Agencia
Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

CACERÍA DE 28 MILITANTES DEL MOVADEF

Una cárcel llamada Perú

(APL)La persecución y cárcel para casi tres decenas de dirigentes y militantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), perpetradas ayer en el país andino tienen un fundamento: “La “razón” del Estado peruano de prevenir toda protesta social y política, la muestra está en que dentro de estas detenciones, se encuentran abogados, maestros, profesores, dirigentes campesinos y sindicales, jóvenes universitarios, mujeres dirigentes de barrios y artistas” (…) “También, estas detenciones demuestran el grado de ensañamiento contra los ex guerrilleros peruanos, quienes en 1993 decidieron el alto a la lucha armada y encaminarse por la participación política de las elecciones”. Así lo indica Oswaldo Quispe, preso político peruano en Ezeiza, quien recibe un creciente apoyo popular para evitar la extradición a su país, donde hay jueces y testigos sin rostro para los luchadores acusados de “terrorismo”. Con esta nota, el compañero Quispe se suma a la militancia en la Agencia para la Libertad, un verdadero honor para todos nosotros.

El abogado Alfredo Crespo, uno de los detenidos en la cacería de ayer

Veintiocho representantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fueron detenidos este jueves 10 de abril, imputados de ser la cúpula de dicha organización y acusados del “delito inmaculado” de “terrorismo”. La acusación se agrava con la figura de “financiación del narcotráfico” para alquilar su sede y locales partidarios, como también asegurar la inscripción y padrones para la legalización de su partido político.
También, estas detenciones demuestran el grado de ensañamiento contra los ex guerrilleros, quienes en 1993 decidieron el alto a la lucha armada y encaminarse por la participación política de las elecciones. Hace 3 años el Movadef logró juntar 360.000 firmas, para la inscripción electoral, donde solo se requería de la mitad. Estas más de un cuarto de millón de firmas aceptadas por el organismo electoral, no frenaron la decisión política del estado peruano para impedir su inscripción negándoles a los ex guerrilleros su participación política. Acto macartista que fue criticado hasta por el ex premier, del actual gobierno, Salomón Lerner Ghitis, quien pidió a la sociedad que debería permitirse una salida política para estos sectores, sugiriendo una amnistía general.
Vemos una suerte de reedición de posturas reaccionarias, beligerantes pasadas en Colombia, cuando perpetraron uno de los genocidios más grande de Latinoamérica al desaparecer al partido de la Unión Patriótica, con 15 mil militantes asesinados.
Ahora, mientras en Colombia llevan un proceso de conversaciones entre la guerrilla y el estado, en las cuales tiene el pueblo colombiano la esperanza de terminar más de 60 años de guerra; en el Perú impera la venganza contra los ex guerrilleros quienes, expresamente y de hecho, han decidido hacer política sin armas. Así, se les niega arbitrariamente un derecho constitucional.
La “razón” del Estado peruano, de prevenir toda protesta social y política está en este hecho, la muestra está en que dentro de estas detenciones, se encuentran abogados, maestros, profesores, dirigentes campesinos y sindicales, jóvenes universitarios, mujeres dirigentes de barrios y artistas. Estos apresamientos han sido elaborados en base al armado de un expediente del Juzgado Supranacional y de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema. Aún no se sabe si son detenciones preventivas o definitivas, pero la dimensión del prensa de derecha los anuncia en sus primeras planas en la forma más mediática y sensacionalista que pueda hacerlo. Esto se halla en el contexto de convenios que el Perú está realizando con Estados Unidos y los país de la Alianza del Pacifico (AP). Precisamente, a eso se dedicaba el presidente Ollanta Humala en Canadá (país miembro de la AP), en el mismo momento de las detenciones, cuando era galardonado con el premio Estadista del Año, que otorga anualmente el Consejo Canadiense de las Américas.
Los sucesivos escándalos de corrupción, medidas antilaborales y la confirmación de nuevos contratos mineros en perjuicio del pueblo peruano, hoy son tapados por esta cortina de humo de detenciones convirtiendo al país, en una cárcel de presos políticos (más de 300). Y lo hacen de la forma más descarada y burda apelando al “argumento” de financiación del narcotráfico al Movadef y al cuco de resurgimiento del terrorismo, para infundir miedo al pueblo contra cualquier reclamo u oposición al gobierno de derecha de Ollanta Humala.

CORREPI (COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL)

“Linchamientos” y “emergencia en seguridad” para legitimar la represión

(APL) “En las pasadas semanas hemos sido bombardeados desde los grandes medios masivos de des-información con una nueva y brutal campaña de “ley y orden”, dirigida de modo inocultable a legitimar la represión actual, y la que se viene ante el crecimiento de las luchas contra el creciente ajuste”. Así lo afirman los compañeros de Correpi en la siguiente nota, quienes llaman a las cosas por su nombre y analizan las respuestas de la presidenta, Sciolli y Massa, entre otros. Tal como nos tiene acostumbrados Correpi, la reflexión está acompañada con datos contundentes de la ferocidad represiva estatal. Ésta alcanzó su punto máximo en la etapa constitucional,en todas sus modalidades, durante la “década ganada”

"Nuestro esfuerzo está puesto en ayudar a construir las herramientas emancipadoras para liberarnos del sistema y toda su podredumbre", afirma Correpi

A partir del ataque de un grupo de personas que, en Rosario, mataron a golpes a un joven que, con otro, intentó arrebatar un bolso a una mujer, se orquestó la difusión de episodios similares en distintos lugares del país, instalando la idea de que los “linchamientos”, simples ejecuciones tumultuarias sumarísimas, son la respuesta “natural y comprensible”, aunque formalmente reprochable, de la pobres personas indefensas que no tienen respuestas en materia de seguridad de un “estado ausente”. Frente a eso, naturalmente, la solución propuesta desde todos los sectores de la clase dominante, más allá de la diversidad de discursos, es “más estado”, o sea, más represión.

Ni nuevo ni extraordinario
En primer lugar, es necesario recordar que el llamado “fenómeno” no es nuevo ni extraordinario. Basta con recordar al ingeniero Santos, en 1990, que persiguió y fusiló a dos pibes de un balazo en la cabeza por un pasacasette. Y más para acá en el tiempo, durante las asonadas policiales de diciembre, a los comerciantes que declaraban sin pudores que estaban armados hasta los dientes para defenderse de supuestos o reales “saqueos”.

En medio de la marea mediática y justificadora, hubo de todo un poco, cada uno a su estilo, pero confluyendo, todos, hacia un mayor endurecimiento represivo.
Sergio Massa, sin pelos en la lengua, dijo que “el que comete un delito tiene que saber que el que las hace, las paga”, en una indisimulable incitación a la acción de fuerzas de choque de las clases medias, que hacen recordar las SA o “camisas pardas” hitlerianas. Massa es parte de los que añoran el reinado de los ’90, los que impusieron que el estado debía reducirse a su ínfima expresión, sin otro objetivo que imponer sus planes de hambre, miseria y desocupación; esos son los mismos que hoy se “horrorizan” ante la supuesta falta de estado.

Cristina, Berni, Massa, Scioli
Por su parte, Cristina Kirchner, a diferencia de su secretario de seguridad, Sergio Berni, que se alineó con Massa, dijo que “no hay mejor antídoto contra la violencia que lograr que mucha más gente se sienta incluida. La inclusión no es algo referido a los pobres o a los negros, la inclusión…tiene que ver con todos”. CFK, como fiel representante de los intereses de la burguesía, intenta convencernos que hay que tomar en cuenta todos los intereses, sólo para insistir en que los explotados asuman como propios los valores de los explotadores, naturalizando la barbarie de privilegiar el derecho de la propiedad privada en un país y mundo donde el 80% no es dueño de casi nada. Y sobran las muestras de que, en una sociedad donde se valora la propiedad privada por sobre la vida, no hay otra paz posible que la de los cementerios.
El tercero en disputa, Daniel Scioli, decidió hacer su agosto con la cuestión. Con bombos y platillos anunció en conferencia de prensa el decreto de la “emergencia en materia de seguridad” en la provincia, argumentando que los delitos en la provincia han adquirido “características violentas sin precedentes”, y que se debe dar una “respuesta integral desde el Estado”.

Lo primero es rigurosamente cierto, especialmente cuando se analizan los delitos que cometen directamente, o que administran y gerencian los integrantes de las fuerzas de seguridad. El narcotráfico, la trata de personas, los secuestros extorsivos, los piratas del asfalto, los asaltos tipo comando, en fin, todo lo que habitualmente englobamos en el concepto de “crimen organizado”, requiere necesariamente, como lo vemos a diario cuando se desbarata alguna gran banda, del concurso de policías y otros integrantes del aparato represivo, que sistemáticamente forman –cuando no dirigen- los emprendimientos criminales a gran escala y con gran logística. Al mismo tiempo, como lo sabe cualquiera en un barrio, y como lo admitió hasta la jueza de la corte Carmen Argibay, es también la policía la que explota el “crimen del chiquitaje”, reclutando pibes pauperizados a los que hacen robar para ellos, al tiempo que cobran “peaje” a los pocos ladrones cuentapropistas que quedan.

El argumento de la “necesidad de dar una respuesta integral desde el estado”, en total sintonía con el repetido cliché del “estado ausente” alegado por los justificadores de los linchamientos, muestra en forma más que transparente que, lejos de preocuparse por que los bonaerenses vivan seguros, lo que aqueja al gobernador es la necesidad de posicionarse electoralmente con miras al recambio 2015, y eligió el nicho de la “inseguridad” para instalarse como “el que da respuestas”.

Las medidas concretas anunciadas nada tienen que ver con el proclamado fin de “aplicar todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes”, sino que incrementarán la situación de riesgo en la que ya se encuentran todos los que viven y transitan los barrios de la provincia de Buenos Aires, en los que la policía aterroriza a diario a los hijos de los trabajadores con el gatillo fácil en las calles y la tortura en las comisarías. Lo que se prometen son más armas ($600 millones para “equipamiento”); reclutamiento de 5.000 retirados que recibirán un “incentivo económico” por volver al servicio (que pudieron dejar por edad, pero también por otras causas menos “presentables”); un nuevo status de “integración a la red de prevención” de los más de 40.000 empleados de agencias de seguridad privada (la mayoría ex policías y de otros fuerzas, exonerados por graves delitos, como CORREPI ha demostrado en causas como las de Sergio Durán y Damián Salcedo, cuyos torturadores y asesinos, aun condenados, trabajan en “seguridad privada”); más patrullaje, etc. Todo eso apunta más al control y al disciplinamiento social que a la prevención del delito.

Más presente que nunca
Sostenemos que el estado está hoy más presente que nunca desde 1983 en materia represiva. Durante la gestión kirchnerista, con la militarización de los barrios a través de gendarmería, prefectura y las policías, se produjeron 2.400 fusilamientos de gatillo fácil sobre un total de 4.100 desde 1983; hubo 67 desapariciones forzadas; creció exponencialmente la población carcelaria, con el 80% de los presos sin condena. La represión a los conflictos obreros eclosionó, con miles de causas judiciales contra luchadores, la condena a perpetua de los trabajadores de Las Heras, 21 asesinados en movilizaciones y protestas, presos políticos como los de Corral de Bustos y Quebracho, la sanción de siete leyes antiterroristas y la sustitución de la tradición de asilo político por la compulsiva extradición de refugiados como los campesinos paraguayos.

La “ausencia” del estado para garantizar demandas básicas como la vivienda, salud y educación no es otra cosa que la expresión de los intereses de clase que se defienden desde el estado capitalista. No se trata de un padre ausente, que se va y nos abandona. En forma más o menos visible, liberando la zona o saturándola de fuerzas de seguridad, con medidas reaccionarias o “progres”, siempre se gobierna desde el interés de clase.

Es indudable que el delito –insistimos, del que es parte inseparable el aparato represivo estatal- afecta mayormente a ese 80% de los trabajadores que sufren, siempre más que los ricos, la desposesión de la poca propiedad que tienen, mucho más cuando ésta es violenta.

El doble standar
Nadie puede justificar esas conductas, pero de nada sirve juzgarlas desde un sistema violento en sí mismo, que nos despoja de la dignidad humana. Ante el robo violento de los ladrones seriales de los bancos, como el llamado “corralito”, la respuesta no fue el derecho penal, sino la “asistencia”. Sin más voluntad que la estatal, salieron al rescate con la recaudación de impuestos de todos (y que, en general, el 20% poseedor, intenta evadir). El robo de una cartera, en cambio, justifica una muerte.

Buscarle la salida práctica a la doble moral, al doble estándar de los delitos, a la esquizofrenia de incentivar el consumo y negárselo a las amplias mayorías, es como buscar la cuadratura del círculo. Nuestro esfuerzo está puesto en ayudar a construir las herramientas emancipadoras para liberarnos del sistema y toda su podredumbre.

TEMAS EN DEBATE-COLUMNA DE OPINIÓN

El crimen y el orden en la Argentina democrática

(APL) “¿Cómo llega un hombre de clase media laburante a convertirse en el guardián más entusiasta de la escasa parcela de la propiedad de la que las estructuras sociales le permiten gozar? Transformados en perros feroces, vecinos simples de un barrio simple, cuyas vidas no rebalsan los límites de las prácticas más afincadas en las costumbres del pueblo argentino, cuidadosos de sus posesiones, ganadas con el esfuerzo y el sacrificio que su condición social acarrean, convencidos de unas cuantas creencias que los hacen repugnar toda infracción de las pautas morales elementales e igualar todas ellas bajo una universal figura de la maldad, asumieron el papel de asesinos impiadosos y golpearon hasta morir a un pibe por puro desenfreno justiciero, ariscos por una odiosa sensación de impunidad que configura cada una de sus instancias vitales, donde entiende que solo para el que disfruta de un poder siempre superior al propio están permitidas las licencias y los lujos, rendidos ante un orden jurídico basado en el privilegio y la corrupción, que se extiende como una manta atroz y venal hasta las más inmediatas formas de interacción social”. Inicio del texto de Paulinovich, quien analiza, profundamente, las conductas sociales en el marco de la dinámica de la lucha de clases de la Argentina.

“¿Cómo llega un hombre de clase media laburante a convertirse en el guardián más entusiasta de la escasa parcela de la propiedad de la que las estructuras sociales le permiten gozar?, se interroga Paulinovich

Las reglas no funcionan, de manera que el riesgo sancionatorio de romperlas, disminuye con esa pérdida de significatividad: saben que el problema de la inseguridad ha disparado una concepción de batalla social, dónde las clases pudientes (que pueden verse comprendidas dentro de esa noción porque son las que pueden, también, jugar dentro de las posibilidades para llegar a obtener aquellos objetivos que la dinámica social propone), sabedoras de la necesidad de paz y orden, se ven resignadas a asumir su papel de secundaria persecución de cúpulas siempre privilegiadas y siempre inalcanzables, aunque acaso algo asimilables a través del consumo y el maravilloso juego de los status sociales.

El Estado como administrador del crimen y el terror Éstas clases dominantes, entienden, tampoco ven con buenos ojos la inminencia de un conflicto, y saben aquellos que ninguna de sus feroces manifestaciones de violencia defensiva será repudiada desde la cautelosa moralidad gobernante. Es un acuerdo de clases para sostener el santo equilibrio de la propiedad, donde unos puedan pelearle a la circunstancia cotidiana para acceder a algunos territorios más adentrados de su dominio y así saciar las expectativas mínimas de crecimiento y prosperidad (siempre como una conjura contra aquella adversidad primaria y, en apariencia, irreversible); y otros continúen en el más o menos estabilizado gobierno de las cosas: de las empresas, de los comités y unidades básicas, de las estructuras partidarias tradicionales y, por lo tanto, de las principales instancias del poder político.

Pero, ¿le importa esto a aquel que, en cierto momento, olvida todos los reparos que lo unieron a la existencia hasta ese momento, y se desemboza en una truculenta expresión del animal que, amenazado en sus fuerzas individuales, se une a sus pares en la vulnerabilidad, y arremeten contra la amenaza externa, ahora comprendida en esas “bestias sociales” malformadas al calor de los desmanes de los gobiernos democráticos, del ’83 a esta parte, que articularon una rigurosa estructura institucional basada en ese pesimismo cauteloso, que dejó intactas las estructuras elementales del Estado, implantadas por los militares neoliberales y enemigos rabiosos del interés nacional, y consolidó sus fuerzas represivas en el brazo armado de sus policías, reivindicándose en un supuesto triunfo sobre el militarismo, pero permitiendo la ejecución de idénticas prácticas que las repudiadas y tan detestadas llevadas adelante por la sórdida inteligencia militar, ahora reconvertidas en policíacas, pero siempre identificadas como “milicos”. El milico, ahora corrupto al extremo de lo ridículo y siempre cuestionado en sus funciones y eficacias, es el reaseguro de ese orden elemental tan añorado, que propicie la calma y el buen desarrollo de las vidas cotidianas, inaugurado en el terror cenital de la democracia postdictadura. Ese orden fatalista es capaz de volver su ojo crítico y enjuiciador a los delitos de lesa humanidad del pasado, mientras se brinda ante sus ojos una exposición de los mismos bajo formas renovadas, articulando desde las instancias estatales esa rígida trama represiva que funciona como mecanismo de control social desde sus momentos primitivos: la encarnación de una figura diabólica, siempre riesgosa para ese orden necesario, es la cuota de posibilidad para la persecución sistemática y el funcionamiento de los resortes menores de esa represión, que van desde las detenciones injustificadas por portación de cara, hasta la disciplinada actuación violenta contra las protestas sociales. La Argentina se convirtió en una inmensa cárcel de fantasmas, que deambulan intentando llevar sus vidas lo más cómoda y tranquilamente que le sean posible, renunciando de antemano a toda posibilidad de ejercicio soberano de sus placeres y sus posibilidades vitales; el terror permitió el enquistamiento en el poder de una clase de agentes administrativos de los grandes capitales antinacionales, que articularon un vicioso tejido de prebendas, leyes y departamentos institucionales que legalizan (invisibilizan) ese tendido represivo elemental para asegurar el orden, que antes que sus reaseguros económicos, legales y políticos, tiene el de la ejecución de la violencia. El delincuente es aquel que pone en jaque esos mecanismos disciplinares básicos en la sociedad: aquel que irrumpe en las calles para impedir el tránsito y consternar la dinámica de los días, aquel que atemoriza y discordia con sus reclamos y paros de actividades, que ponen en riesgo la producción y, por lo tanto, la salud de los puestos de trabajo, o aquel otro, que vencido por las circunstancias, opta por la opción del robo y la devolución directa y rudimentaria de la hostilidad que la adversidad le propina todos los días. La institucionalidad, aquel consuelo Ese clima de estupor se extiende sobre esa sociedad castrada por el terror dictatorial, la insoportable y constante presencia de la muerte, la dolorosa sensación de endeble exposición, como reos de la propiedad, acobardados con el siempre latente riesgo de perderla, y desamparando de toda piedad (e incluso, de todo posible reconocimiento de su situación: eso que podría decirse solidaridad elemental) a aquellos factores que, con sus acciones, amenazan esa tranquilidad y avivan los fantasmas de la muerte y la angustia. La institucionalidad es el bálsamo que calma las ansias fatalistas de esas personas, entendidas ya como un conjunto caótico y siempre desunido de individuos que buscan un lugar en un orden limitado y maniatado.

Ante esa complicidad efectiva funcionan los estamentos institucionales que ejecutan la persecución y represión social: las cárceles, como momento de consumación de esa facultad, mantienen el esquema de los centros clandestinos de detención; son grandes campos de concentración y tortura, dónde se aplica sobre una población proveniente de los extractos marginales de la sociedad, todo el rigor y el odio de clase, aplicando los métodos de tortura de los regímenes dictatoriales e intimidando al enemigo como en una situación de guerra interna. El objetivo final de esa persecución es, en efecto, la rebeldía, bajo cualquiera de sus formas. El terror que despiertan los actos de rebelión, que siempre tensionan la organización existente y azuzan las peores memorias de la inestabilidad, asumida como una situación de trágica amenaza, y no como una posibilidad de conquista de nuevas instancias de poder. El poder es siempre algo corrompido e irremediable; renunciar a su conquista en mayores escalas sociales, implica embarcarse en la búsqueda de la mínima comodidad individual. El aprendizaje de la aplicación del terror sobre los cuerpos fue la renuncia a toda extensión de exceso, a riesgo de contrariar lo que se posee.

Conservadurismo fatalista: hijos del terror Es el conservadurismo fatalista que condiciona a la pequeña burguesía que desarrolla sus cuestionamientos a los aparatos represivos de la dictadura y condena sus crímenes de lesa humanidad (incluso reconociendo el carácter contrarrevolucionario que llevaba esa ofensiva del terror de estado, y que era su fundamento primero, y su principal aspecto a condenar desde una perspectiva que se reconozca como partícipe del interés nacional) pero forma parte del entramado jurídico-institucional que legitima y articula esos mecanismos represivos y reaccionarios en la actualidad. Hay nuevos actores, nuevos compañeros, un nuevo paisaje político, una aparente calma democrática, una discusión medianamente “civilizada” de los asuntos de “interés público”, las calles seguidas desde las cámaras de televisión y los patrulleros (siempre en carestía ante las amenazas), una meridiana concordia intelectual, con justos explicadores desde ambos lados del campo político, capaces de reunir en sus discursos una amplísima gama de argumentos y referencias bibliográficas para rendir pleitesía a uno de esos omniscientes “discursos”, que rinden cuenta de la realidad sin necesitar, ni siquiera mínimamente, ocuparse de su manifestación objetiva, como si ella viviera únicamente en la belleza y profundidad de sus explicaciones. Ante esa parsimoniosa elegancia de la pequeña burguesía intelectual se desprende una enorme organización delictiva, que desde los estamentos del Estado, aplica las sanciones y elimina a los actores sociales inconvenientes: los confina en agujeros donde se olvida de las esenciales condiciones de humanidad, los tortura con sistemática meticulosidad, busca información, se involucra y gestiona el crimen, asesinan a quienes no favorecen su interés como empresarios del delito, y dosifican sus cuotas de odio y violencia contra los distintos sectores sociales que cuestionen esas franquicias fundacionales.

Los garantes de la disciplina

Los medios de comunicación (pletóricos de especialistas, doctores e informadísimos periodistas) y las fuerzas de seguridad son los instrumentos que gozan de la legitimidad pública, unos para la aplicación de los dispositivos represivos, los otros, para la explicación del fenómeno y la condena moral. A ellos mira el ciudadano amenazado, esperando la acción disuasiva de la policía contra aquellos disruptores del orden, y la presencia inmediata de los medios y de sus sanciones y repudios; criminalización y mediatización son las formas en que se inscriben las expectativas sociales en ese clima de tensión, tedio e impunidad. Cuando las respuestas de los unos y los otros no aparecen ni son satisfactorias, el ciudadano se anima a actuar: toma su lugar y aplica sus metodologías para llevar a cabo eso que las instancias legalizadas para hacerlo no cumplieron. La sensación de impotencia y desolación, la vigencia de un clima de belicosidad, lleva a una sola consigna: el enemigo, los que traen el recuerdo de la muerte, los que ponen en riesgo las consolidaciones del orden y la propiedad, deben ser eliminados, para que aquella calma pueda volver a reinar.

La violencia, como la justicia, toma cuerpo en su dimensión más cercana: la violencia aplicada en las calles por los delincuentes (los que asaltan con violencia y descontrol asesino, los que irrumpen con formas apremiantes y cortan calles y hacen movilizaciones y reclamos); la justicia es, en efecto, la que pueda lograrse ante esos fenómenos que se perciben injustos, la que puede alcanzar a ser acariciada cuando se apalea al delincuente, resignados en la idea que cualquier instancia superior de la justicia está teñida por el pudrimiento. La policía como brazo armado del Estado que opera en la ejecución de la disciplina persecutoria y represiva, que gestiona las cárceles y lleva adelante las diversas formas de tortura e intimidación que se aplican sobre los cuerpos, que asumen el rostro de la fuerza bruta y hacen uso de la impunidad que su condición les asigna cuando avanzan sobre los manifestantes, que deambulan por las calles como custodios y, a la vez, reguladores del delito, dueños de la represión física sobre los actores sociales; los medios, agentes de publicidad y sostenimiento político, voceros idílicos del interés empresarial ligado al capital transnacional, fieles exponentes de la angurria, la avaricia y el profundo reaccionarismo de esa burguesía intermediaria, siempre dadora a los intereses extranjeros, siempre abonada a las ideologías y concepciones más retrógradas e hipócritas, dueños, a su vez, de la represión simbólica de los sujetos sociales.

La hegemonía de los discursos
La discusión sobre la problemática de la inseguridad queda confinada a esos espacios de discusión atravesados por el interés de la clase dominante, siempre celosa de sus propiedades y de la institucionalidad que las apaña, neutralizada en una bipolarización inútil entre aquellos que, asumiendo un humanismo progresista, cancelan su discusión desde el repudio indignado de la violencia de las clases medias reaccionarias, sometiendo la interpretación política y la búsqueda de las causas sociales, a la impugnación moral y, por lo tanto, articulando su posición en función de criterios que postulan una justicia ética que en nada cuestiona la compleja trama material de la injusticia; y por el otro lado, aquellos que asumen la necesidad de reforzar esas instancias de control y disciplinamiento, como si darle más poder a los principales actores del crimen y el delito pudiera resolver en algo las cosas.

La falta de ocupación sobre los datos mínimos que arroja la realidad imposibilita la emergencia de una posición que se ocupe del interés de las mayorías que sufren las consecuencias de la impunidad instalada. El Estado se desentiende de sus responsabilidades y, en todo caso, se asume ausente, como si aquella criminalidad institucional funcionara por fuera de sus dominios; como si su única capacidad fuera la del enjuiciamiento del pasado. La realidad siempre es presente, y la hegemonía del discurso, que se desentiende de los factores materiales, y brinda explicaciones totalizadas en la abstracción, ajenas al discurrir de las fuerzas sociales y de los hechos, necesita desprenderse de ese presente, y bajo el influjo de un posicionamiento ético, que rehúsa de todos los factores históricos por su propia condición de abstracción, es incapaz de identificar la presencia y continuidad de esos mecanismos en la democracia. Las condiciones de confinamiento y tormento en que se encuentran las estructuras que el Estado tiene para una supuesta “re-habilitación” de los presos, el sistema carcelario en su integridad como un inmenso mecanismo de tortura y hostigamiento, que vuelve imposible cualquier tipo de “normalización” (como la aceptación de las normas y valores históricamente hegemónicos), no hace más que confesar el carácter de guerra abierta realizada desde el Estado contra los actores sociales que componen la nueva marginalidad (que van desde el pobrerío preso por el delito de la exclusión y ser la cara visible de la organización delictiva, hasta los petroleros de Las Heras, cuya condena a cadena perpetua sintetiza la modalidad en que la ficción judicial puede, utilizando sus normas y procedimientos, inventar una causa y condenar a trabajadores por el ejercicio de la lucha y la reivindicación de sus derechos) ya no identificadas en las consignas subversivas de la revolución y la lucha armada, sino en la perturbación del orden cotidiano y en la amenaza del modo sumiso de pasar por el mundo.