomunicación, entre otros, son algunas de las deplorables condiciones de detención que sufren los presos en el Centro de Detención Transitorio ubicado en Barranqueras.Asimismo, la acción de habeas corpus impulsada por el organismo provincial señala que “las personas allí alojadas resultan además excluidas de actividades de educación, formación y recreación, ni salen al aire libre”.

Barranqueras

Ventanas tabicadas: los presos no pueden ver la luz del día
En mayo de 2015, autoridades del Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco asistieron al Centro de Detención Transitorio de la localidad de Barranqueras y constataron las pésimas condiciones a las que se encontraban sometidos los internos alojados en esas instalaciones. Posteriormente, efectuaron una serie de recomendaciones para que se mejoren esas condiciones. Luego, concurrieron en cuatro oportunidades más y percibieron que las cosas seguían igual, contra lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y todos los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Entre sus recomendaciones, el Comité había aconsejado mejoras en la estructura edilicia, luminosidad, ventilación, limpieza del lugar y atención médica de los internos, pero ninguna de ellas fue tenida en cuenta. Así, el 15 de abril de este año el organismo que preside el abogado Mario Bosch impulsó un habeas corpus “colectivo” y “correctivo” solicitando que se ordene el “cese del agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones de detención que padecen los internos”.

A través de su presentación, desde el Comité solicitaron al juez que realice una inspección ocular en el Centro de Detención Transitorio de Barranqueras, que solicite informes sobre el trámite de las denuncias realizadas por los internos ante distintas fiscalías y ante el propio Comité, que se reciba declaración testimonial a los internos resguardando su integridad y seguridad de posibles represalias y que se impulsen una amplia serie de medidas periciales con respecto a las condiciones sanitarias de los internos y también con respecto a las condiciones edilicias del establecimiento.

Celdas colmadas, con olor a “orín o materia fecal”
La presentación realizada por el Comité, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, da cuenta que las celdas son “colectivas” y que algunas de ellas se encuentran colmadas en su capacidad. Además, consignan que los baños se encuentran dentro de las celdas y no cuentan con ducha ni sanitarios “razón por la cual en el horario de encierro los detenidos deben convivir con olor a orín o materia fecal”. También advierten que en la mayoría de las celdas el flujo de agua es interrumpido “para generar sometimiento entre la población carcelaria”.

Asimismo, la acción de habeas corpus impulsada por el organismo provincial señala que “las personas allí alojadas resultan además excluidas de actividades de educación, formación y recreación, ni salen al aire libre”.

Falta de mantenimiento
El escrito del Comité revela que la construcción del Centro de Detención “carece de mantenimiento necesario” y que cuenta con conexión eléctrica “precaria en las celdas sin cumplir con las normas de seguridad y habitabilidad mínimas”. Agrega que “los detenidos se encuentran en completa oscuridad la mayor parte del día, lo cual se suma a las ventanas tabicadas que hacen de dicho lugar, un lugar lúgubre”.
La presentación advierte, además, que las “cañerías están sobrepasadas debido a la cantidad de detenidos lo que genera humedad en el piso. Las paredes se advierten muy deterioradas por la humedad, descascaradas y las ventanas se encuentran tabicadas, impidiendo el ingreso de ventilación y luz natural”.

Sin descanso
En cuanto al descanso, denuncian que los internos cuentan con colchones que se encuentran en “pésimo estado” y que no se los provee de ropa de cama, ni almohadas. Aclaran, asimismo, que “la denominación de colchón difiere del usado socialmente, totalmente incompatible con la posibilidad de obtener descanso sobre el mismo, y tampoco son de material ignífugo”. Señalan también que estos “colchones” deben ser ubicados en el suelo “siendo factible que se mojen con los desechos o la humedad de la celda” y que además carecen mesas, sillas, armarios así como de elementos para cocinar y elementos de higiene.

“Trato severo” e incomunicación
Con respecto al trato del personal, los alojados señalaron que “es severo” y que con frecuencia se utilizan “métodos violentos” como la aplicación de golpes e insultos y además se les prohíbe enviar o recibir correspondencia.

También consignan que reciben alimento al mediodía y a la noche pero que los mismos son destruidos por el personal antes de ser entregado a los internos. “Quienes no reciben comida por parte de sus familiares, puede solicitar la comida al Servicio Penitenciario de la provincia, el cual no suele llegar en buen estado”, revela el escrito.

Falta de asistencia médica
Otro de los puntos por los cuales se consideran agravadas las condiciones de detención es por la falta de asistencia médica. En ese sentido, informan que “ante una dolencia o situación que requieran atención, los internos deben implorar por ser trasladados a un centro de salud o al Hospital, y las demandas deben estar fundadas en dolencias graves”. Se demandó la falta de realización de estudios complejos como así también la falta de suministro de medicinas en aquellos casos en los que estaban prescriptas. En lo referido al horario de visitas, detallan que se encuentra diagramado por día y celda pero generalmente no supera las dos horas y que deben hacerlo “en un patio interno de dimensiones pequeñas, en el cual deben estar todos juntos y hacinados”.