La cantidad de presos creció 67% desde el nuevo Código

Las unidades penales están al límite en la provincia de Entre Ríos, así lo reconoce el propio Servicio Penitenciario, a raíz del notable incremento de la población penal fundamentalmente desde la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En diciembre de 2008 las unidades penales de la provincia albergaban a 805 reclusos, tres años después la cifra, curiosamente, había caído a 746 internos y, al día de hoy, el número trepó a 1.346 personas, lo que representa un aumento del 67,2% respecto de hace siete años y medio, y 80,4% más que en 2011.
El incremento de presos se atribuye, principalmente, a la puesta en marcha, en forma paulatina, de un nuevo sistema procesal que, según dicen en el Poder Judicial, privilegia la oralidad y acelera los plazos de resolución de las causas penales; y en menor medida a la intensificación de los procedimientos contra el narcotráfico.
El nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia se aprobó el 9 de enero de 2007, mediante la sanción de la Ley Nº 9.754, y la implementación se realizó por etapas, a partir de 2009, hasta completarse en septiembre del año pasado con la puesta en vigencia de las nuevas reglas en Paraná.
Entre los muchos cambios que se le atribuyen al nuevo sistema se destacan el acortamiento de los plazos en todas las etapas del procedimiento; la posibilidad de la utilización de vías alternativas para la resolución de procesos penales, como el juicio abreviado, tendientes a descomprimir la actividad judicial; la facultad que le otorga al Procurador de priorizar las investigaciones según la complejidad de cada causa; y el hecho de que ahora la investigación la lleva a cabo solo el fiscal, mientras que el juez pasa a cumplir el rol de tutor de las garantías del proceso.
Lo cierto es que el nuevo sistema procesal evidenció la situación de crisis de las cárceles entrerrianas, a raíz del notable crecimiento de la cantidad de personas que se encuentran privadas de la libertad.
Si bien en los últimos meses se han realizado obras que permitieron ampliar la capacidad de las unidades penales, el propio Gobierno provincial admite que el sistema está en condiciones de soportar un máximo de 1.500 detenidos, un número que se encuentra muy cerca de los 1.346 actuales.
Indicadores. El crecimiento en el número de personas detenidas contrasta, sin embargo, con los indicadores delictivos, que para nada muestran un incremento en los últimos años. La explicación que surge desde el sistema judicial es que “la puesta en vigencia del nuevo Código le dio mucho más dinamismo a las investigaciones, es decir, los procesos que antes demoraban cuatro o cinco años hasta que se dictaba una sentencia, ahora tienen sentencia y hasta la doble instancia de revisión en menos de un año”, aseguró el juez Rubén Chaia, integrante de la Cámara de Casación Penal.
En el país hay 150 personas detenidas por cada 100.000 habitantes (eran 103 en el año 2000); en Entre Ríos, cada 100.000 habitantes hay 103 que están en la cárcel. La mayoría son jóvenes que provienen de contextos vulnerables. De hecho, hay 76 menores de edad privados de la libertad.
Sin embargo, la afirmación de Chaia trata de rebatir aquello de que la efectividad del sistema penal se mide en cantidad de detenciones y, entonces, se sostiene en otros datos: de las 1.346 personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad, hay 997 condenados (74,8%) y 336 que están procesados en prisión preventiva a la espera de juicio o han sido condenados pero su sentencia no está firme (25,2%). Cuatro son inimputables. De ellos, 1.119 reclusos se encuentran detenidos a disposición de la Justicia provincial. De ellos, hay 937 condenados (83,7%) y 178 que están procesados en prisión preventiva a la espera de juicio o han sido condenados pero su sentencia no está firme (15,9%). Los porcentajes se invierten entre los 218 son detenidos a disposición de la Justicia Federal, alojados en las cárceles entrerrianas: solo 60 tienen sentencia firme (27,5%); los otros 158 están en prisión preventiva (72,5%).
En la provincia de Buenos Aires, para establecer una comparación, el 60% de los detenidos no tiene condena judicial, según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Con los números en la mano, Chaia defendió el nuevo Código de Procedimiento Penal: “Al hacerse más rápido el proceso, se dictan sentencias en un tiempo más cercano a la comisión del delito y, si hay condenas, hay más personas en prisión. De manera que se ha logrado eficiencia, celeridad, se ha ganado en transparencia y no se han retaceado garantías”, razonó el magistrado en diálogo con EL DIARIO.
Situación límite. Ahora bien, el notable incremento de la población penal ha repercutido en la infraestructura. Para contrarrestar esa situación se han dispuesto ampliaciones y modificaciones tendientes a atender a las necesidades de alojamiento.
“El máximo de personas privadas de la libertad que el sistema puede contener es de 1.500”, precisó el director general del Servicio Penitenciario, José Luis Mondragón. Esto porque en los últimos meses el cupo se ha incrementado con la construcción de pabellones en las unidades penales de Paraná y Concordia, la inauguración de la Granja Penal en el departamento Gualeguaychú y la apertura de una casa de pre-egreso en la capital provincial.
Sin embargo, el funcionario admitió que “las cárceles están al límite” y coincidió en que “el incremento de la población penal se debe, en parte, a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal porque hace que las personas resulten condenadas con mayor rapidez, que se impriman condenas cortas y de ejecución más veloz”.
La Justicia Federal, en números
Desde el Servicio Penitenciario aportan otro motivo al incremento de la población penal, que es la intensificación de los procedimientos por tráfico de drogas. En Entre Ríos no hay cárceles del Gobierno nacional –la más cercana está en la localidad bonaerense de Campana– y los presos a disposición de la Justicia Federal son alojados en unidades penitenciarias provinciales, con la salvedad de que deben estar en celdas separadas de aquellos a procesados o condenados por los tribunales provinciales. En enero de 2012 había 115 personas detenidas, de los cuales 25 tenían condena firme (21,7%) y los otros 90 estaban bajo prisión preventiva (78,3%). Solo ese año se resolvieron 179 causas judiciales (30 juicios abreviados, 62 sentencias y 87 resoluciones que incluyen sobreseimientos, prescripciones e incompetencias), todas en el único Tribunal Oral Federal que tiene la provincia, en Paraná. Sin embargo, tres años y medio después la cifra de personas privadas de la libertad trepó hasta 218, pero las proporciones entre penados y procesados se mantienen: 60 y 158, respectivamente. Estos números revelan la necesidad de descomprimir la actividad del tribunal oral, que ya tiene audiencias fijadas hasta fines de 2018, mediante la puesta en marcha del nuevo tribunal de juicios en Concepción del Uruguay. Por estos días, alrededor del 80% de las causas federales que llegan a debate están relacionadas con el tráfico de drogas y la mayoría de ellas se originan por el corredor de la Ruta Nacional 14, es decir, serán juzgadas por el nuevo tribunal, una vez que esté operativo. Entonces, el efecto será inmediato en cuanto a la merma en el número de causas que llegarán a manos del tribunal de Paraná.

“Una herramienta para la transformación social”

Mechi Méndez

Testimonios: doctor Damián Marino y equipo de UNLP, en San Salvador /Entre Ríos.

Damián Marino: “Vinimos porque el vecino comprometido fue a golpear las puertas de los laboratorios, de los médicos para ver si alguien le daba respuesta a una realidad que se veía del punto de vista ambiental y también sanitario, de los problemas de salud”.
“Vinimos por iniciativa del vecino de San Salvador, a partir de ahí ocurre un proceso que deriva en el relevamiento sanitario que realizaría la UNR y se decide en conjunto el monitoreo ambiental entonces vincular el mapa de salud con el mapa ambiental”.
“Tuvimos que conocer junto con las autoridades, para conocer tipos de cultivos, ubicación de los molinos etc. Y también con los vecinos para diseñar los puntos de monitoreo, eligiendo arroyos, domicilios, aguas de red, suelos de espacios públicos como plazas, veredas, cerca de acopios por ej. También para monitorio de partículas”.

“En sesenta setenta días puede haber algunos resultados, que deberán articularse en conjunto con Rosario para evaluar el proceso del resultado para que esos datos vuelvan a la comunidad de San Salvador, porque son de la población de San Salvador”.

En cuanto a la característica de la ciencia que están llevando a cabo señalan:

Damián Marino: “Si esto cambia la estructura la concepción de qué ciencia y cómo se practica es porque hay un proceso de abajo hacia arriba, desde la sociedad común que entiende que el científico tiene que ser una herramienta necesaria para sus necesidades de todos los días, no para la elaboración de documentos en otro idioma. Y también que la juventud que hoy ingresa, entra buscando qué aportar para una transformación social. Hoy todo estudiante que ingresa – al menos en Ciencias Exactas-, está buscando que el producto de ese aprendizaje sea una herramienta de transformación social y eso ha obligado a sus autoridades a atender esa demanda estudiantil”.

Agustina: “Cuando ingresé a la facultad en el 2007, lo que tenía más claro era poder ser una profesional al servicio de las necesidades de la comunidad. Hoy volcada a la investigación creo que el motor debe ser poder aportar una herramienta para las luchas de las comunidades y hoy poder llevarlo a la práctica, desde este espacio que llamamos EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental) es buenísimo porque uno puede llevar a la práctica esta “ciencia popular” como a mí me gusta llamarla”.

Santiago (estudiante): “es un orgullo pertenecer a un grupo de una Facultad pública, que hace ciencia, pero para la gente. Está bueno remarcar que nos estamos formando como científicos, para el público y no para la publicación”.

Lucas: “Esta bueno como concepto, entender que el científico es parte de la sociedad y que no está un escalafón más arriba de lo que pasa en un pueblo”.

Damián Marino: “el paper sabemos que es necesario y no negarlo, pero que el objetivo no es el paper, sino es solo el producto de un proceso del trabajo, pero el objetivo esta puesto en la articulación con la comunidad. En ese sentido la información que tiene cada pueblo es tan o más importante que la que podemos generar nosotros.
La única diferencia es que nosotros tenemos una responsabilidad adicional y es por haber estudiado en una universidad pública, por lo tanto tenemos el deber de generar información que realmente transforme la realidad de todo aquello que demande la tarea de la Universidad, que no debe ser una elite, sino que debe ser de todos.
Cuando vos rompes el confort “científico” que implica un desafío y descubriste que conectaste el cerebro con la capacidad emocional y con la cuestión humana, eso ya se vuelve algo natural y es sin retorno.
Lo que debe ser natural y debe ser normal es que la Universidad sea un espacio que se puede constituir en cualquier lado”.

Linkvideo:www.youtube.com/watch?v=oVlra2IQUb8&feature=youtu.be