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SALTA: CAUSA ARMADA

11 choferes de UTA permanecen detenidos acusados de graves cargos

APL) Son once los detenidos en la causa que acusa a trabajadores de realizar una toma violenta en la sede del Sindicato y por la que se les acusa de secuestro y robo en banda, situación que deja a los compañeros complicados ante la justicia. Por su parte, los trabajadores desmienten la versión oficial, niegan que se tratara de una toma violenta de la sede y afirman que en todo momento se convocó y se operó dentro del marco de una asamblea, cuyo fin era exigir al Gremio Nacional que confrontara a la conducción local, y los hiciera responder por los despidos e irregularidades que sufren cotidianamente los trabajadores de Salta. Desde nuestra perspectiva es innegable que esta situación ha sido preparada muy convenientemente por los empresarios, que accionan con los favores de la burocracia sindical y de las instituciones del Estado en contra del pueblo trabajador

Salta

Los hechos
Hace más de dos semanas, puntualmente el pasado 12 de septiembre, sectores opositores a la burocracia sindical de la UTA Salta llamaron a una asamblea con la intención de someter a debate el accionar del actual secretario general del gremio, Jorge Flores. Los trabajadores opositores no se encontraban conforme con la actitud tomadas por Flores frente a las medidas de ajuste que estaba imponiendo la empresa contra de choferes y trabajadores, por lo que llamaron a una asamblea e invitaron a miembros del Sindicato a nivel nacional al debate. Lamentablemente la dirigencia Nacional nunca llegó razón por la cual los choferes opositores quedaron sesionando en asamblea. Con los trabajadores reunidos dentro del sindicato la burocracia montó una maniobra ilegítima, y denunció que la sede se encontraba “tomada” y junto a esto denunció que los ocupantes del edificio se encontraban “secuestrados”.

La policía asistió a la sede de la UTA y al término de la asamblea, la totalidad de los participantes -32 choferes – fueron apresados. Todos fueron imputados, y aunque la mayoría fue rápidamente liberada, quedaron desde ese día cuatro personas detenidas, entre los cuales se encuentra el que hubiera sido el Secretario de Asuntos Gremiales por la comisión directiva, Omar Pereyra.

La semana pasada la oleada persecutoria y represiva continúo con la detención de siete choferes más. Las órdenes de allanamiento fueron fraguadas en el marco de la causa conocida como “toma de la UTA” y desde la que se les imputa a estos trabajadores, delitos penales no excarcelables como el secuestro coactivo y el robo en banda.

Por la supuesta toma del 12 de septiembre se denuncian daños en la sede de la UTA que están valuados en $ 1.500.000, así como la “desaparición” de $ 80.000 en efectivo y otros $ 400.000 en cheques.

Los trabajadores desmienten cómo la versión oficial, y los medios locales, interpretan los sucesos a su modo. Niegan que se tratara de una toma violenta de la sede y afirman que en todo momento se convocó y se operó dentro del marco de una asamblea, cuyo fin era exigir al Gremio Nacional que confrontara a la conducción local, y los hiciera responder por los despidos e irregularidades que sufren cotidianamente los trabajadores de Salta.

Estos choferes, que desempeñan sus tareas en varias líneas de transporte urbano de Salta Capital y de la ciudad norteña de Orán, denuncian que, de la mano de SAETA y con la connivencia de la vieja burocracia sindical, se viven toda clase de atropellos e injusticias, todos hechos que violan el convenio colectivo de trabajo.

Entre los presos se encuentran el Secretario Adjunto, el Secretario de Turismo y Vivienda, el Secretario de Actas y el ya mencionado Secretario de Asuntos Gremiales. De esta manera la vieja burocracia sindical pretende mantener un sindicato al servicio de los empresarios, echando a los trabajadores combativos o, por el caso encarcelándolos, en un episodio más de criminalización de la protesta.

Desde nuestra perspectiva es innegable que esta situación ha sido preparada muy convenientemente por los empresarios, que accionan con los favores de la burocracia sindical y de las instituciones del Estado, en contra del pueblo trabajador. Que se trata de un ataque a las libertades democráticas y el derecho de defensa de los trabajadores queda más que claro desde el momento en que la UTA Nacional le revocara a Omar Pereyra, de forma irregular, su licencia gremial tras ser apartado de su cargo en la comisión directiva, unos días antes de la mencionada Asamblea.