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INSPECCIÓN

La CPM en las cárceles e institutos de Corrientes

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires inspeccionó lugares de detención de Corrientes, tarea que viene desarrollando a fin de fortalecer el trabajo de los mecanismos de prevención de la Tortura del país. Junto al Comité contra la Tortura de esa provincia Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García estuvieron en la Unidad Penitenciaria N° 1, en la Unidad Nº 6 de San Cayetano y en el Centro de Contención de Jóvenes Gral. San Martín. También participó de esta iniciativa Hilda Presman, titular de la Red Corrientes de Derechos Humanos, quien asiste diariamente a diversos sitios de encierro de la provincia litoraleña.

CPM

El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y Roberto Cipriano García, secretario del organismo, estuvieron en la ciudad de Corrientes reunidos con el macanismo local de prevención de la Tortura, el Comité Contra la Tortura de la provincia, para discutir criterios sobre monitoreo a lugares de encierro e inspeccionar juntos tres lugares de detención. “Necesitaban fortalecer el mecanismo local, que tiene serios problemas para funcionar, toda vez que carece del presupuesto necesario y no cuenta con estructura operativa ni personal, y por eso nos invitaron a esta jornada, con el fin de visibilizar estas dificultades y potenciar su trabajo” explicó Roberto Cipriano Garcia.

Las inspecciones fueron en la Unidad Penal Nº 1 de la capital, donde se alojan 450 personas condenadas por la justicia, la UP Nº 6, ubicada en San Cayetano que aloja 327 detenidos procesados y el Centro de Contención de Jóvenes Gral. San Martín, que alberga 21 jóvenes de 15 a 18 años.

La UP Nº 1 es una cárcel muy vieja y muy deteriorada con pésimas condiciones materiales de detención: humedad permanente por techos que se llueven, paredes de las que se desprenden los revoques, sin agua caliente en los pabellones y donde los servicios mínimos, como una canilla o el inodoro, son compartidos por 40 personas de un mismo sector. El hacinamiento es extremo, con 7 personas alojadas en celdas para 2, y el régimen de vida es claramente violatorio de derechos, sin oferta de ningún tipo de actividad y con una implementación muy precaria de la escolaridad. Respecto de la comida la dieta también es muy deficiente y no reciben verdura ni frutas por una disposición del servicio penitenciario como medida para que no puedan elaborar “pajarito” (una bebida alcohólica que puede realizarse a través de la fermentación).

“En el pabellón 10 de aislamiento vimos cosas que hacía rato no encontrábamos, personas completamente aisladas, 23 horas por dia, que permanecían allí desde hace 2, 3 y hasta 4 años, sin acceso a ninguna actividad, padeciendo mucho frío o calor, en un ambiente irrespirable por la humedad, pálidos por la falta de acceso al sol o la luz natural. Esta cárcel del año 1880 es un cuadro permanente de violaciones de derechos humanos, no puede seguir funcionando, deberian clausurarla”, detalló Cipriano García. En este pabellón, en el mes de febrero, un joven se suicidó luego de reclamar reiteradamente que lo saquen del aislamiento que le habían impuesto, reclamo que no fue atendido.

La CPM observó también el despliegue de la violencia penitenciaria. Los detenidos no sólo denuncian golpes sino requisas vejatorias, donde los sacan al patio del penal y los obligan a desnudarse aún con temperaturas muy bajas y a la vista de todo el personal, mujeres y hombre, que trabaja en la unidad y transita por el lugar. Como en todo el país, las personas detenidas son mayoritariamente pobres.

Luego la comitiva se dirigió a la Unidad Nº 6 de San Cayetano donde también se encontró con regímenes de aislamiento y condiciones inhumanas de detención. Varias personas con padecimiento mental no asistido por la falta de especialistas en psiquiatría, que reciben como único tratamiento del aislamiento la violencia y el aislamiento.

La deficitaria atención de la salud se registró en ambas unidades: nula asistencia de la salud mental y falta de médicos y especialistas, que agravan enfermedades curables por la falta de asistencia.

En el Centro de Contención de Jóvenes, totalmente a cargo de personal penitenciario y conducido por una comisaria de la policía provincial, también se organiza a partir de un régimen carcelario, con escasas actividades para los pibes que concurren apenas una hora dos o tres días por semana a la escuela.

“Estos centro son cárceles de jóvenes, que no contribuyen a mejorar el desarrollo de estos pibes. Vimos retretes tapados desde hace un mes, poco tiempo de educación, escasa formación y un lugar feo, sombrío, donde los chicos no tienen ni siquiera un televisor para pasar el tiempo”, señaló Adolfo Perez Esquivel, Presidente de la CPM.

Tanto las cárceles como el Centro de jóvenes, se construyen sin sanitarios dentro de las celdas, por lo que al ser aislados durante la noche (entre 10 o 12 horas), las personas deben orinar en botellas plásticas y realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas de nylon.

Desde el año 2003, la CPM ha transitado una vasta experiencia en el monitoreo de las condiciones de detención y el control de lugares de encierro en cárceles, institutos de menores, comisarías y neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires poniendo en marcha el Comité contra la Tortura. Su trabajo ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales. Esto le ha permitido producir una metodología de trabajo que, a lo largo de estos años, ha demostrado ser un recurso fundamental para la visibilización y denuncia de la vulneración sistemática de los derechos que padecen las personas privadas de libertad.

Previo a su creación, algunas Ongs que hoy acompañan la tarea del mecanismo local, se capacitaron en Buenos Aires en el Seminario sobre control de lugares de encierro en Argentina desarrollado por la CPM en septiembre de 2014.

El dispositivo correntino se constituyó en febrero de 2015 por Ley N° 6.280 y su accionar se inscribe en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para el control de lugares de encierro.