JUJUY – AVANZADA ANTIDERECHOS

Por decreto, Humahuaca se declaró municipio “pro vida” ante el repudio de colectivos de mujeres

(Por Fernanda Giribone/APL) A través de un decreto firmado por el intendente radical Leonel Herrera, días atrás, el municipio de Humahuaca se declaró “pro vida”, en una clara decisión unilateral. Así, esta ciudad quebradeña es el tercer municipio jujeño que decide declararse “pro vida”, luego que en agosto del año pasado lo hicieran el Concejo Deliberante de Palpalá y El Carmen. Profesionales de la salud, organizaciones de mujeres y feministas repudiaron esta decisión. Remarcaron que la declaración no tiene un efecto real, sino simbólico, que busca confrontar con aquellos que luchan por los derechos de las mujeres.  Asimismo reclaman al Intendente acciones concretas que permitan atacar la falta de suministros e infraestructura del Hospital, situación que sí afecta la defensa de la vida. Por otra parte, el decreto es ambiguo y contradictorio. Habla de “desarraigar de su seno el pensamiento de conducta patriarcal, educando con bases de responsabilidad compartida”. A la vez, menciona que es “menester de las actuales generaciones modificar el devenir, visibilizando lo sagrado de la vida para el mundo y su evolución”.

Cómo se sabe, el Norte argentino es una de las zonas más castigadas del país por la muerte de mujeres en abortos clandestinos y sin asepsia.

Muestra fotográfica en la UNJu: Identidades en Lucha

En Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, lleva años de lucha por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo la consigna “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir”. Se calcula que en nuestro país alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, cifra que muestra que la penalización no impide su práctica, solo la vuelve más peligrosa, especialmente para las población de escasos recursos.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es una amplia y diversa alianza federal, fundada en 2005, que nuclea más de 500 agrupaciones en todo el territorio. Tiene sus simientes en los Encuentros Nacionales de Mujeres XVIII y XIX, de las ciudades de Rosario y Mendoza. Al año siguiente del encuentro de Mendoza, el 28 de mayo de 2005, coincidiendo con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se lanzó este espacio y desde entonces coordina actividades, acciones y propaganda en distintos puntos del país.

La campaña asumió desde ese momento el compromiso de instalar en la sociedad el debate sobre la necesidad legalizar el aborto, sumar a más mujeres y organizaciones a este proceso, y finalmente lograr la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina. En este marco, y con el propósito de profundizar estas metas – aportar al debate e instalar el reclamo socialmente-, la regional Jujuy de la Campaña presentará en la ciudad de San Salvador, la muestra fotográfica Identidades en Lucha, de cara a la octava presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), este martes 28.

Identidades en Lucha es una muestra de arte militante e itinerante que viene recorriendo el país desde que abandonó su primer lugar de exposición, la sala anexo al Congreso de la Nación. Las 30 imágenes fueron elegidas mediante un concurso fotográfico que se realizó el año pasado, durante el debate, para contarnos esta gran lucha por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La misma inaugura este lunes 20 a las 18:00 horas. con una jornada de intervención artística y de debate, en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, sita en la calle Otero 178, y se mantendrá en exposición hasta el martes 28 de mayo en el horario de 11.00 a 13.00 y de 17:30 a 21.00.

La niña que obligaron a parir y la muerte de la beba prematura

La niña, que tiene 12 años, vive en la ciudad de San Pedro, Jujuy. Fue violada por un hombre de 60 años quien la amenazó con matarla si lo denunciaba. Se presentó en el hospital de su ciudad con dolor estomacal y recién allí la niña se enteró que estaba embarazada. Junto a su madre solicitaron la realización de un aborto no punible, como víctima de violación, sin embargo este derecho le fue negado, una y otra vez. Primero, por una supuesta objeción de conciencia, el Hospital Paterson de San Pedro, se negó a la intervención, y fue trasladada al Hospital Materno Infantil donde nuevamente fue víctima de un sistema que no protege a las mujeres ni a los niños.

En el Hospital Materno Infantil también dilataron la interrupción legal de su embarazo. El manejo del caso por parte del hospital, y la posterior decisión de realizar una cesárea, no solo extendió el sufrimiento de la menor sino que le dio, a los estos sectores antiderechos, el tiempo necesario para obligarla a parir y lograr la maternidad compulsiva.

Es así que el pasado 18 de enero se llevó adelante la cesárea y la prematura fue llevada a incubadora. Pese a lo que los especialistas indican y las estadísticas demuestran – que la sobre vida en estos casos es muy improbable- los sectores antiderechos, con el Ministro de Salud como principal abanderado, festejaron en las primera horas este atropello como un logro en el que, embusteramente, se cumplió con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, al mismo tiempo que se “salvaban las dos vidas”.

No solo incumplieron con los protocolos establecidos, sino que pretenden retroceder en los derechos garantizados por ley desde 1921. Avasallando los derechos de esta niña y su familia, quisieron aleccionar al movimiento de mujeres, y fijar un precedente para todos los cuerpos gestantes que luchan por que los protocolos de abortos no punibles se cumplan, y que piden que sea ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Diversas organizaciones declaran, con toda razón, que la cesárea no es ILE y exigen la renuncia de Bohuid por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se prevén para los próximos días diversas acciones de denuncia y visibilización de este hecho violatorio de los derechos humanos, en especial una marcha a realizarse el 1 de febrero que será de alcance federal.

Obligaron a ser madre a la niña de 12 años violada por su vecino de 60

Es que por el tiempo que llevaba de gestación, puesto que la niña de 12 años no sabía que estaba embarazada, que se sumó a la posterior dilatación por parte de las autoridades de ambos hospitales, los sectores antiderechos lograron finalmente que le realizaran la cesárea. El manejo del caso por parte del hospital, y la posterior decisión de realizar una cesárea, no solo extendió el sufrimiento de la menor sino que le dio, a los estos sectores antiderechos, el tiempo necesario para obligarla a parir y lograr la maternidad compulsiva. El mismo Gobernador Gerardo Morales, ante la presión de los colectivos feministas, había proclamado la cesárea como una Interrupción Voluntaria del Embarazo, como aborto no punible, contrariando la verdad de los hechos.
Por su parte, el movimiento de mujeres ya había denunciado esto como una maniobra para violentar la voluntad de la niña y su familia. Las autoridades del Hospital y los médicos, con la anuencia del Poder Ejecutivo provincial, dilataron el cumplimiento de la ley, amparándose en una supuesta objeción de conciencia, para ganar tiempo.
Queda claro que lo que la ley ofrecía como derecho para esta niña era la realización de un aborto no punible y no la realización de un parto prematuro. Se acaba de condenar a una niña de 12 años a tener un hijo que no deseaba. Para lograrlo no solo alargaron su malestar y la hostigaron para intentar hacerla cambiar de opinión También le dieron información imparcial. Según fuentes allegadas a la familia, el Hospital informó a la niña que la cesárea – pese a no ser un método abortivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud- era el mejor método para ella, sobre todo si no quería sentir dolor. La niña quería que “no le doliera”, no “quería enterarse”. Algo que ahora sabemos imposible, si pensamos al menos, en la huellas de la intervención que la acompañara toda su vida.
Como queda demostrado, a las autoridades del Hospital y al mismo ministro de Salud, la voluntad de la niña no les importó. Es por esto, que está mañana el Ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, declaró a los medios locales que: “Es una bebé que ha nacido viva, está en neonatología y se va a dar en adopción. No va a entrar en contacto con la madre” como si así se solucionará el problema.
Cabe destacar que el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones y la menor se encuentra en buen estado de salud, según informaron desde el Materno Infantil. Sobre la salud de la neonato no circula información, puesto que se ha suspendido la conferencia de prensa que se encontraba prevista para este mediodía, seguramente para no tener que explicar como un aborto termina en un nacimiento.
Es necesario sopesar que este atropelló a los derechos de la niña, fijará probablemente un lamentable precedente, para aquellos que quieren hacer uso del derecho a abortos no punibles, que están contemplados dentro de la ley desde 1921.
Distintos colectivos de mujeres, organizaciones de Derechos Humanos y partidos de izquierda denuncian el incumplimiento de la ILE y solicitaron una audiencia con el Ministro de Salud Gustavo Bouhid para no dejar impune este hecho.

Quieren realizar una cesárea, para “salvar las dos vidas”, a niña de 12 años violada quien reclama aborto no punible

Después de la movilización de organizaciones de mujeres, y ante la repercusión del caso a nivel nacional, el gobernador Gerardo Morales se vio en la obligación de anunciar anoche que “dio la orden” de garantizar la ILE que garantiza el fallo FAL de la corte suprema y el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, pese a esta versión oficial en la que el Gobierno “autoriza la interrupción del embarazo”, en realidad lo que proponen es inducir un parto por cesárea y así “salvar las dos vidas”, lo que no es más que obligar a la niña parir un niño que no desea y difícilmente sobreviva.

En este sentido el jefe de la Maternidad Gustavo Briones expresó a medios locales que ya “se realizaron los estudios complementarios y se determinó que hay 24 semanas de edad gestacional, lo que equivale a 6 meses de embarazo, y un peso estimado fetal de 700 gramos. Ya puede ingresar en neonatología”.

Recordemos que lo que la ley ILE garantiza es un aborto no punible y no un parto prematuro. A este respecto, Stella Maris Manzano ha hecho pública por redes sociales, su apreciación del caso, indicando que la dilación de la intervención se encuentra relacionada con la intención de violentar la voluntad de la paciente y que el feto pueda sobrevivir en incubadora, aunque la expectativa de vida, así como la calidad de vida, sea dudosa.

“Si logran que el feto viva y sea discapacitado, dirán que fue por un aborto, no por un aborto que ellos impidieron, porque dilataron los tiempos hasta que fuera un parto” sentenció la reconocida especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, que actuó en el famoso caso F.A.L. que marcó antecedentes en el acceso a los abortos no punibles.

Impiden aborto legal una niña de 12 años víctima de violación

Es que desde el traslado, organizaciones “pro-vida” se reunieron en la puerta del Hospital capitalino, para exigir que no se cumpla el aborto no punible. Asimismo la Iglesia, por medio de un comunicado en nombre del Obispo Cesar Fernández, había sentenciado “que el caso se resuelva de la mejor manera, sin aumentar dolor al dolor, salvando las dos vidas”. Incluso la Diputada Nacional, Gabriela Burgos de la UCR-Cambia Jujuy, se presentó en el hospital para rechazar la implementación del aborto.

Frente a esta ofensiva de los sectores anti-derechos, organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos se convocarán hoy por la tarde en el hospital para exigir que se implemente y se garantice este derecho.

Demoran la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 12 años víctima de violación

Por este motivo, los médicos del Hospital Paterson, indicaron que están “evaluando” si practicar o no la interrupción del embarazo de 23 semanas. Sin embargo, lo cierto es que la Ley que regula la implementación del aborto no punible, no establece límites de tiempo de gestación para poder practicar un aborto. Los abortos no punibles se permiten en casos de violaciones, cuando hay peligro de vida de la mujer gestante y en los que no es viable la vida del feto fuera del útero.

De esta manera bajo una supuesta objeción de conciencia, se demora la Interrupción Legal del Embarazo de esta niña, víctima de violación que, acompañada por su madre, pidió la interrupción de su embarazo puesto que según habría expresado “no quiere tener el hijo de un violador”.

A este respecto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Jujuy, denuncio que “lejos de ser asistida y acompañada” esta niña “se encuentra siendo revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debería estar a su servicio”.
De igual forma, obligar a gestar y luego a parir es ya considerado, por especialistas y militantes feministas, como una forma de tortura. En este caso extremo, de la violación de una niña de 12 años, representa una forma de extender la violencia que ya enfrentó. Los médicos del Hospital Guillermo Paterson ignoran la ley, cercenan derechos y promueven la obligación de gestar.

Repudio a la detención del corresponsal de FM La Voz del Cerro e integrantes de la comunidad Cueva del Inca

Los detenidos fueron alojados en la Comisaría de Tilcara, mientras la comunidad continuó con la permanencia pacífica en la ruta. Nuestro compañero Enzo Cabana pudo comunicarse desde la dependencia policial denunciando la falta de atención médica para un abuelo detenido, que se encontraba descompensado.

El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) repudia una vez más la violencia institucional ejercida contra las comunidades que se expresan en defensa de sus derechos. Este accionar violento e intimidatorio avanza también sobre los comunicadores, atacando la libertad de expresión e intentando acallar la información producida y difundida por los medios comunitarios y populares.

Repudio al despido de la periodista Mariana Mamaní

Como trabajadores y trabajadoras de prensa, no nos incumbe qué clase de acuerdos realizan los responsables de los medios en los que nos desempeñamos. Sin embargo, notamos que, tal como lo advertimos en el Manifiesto de PUAJ hace más de un año, existe la tendencia a eliminar la polémica, anular el debate y quitarle entidad a cualquier pensamiento o análisis que proponga alguna idea de cambio de la realidad.

Es en dicha tendencia en la que inscribimos el despido arbitrario de Mariana Mamaní, una periodista que cualquier medio de comunicación querría tener en su equipo, pues no se advierte que los motivos estén vinculados con el ejercicio de su profesión.
Los lectores habituales de El Tribuno Jujuy sabrán que nuestra colega ha incluido en su trabajo cotidiano temas relacionados con los derechos humanos y sociales, como por ejemplo los juicios por delitos de lesa humanidad, las reivindicaciones de los pueblos originarios, los reclamos sindicales y las problemáticas de género, niñez y adolescencia, entre muchos otros.

Y si los lectores habituales de El Tribuno Jujuy no lo habían advertido, seguramente lo harán luego del despido de Mariana.
Esos y otros temas sobre los cuales se ocupaba nuestra compañera en su tarea, son los que desde los sectores de poder se intentan acallar y llevar a su mínima expresión, reduciendo así las ventanas a través de las cuales la ciudadanía pueda mirar la realidad y reflexionar sobre ella.

Volvemos a recurrir a nuestro Manifiesto: Defendemos nuestro derecho a dar a conocer los hechos que incomodan a gobiernos, empresarios y organizaciones, cuando se trata de cuestiones de interés público.
En esta línea, expresamos nuestra solidaridad con Mariana Mamaní, reivindicamos su trabajo y repudiamos las acciones persecutorias y las presiones de las que ha sido objeto, que no se subsanan con dinero.