Corrientes contra las detenciones por «averiguación de antecedentes»

Esta presentación, realizada con el Patrocinio letrado del Dr Facundo Leguizamon, lleva la firma de los siguientes integrantes del Comité contra la Tortura, Mario Marturet (Presidente honorifico ; Ramón C. Leguizamón (Presidente del Comité) y María Inés Fagetti (miembro del Comité); de organismos de Derechos Humanos: Hilda Presman (Coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos); Ramón Artieda (Presidente de la Comisión de DDHH de Corrientes) y del Colegio de Abogados 1ra Circunscripciòn : Lilian Sawoczka (Presidente de la Primera Circunscripción del Colegio Público de Abogados de Corrientes) y Ricardo Manuel Villar (ex presidente de la Primera Circunscripción del Colegio Público de Abogados de Corrientes y Delegado ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados).

En la presente acción, se plantea que tanto el Código Contravencional como la Ley Orgánica Policial facultan a la fuerza policial a detener sin el debido control judicial.

El tratamiento de las detenciones contravencionales y por averiguación de antecedentes según informes requeridos por el Comité a la Red Corrientes de DDHH y a través del Ministro del STJ a todos los Juzgados de Paz y de Instrucción de la Pcia revela el estado de desprotección y vulnerabilidad en relación a posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad de las personas detenidas por disposición policial (sea por averiguación de antecedentes o por una supuesta contravención) sin el debido control judicial inmediato.

Por lo que con esta acción se pretende: A) Que toda detención dispuesta por la autoridad policial en el marco del Código Contravencional o la Ley orgánica Policial sea comunicada inmediatamente al juez competente;

B) En la aplicación de tales leyes, desde el primer momento, asegure al detenido i) el derecho a comunicar a una tercera persona que está bajo custodia del Estado; ii) el derecho a ser informado de los motivos y razones de su detención como también de las mismas circunstancias a quienes ejerzan su representación;

C) en particular, respecto de las detenciones dispuestas en el marco del Código Contravencional, asegure la intervención de un letrado, ya sea éste particular o de oficio, en ocasión de notificarse al condenado del pronunciamiento dictado por la autoridad policial;

D) que toda detención sea dispuesta en establecimientos que lleven un registro de detenidos con los alcances que oportunamente se indicarán;

E) Haga conocer a todo el personal de la Policía de la Provincia, las consideraciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Bulacio” y “Torres Millacura” , como también el contenido de la eventual Sentencia a dictarse en las presentes actuaciones y;

F) Por último, exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia de Corrientes para que adopten las medidas necesarias a fin de adecuar, en el plazo más breve posible, la normativa local a los parámetros establecidos por la Corte IDH en los citados casos “Bulacio” y “Torres Millacura” a fin de prevenir situaciones de hecho como las que dieron lugar a la condena internacional.-

Corrientes, 30 de Noviembre 2017

Firma: Dr Ramón C. Leguizamón Pte del Comité de Evaluación y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Pcia de Corrientes

«Un modelo de contaminación y muerte»»

«Un modelo de contaminación y muerte»»

(APL) Hoy las familias campesinas afectadas por las fumigaciones de las tomateras en el municipio de la Lavalle cortaron la ruta provincial número 27 de Corrientes. En un comunicado, expresaron los motivos: «Hace 6 años sufrimos la muerte de Nicolás Arevalo (4 años de edad), y la intoxicación aguda de Celeste Estévez. Hace 5 años volvimos a lamentar la muerte de un niño campesino en la misma localidad, José Carlos Rivero (4 años de edad). El año pasado luego de años de lucha se realizó el primer juicio penal por homicidio donde la causa de la muerte eran los agrotoxicos. A pesar de quedar firme todas las pruebas que demuestran la contaminación de la zona con el insecticida endosulfan, incluida la autopsia que determinó que Nicolás Arévalo murió por intoxicación con ese insecticida. Ricardo Prieto, el fumigador., fue declarado inocente por falta de pruebas. (…)El cinismo del poder económico y político de Corrientes llega al extremo tal que Oscar Candussi, procesado por la muerte de José Killy Rivero y que deberá afrontar el juicio oral y público en 2018, es candidato a intendente de Lavalle por la fuerza oficialista. Un modelo de producción basado en el trabajo en negro, infantil y precario. Un modelo de contaminación y muerte».

Murió una nena tras comer mandarinas contaminadas con agrotóxicos

Murió una nena tras comer mandarinas contaminadas con agrotóxicosMurió una nena tras comer mandarinas contaminadas con agrotóxicos

(APL)Una niña de 12 años murió en la localidad correntina de Mburucuyá tras comer mandarinas sacadas directamente de los árboles, días atrás. El caso generó conmoción en Mburucuyá, un pueblo de 8.000 habitantes ubicada a 148 kilómetros de la capital provincial, en una región en la que el fuerte de la producción pasa por la actividad citrícola. La chica y su hermano – también menor de edad- ingresaron a un quinta en la que hay una plantación de mandarinas para poder comer las frutas frescas, directamente sacada de los árboles. Los chicos arrancaron algunas mandarinas y comenzaron a comerlas mientras se retiraban del lugar, pero minutos después empezaron a sentir mareos y la menor terminó descompensándose sin poder de reacción. Su hermano, al que la fruta también le generó una descompostura, corrió como pudo en ayuda y familiares de ambos niños acudieron hasta el lugar donde estaba la niña, según dijeron fuentes policiales que trabajaron en el caso. (Envío Mechi Mendez)

Monte Caseros: Liberaron a Guillermo Galantini.

Monte Caseros: Liberaron a Guillermo Galantini.Monte Caseros: Liberaron a Guillermo Galantini.

Luego de 36 hs de detención arbitraria,esta tarde liberaron al docente, dirigente de derechos humanos y candidato a Intendente de Monte Caseros Corrientes, Cambiemos lo había denunciado por hacer una pintada en la pared del Concejo Deliberante. Luego de que sus compañeras de la CODEJU y Opinión Socialista permanecieran en la puerta de la comisaría por más de 30 horas y se desplegara una fuerte campaña nacional e internacional, el compañero recuperó la libertad. Queda claro el atropello institucional contra un compañero y una organización que no se calla ante los atropellos de los poderosos y le pone voz a las demandas de las víctimas y a los reclamos de los explotados y oprimidos. Nuestro reconocimiento a todas las organizaciones y militantes que se pronunciaron y movilizaron para denunciar. (Comunicado de Prensa de Opinión Socialista)

Detienen en Monte Caseros al compañero Guillermo Galantini

Así, se pretende acallar a quienes denuncian los atropellos que cometen los sectores dominantes de la sociedad, como el intendente, que fue denunciado recientemente por violencia de género. La CODEJU cumple una destacada labor de acompañamiento y organización de la víctimas sociales del capitalismo, a las familias humildes de la ciudad.
Es un atropello de un poder judicial y de unos políticos a los que el compañero enfrenta implacable y valientemente. En estos momentos, en las afueras las compañeras de la CODEJU y OS se concentran en la puerta de la comisaría de Monte Caseros, cuyo número es 03775 422 426 022, para exigir su inmediata liberación.
Acudimos urgentemente a todas las organizaciones de la clase trabajadora, de derechos humanos, representantes políticos y candidatos a las elecciones, a pronunciarse y a llamar a la comisaría para exigir la liberación.

Corrientes: Mas cárceles, mano dura y que se pudran en prisión

Corrientes: Mas cárceles, mano dura y que se pudran en prisiónCorrientes: Mas cárceles, mano dura y que se pudran en prisión

(APL)Según constatación in situ en informe reciente del Comité contra la Tortura, la nueva Unidad Penal N°9, Penitenciaría de Paso de los Libres, aún sin inaugurar, presenta falencias en su construcción, deterioro, humedad,(que se deberán resolver con posterioridad a su inauguración, ya con presencia de población penal). Tampoco están previstos en la construcción los sectores básicos para la reinserción social: es decir espacios de escuela, trabajo, talleres, etc. Ni salón comedor y/o de usos múltiples. Inexplicable ausencia en construccones modernas. Un total de 12 celdas distribuidas en dos pasillos con 6 celdas cada uno. Pasillos angostos, no mayor a 1,80 metros, celdas sin ventanas, las mismas se encuentran en el pasillo. Capacidad estimada para 50 internos. No cumple con los standares mínimos de las Normas internacionales para tratamiento de reclusos. Ni que hablar de la refacción de la Alcaidía de Goya, cuya segunda etapa deberá entregarse el 30 de Julio. Según informes del Comite contra la tortura, el ala inaugurada hace 8 meses ( octubre 2016) presenta humedad, filtraciones, desprendimiento del cielorraso, y la misma falta de espacios educativos y de trabajo. Conclusión, nuevos depósitos de excluidos en obras de mala calidad constructiva, inauguradas al calor de los tiempos electorales, sin criterios de reinserción, sino que responden a los «mandatos mediáticos de «mas cárceles», «mano dura» y que «se pudran en prisión». (Fuente y foto: Diario Norte)

“Expresarte 2017”: muestra colectiva de artistas plásticos correntinos

“Expresarte 2017”: muestra colectiva de artistas plásticos correntinos“Expresarte 2017”: muestra colectiva de artistas plásticos correntinos

El pasado miércoles 12 de julio se inauguró en las salas José Negro y Justa Díaz de Vivar, del Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal”, la 27ª Muestra Colectiva de Plásticos Correntinos, integrada por obras de 46 artistas locales. Los artistas participantes son: Daniela Almeida, Facundo Barrionuevo, Leopoldo Bayol, Pedro Ulises Bértoli, Carlos Calmanash, Fernando Calzoni, Norma Capponcelli, Marta Cordera, Iliana Fernández, Mimi Ferrer, Lita Figueroa, Stella Maris Folguerá, Graciela Gallardi, Esteban Gómez, Cela Gómez Morilla, Guillermo Gómez, Teresita González Ocanto, Paulino González, Mariza Hierro, Alberto Ibarra, Marcos Kura, Ana Leconte, Eugenio Led, Malvy Lotero, Alejandro Manfroni, Victoria Martínez Zurbano, Yasi Martínez Zurbano. Esta muestra podrá ser visitada de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, sábados y domingos de 9 a 12 y de 17 a 20. (Fuente: momarandú.com)

El Papa Francisco no dormirá la siesta en Corrientes

El 16 de marzo se realizó una audiencia en la que participaron la Juez, el Fiscal y la Defensora de Ejecución de Condena, el Jefe del Servicio Penitenciario, legisladores, y varios organismos de DDHH de la Provincia de Corrientes. El motivo: La denuncia de la Red de DDHH a través del Comité contra la Tortura, en el que se reclamaba la imposibilidad de acceder a la Unidad Penal Nº1 para el dictado de talleres que la Red desarrolla allí hace varios años con el colectivo “Yahá Porá”.

(1)“Yaha Porá” es un colectivo solidario de personas privadas de su libertad que promueven proyectos culturales, artísticos, artesanales y productivos, en vistas a recrear vínculos con la sociedad.

La Jefatura del Servicio argumentó que el proyecto fue devuelto “a los fines de la acreditación de la capacitación de los profesores que van a ingresar, a fin de impedir el ingreso de personas sin la debida acreditación, dado que van a estar en contacto directo con los internos, y si los certificados a darse a la finalización de los mismos tendrían aval del Ministerio de Educación”.

El colectivo “Yaha Porá” trabaja en coordinación con la “Red de DDHH”, a la cual se le exigió inscripción y personería jurídica, pese a que, y tal como lo manifestara su coordinadora Hilda Presman, “el desarrollo de actividades de la red y del colectivo “Yaha Porá” era conocido por la sociedad y los medios, y que nunca han sido motivo de situaciones de conflicto ni violencia; el acta constitutiva de la Red de Derechos humanos fue presentada a la dirección de Técnica Penitenciaria hace dos años”. Añadió que se evidenciaba desde el 2016 la imposibilidad de dialogar con la Jefatura del Servicio Penitenciario, y que no se les informaron los motivos por los cuales los talleres no podían dictarse. “No se puede aproximar criterios con el Servicio Penitenciario en diferentes propuestas planteadas” aseguró. Es decir, agrego yo, un ejemplo concreto de aquello de no hay peor sordo que el que no quiere oír.

El Colectivo y la Red trabajan dentro del penal desde el año 2012, sin ningún incidente en materia de seguridad y sin que ninguno de los internos que formaran parte del colectivo, luego de su liberación reincidieran en el delito y se encontraran nuevamente alojados en alguna institución carcelaria. Digámoslo claramente: Las exigencias de acreditación especiales de trabajo educativo intramuros es lisa y llanamente un boicot de la Jefatura del Servicio Penitenciario a la realización de tareas educativas, pese a que la legislación penitenciaria en vigencia alienta y estimula la realización de las mismas. Lo he dicho muchas veces: En materia de Derechos Humanos, que Corrientes sea Republica aparte, es una mala noticia, sobre todo cuando el mundo trabaja intensamente para aplicar las “Reglas Mandela” que promueven exactamente lo contrario a lo que promueven las autoridades penitenciarias de Corrientes.

Párrafo especial merece la decisión de la Justicia de Ejecución Penal (Oportunamente celebre su establecimiento en la Provincia). No puede obligar a la Jefatura del Servicio y al Colectivo “Yaha Pora”, “a que la fijación de objetivos debería coordinarse, y exhortó a todos los actores a la consensuar acciones para obtener los mejores resultados”. La desigualdad en la negociación es evidente y acordar o no, es solo un acto de voluntad de una parte.

El Poder Judicial no puede ser apéndice de las decisiones del Poder Ejecutivo. Debe velar por la aplicación de la legislación de ejecución penal, aun en contra de la voluntad del Servicio, más aun cuando es absolutamente irracional como en este caso. Debe saber a esta altura del desarrollo de la ejecución penitenciaria el impacto positivo de la tareas educativas formales e informales dentro del ámbito penitenciario (Con este criterio de acreditar “certificaciones de títulos oficiales en contexto de encierro”, Martín Luther King no podría dar charlas sobre el valor de la Paz, Mahatma Gandhi sobre el valor de la no violencia, Bill Gates sobre la importancia de la computación en algunos de los talleres informáticos del colectivo, Pablo Picasso sobre la importancia del arte o Jorge Luis Borges sobre el espacio de libertad que significa escribir). También debe saber que frustrar iniciativas como las que desarrollaba el colectivo solo logra aumentar el resentimiento y la violencia dentro de la población penal. Y finalmente debe saber que el único derecho que pierde un detenido es el de la libertad, pero que su dignidad humana permanece incólume.

(1) http://www.juscorrientes.gov.ar/prensa/exhortan-a-los-sectores-vinculados-a-internos-de-la-up-no-1-a-coordinar-acciones/

(2)Principios Fundamentales de las Reglas Mandela: Las Reglas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación. El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad.

(3)Las Reglas Mandela o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, son normas adoptadas por las Naciones Unidas en 1955, que tuvieron su última reforma el pasado 17 de diciembre de 2015. La versión revisada y aprobada por unanimidad en la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU establece nuevos estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad, basándose en los recientes avances de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas internacionales. De ser aplicadas plenamente, podrían contribuir a cambiar lo que hasta ahora ha sido el sistema carcelario y su política de sujeción y castigo, para transformarse en una oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la sociedad en su conjunto.

Las torturas y la muerte de José Enciso

Refirió la Sra Garate que Enciso fue detenido en la vía pública por la supuesta comisión de un robo el 8 de Julio de 2016. Ni bien fue alojado en la Comisaría Departamental fue sometido a una brutal golpiza, hecho que fuera denunciado por ella ante la fiscalía de Monte Caseros el 15 de Julio de 2016. Las actuaciones llegaron al Juzgado de Instrucción del Dr Eduardo Alegre el día 25 del mismo mes, pero nunca se realizó investigación alguna ni se le dio curso a la misma. En cambio si continuó el hostigamiento policial a su marido, José Enciso, quien pese a la denuncia formulada, continuó recibiendo torturas en forma reiterada. Estos malos tratos resintieron su salud, presentando frecuentes con vómitos de sangre, dolores corporales, dificultades respiratorias y para miccionar.

Siguió relatando la Sra Garate que tras un calvario de seis meses en la comisaría de Monte Caseros, donde todo el tiempo persistieron los tormentos, José Enciso fue finalmente trasladado a Corrientes, con indicación de ser atendido en el Instituto de Cardiología, donde aparentemente no había cama. Pese a la precariedad de su salud fue alojado en la Unidad Penal n 6 de San Cayetano y sus días transcurrieron entre esa unidad penal y el hospital. Cuando su cuadro se agravó fue internado en el Hospital Escuela el día 8 de marzo de 2017 produciéndose su deceso el 14 de marzo de 2017 por una cardiomegalia severa.

Refieren los concurrentes que 8 meses después de producida la denuncia, ya con José Damián Enciso fallecido, y tras movilizaciones y fuerte presión ciudadana, el Juez Alegre en marzo de 2017 toma testimonios sobre hechos acaecidos en Julio de 2016. De estas declaraciones surgen los hechos ya relatados. Todos manifiestan que fueron cuatro uniformados ( tres varones y una mujer ) quienes retiraban en horas de la noche a Enciso de su celda para castigarlo en salas contiguas, pudiendo escucharse sus quejas y gritos de dolor.

La CODEJU trasmitió también al Comité, que a partir de las denuncias y visibilización de la violencia a que son sometidas las personas detenidas en sede policial, temen por la salud, la vida y la integridad de Cristian Jiménez, quien fuera detenido con Enciso y permanece en esa comisaría a la espera de juicio oral. Manifiestan con profunda indignación que el Comisario Claudio Fernández niega la posibilidad de visita y acompañamiento a los detenidos a organizaciones de derechos humanos, como la CODEJU, argumentando que los reglamentos internos de la alcaidía solo autorizan visitas de familiares directos, lo que deja más desprotegidos a los detenidos y genera más impunidad al accionar policial.

El Dr Ramón Leguizamón, presidente del Comité contra la Tortura de Corrientes, quien estuvo acompañado por la Senadora María Inés Fagetti , miembro del Comité, por Mario Marturet de la Comisión de DDHH de Corrientes, por el Francisco Aguirre del Colegio de Abogados 1ra Circunscripción e Hilda Presman de la Red Corrientes de DDHH comprometió la intervención del Organismo a su cargo para generar acciones tendientes a esclarecer este hecho, solicitar los informes que correspondan y coordinar con la representación más cercana del Comité contra la Tortura ( Paso de los libres) el monitoreo de lugares y condiciones de encierro para evitar tormentos, tratos crueles y degradantes y garantizar el derecho a la vida, la dignidad y la integridad de las personas que están circunstancialmente privadas de la libertad bajo el resguardo y tutela de las instituciones del estado.

Dr Ramón Leguizamon- Presidente-/ Senadora María Inés Fagetti Miembro/ Comité contra la Tortura de Corrientes

El intendente de Paso de los Libres, Raúl Tarabini, ordenó destruir trabajos que realizaron chicos de 6 a 17 años sobre el terrorismo de Estado

Oscar Castelnovo

Indignación
Al comienzo de la misiva, los compañeros le dicen a Tarabini: “Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra profunda indignación ante la violenta situación vivida ayer en horas de la tarde. Después de tener una entrevista con usted y de organizar en forma conjunta la programación por la “Semana de la Memoria” y que nunca se manifestara que la muestra “molestaría” a otras actividades como ser las patronales a desarrollarse el 20 de marzo. Al ingresar al salón nos encontramos con todos los trabajos seleccionados, realizados por más de 100 alumnos de distintas instituciones de la localidad, por niños de 6 a 12 años que trabajaron en sus aulas con cuentos prohibidos por la dictadura y jóvenes de 13 a 17 años que trabajaron con letras de temas musicales prohibidas por la dictadura, en su gran mayoría fueron arruinados y rotos, además de ser tirados como basura”.

Más adelante, la Comisión expresa en el escrito: “Es una forma de ultrajar el trabajo comprometido de niños y jóvenes que estudian los principios fundamentales de la democracia. Empleados municipales manifestaron que fueron retirados en forma violenta porque los mismos “molestaban” a los militares que concurrieron al desayuno de las fiestas patronales de San José, no podemos entender que hombres, que ocupan altos cargos públicos en la sociedad de Paso de los Libres no comulguen con los principios democráticos que tan ejemplarmente representaron nuestros alumnos”.

Repudio
Finalmente, la Comisión indica a Tarabini: “Ante tan grave situación institucional adjuntamos fotografías de los destrozos y notificamos que la misma será suspendida y retirada. Informaremos de la situación a las escuelas que con tanto compromiso trabajaron, pidiendo profundas y vergonzosas disculpas. Como explicar que los trabajos de los niños molestan a militares de la democracia? Estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes los principales valores de respeto a los valores democráticos y sus trabajos son tirados a la basura. Profunda contradicción que no queremos permitir y que repudiamos enérgicamente”.

A la vez, a esta Agencia le fue revelado que quien puso en marcha el valiente “Operativo destrucción de trabajos infantiles” fue el secretario privado de Tarabini, Omar Miranda quien cumplió tareas de espionaje desde la SIDE, durante la última dictadura cívico- militar.