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SÁENZ PEÑA - CHACO

Juez ordenó a la Policía terminar el hostigamiento contra la comunidad qom

(Agencia Norte) Se ordena a la policía “cesar en las acciones que priven restrinjan o amenazan la libertad de esa comunidad cuando no se reúnan los recaudos legales y constitucionales, por violación de los tratados internacionales y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos , además de la eliminación de toda forma de discriminación” entre otras cuestiones. Así, el juez Festorazzi hizo lugar a la acción de hábeas corpus promovida por defensores oficiales a favor de la comunidad qom del barrio Cacique Moreno de Quitilipi ante apremios sufridos por dos jóvenes que fueron detenidos y hostigamiento policial. Este fallo fue leído ayer en lengua qom, ante los integrantes de la comunidad en la iglesia del propio barrio Cacique Moreno ante la presencia de integrantes de la Defensoría General, autoridades judiciales y la representante de asuntos indígenas ante el Superior Tribunal de Justicia.

Qom

La presentación tiene fundamento en una causa penal en la que dos integrantes de esa comunidad fueron imputados y hasta fueron maltratados por personal de la unidad policial. Diego Manuel Moreno y Cristin Sergio Paniagua fueron detenidos el 31 de julio de este año en una aparente causa por robo y de acuerdo al testimonio de policías habrían intentado pegarle a un uniformado y habrían sido víctimas de apremios durante su detención.

Esto motivo una asamblea en la capilla del mencionado barrio de la mencionada localidad donde además de los representantes del ministerio público de la defensa, estuvieron presentes la Defensora General Adjunta Gisela Gauna Wirtz, jefes policiales de la Zona Interior Sáenz Peña, la representante de asuntos indígenas Elizabeth González y un numeroso grupo de vecinos, quienes manifestaron ante las autoridades el cuasi estado de sitio que se vivía en el barrio en horas de la noche luego de las 22 y otras situaciones irregulares que se habrían sucedido como el cacheo, donde denunciaron que el mismo era realizado por personal masculino, incluso cuando se trataba de mujeres, entre otros planteos.

El fallo

El fallo pronunciado por el juez Festorazzi en el punto dos de la parte resolutiva dispone que un cabo de apellido Arias y un comisario de apellido Aguirre sean sometidos nuevamente a un examen psicotécnico que le es exigido como requisito a todo ingresante a la institución policial.

Además dispone que el personal de esa comisaría asista en forma obligatoria a la Escuela de la institución a cursos que traten sobre temas como aspectos relacionados con las constituciones Nacional y Provincial, tratados internacionales. Jurisprudencia, Código Penal, Código procesal Penal y legislación provincial que hace referencia a las normativas a cumplimentar en estos casos.

Para lo cual mediante oficio se comunicará al Ministerio de Gobierno y Justicia para el cumplimiento efectivo. Además ordena al jefe de la comisaría Quitilipi la fijación de “horarios alternativos de visita a los detenidos y alojados en esa unidad, en forma y modos que considere razonable”. También deberá tenerse en cuenta el procedimiento a seguir en caso de existir personas incomunicadas.

Deberá tenerse en cuenta también los recaudos sobre visión y custodia de los detenidos y alojados en la celda. Asimismo ordena difundir imagen impresa en todas las oficinas y dependencias públicas del Estado provincial e instituciones educativas, en lugares visibles de los 30 derechos de la Declaración Universal en idioma español y qom.

Sugerencia de lugares alternativos

Por otra parte el fallo plantea sugerir al Superior Tribunal de Justicia que conforme el poder de superintendencia que ostenta que en las localidades del interior donde no existieran mesas únicas de fiscalías o fiscalías de Derechos Humanos se otorgue la posibilidad que en forma alternativa a la comisaría se recepcionen denuncias institucionales ante el Juzgado de faltas o Paz, las que se deberán remitir luego, en lo inmediato, a la jurisdicción de fiscalías competentes, evitando con ello el traslado, el cambio de intención del ciudadano, lo que haría mérito al principio de acceso a la justicia.

En tanto, el fallo también solicita al Ministerio de Gobierno proveer en forma inmediata “con carácter preventivo tres colchones ignífugos a la comisaría de Qutilipi”. Por otra parte se dispone que la Secretaría de Derechos Humanos se realicen capacitaciones continuas a la comunidad qom sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos a través de instructores bilingües.