EL ESTADO TERRORISTA

¡13 años sin Luciano. 13 años de lucha!

El 31 de enero de 2009 Luciano es secuestrado, asesinado y desaparecido por la Policía Bonaerense. Han pasado, desde ese instante hasta esta parte, trece años intensos, ambiguos, con avances, retrocesos, un destacamento policial cerrado y recuperado, convertido en un Espacio de Memoria y Derechos Humanos activo, un policía de la bonaerense preso por torturas y múltiples acciones con el objetivo no solo de buscar verdad y justicia sino de visibilizar una problemática estructural y sistemática desde el regreso de la democracia. Sin embargo, este 2022 nos encuentra hartes, con la mecha cada vez más corta. En estos trece años, ningún funcionario político responsable del crimen de Luciano ha sido ni siquiera rozado por investigación alguna.

Hemos presentado un Jury de Enjuiciamiento contra las fiscales Roxana Castelli, Celia Cejas Martin y  el juez Gustavo Banco que aún duerme en los cajones de la Corte Suprema de la Provincia de Bs. As. La causa por la desaparición seguida de muerte avanza a una velocidad que sonrojaría a una familia de caracoles.

La familia de Luciano continúa esperando una respuesta que no debería demorarse ni un segundo más, pero insiste con convertirse en una dilatación temporal absurda e inaceptable.

La furia acumulada nos sirve de combustible para salir a la calle, gritar, construir, acompañar e insistir.

👉🏾 Por eso mismo, el domingo 30 de enero volveremos a pedir por Luciano y por los miles de pibes y pibas víctimas de la represión estatal que esta democracia vende humo se cobra gobierne quien

gobierne desde hace 40 años.

Pero la paciencia se acaba, conoce de límites.

Después de tantos años es absurdo pedir justicia a quienes solo pretenden generar impunidad.

Esta es la única violencia terrorista, la del Estado

COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE CARMEN VILLALBA.

El ensañamiento político y el mamarracho jurídico

🔺 ¿Quién es Carmen Villalba? Una mujer paraguaya, prisionera política, privada ilegítimamente de su libertad  desde el mes de julio de 2021, año que compurgó la totalidad de su condena de 18 años. 🔻 ¿Por qué sigue en prisión? La mantienen aún dentro de la cárcel del Buen Pastor, en Asunción del Paraguay porque la fiscalía desempolvó una causa prescripta hace 14 años atrás.

En el 2005 la fiscalía cajoneó la causa con 190 hojas, con la carátula de:  “Resistencia a la Autoridad”, que prevé una pena de 5 años. En el 2018, revive dicha causa con tan solo 78 hojas, cambiando la carátula original por “Homicidio Doloso en Grado de Tentativa”, cuya pena es de  15 años.

Este entrometimiento judicial viola el Código Procesal Paraguayo. 

🔺 Por la Defensa Jurídica y Política .

Carmen Villalba Ayala, nació en Concepción, en el norte del Paraguay, la región más castigada por la pobreza, la exclusión, la violencia estatal, y copada por el narcotráfico, negocio ilícito de la oligarquía y políticos de partidos fascistas colorado y liberal.

Con la caída del tirano, fascista de Stroessner, ya en la secundaria Carmen Villalba empezó a militar en movimientos sociales.

En la actualidad, en el encierro ilegal que padece, no claudica su lucha de mujer empoderada y comunista, por una sociedad más inclusiva, sin explotadores, ni explotadxs.

Néstor, su único hijo varón fue asesinado en el 2010, ése crimen aún no tiene ningún condenado. Como tampoco tiene culpables, la desaparición forzada de su hija Lichita, desaparecida en el 2020 en inmediaciones del Cerro Guazu, Amambay, en el marco de un operativo de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), donde asesinaron a sus dos sobrinas argentinas de 11 y 12 años en septiembre del 2020, Lilian Mariana y María Carmen. Su hermana, Laura Villalba, quién vio con vida por última vez a Lichita en noviembre del 2020, se encuentra presa sin pruebas hace 1 año.

Carmen y su familia cargan con todo el ensañamiento en éste siglo, toda la barbarie estatal propio de las dictaduras del siglo pasado.

🤝🏾 La Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba, aglutina a organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos para defender la Legítima Libertad que corresponde a Carmen Villalba y alza la voz denunciando al Estado Paraguayo por su reiterada violación a los Derechos Humanos.

Convocamos a todxs lxs luchadrxs de nuestra América y el mundo a sumarse a esta lucha justa por la Libertad de Carmen Villalba. ¡Libertad a Carmen Villalba!

Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba

CORRIENTES CAPITAL: MANIFESTACIÓN EN EL FESTIVAL DEL CHAMAMÉ

“Como duele el chamamé que suena entre las cenizas de la enrramada”

(Por Kuña Mbarete/APL) Diferentes organizaciones, bomberos voluntarios y diversas  personas se darán cita este domingo 23 de enero a las 20hs en el Anfiteatro Cocomarola en la Capital de Corrientes, lugar donde se lleva adelante el ostentoso y costoso “Festival del Chamamé” para, ante la nula acción estatal por una problemática qué año a año se agrava, exigir que:

“-La Dirección de Recursos Forestales cumpla con la Ley provincial N°5590 de Manejo del Fuego: -Los bomberos cuenten con las herramientas necesarias para realizar sus tareas. -La formación de un Comité de Crisis con participación de las organizaciones socioambientales y bomberos voluntarios

-Se dé prioridad a los ambientes naturales: pastizales, montes y humedales”

#CORRIENTES ARDE

Con esta consigna es que este domingo se invita a una manifestación para  interpelar a quienes asistan al festival. ¿Por qué allí? Porque la  “fiesta del chamamé” reúne a diversos artistas de renombre regional, nacional y también internacional, ya que es considerada un evento enmarcado en las relaciones del Mercosur. Sus noches mueven muchísimo dinero, tanto por las entradas como por los montos que cobran algunos artistas, los cuales trascendió hace semanas, alcanza en algunos casos el medio millón de pesos.

¿Cuál es el problema de qué se dispongan de millones de pesos para su realización? Ninguno si no fuese porque la provincia, literalmente, se prende fuego. Decenas de veces en el día a día las sirenas de los bomberos voluntarios de toda la provincia se hacen escuchar para apagar algún incendio en las plantaciones de eucalipto o pino; o bien para apagar las llamas que consumen a gran velocidad los montes nativos y/o pastizales. Todas estas tareas absorben una importante cantidad de recursos humanos y materiales de los cuarteles de bomberos que se sostienen a base de donaciones. Es decir, el fuego no está avanzando gracias a la tarea que realizan los bomberos y la solidaridad, no de una política de Estado.

El ejemplo más evidente de esto fue lo ocurrido en Yapeyú, al este de la provincia, sobre el Río Uruguay, cuando el 11 de enero pasado, a raíz de un incendio forestal sobre una plantación, el bombero José Luis Mombaj, de 38 años, se dirigía hacia allí y tuvo un accidente en la Ruta Nacional Nº122, en el kilómetro 5, perdiendo la vida. Sus compañeros, días después manifestaron que ya no acudirán a incendios en forestaciones, sino solo a salvar casas o personas, o cuando dichas plantaciones se encuentren cerca de viviendas. Esta decisión fue tomada después de ver cómo tras la muerte de su compañero no se comunicaron desde la forestal, la cual debería tener una cuadrilla propia, pagada con sus recursos y no absorber los de los bomberos voluntarios.

En el otro extremo de la provincia la situación no es muy diferente. En Saladas, casi 100 km al sur de la Capital Correntina los bomberos señalan que todos los días deben enfrentarse a los incendios que se dan en los aserraderos (lugar donde se hace el primer corte, que genera aserrín y otros restos de madera). Esto lo realizan con las donaciones tanto de frutas, agua como en efectivo a partir de cuentas destinadas para ello. En cuanto al Estado señalan que “tiene que estar presente, ver en qué estado nos encontramos trabajando, los cuarteles, las autobombas, los recursos, toda la situación de cada bombero, creo que la última asistencia que tuvimos del Estado fue hace 10 años, tiene que involucrarse para darnos las herramientas necesarias para salir a combatir el fuego”.

Por este motivo, y ante la falta constante del Estado, también en la convocatoria a manifestarse en el Anfiteatro Cocomarola se recibirán donaciones para  los Bomberos Voluntarios: alimentos (picadillo, galletitas), analgésicos, caramelos, agua y bebidas energizantes.

Desde el norte de la provinciala, la comunidad guaraní Ka’avyty de la Isla Apipé Chico e isla aledañas (Isla Paloma, San Martín, Rivadavia, Sarmiento e Isla Porvenir) perteneciente al departamento de Ituzaingó manifestaron que todas estas islas están conformadas y rodeadas de monte nativo, el cual es deforestado por personas ajenas a las islas, que desconocen de la problemática. A su vez, las quemas se dieron en un lugar emblemático llamado Estero Guazú, el cual nace en la punta de la Isla Apipe Chico. Este lugar está habitado por ancianos de la comunidad qué tienen más de 90 años, como es el caso de Don Bernabé Díaz (92 años). Por otro lado, un incendio cercano a la comunidad se dio en la Isla Verde, donde ya hace 15 días que se está quemando.

Este tipo de quemas a monte nativo o pastizal son los que menos recursos movilizan desde el Estado provincial que este jueves 20 de enero anunció, a través del Ministro de Producción, Claudio Anselmo, que la Provincia declarará la emergencia por los incendios. Esto surge tras haberse quemado 6.000 mil hectáreas de bosques implantados  en el último mes. Es decir, las acciones son tomadas por intereses económicos que se ven afectados por las quemas en las plantaciones, no porque se queme el monte. Por tal motivo, la medida fue anunciada desde el Ministerio de Producción.

Muestra de este desinterés ante los ambientes naturales fue la casi destrucción total que sufrió El Parque Nacional San Cayetano, a 20 km al sur de la Ciudad de Corrientes, en 2020. Allí los recursos del estado no se movilizaron a través de un ministro anunciando una situación de emergencia. La ausencia estatal se evidencia en una postura política que prioriza la plantación implantada de pino, por sobre el pastizal. Como también prioriza el Chamamé, por sobre el fuego.

SALTA- TARTAGAL

El genocidio como política de Estado en Salta

(Kuña Mbarete/APL) Los reiterados casos de violencia gineco-obstétrica a mujeres Wichí en el Hospital Juan Domingo Perón, como también los relacionados al abandono neonatal-pediátrico de niños del mismo pueblo-nación indígena ponen en estado de alerta sobre la situación que deben atravesar aquellas personas que se atienden en el sistema de salud de la provincia. La muerte de Aldana Quico, la negación de realizarle una cesárea a Érica Sánchez en el mismo Hospital; junto con el fallecimiento de dos bebés Wichí, uno el martes y otro este 19 de enero, revelan la desidia institucional del sistema de salud hacia las poblaciones indígenas.

SER NIÑX WICHÍ

Un bebé de 11 meses falleció este martes 18, mientras que un día después murió otro de 9 meses. Ambos con el mismo cuadro: diarrea, vómito y deshidratación. Y, los dos también, con el mismo trato por parte de los centros de salud; maltrato, desinformación, traslados tardíos.

Leonardo Pérez, es el bebe fallecido este martes. Había sido trasladado desde la comunidad La Puntana, en el municipio de Santa Victoria Este, hacia la ciudad de Tartagal. En específico al mencionado hospital Juan Domingo Perón , para luego ser trasladado al hospital Materno Infantil de la Capital Provincial. Allí le informaron a su madre, Delma Solís, que tenía covid, pero en diálogo con Página 12 su abuelo, el niyat (cacique) Pablo Solís, mencionó que el niño ya tenía sepsis.

Todo el procedimiento sanitario está cargado por la estigmatización racista, el menospreció, la culpabilización y hasta la crueldad sin límites, que cuesta imaginar que esto pueda ser llevado adelante en otros contextos, sin población indígena.

En su corta vida, Leonardo, atravesó la violencia del sistema de salud que señaló a su madre de darle “yuyos” culpándola y haciéndola responsable de una situación qué responde más al empobrecimiento al que fue llevada la comunidad qué al uso de medicina ancestral.

Previo a su última internación había pasado unos días en el hospital y antes de darle el alta le colocaron 4 vacunas de las cuales en ningún momento se le notificó a la madre lo que se le había puesto. Esto viola todo derecho de Delma de estar informada sobre los procedimientos médicos que se realicen sobre su hijo. Por otro lado, la crueldad de hacerla ver como lo “desconectaban” y así, su hijito dejaba de vivir, responde a una práctica de ensañamiento hacia las hermanas wichi que roza la tortura.

Más allá de todo esto, ninguna de las tres instituciones logró nutrir ni hidratar a Leonardo, solo lo llevaron al extremo de qué apenas pudiera respirar.

GESTAR COMO MUJER WICHÍ

Dos casos se sucedieron en estos días que hacen referencia a la violencia gineco-obstétrica sobre mujeres indígenas. El primer caso corresponde a Aldana Quico (18 años), quien estaba embarazada y el miércoles 12 de enero llegó al Hospital de Tartagal desde la misma comunidad de Leonardo, es decir, en Santa Victoria Este. “Aldana vivía a 45 kilómetros de un hospital, donde solo hay un puesto sanitario, en el que atienden unos auxiliares de enfermería, donde no hay ambulancia, y los medios de comunicación son obsoletos. Si tenemos suerte a veces utilizamos un servicio de whatsapp de Bolivia porque estamos cerca de la frontera”, manifestaba un referente de la comunidad a la que pertenecía Aldana.

Ella había ingresado al Hospital con dolores, los cuales señaló su madre Enriqueta, se escuchaban desde afuera. Sin embargo, nadie en el hospital la atendió, ni le practicaron la cesárea para retirarle el feto muerto que tenía adentro. Por lo tanto, luego de 12 horas de agonizar a los gritos ante la indiferencia del personal del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, ella sucumbió.

Hasta ahora la dinámica es la misma, discriminación, violencias múltiples y muerte de personas wichí. Esperemos no ocurra lo mismo con Érica Sánchez (20 años) a quien no quieren realizarle una cesárea en el mencionado hospital de Tartagal. Su madre Marcela Calermo, es docente bilingüe y referente indígena, y es ella quien informa que Érica se encuentra cursando más de 9 meses de embarazo, siendo su fecha de parto el 17 de enero pasado. Sin embargo, no la quieren internar aun sabiendo que su anterior parto fue riesgoso, por lo que casi pierde la vida.

La atención también se le es negada, y Marcela refiere no escuchar latidos del bebe. .

EL GENOCIDIO COMO POLÍTICA DE ESTADO

Cuando se menciona el genocidio, es necesario decir que se hace referencia a prácticas que apuntan a destruir a un grupo social, etnico, religioso, etc de la sociedad. Esto no puede ser llevado adelante por cualquiera, sino que es el Estado el que tiene las herramientas para realizarlo. Quien utiliza sus recursos para llevar adelante esto de muy diversas maneras, es decir, no necesita apuntar con armas a hermanxs wichí para hacerlo, puede simplemente realizar otras cosas o dejar de hacer otras tantas para perpetuar un genocidio, que con diferentes matices, lleva más de 500 años.

COLOMBIA

Atentan contra sede de organizaciones sociales en Saravena, Arauca

(Red Eco Alternativo) Los atentados se efectuaron este miércoles a la noche en medio de la fuerte militarización y a escasos 200 metros del cordón de seguridad establecido por la Policía Nacional en el centro de Saravena, Municipio de Arauca, Colombia. El hecho se produjo luego de que sujetos abandonaran una camioneta blanca a escasos metros de la sede. Las organizaciones reportaron tres heridos leves, no se tiene certeza de otros heridos en edificaciones aledañas, como el ICA y la Cooperativa de Transportadores el Sarare – Cootrasarare.

En la misma acción individuos también atacaron a la sede de la Empresa Comunitaria de Acueducto Aseo y alcantarillado de Aseo de Saravena – ECAAAS ESP. Empresa ya blanco de otro ataque en el presente mes.

Los dos atentados se efectuaron en medio de la fuerte militarización y a escasos 200 metros del cordón de seguridad establecido por la Policía Nacional en el centro de Saravena.

CORRIENTES:

Barriadas siguen sin agua potable

(Por Hilda Presman/Red Derechos Humanos) Falta el agua potable en las barriadas populares de la zona sur de la Capital correntina. En la zona de los barrios La Tosquera y Río Paraná, los vecinos se organizan y la solidaridad viene desde abajo. Estos dos barrios, forman parte de los más de 60 asentamientos informales que surgieron y proliferaron desde fines de los años ’90 en la Ciudad de Corrientes, donde habitan 20 mil familias, con niños, ancianos, discapacitados, viviendo con sus necesidades básicas insatisfechas. Según censo Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) realizado por TECHO en 2010. En La Tosquera viven 270 familias, y en el Barrio Rio Paraná unas 500. No tienen acceso a la red pública de agua potable, y los residuos cloacales se vierten en pozos negros. También es irregular la conexión a la red eléctrica.

Esta situación indigna y violatoria a los derechos básicos a la salud, al agua potable, sin urbanización ni mejoramiento de infraestructura viene de arrastre y en aumento. El Instituto de Vivienda de la Provincia INVICO, tiene más de 70000 inscriptos para acceder a viviendas sociales, y se sortean cuando mucho 50 viviendas por año. Eso sí, con fondos FONAVI se arreglan y construyen comisarias, clubes e iglesias.

Pero desde el arranque del año 2022 los vecinos de estos dos barrios han multiplicado sus reclamos y sus señales de alerta. La crónica falta de agua se ha agravado con la intensidad de los calores, (hoy hacen 42 C a la sombra), la bajante extrema del Rio Paraná y la ruptura de las pequeñas bombas domiciliarias, que abastecen a diversos grupos de vecinos en estas barriadas. Ha colapsado la posibilidad de acceder a agua potable, se sacan baldes de agua del río, con todos los inconvenientes sanitarios que conlleva esta agua lodosa y no potable (erupciones, gastroenteritis, etc.).-

Las familias indignadas, luego de reclamar a la Municipalidad, a la Empresa Aguas de Corrientes, se han manifestado frente al ingreso al Festival del Chamame. Allí mismo, donde se regodean desde el Gobernador Gustavo Valdés hasta el más pequeño funcionario municipal con celebraciones millonarias que parecen olvidar que el Covid sigue presente y mata (en cuatro días han fallecido 25 personas por la pandemia), que colapsan las salitas y los puestos de hisopado, que arden nuestros montes. Pero como dice la canción de Serrat se les llenó de pobres el recibidor y frente al Anfiteatro Cocomarola decenas de mujeres, familias, niños de estos dos Barrios visibilizaron su reclamo y exigencia de agua sana y limpia para todos y todas. Un fuerte dispositivo policial de fuerzas de infantería fue la respuesta. Pero luego de presiones y gestiones, pudieron hablar con el Subsecretario de Entes Descentralizados, Aníbal Godoy , quien luego de comprometerse a ver qué trabajos son necesarios para garantizar el servicio de agua potable en la zona y comenzarlos, entregó una suma de dinero con la que las vecinas compraron 300 l de agua y repartieron casa por casa, en carro, a pie, para paliar la emergencia.

Queda ver si las promesa del tendido de red para el barrio, realizadas por el Subsecretario Godoy, quien recorrió las barriadas y anunció refacciones que llevarán unos 15-20 días, se cumplirán o tendrán que seguir presionando, exigiendo que los gobiernos cumplan con resolver las necesidades de los vecinos más vulnerables.

Entre tanto, compañeros y compañeras de la Unión de Carreros y Recicladores- FETRAC (Federación de Trabajadores de Corrientes), carreros, ladrilleros , recolectores recicladores urbanos, están en la solidaria tarea de distribuir entre sus pares de los barrios La Tosquera y Rio Parana las donaciones que desde distintos sectores, movimientos y organizaciones sociales se están juntando para resolver esta gravísima emergencia sanitaria.

CORRIENTES:

Ni un pibe más muerto en cárceles, comisarias o bajo custodia

(Por Hilda Presman-Red de Derechos Humanos)Recientemente, se cumplió el primer aniversario del  asesinato a golpes de Exequiel –Manchita- García, detenido sin procesamiento firme, en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, Corrientes. Su madre Laura Silvero,  junto a otras víctimas de violencia estatal  señalizaron  la garita  frente al control caminero, en el acceso a la unidad penal n 6, en Paso Pesoa, San Cayetano, con un cartel que reclama Justicia y responsabiliza al Estado Provincial por los crímenes en cárceles y comisarías. El trabajo de herrería del Cartel ha sido confeccionado por  la familia Maura,  familiares de kevin Candia, asesinado en la UP1 e 21 abril 2020. El trabajo artístico fue realizado por el artista plástico Daniel Cian, militante de HIJOS Corrientes

Coincidentemente, se cumplieron  diez años de la feroz golpiza, que recibiera Raúl Abel Sánchez, en el entonces anexo de la Up1 en San Cayetano, en represalia a las repercusiones que ahí hubiera tras la represión por un conflicto en el penal 1 el 12 enero del 2012. Sánchez agonizó esposado a una cama del Hospital Escuela y falleció un mes después. Su muerte esta impune.

Manchita García y Raúl Sánchez, son dos de los 10 casos de personas fallecidas por responsabilidad estatal (del servicio penitenciario y del poder judicial que determinó su privación de libertad) en esa unidad penal, cárcel de procesados, inaugurada en febrero del 2005.

Ellos son:

1.- Duarte, Carlos Alberto 25/12 2006 (ahorcado)

2.- Tuama, Carlos Raúl, 20 /5/2011 (apuñalado)

3.- Sánchez, Raul Abel 16/2/2012 (muerto agolpes)

4.- Casco, Nelson 30/5/2013 (apuñalado)

5.- Bianchetti, Carlos 29/4/2014 (Quemado)

6.- Paniagua Francisco 29/8/2014 (ahorcado)

7.- Enciso Damián 14/3/2017 (abandono tras golpes)

8.- Pared Leandro José 29/8/2017 ( abandono ¿golpes?)

9.- García Exequiel 13/1/2021 (muerto a golpes)

10.- Ayala Gonzalo Martín 26/1/2021 (apuñalado)

Estas muertes se produjeron por acción directa de las fuerzas represivas, encargadas de su custodia y resguardo, por tercerización de la violencia entre presos, facilitada por el servicio penitenciario, por incumplimiento de su rol de cuidado en cuestiones de salud, o por facilitar, instigar o no prevenir autoagresiones y suicidios.-

Según los Informes de la Correpi a nivel nacional que se corresponden con los registros que la Red de Derechos Humanos junto al Observatorio de Conflictos Sociales del Nea, dependiente de la Unne, @observatorioconflictosnea, realiza a nivel local, se puede concluir que estar en un calabozo, de cárcel o comisaria, bajo custodia de fuerzas de (in)seguridad, es la principal causa de muerte por la acción represiva del estado, seguida de los fusilamientos por gatillo fácil.

Esto está directamente vinculado al endurecimiento del sistema penal del 2004 en adelante, a la triplicación casi, en los últimos años, de los índices de encarcelamiento, a la superpoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías, al abuso de la prisión preventiva para los excluidos y pobres que el sistema atrapa. También al abandono del deber de cuidado a la salud, y la multiplicación de las muertes evitables. Estos dos años de pandemia, refuerzan el hecho del abandono sanitario en cárceles y comisarías, el aumento de reclamos por esta situación, y el control social ejercido sobre quienes están privados de su libertad, lo que ha incrementado estos casos de violencia institucional.-

Por todo esto decimos:

• Ni un pibe más muerto en cárceles, comisarias o bajo custodia

• Basta de Impunidad: Castigo real y efectivo a todos s los miembros de fuerzas de seguridad responsables de hechos represivos

• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.

• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.

• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.

Red Corrientes de Derechos Humanos

Corrientes, enero 2022

CORRIENTES: FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ

Cachets millonarios y vecinos sin una gota de agua

(Por Hermindo González*) Adherimos y acompañamos a los vecinos del Barrio Río Paraná y la Tosquera en su reclamo frente al Anfiteatro donde se realiza la Fiesta Nacional del Chamamé. REIVINDICAMOS lo establecido por manda de los Organismos Internacionales que instauran que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos. La ausencia de políticas públicas inclusivas llevan a que los ciudadanos se manifiesten frente a un festival que exhibe de manera obscena la actuación de artistas locales con cachet millonarios y nuestros vulnerables, a escasas quince (15) cuadras no cuentan con una gota de agua potable.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

(*Hermindo González es abogado y referente de la Marcha Provincial por Justicia)

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Marcos Bazán es rehén de la Justicia

El 28 de diciembre pasado la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló la condena que pesaba sobre Marcos Bazán por el femicidio de Anahí Benítez y determinó la realización de un nuevo juicio. Como establece el sistema penal en nuestro país, en estos momentos nuestro amigo Marcos es jurídicamente inocente.  A pesar de que Casación dictaminó que el juicio que se le realizó en 2017 fue arbitrario y que los jueces actuaron de manera parcial, a pesar de que ya se han vencido todos los plazos legales de la prisión preventiva, Marcos sigue preso. Si bien su defensa presentó un pedido de cese de prisión preventiva el 29 de diciembre del 2021, el cual deberían haber respondido en un plazo de 24 hs, desde ese día todos los funcionarios judiciales se vienen pasando la pelota y nadie quiere tomar una decisión. Nadie quiere hacerse responsable de una investigación desastrosa, de un juicio manipulado y de la detención de un inocente.

A todos los medios les pedimos por favor que se sumen a la campaña de prensa que estamos realizando en pos de conseguir la libertad de Marcos hasta que se realice el nuevo juicio. La familia, amigos y abogados de Marcos se encuentran a disposición de todos ustedes.

Contacto abogada: María del Rosario Fernández: 1141566678

FAMILIARES Y AMIGUES DE MARCOS BAZÁN

EN ARGENTINA-AÑO 2021 UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CADA 29 HORAS.

305 femicidios y trans/travesticidios

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se produjeron 295 femicidios, 10 trans/travesticidios y 21 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. 336hijas /hijos quedaron sin madre, el 58 % son menores de edad.  ¿Qué falla? ¿Dónde se rompe la red de protección? La realidad es que no existe una única respuesta porque la violencia de género es multicausal, está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal. Comunicación: Alejandra Benaglia/alebenaglia@hotmail.com/ 11 2320-4423.

Es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que atiendan a la situación de excepción que se perpetúa en todo el país; que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, y se ocupe de dar seguimiento a las medidas de protección que aplica para asegurar su correcta implementación o la necesidad de una revisión de las mismas en casos de incumplimientos que pongan en riesgo a la mujer; y que el Poder Ejecutivo ejecute las políticas públicas que plantea en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género así como toda nueva que surja de las Mesas de trabajo interministeriales, ponderando las situaciones de vulnerabilidad económica, laboral y habitacional que constituyen los principales obstáculos para garantizar que una mujer o compañera trans pueda salir de la situación de violencia en la que se encuentra inmersa. 

El Estado debe garantizar la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento para mujeres y trans/travesti.

Insistimos en la plena capacitación a efectores del Estado, haciendo especial hincapié en el poder judicial y fuerzas de seguridad para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género con una correcta evaluación de riesgo. Por esto reclamamos la implementación a nivel nacional la Ley Micaela (‎Ley 27.499de 2019) y la posterior evaluación de la misma.

Es imprescindible asegurar el pleno funcionamiento a nivel nacional de las medidas creadas: 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Programa “Acompañar” (septiembre 2020)

“Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género” (SICVG) (febrero 2021)

“Cuerpo de abogados y abogadas” (Ley 27.210 de 2015). A la órbita de MMGY (julio 2021)

Ministerio de Seguridad de la Nación:

“Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género” (URGE). (noviembre 2020)

A partir del informe de investigación que presentamos solicitamos y remarcamos la necesidad de:

Reforzar el rol del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la configuración de un sistema de indicadores de género que unifique las estadísticas oficiales. 

Inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Ministerio Público y Ministerio de Defensa.

 La necesidad de una Ley Nacional para que personas denunciadas por violencia de género no puedan ejercer cargos públicos o la suspensión de los mismos hasta el cese de la causa.

Creación de Fueros Especializados en Violencia de Género en el ámbito de la Justicia, con la consiguiente creación de juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país y sistema de turnos las 24hs.

Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer en situación de violencia (acompañamiento legal y psicológico, apoyo para la inserción laboral, entre otras herramientas).

“Licencia por violencia de género” cumplimiento en todos los Convenios Colectivos de Trabajo.

Efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), en todos los niveles de educación a nivel nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista. (Ley 26.510).

Cumplimiento efectivo a nivel nacional la Ley 27.610 (IVE) 

Ampliación de la red de centros educativos y de cuidado para la primera infancia. 

En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, sostenemos la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones. 

Información adicional 

36 víctimas habían realizado denuncia

20 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención

29 femicidas agentes o ex agentes de fuerza de seguridad

5 víctimas en presunción de prostitución o trata

9 víctimas estaban embarazadas

34 víctimas tenían indicio de abuso sexual

10 víctimas eran mujer trans

3 víctimas eran de pueblos originarios

12 víctimas eran migrantes

41 femicidas se suicidaron

Continuamos preguntando ¿Dónde están Tehuel De La Torre y Guadalupe Lucero? 

Gracias por apoyar los informes:  

Ada Rico 

Presidenta de La Casa del Encuentro 

11 5997-8955 

Comunicación: Alejandra Benaglia

alebenaglia@hotmail.com 

11 2320-4423