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TETAZO NACIONAL CONTRA LA PERSECUCIÓN A MUJERES QUE AMAMANTAN A SUS HIJOS EN LUGARES PÚBLICOS

Dar la teta es un acto de amor y vida, no un delito

(APL)Pocos actos deben generar tanta ternura como ver a una mujer amamantar a su bebé, además de ser – de hecho- un impulsor de la lactancia materna, más nutritiva por lejos que cualquiera de los productos comerciales cuyos precios se elevan sin pausa en las góndolas. Sin embargo, en nuestro país la cultura represora, la ignorancia, el fascismo y la represión estatal se unen y prohíben, hostigan y amenazan con las rejas a mujeres que alimentan de ese modo a sus hijos en lugares públicos. Por eso hoy se realiza un Tetazo Nacional en diversas ciudades del país. El caso de Constanza (22) obligada, día atrás, a irse de una plaza de San Isidro y amenazada con marchar a prisión si seguía dando la teta a su hijo fue el disparador de esta movilización popular.

Amamantar

Cómo se recordará, Constanza alimentaba a su hijo en una Plaza de San Isidro cuando dos policías locales MUJERES, le expresaron que no podía hacerlo en público, le pidieron documentos, le gritaron y aseveraron que la llevarían presa si seguía adelante. Constanza se fue a bar entre el llanto del niño de 9 meses y la mirada de reprobación de de algunos transeúntes. No existe ninguna ley que prohíba dar el pecho en público, en cambio Unicef y organizaciones nacionales alientan la lactancia hasta en sitios donde hay otros.
Pero el fascismo, en este caso contra Constanza, no es solo de las dos MUJERES policías que se encarnizaron con ella. Según un estudio reciente, dos de cada cinco argentinos consideran que se debe dar la teta en privado y manifiestan su terminante oposición a que se haga a la vista.

Y el tema, se propaga allende nuestras fronteras. Por caso, en Estados Unidos, cuando no, 12.000 mujeres son detenidas cada año por dar pecho en público a sus hijos. A su vez, en México, Costa Rica y Paraguay, entre muchos otros, existen mujeres en lucha contra la prohibición que se manifiesta aún sin leyes, solo por nombrar algunos de los países perseguidores de la lactancia materna.

Cabe destacar que nuestro país, a diferencia de otros, tiene decenas de millones de cabezas de ganado, las vaquitas ajenas diría Atahualpa Yupanqui, sin embargo hay niños que no toman leche. A su vez, por lo menos 10 chicxs por día mueren por causas vinculadas a la desnutrición. Establecer impedimentos a una mujer para alimentar a su hijo, no es solo un acto moralmente abominable, forma parte de los profusos delitos que comporta la represión del estado.

Como puede apreciarse, sin esfuerzos, exhibir culos y tetas para vender artículos de la más diversa especie, o, mostrar sus bamboleos en programas nefastos sin nada que lo argumente más que el rating, está absolutamente permitido y legitimado. En cambio alimentar al hijo merece persecuciones y humillación.

¿Quién es el culpable de esta injusta situación? El bebé, por supuesto: Él debería saber que no puede alimentarse cada tres horas. O hacerlo en baños públicos y bancarse el olor a mierda. Y sí no, que aprenda a manejar los cubiertos de una vez por todas. O que elija otro menú. Y de última que se tape la cara con un trapo y pase a la clandestinidad a la hora que tiene hambre. Son muchas las soluciones. ¡Qué tanta teta ni teta!

INFORME DE LA ONU:

Crece la tortura en Argentina y la justicia no condena

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) acaba de publicar sus evaluaciones para el quinto informe periódico presentado por Argentina. Entre sus preocupaciones apunta al aumento de las denuncias por torturas en lugares de encierro y las prácticas violentas de la policía. En contraste con esto, se señala el escaso número de condenas a los agentes del estado responsables de estos crímenes. El CDH destaca positivamente una iniciativa de la CPM con el GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación: ‎la creación del Registro Nacional de Casos de Torturas y otros malos tratos (RNCT). La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un informe alternativo con una sistematización de su trabajo y datos rigurosos sobre la provincia de Buenos Aires, señalando las graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de jóvenes, neuropsiquiátricos, el accionar policial, la justicia y los medios de comunicación, entre otros temas.

Torturas

Desde la ONU observaron con especial preocupación la violencia institucional y específicamente la penitenciaria que “se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad, producidas incluso por la existencia de autogobierno y el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores”.

En este sentido, el CDH ve de manera positiva la sanción de leyes como la que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aunque lamenta la demora en su efectiva implementación. Del mismo modo, toma nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), pero lo contrasta con la no consolidación un sistema único de registro a nivel federal.

El informe inicia sus observaciones subrayando que “el Estado parte debe asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia, a través de la participación de la sociedad civil y asignación de recursos materiales y humanos suficientes”.

Violencia penitenciaria y prevención de la tortura
Aunque el Comité tomó nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros malos tratos, se mostró especialmente preocupado por la información respecto al funcionamiento del sistema penal en el país, uno de los ejes centrales de la información remitida por la CPM.

Las requisas vejatorias, la alta tasa de violencia entre los detenidos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, los traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo son algunos de los puntos que cuestiona el CDH al estado. Las condiciones de detención y los altos niveles de hacinamiento, “que se muestran incluso por la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención” se agregan a esta lista de observaciones respecto de la situación carcelaria.

Otra preocupación vinculada es que a “sólo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales. Pese a la adopción de la Ley 26.827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2012, el Comité lamenta que el Mecanismo Nacional de Prevención aún no haya sido implementado”.

Entre las recomendaciones sobre estos temas solicita al Estado que adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad”; que cumpla con su obligación de velar porque se investiguen todas las denuncias por torturas, “asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, Implementar el sistema unificado de registros de hechos y víctimas de tortura y agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido”

Detenciones arbitrarias y prisión preventiva

En otro apartado del informe, el CDH de la ONU advierte al estado Argentino sobre una práctica policial sistemática que desde la CPM se ha denunciado en reiteradas ocasiones: las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad o antecedentes. Lo expresa de este modo: “el Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”.

En este sentido, sugiere al Estado “tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito.

Por último el informe destaca especialmente su preocupación “respecto a la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de reclusos detenidos en este régimen, lo cual alcanza más de la mitad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal”. En la provincia de Buenos Aires, la CPM denunció en su informe anual presentado en 2015 que el índice de detenidos sin condena alcanza al 60%.

Por esto, invita al Estado a encontrar prácticas y medidas alternativas a la prisión preventiva para asegurar que este sistema de detención no sea la norma.

Conclusiones generales

En el informe se presentan además algunos puntos vinculados a otras cuestiones asociadas a la violación de los derechos humanos. Violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, discapacidad, identidad de género, libertad de expresión y pueblos originarios.

Para la CPM el informe tiene un valor fundamental porque llama la atención al Estado argentino respecto de su responsabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo que sus recomendaciones deben considerarse de manera prioritaria en la definición de las políticas públicas.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos y académicos independientes de diversos países del mundo y fue creado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en nuestro país se encuentra incorporado a la Constitución Nacional con igual jerarquía normativa.