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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

DIRIGENTES CAMPESINOS PARAGUAYOS

Ocho años de injusta prisión

(APL) “El 26 de abril de 2006 los campesinos paraguayos Simeón Bordón y Agustín Acosta se presentaron ante las autoridades migratorias de Puerto Iguazú, Argentina, solicitando ser recibidos en el país en carácter de refugiados políticos. Alegaron sufrir persecución política en su país y solicitaron acogerse al derecho de asilo. Se les indicó que se dirijan a la oficina del Comité de Elegibilidad Para los Refugiados (CEPaRe), dependiente del Ministerio del Interior, en Buenos Aires. Una vez allí y junto a Basiliano Cardozo, Roque Rodríguez, Arístides Vera y Gustavo Lezcano solicitaron formalmente el refugio político. El CEPaRe les otorgó un refugio provisorio de tres días, tras los cuales debían presentarse nuevamente en sus oficinas a los fines de proseguir el trámite para el refugio definitivo. Allí se dirigieron el 2 de mayo de 2006, para encontrarse con la Policía Federal y la Interpol que procedieron a detenerlos en el interior del edificio. Así comenzaba para los seis campesinos paraguayos, presos políticos de la oligarquía paraguaya, una larga y dolorosa experiencia con el Estado Argentino que terminaría con su extradición a las autoridades paraguayas, y que continúa aún con los seis encarcelados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de Asunción”. Parte del rico enfoque de Llella de Misiones, que da cuenta de esta injusticia pergeñada por el poderes argentinos y paraguayos, aliados para descargar su saña represiva contra los luchadores .Libertad a los campesinos presos políticos.

El kirchnerismo, responsable directo el encierro de los compañeros

El caso Cubas y el gobierno de los derechos humanos

Los seis dirigentes campesinos fueron algunos de los imputados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinky, hija de un ex presidente paraguayo. Todos ellos a excepción de Roque Rodríguez, dirigente máximo del Movimiento Agrario y Popular, pertenecían al Partido Patria Libre, organización a la que la Fiscalía Antisecuestro atribuyó el plagio de Cecilia Cubas.
El juez de Garantías Pedro Mayor Martínez nunca consideró pertinente su detención dado que la fiscalía y la querella nunca reunieron pruebas contra los seis y construyeron la acusación contra los mismos solamente con el testimonio, sumamente controvertido, de un informante policial. Sin embargo, dada la gran influencia política de la parte querellante – la señora Mirtha Gusinky, madre de la víctima- y de su abogado, miembro del Consejo de la Magistratura, Enrique Baccheta, los seis evaluaron que la justicia paraguaya no les brindaba ningún tipo de garantía de imparcialidad ni de objetividad. Tuvieron la certeza de ello cuando en noviembre de 2005 la fiscalía, sin un mínimo criterio de objetividad, que caracterizaría todo su accionar en la causa, solicitó el cambio de acusación que pesaba contra ellos de “Omisión de aviso de hecho punible” por el de “Secuestro, homicidio doloso y asociación criminal”. El juez de Garantías rechazó el cambio de carátula porque la fiscalía no había agregado elementos que lo justificaran, sin embargo el Tribunal de Apelación aceptó el pedido de la fiscalía y la querella. A pesar de ello, no dictó la prisión preventiva hasta después de que los seis campesinos se presentaran a pedir el refugio en Argentina.

La decisión de los seis de buscar refugio en Argentina ante la evidente falta de garantías judiciales para ellos se basó en parte en el discurso “derechohumanista” del gobierno de Néstor Kirchner. Además, hasta ese momento la Argentina nunca había entregado en extradición a ningún perseguido político. Los antecedentes resultaban favorables. Una entrevista con el embajador argentino en Asunción, Rafael Romá, quien les recomendó su ida a Buenos Aires y dejó tal recomendación por escrito, terminó por decidirlos.

Pero una vez en Buenos Aires se encontrarían con una realidad muy diferente. La actitud de las autoridades argentinas fue la de dar tiempo a las autoridades paraguayas para que el pedido de detención llegue antes de que los campesinos pudieran iniciar el trámite del refugio definitivo. De esa manera se hizo posible su detención en Buenos Aires.
Una vez iniciado el trámite de extradición la defensa de los campesinos se esforzó en demostrar que la situación de persecución política en Paraguay hacían desaconsejable su entrega a las autoridades paraguayas. Se arrimaron pruebas y testimonios acerca de la violencia estatal crónica contra el campesinado, la existencia de grupos paramilitares en todo el país al amparo del Estado, la falta de imparcialidad de la justicia y la relación de sus funcionarios con los grupos del poder, en particular con el Partido Colorado. El juez interviniente, Ariel Lijo, se negó a considerar todos esos antecedentes argumentando, no se sabe basándose en qué, que en el Paraguay rige el estado de derecho y que por lo tanto solamente cabía asegurarse del cumplimiento de ciertos requisitos formales del pedido de extradición.
Con esto se negaba a considerar también ya no la actuación futura de la justicia paraguaya con los campesinos, sino las insalvables irregularidades que esa justicia ya había cometido en el tratamiento para con ellos y que justamente había sido el motivo de su traslado a Argentina.
Estuvieron presos en Argentina durante dos años y siete meses, a lo largo de los cuales recibieron el apoyo y la solidaridad de una gran cantidad de organizaciones, entre ellas de influyentes personalidades políticas y defensores de los derechos humanos. A pesar de esto la extradición fue concedida y la presidente Cristina kirchner les negó el refugio político, por lo que fueron entregados a las autoridades paraguayas en diciembre de 2008. El Estado Argentino pisoteaba así una más que centenaria tradición de refugio a los perseguidos políticos.

La justicia mafiosa paraguaya y la vigencia de las palabras ante el tribunal de uno de los mártires de Chicago:

Desde ese entonces, todas las advertencias que hicieron tanto la defensa legal de los campesinos como las muchas organizaciones que lucharon contra su extradición se demostraron acertadas. Ente ellas, la de que la composición misma de la justicia paraguaya, totalmente entroncada por relaciones de parentesco, amistad o intereses con los grandes poderes del país hacia imposible la garantía de un juicio justo para los seis. Se referían al inmenso poder político de la familia querellante y de sus abogados, asi como al carácter inquisitorial de la Fiscalía Antisecuestro. Por caso, el abogado enrique Baccheta es un miembro de muchos años del Consejo de la Magistratura: el organismo que designa a los jueces en el Paraguay. Al momento del juicio era además el representante de ese Consejo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aunque se encontraba provisoriamente con licencia, tal posición no pasa inadvertida para ningún Tribunal que no se discipline a los designios políticos de los grupos de poder.
Los seis campesinos nunca gozaron de los beneficios del principio de presunción de inocencia, ni en Paraguay ni en Argentina. Una vez en Paraguay la justicia los mantuvo arbitrariamente en prisión durante 5 años y 10 meses antes de llevarlos a juicio, convirtiendo la prisión preventiva en una pena anticipada. Para esto incumplió abiertamente con las pocas condiciones que le impuso el juez argentino al momento de la extradición, como la de contar el tiempo de detención en Argentina como si hubiera transcurrido en Paraguay.
Al cumplirse cinco años de su detención, el tribunal rechazó levantarles la prisión preventiva argumentando que no habían cumplido aún el tiempo máximo de la misma, pues en Argentina no habían estado presos sino alojados en pensiones y hoteles.
Este hecho, solamente uno de un listado muy largo de irregularidades que cometió la justicia paraguaya con los seis campesinos, sirve para ilustrar como fue a lo largo de estos ocho años la relación de la justicia con los seis.
En esos términos de total falta de respeto por sus derechos y garantías mínimas, pisoteando a su antojo hasta elementales cuestiones de procedimiento, basándose en pruebas incomprobables como las surgidas de la computadora de Raul Reyes y en testigos pagos de la fiscalía, que cayeron en innumerables contradicciones y equivocaciones groseras, la Justicia condenó a los seis en una farsa de juicio a 35 años de prisión.
El abogado de la querella Enrique Baccheta, hoy senador por el Partido Colorado, lamentó ante el tribunal la inexistencia de la pena de muerte en Paraguay.

Palabras y actualidad
Al término de ese juicio, gracias al cual los campesinos hoy cumplen ocho años de injusta prisión, asombra la actualidad de las palabras de August Spies, uno de los mártires de Chicago, ante el tribunal que lo condenó a muerte en 1887: “...empezaré con las mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace cinco siglos ante el Consejo de los Diez en ocasión semejante: Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes son vuestra historia. Se me acusa de complicidad en un asesinato y se me condena, a pesar de no presentar el Ministerio Público prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba ni siquiera de que en tal asunto haya tenido intervención alguna. Sólo el testimonio del procurador del Estado y de Bonfield y las contradictorias declaraciones de Thomson y de Gilmer, testigos pagados por la policía, pueden hacerme pasar como criminal. Y si no existe un hecho que pruebe mi participación o mi responsabilidad en el asunto de la bomba, el veredicto y su ejecución no son más que un crimen maquiavélicamente combinado y fríamente ejecutado, como tantos otros que registra la historia de las persecuciones políticas y religiosas. Se han cometido muchos crímenes jurídicos aún obrando de buena fe los representantes del Estado, creyendo realmente delincuentes a los sentenciados. En esta ocasión ni esa excusa existe. Por sí mismos los representantes del Estado han fabricado la mayor parte de los testimonios, y han elegido un jurado vicioso en su origen…”

ENFOQUES: LOS VERDADEROS FINES DE LA CÁRCEL

¿Por qué las situaciones totales y el encierro deshumanizan y envilecen a los que la habitan?

(APL)“El criminal es del tipo de hombre fuerte situado en unas condiciones desfavorables, un hombre fuerte puesto enfermo. Lo que le falta es la selva virgen, una naturaleza y una forma de existir más libres y peligrosas, en la que sea legal todo lo que en el instinto del hombre fuerte es arma de ataque de defensa. Sus virtudes han sido proscritas por la sociedad… es en nuestra sociedad, en nuestra domesticada, mediocre,castrada sociedad donde un hombre venido de la naturaleza, llegado de las montañas o de las aventuras del mar, degenera necesariamente en criminal”, afirma Friedrich Nietzsche. Son las palabras elegidas por Ramón Solari, privado de libertad en Río Gallegos que desentraña los reales objetivos del encierro y demuele sus alegados fines. Así, Solari afirmará que “la cárcel como medio de encierro absoluto tiene como misión exclusiva la exclusión, la custodia y retención de sujetos hasta su completa degradación. La cárcel no busca modelar esquemas humanos para hacerlos útiles, se intenta cansar energías, hacerlas inocuas. Auschwitz está demasiado cerca como para practicar la eliminación de esos cuerpos, solución a la que tantos adherirían. Sin embargo nos sigue siendo gustoso crear “musulmanes” que justifiquen cualquier interpretación del delincuente como infrahumano. La desaparición forzada de personas sigue su marcha triunfal”.

Cárcel es destrucción de la entidad humana

Así las cosas, y más allá de los discursos garantistas, el supuesto tratamiento resocializador, las políticas de estado, las normativas vigentes: la cárcel es el centro absoluto para causar la mayor degradación en el ser humano.
Lugar en el que la falta de respeto a su integridad física, a su integridad síquica, al trato justo y humano. La naturaleza deshumanizante del encarcelamiento, la debilitación de la personalidad humana que produce en internamiento total. Actitudes de resignación, apatía, perdida de la identidad producto la constante manipulación so pretexto de un pseudo tratamiento resocializador es moneda cotidiana-
Ahora bien, y en criollo, ¿cómo llegamos a este estado? Desde el mismo instante en el que la persona es detenida (justa o injustamente) comienza el largo proceso deteriorante: golpes, aislamiento, hambruna, humillación constante, tormentos físicos y sicológicos de todo tipo en sede policial primero.
El juez que debe ser garante de las detenciones es sordo a las denuncias de esos apremios y dicta, en líneas generales un procesamiento que llevara al sujeto directamente a la cárcel.

El suplicio
El ingreso a la cárcel en sí mismo es acaso el suplicio por excelencia que salvando las distancias podría equipararse al tormento de la época de la inquisición que tan cómodo le quedo a la cofradía eclesiástica: esposado a las espaldas el preso debe soportar golpes de todo tipo (patadas, puños, palos, culatazos, duchas de agua helada) humillaciones (desnudo frente a sus verdugos, vejado, simulacros de violaciones, robo de sus pocas partencias), sicológicos (simulacro de fusilamiento, de suicidio) todo ello de la mano de los agentes de la administración carcelaria que es custodia de esa persona, nada mas…. Y nada menos.
La practica descripta dura lo que el carcelero quiera que dure y que generalmente tiene continuidad más o menos relativa todo lo que dura su estadía en la cárcel, pero esto es apena el comienzo de camino del descenso al infierno carcelario por que una vez que se prontuarisa al hombre y es arrojado a una oscura celda de castigo pasa a ser un numero, por el que será llamado todos los días de su estadía en la cárcel. Así que a las palizas, los golpes, “el submarino”, el “pata pata”, “la pirámide”, “puente chino”, “bienvenida” se le debe sumar los traslados en condiciones infrahumanas a lo largo y ancho de la geografía del dolor, la desvinculación afectiva, social, emocional, sentimental, sexual; el destierro: ya que las cárceles que aloja al condenado se encuentran en muchos casos a mas de miles de kilómetros de su lugar de origen, distancias que muy excepcionalmente pueden ser atravesadas por familiares o amigos para visitar al preso y si es visitado debe soportar las formas y condiciones humillantes, vejatorias y violatoria de todo procedimiento legal tanto el preso como el visitante, mucho más cuando se trata de una mujer, porque la finalidad que persigue el sistema es precisamente la desvinculación absoluta de los afectos genuinos del preso. Que no lo visiten, que se olviden, que quede solo.

¿Educación y capacitación?
Se debe sumar a lo antes dicho, la falta absoluta de políticas inclusivas, socializadoras y reparadoras por parte de la administración carcelaria muy alejada de la realidad social que impide cualquier intento del preso por formarse y capacitarse en artes y oficios.
Del mismo modo ocurre con el sistema educativo lo que no es estimulado ni premiado, sino todo lo contrario: quien pretende superarse a través de la educación es visto como un mal preso y por ende mortificado al extremo con todo tipo de situaciones que van desde las requisas invasivas, sorpresivas, las sanciones fabricadas, los traslados arbitrarios, el retroceso en los regímenes de la progresividad, el alojamiento en pabellones donde se mesclan presos por diversos delitos, patologías, clase y condiciones de vida.
La extorción permanente por parte de los agentes carcelarios, la corrupción existente intramuros de la cárcel donde el monopolio de la violencia y la corrupción la tienen precisamente los funcionarios de la cárcel.
Los vicios que se potencian dentro de una celda de castigo a causa del ocio forzado al que es sometido el preso a lo largo de su condena: 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 375 días del año, todos los años de su condena padeciendo una especie de masturbación física y mental sin otro recurso para “matar” el tiempo detenido en esa oscura celda.

Ideal para envilecer
Por ello sostengo que la cárcel es el medio ideal para envilecer al ser humano y es contraria a todo modelo educativo, social, reparador e integrador. Fomenta la individualidad. Mientras que la educación alimenta el sentimiento de libertad y de espontaneidad del individuo, la vida en la cárcel, como universo disciplinario, tiene un carácter represivo, uniformante, deteriorante, envilecedor.
El régimen de “privaciones” tiene efectos negativos sobre la personalidad y contrario el fin educativo del tratamiento. La atención de los estudiosos ha recaído particularmente en el proceso de socialización a que es sometido el preso, proceso negativo que ninguna técnica psicoterapeuta y pedagógica logra volver a equilibrar. Tal proceso se examina desde dos puntos de vista, a mi humilde juicio, ante todo el de la “desculturización”, esto es la desadaptación a las condiciones que son necesarias para la vida en libertad, la incapacidad para aprehender la realidad del mundo externo y la formación de una imagen ilusoria de él; el alejamiento progresivo de los valores y modelos de comportamiento propio de la sociedad exterior.

La subcultura carcelaria El segundo punto de vista, opuesto completamente, es el de la “culturización” o “prisionalisacion”. En este caso se asumen las actitudes, los modelos de comportamientos y los valores característicos de la subcultura carcelaria.
Estos aspectos de la sub cultura carcelaria, cuya interiorización es inversamente proporcional a las chances de reinserción social, se han examinado desde el punto de vista de las relaciones sociales y de poder, de las normas, de los valores, de las actitudes que presiden estas relaciones, así como también desde el punto de vista de las relaciones entre los reclusos y el personal penitenciario.
Bajo este doble orden de relaciones, el efecto negativo de la “prisionalisacion” frente a cada tipo de reinserción del condenado se ha reconducido hacia dos procesos característicos: la educación para ser criminal y la educación para ser buen detenido.
Sobre el primer proceso influye particularmente el hecho de que la jerarquía y la organización informal de la comunidad está dominada por una minoría restringida de criminales con fuerte orientación social, que, por el poder y, por el prestigio de que gozan, asumen la función de modelo para otros y pasan a ser al mismo tiempo una autoridad con la cual el agente carcelario se ve contreñido a compartir el propio poder normativo de hecho. La manera como se regulan las relaciones de poder y de distribución de los recursos (aun relativos a las necesidades sexuales) en la comunidad carcelaria, favorece la formación de hábitos mentales inspirados en el cinismo, en el culto y el respeto a la violencia ilegal. De esta forma se transmite al preso un modelo no solo antagónico del poder legal sino caracterizado por el compromiso por este.
La educación para ser un buen recluso se da en parte también en el ámbito de la comunidad, puesto que la adopción de un cierto grado de orden, del cual los presos más pesados se hacen garantes frente al personal carcelario forma parte de los fines reconocidos en esta comunidad. Esta educación se da, por lo demás, mediante la aceptación de normas formales del establecimiento y de las informales impuesta por los agentes de la administración carcelaria. Puede decirse, en general, que la adaptación a estas normas tiende a interiorizar modelos de comportamientos ajenos, pero que sirve al desenvolvimiento ordenado de la vida en la cárcel. Este deviene el verdadero fin de la cárcel, mientras que la función propiamente educativa se ve excluida en el alto grado del proceso de interiorización de las normas, aun en sentido de que la participación en actividad comprendida en esta función se produce con motivaciones extrañas a ella, y de que se ve favorecida la formación de aptitudes de conformismo pasivo y de oportunismo. La relación con los agentes de la administración carcelaria, que de esa manera se torna característica del comportamiento del encarcelado, está marcada al mismo tiempo por la hostilidad, la desconfianza y una sumisión no consentida.
Finalmente sostengo que en imposible afirmar que un día la humanidad alcanzara un grado de perfección tal que hará innecesaria la cárcel. Lo cierto es que en los tiempos actuales no podemos prescindir de ellas y engendra más problemas éticos, sociales, psicológicos y económicos que los que resuelve.

Bibliografía consultada:
Baratta, Alessandro; “Cárcel y estado social. Por un concepto de reintegración social del condenado”; Trad. M. Martinez, Madrid, 1991.
Pavarini, Massimo; ¿menos cárcel y más medidas alternativas? La vía italiana a la limitación de la cárcel reconsiderada sobre la base de la experiencia histórica y comparada. En cuadernos de la Cárcel; edición Especial de Derecho Penal y criminología de No Hay derecho; Buenos Aires, 1991.
Muñoz Conde, F; “La resocialización del delincuente, análisis y critica de un mito” CPC, Nro. 7, 1979.