Al cumplirse 3 años del injusto encarcelamiento a Marcos acusándolo de participar en el femicidio de Anahí Benítez y luego de ser condenado sin pruebas a cadena perpetua por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora, realizaremos el primer conversatorio que se transmitirá en vivo desde la página «Libertad Para Marcos Bazán. Basta de Causas Armadas. Ni una Menos». Participarán la Comisión por la Libertad de Marcos Bazán, Coordinadora Contra la Impunidad Policial, Andrea Lanzette (MST – Juntas y a la Izquierda), Eduardo «Negro» Soares (Gremial de Abogados y Abogadas), Manuel Garrido (Innocence Proyect Argentina), Denise Larken (Izquierda Socialista), Leo Santillán (referente de la lucha social y popular, hermano de Darío Santillán) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza).

Les invitamos a acompañarnos el jueves 6 de agosto, a las 18.00.

Seguiremos luchando contra la injusticia!

Absolución para Marcos Bazán.

Verdad y Justicia para Anahí Benítez.

Basta de Causas Armadas.

Convoca:

Familiares y amigues de Marcos Bazán y Coordinadora Contra la Impunidad Policial.

A 26 años de la masacre de la AMIA, las iniciativas del Gobierno revelan cuál es su interés real por esclarecer el mayor crimen del terrorismo de Estado del período democrático. No se trata de lo que dice, sino de lo que hace. Este gobierno continúa la orientación de los anteriores: mantiene cerrados los archivos de la SIDE y no responde a lo solicitado por los fiscales hace 3 años, aunque hable de “desclasificación total y absoluta”; en su viaje a Israel reiteró el compromiso de poner la investigación en manos de sus aliados y sostener una acusación internacional sin pruebas, mientras se niega a investigar la responsabilidad criminal de las fuerzas de seguridad locales y ratifica el decreto de Macri y M. Pompeo contra Hezbollah. Después de varios gobiernos de diferente signo y de tres largos juicios sin un solo sospechado por el crimen, es evidente el esfuerzo del Estado nacional por no investigar ni esclarecer nada, y poner el atentado en el tablero geopolítico internacional para obtener algún beneficio económico o diplomático de su alineamiento y no para su esclarecimiento y castigo a los culpables. .( Foto: EFE/ Enrique G. Medina.) (Sigue en el link de más abajo)

El Poder Judicial es parte de esta estrategia. La Cámara Federal dictó un fallo que le pide al Ejecutivo apelar al Consejo de Seguridad de la ONU para obligar al Líbano, sanciones mediante, a declarar “terrorista internacional” a Hezbollah con base en una Resolución del Consejo que no incrimina a esa organización. Se trata de la Resolución 1373/01, que tampoco fue pensada para aclarar el atentado a la AMIA ni tanto encubrimiento oficial.

Los jueces quieren “determinar … las actividades de los miembros de la organización… en la ‘Triple Frontera’”, lo cual es un objeto de estudio ajeno al atentado y a la causa judicial.

En lo sustancial, lo que les importa es retomar la orientación que Nisman y la SIDE imprimieron a la Fiscalía, bajo la influencia de la dirección judía local, Estados Unidos e Israel.

El Estado nacional entrega su obligación y mandato de investigar para robustecer sus compromisos internacionales. De gobierno en gobierno, el esfuerzo por responsabilizar a los malos del mundo por el atentado hace imposible cualquier investigación. Tenemos intereses diferentes.

Años atrás, la ex Presidenta reconoció su “ingenuidad” por haber impulsado el Memorando para mediar entre las grandes potencias al servicio de un tratado con Irán. Ahora usan la causa AMIA para servir a los intereses de Trump y Netanyahu en el Consejo de Seguridad. ¿No es este otro intento de poner la causa en un limbo internacional?

Las políticas del Gobierno y el fallo judicial nos alejan de esclarecer el atentado. Los jueces son incapaces de superar los obstáculos del Ejecutivo y la Fiscalía para abrir los archivos secretos, conocer su contenido y orientar la investigación hacia las responsabilidades del Estado ya debatidas en juicios anteriores.

Se empeñan en mantener la ficción de “justicia”, mientras el Ejecutivo hace planes de rediseño institucional. No esclarecer el atentado a la AMIA habla de la impunidad provocada desde las instituciones. No habrá rediseño que valga si siguen sosteniendo la impunidad. Nosotros luchamos por superarla… no seremos sus cómplices. Para nosotros, esclarecer el atentado no es lo de menos.

El ataque a la AMIA es un crimen de Lesa Humanidad. El Estado tardó mucho en reconocerlo. Por definición, son los crímenes cometidos por el Estado contra su población y no los que comete un individuo de paso por el país. Para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo a los culpables, hay que estudiar la documentación que sigue secreta incluso para jueces y partes, pese a tanta promesa. Para eso, es necesario aumentar la cantidad de profesionales que la organizan y que les provean las condiciones necesarias para facilitar y agilizar la tarea.

No es el paso del tiempo lo que impide conocer la verdad y esclarecer el crimen… La impunidad y el encubrimiento podremos superarlos. Se trata de cambiar el rumbo. Pensamos en una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos. La imaginamos integrada por personalidades intachables y representativas de los derechos humanos, la cultura, la política y la sociedad nacional. Debatir estas ideas y superar los relatos del pasado es el desafío que nos anima. ¿Qué queremos legar a la nueva generación? ¿El rediseño de la impunidad o verdad, juicio y castigo a los culpables?.

Laura Ginsberg y Pablo Gitter

Dirigentes de APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).

Recordamos que el pasado 30 de junio, el Juzgado N° 12 a cargo del Juez Canicoba Corral denegó el pedido de excarcelación a Sebastián Romero y por ello se solicitó una audiencia de apelación. Llamamos al conjunto de organizaciones y personalidades que se sigan sumando al pedido de inmediata libertad para nuestro compañero, como también saludar la iniciativa de entregar peticiones y hacer actos en embajadas y consulados en diferentes países. Solicitamos que se envíen pronunciamientos para la audiencia a la sala 2 al email:  cncrimcorrfed.sala2@pjn.gov.ar. con copia al email: libertadasebastianromero@gmail.com. Desde la Campaña por la Libertad a Sebastián Romero agradecemos a todxs lxs que se han solidarizado y sumado a la lucha por la pronta liberación de Sebastián.  ¡Lucha no es delito, robarle a lxs jubiladxs sí! ¡Basta de criminalizar la protesta social! ¡Libertad a lxs presxs por luchar! ¡Absolución a lxs luchadorxs! (VER MODELO DE EMAIL MÁS ABAJO)

Sr. Juez Martín Irurzun

Cámara Criminal y Correccional – sala 2

De nuestra mayor consideración:

                                                    Queremos sumarnos al pedido de libertad para el obrero y militante Sebastián Romero que permanece preso luego de que el Juez Canicoba Corral le denegara su excarcelación.

                                                    Pedimos la libertad de Romero porque no es un delincuente.  Sebastián fue parte de los miles que aquel 18 de diciembre de 2017 intentaban frenar otro atropello más contra los jubilados aprobando la Ley de Reforma Previsional que impulsaba el por entonces Presidente Macri; y eso no es un delito.

                                                    Pedimos la libertad de Romero porque desde ese 18 de diciembre de 2017 cayó sobre él la más cruel de las persecuciones cuando los medios de comunicación comenzaron a llamarlo el “Gordo Mortero” y usar su imagen una y otra vez como si se tratara de un enemigo público o peor, el más peligroso de los terroristas, único justificativo para que la Ministra de Seguridad de entonces, Patricia Bullrich, ofreciera por información de Romero o datos que facilitaran su detención una exagerada recompensa de $1,000.000

                                                  Entendemos que Sebastián Romero es un preso político en democracia.  Algo que para quienes levantamos la bandera de los 30.000 desaparecidos y la defensa de los Derechos Humanos nos resulta inadmisible en esta época.

                                                 Queremos recordarle al Sr. Juez, que ya se cometió el error de mantener preso durante trece meses a Daniel Ruíz en el Penal de Marcos Paz, compañero de militancia de Romero y detenido en el marco de los sucesos que se desprendieron de  la movilización de diciembre de 2017.  No sea usted también responsable de un nuevo atropello e injustica y libere inmediatamente al obrero Sebastián Romero.

                                                 Sin más, lo saludamos a Ud. muy atte.

&&&&& DIFUNDIR #SebastiánRomero /#julio #juez #MartinIrurzun

Este nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi  tiene la particularidad de encontrarnos a las puertas de la mayor crisis capitalista. El mundo entero se encuentra prácticamente paralizado. Millones de obreros son echados a la calle y otros tantos pierden hasta sus casas. La burguesía intenta, bombardeo propagandístico mediante, hacernos creer que este desastre es a causa del Covid 19, cuando en realidad es la consecuencia del ansia de concentrar más y más riquezas por parte de un reducido grupo de grandes ricachones.  Nuestro país no está al margen de ello. También acá la parálisis económica, la decadencia social y la corrupción generalizada, es producto de las mismas causas que a nivel mundial, agravada por el carácter rapaz de nuestras clases dominantes acostumbradas a vivir de la explotación de sus trabajadores como del robo de las arcas públicas. Una situación que no hará más que agravarse debido al bochornoso acuerdo de deuda que prepara el gobierno con los acreedores extranjeros. Este acuerdo, que prevé el saqueo de los recursos del país por varios años, empujará la miseria a nuevo niveles. Adhesiones a: esocialistaantimperialista@gmail.com

A la miseria social, se agrega el golpe a la salud y la vida de los trabajadores, que son los principales perjudicados por la pandemia. Los trabajadores de la salud y los desocupados de los barrios que sostienen todos los días comedores populares se encuentran en la primera línea de combate contra el virus, casi sin recursos del Estado. En las villas es donde más está creciendo la curva de contagios, sin que los distintos gobiernos tomen las medidas sanitarias necesarias para frenar la propagación de la enfermedad. No son pocos los trabajadores de la salud y luchadores populares de los barrios que ya han perdido la vida llevando a cabo esta tarea.

Por ello es tan actual el ejemplo de solidaridad de Darío quien, aún a riesgo de su vida, no dudó en auxiliar a Maxi, ya herido mortalmente.

18 años  de la Masacre y ni uno solo de los responsables políticos e intelectuales preso. Al contrario, nuevamente esos personajes son parte del gobierno de turno. Felipe Solá es Canciller, Aníbal Fernández es Interventor de YCF, mientras que Eduardo Duhalde es alabado por Alberto Fernández y Axel Kicillof por su manejo de la crisis capitalista del 2002!! Teniéndolo  como Consejero Presidencial, mientras  su mujer ocupa un lugar, como Asesora, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, adonde fue llamada para poner nuevamente en marcha a su red de “manzaneras”.

Tan envalentonados se sienten los Duhalde que él se dio el lujo de aconsejar a Alberto Fernández de que era un error expropiar Vicentín, mientras su mujer reclamaba por la eliminación lisa y llana de las organizaciones piqueteras, justo una semana antes de una fecha tan simbólica como el 26 de Junio.

Si este no fuera un motivo más que suficiente –además de honrar la Memoria de los caídos en la lucha popular aquel 26 de Junio- para nuevamente estar en el lugar donde fueron asesinados Maxi y Darío tenemos, por otro lado, como en un juego de pinzas, las manifestaciones convocadas por los sectores más reaccionarios del país. Son los mismos que hace 18 años planteaban, desde el PJ y las Cámaras empresarias, que era necesario poner fin a las demandas de Trabajo y Dignidad del movimiento piquetero. Que hacía falta una lección ejemplarizadora, decían. Lo mismo que hoy –nuevamente- levanta la familia Duhalde como voceros de los sectores más concentrados y reaccionarios del Poder económico y político.

Son esos sectores los que este sábado 20 de junio salieron a las calles en defensa de los explotadores, ladrones y desaparecedores de obreros como son los Vicentín. Pero no son todos ni los únicos; otros de los defensores de estos intereses permanecen agazapados en altas esferas del Poder del Estado, esperando el mejor momento para actuar. Massa es sólo uno de ell@s. Son los que enarbolan la defensa de la propiedad privada y el anti comunismo, cuando sabemos perfectamente que la miseria y el hambre de millones es producto –justamente- de que un pequeño grupo de capitalistas se queda con el 80% de la riqueza social.

Los despidos, suspensiones y rebajas salariales tienen su razón de ser en las desmedidas ansias de enriquecimiento de esta ultra minoría, que son los que realmente viven del Estado. El caso Vicentín es una muestra perfecta de ello. Miles de millones de la banca pública fueron a parar a manos de estos fugadores seriales, que ya las ocultaron en los paraísos fiscales, como Macri, Rocca, Pescarmosna, etc, etc, etc.

¡¡Ellos son los verdaderos planeros, pero planeros vip, pues no viven con 8.500 pesos!! Eso es menos de lo que pagan por un almuerzo!! Mientras, quieren que nos acostumbremos a la miseria, a vivir con un cuarto de la canasta básica.

No les molesta nuestra hambre, en realidad nunca les importó. Lo que les molesta es la organización del Pueblo trabajador.  Por eso reclaman acabar con los piqueteros. Por eso están saturando los barrios de policías, gendarmes, prefectura y hasta milicos del Ejército. No los mueve la solidaridad, sino controlar las barriadas. Saben que el descontento popular está en ascenso. Y también saben que su Plan es más hambre y miseria; porque esa es la consecuencia lógica de pagar la Deuda. Una deuda fraudulenta e ilegítima.

Pagar la deuda es pagarle a los fugadores seriales. En vez de encarcelarlos se los premia con el pago.

Lo mismo pasa con los defraudadores seriales, como Vicentín. Ahora se suma otro gran pool de los agronegocios: Naville, que debe –sólo al Banco Nación- ¡¡7 mil millones de pesos!!

Esos grupos económicos son los que están detrás de las movilizaciones. Y a esos solo se los para con organización y movilización popular.

No dudamos, ni un instante, que lo mismo hubieran pensado –y hecho- Darío y Maxi. Porque hoy, estar en la calle, es la única manera de defender la vida. Una vida digna, que merezca ser vivida y que es lo único al cual se puede llamar vida. Lo otro es vegetar. Porque mientras nos dicen que nos quedemos en casa avanzan sobre nuestros derechos: nos echan de las fábricas, nos reducen los salarios; eliminan la movilidad jubilatoria, continúan destruyendo la salud y la educación pública; pretenden pagar el aguinaldo en cuotas, continúa aumentando el costo de vida ¡¡mientras congelan paritarias y salarios!!

¿De qué vida hablan? Maxi y Darío si son ejemplo de vida. De lucha por la vida. De entrega total en pos de esa Vida. Por eso convocamos a todas las organizaciones populares a marchar este 26 al Puente Pueyrredón.

Siguiendo el ejemplo de la lucha de los piqueteros del 2001-2002, llamamos a todas las organizaciones a discutir la necesidad de un programa común para hacer frente a la crisis y las acciones necesarias para conquistar todas nuestras reivindicaciones. Ante la creciente miseria y el avance de la pandemia, necesitamos un congreso de trabajadores ocupados y desocupados que plantee las medidas sanitarias y sociales para salir de esta crisis y defender la vida de la clase trabajadora.

Exigimos:

Justicia para Darío y Maxi.

Trabajo genuino para todas y todos, lo cual solo es posible con un plan de industrialización del país. No a la propuesta de 10 mil pesos por 60 horas de trabajo mensual. Eso es flexibilizar el salario.

No al pago de la fraudulenta “deuda externa” de los fugadores seriales.

Rompimiento con todos los Pactos que nos atan al Imperialismo.

No a la militarización y segregación de los barrios populares.

No a la salida nazi-fascista de Berni y Duhalde

Libertad a Sebastián Romero

Castigo a los asesinos y desaparecedores de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luis Espinoza, Daniel Solano, Luciano Arruga, Magalí Morales; Iturralde, Anzamendia y  Facundo Escalso.

Repatriación y Libertad de Facundo Molares

Aborto legal, seguro y gratuito

Tierra y Vivienda para todas y todos.

Basta de femicidios y todo tipo de violencia sobre las mujeres.

Por una Argentina sin explotados ni explotadores.

NI OLVIDO NI PERDÓN ¡¡LOS ASESINOS DE AYER NO PUEDEN SER LOS SALVADORES DE HOY!! ¡¡JUICIO Y CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LOS CRÍMENES!!

Concentramos 11: 30 en Darío y Maxi

(Prensa CPM) El juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, a cargo de la doctora Mari Castillo, ordenó la detención de ocho policías bonaerenses, seis hombres y dos mujeres, por someter durante meses a severidades, vejámenes y abuso sexual a las mujeres detenidas en la comisaría 3ra de La Tablada. Por su sistematicidad y el dolor infligido, estos hechos son torturas y así fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en enero luego de realizar una inspección sorpresiva. Estas violencias implicaban también un castigo moral y humillante por la condición de mujeres y trans de las detenidas. La instrucción estuvo a cargo de la fiscalía de delitos de gravedad institucional y la CPM patrocina a las víctimas. También intervinieron la Defensoría de Casación provincial y la Defensoría General de La Matanza.

Desde septiembre de 2019, a partir de la asunción del subcomisario Lionel Gómez, hasta enero de este año, las mujeres detenidas en la comisaría 3ra de La Tablada, partido de La Matanza, fueron sometidas sistemáticamente y mediante diversos métodos a prácticas violentas, degradantes y humillantes, que configuran hechos de torturas. Así lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desde el primer momento.

A poco más de tres meses de la denuncia, el juzgado de Garantías N 1 de La Matanza ordenó las primeras ocho detenciones por los delitos de severidades, vejámenes y abuso sexual. Además del entonces subcomisario Lionel Gómez, fueron detenidos los policías Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, y las agentes Maida Celeste Ruiz y Johana Romero, esta última del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La orden de detención resalta que los funcionarios y funcionarias policiales actuaron con poder de hecho y ejerciendo abuso funcional sobre las personas detenidas. Y destaca también que estas prácticas violentas se combinaban con castigos y humillaciones por la condición de mujeres de las víctimas.

La instrucción judicial estuvo a cargo de la fiscalía de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Julia Panzoni y Fernando López, que intervino tras la denuncia realizada por la CPM. En enero pasado, al tomar conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, el defensor de Casación de la Provincia Mario Coriolano pidió la intervención de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo realizó una inspección sorpresiva a la comisaría donde, a partir del relato de las detenidas, relevó estos hechos. Los defensores oficiales de la Matanza también intervinieron impulsando la investigación.

En ese momento, la CPM había advertido que las mujeres alojadas en la comisaría tercera de La Tablada padecían aislamiento extremo, requisas vejatorias, golpes y otras prácticas de tortura de manera reiterada, hasta llegar a dos hechos de abusos sexuales ocurridos el 19 de diciembre de ese año y el 5 de enero de 2020.

La investigación judicial pudo reconstruir tres momentos de estas graves violaciones a los derechos humanos, que se vieron reflejados en la decisión de la jueza de garantías Mari Castillo. Desde el 22 de septiembre del año pasado hasta el 21 de enero, agentes de la comisaría 3ra ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas. Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.

El segundo de los hechos ocurrió el 19 de diciembre, entre las 17 y 20 horas, dos mujeres —una de ellas que la llamaban la “ginecóloga” y aún no fue identificada— junto con cuatro agentes policiales perpetraron abuso sexual con acceso carnal contra al menos ocho mujeres. De a una a la vez, las hicieron pasar a un calabozo donde las sometieron a vejaciones obligándolas a desnudarse y realizar infames posturas, para luego abusarlas sexualmente.

El último de los hechos ocurrió el 5 de enero de este año, durante una requisa policial por parte de la agente del GAD y dos efectivos de la comisaría 3ra. Los funcionarios obligaron a diez detenidas a ingresar en un baño de ínfimas dimensiones y, una vez allí, las obligaron a desnudarse, mientras las hostigaban y amenazaban con los palos que portaban.

Desde el primer momento, la CPM patrocina a todas las víctimas y reclamó que la violencia contra las detenidas debe ser considerada una grave violación a los derechos humanos porque vulnera la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres. A pesar de la calificación actual, como severidades, el organismo sostiene que estas prácticas sean investigadas y sancionadas como torturas: el sufrimiento infligido y la continuidad de estos delitos durante tanto tiempo no pueden considerarse de otra manera.