Johana Monzón y las cárceles de mala muerte

Johana necesitaba y pedía hacer actividades recreativas, cursos, pedía salir del pabellón para ocupar su tiempo y no pensar y el departamento tratamental resocializador que esa es la función que debe ocupar, no la escuchó, la trató como una drogadicta depresiva, “Joha” fue excluida de toda actividad. Ella una más, “víctima de este encierro torturador, de este S.P.B a cargo del cuidado, custodia y tratamiento al interno, una vez más deja a un ser humano desprotegido de derecho inalienable como es la “salud”, pagando su delito como manda la ley; ahora bien la ley no cumplió con Johana Monzón.

Johana no está más, es una más, víctima del estado, ella esperó el momento de silencio a las 5 am del día domingo para finalizar con su vida. Pedimos en consecuencia que los controladores del S.P.B., llamado “Ministerio de Justicia”, a cargo de funcionarios preparados, entrenados para cuidar a personas y no objetos como somos tratados por el sistema (que nos encierra); Poder Judicial ( que nos condena); Estado ( el que debe velar por nuestras vidas, garantizar derechos). Desde adentro repudiamos el ensañamiento del estado, desde adentro que se investigue por Johana y por el resto de las víctimas del lado oscuro “cárcel”, desde adentro pedimos libertad.

El Amazonas en fuego

Esta situación refleja el “sentimiento de impunidad” y la “legitimidad” total para destruir la naturaleza de acuerdo con los intereses económicos de este sector de la burguesía brasileña. Sin embargo, la fuerza social de los agronegocios no nace con el gobierno reaccionario de Bolsonaro sino que fue durante años de gobiernos distintos incluidos los del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula Da Silva donde la burguesía agraria y feudal se hizo cada vez más influyente en la vida económica y política del país.

La agroindustria que influye en las regiones sur y centro-oeste del país fueron la base social decisiva del golpe institucional contra Dilma Rousseff y más tarde la principal base electoral de Bolsonaro. Pero ese no siempre ha sido el caso. Eraí Maggi, el llamado “rey de la soja”, jefe de una de las multinacionales más importantes de Brasil y actualmente un firme defensor de Bolsonaro, fue partidario de la reelección de Dilma Rousseff en 2014. Ese año, en uno de los principales periódicos del país, expresó su gratitud a los gobiernos del PT: “la agroindustria era reacia cuando el PT llegó al poder. Se temía que el PT pusiera fin a todo; temía ser expropiada, perder granjas, tierras, todo. Y lo contrario es cierto. El gobierno […] garantizó el derecho a la posesión de la tierra. Y cuando tuvimos esta garantía, llegaron las inversiones».

En cifras, en 2003, (cuando el PT formó un gobierno por primera vez) los latifundistas concentraban 214.8 millones de hectáreas de tierra. Cuando Lula se fue y asumió a Dilma en 2010, estos mismos latifundistas poseían 318 millones de hectáreas. Durante estos años diferentes políticas favorecieron el desarrollo de este sector para financiar Brasil y también se aprobaron leyes como el “nuevo Código Forestal” de 2012 que permitió a los latifundistas expandir la frontera agrícola en tierras previamente protegidas.

Todo esto ha favorecido la expansión de los agronegocios y su peso en la economía nacional. Mientras que en 1980-1990 la participación de este sector en el PIB nacional fluctuó entre 6% y 12%, en 2017 la participación de los agronegocios en el PIB brasileño fue del 23.5%. Esto también marcó una desindustrialización parcial del país y una transformación gradual de la economía nacional que se ha vuelto cada vez más dependiente de las exportaciones agrícolas y las materias primas.

De hecho, esta política no solo fortaleció la base social reaccionaria que condujo al golpe institucional y encarceló arbitrariamente a Lula sino que se convirtió en la fuerza que llevó al ultra reaccionario Bolsonaro al poder. Esta misma burguesía está quemando la Amazonía con el único objetivo de aumentar sus ganancias a toda costa incluida la destrucción de la naturaleza.

Mientras este fin de semana abre el G7 Biarritz bajo la presidencia de Emmanuel Macron, los incendios que actualmente asolan la Amazonía en Brasil ilustran el lado feo de la globalización del comercio en beneficio exclusivo de las multinacionales. Estos intercambios basados en la carrera desenfrenada por las ganancias causan una aceleración de la degradación del planeta a menos de cuatro años después de que el acuerdo de París sobre el clima pactado en diciembre de 2015.

Para los europeos, cabe señalarles que el aumento de estos incendios se produce unas semanas después de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre una Comisión Europea al final de su mandato y los países del Mercosur de los que Brasil es miembro. Al comentar en « La France Agricole » esta semana sobre el contenido de este acuerdo: “El acuerdo se anuncia para beneficiar a las economías de la Unión Europea. El banquero de las negociaciones es, sin embargo, el sector agrícola que tendrá que pagar la factura de la apertura sustancial de cuotas de importación en sus mercados sensibles “. De hecho, este acuerdo prevé un aumento de las importaciones europeas de carne de res, cerdo y aves de corral sin derechos de aduana o a tasas reducidas. A esto se suma el aumento de las importaciones de trigo argentino, maíz y azúcar de caña brasileña, sin mencionar el etanol, mientras que los países del Mercosur ya están exportando la mayoría de los 40 millones de granos de soja comprados por los países europeos para complementar la alimentación de vacas lecheras, ganado vacuno y gallinas ponedoras en el territorio europeo.

Estos discursos alentaron a los terratenientes, privados de tierras nuevas para el cultivo de soja (entre otros), que prendieron fuego a vastas áreas de la Amazonía, que se ha convertido en un escándalo mundial.

Es para acelerar la tala de bosques primarios en el Amazonas que los incendios están aumentando en las últimas semanas en Brasil. Hay muchas razones para creer que las empresas exportadoras de agronegocios pagan a los incendiarios para “limpiar” la tierra antes de recuperar nuevas tierras. Los incendios forestales han aumentado un 83% desde principios de 2019 en Brasil en comparación con todo 2018. En los estados del país ocupados total o parcialmente por la selva amazónica, las autoridades brasileñas han registrado 13.628 incendios que comienzan desde principios de año, significa un aumento del 87% en todo 2018.

El miércoles pasado, en un video transmitido por Faceboock, el presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro dijo que “todo indica” que las ONG que impugnan su política van al Amazonas para “incendiarla”. Afirmó ver allí actos de venganza después de la eliminación de los subsidios a estas mismas ONG por parte del gobierno que estableció después de su elección. Ante la avalancha de protestas provocadas por esta acusación, dijo al día siguiente que su declaración del día anterior “no era una afirmación”, y agregó que había querido compartir sus “sospechas”. Pero se apresuró a agregar que el gobierno brasileño no podría extinguir los incendios en curso.

El 22 de agosto el investigador brasileño Paulo Mouthinho, especialista en la Amazonía responde a la Agencia France Presse (AFP) a la pregunta si la sequía era la causa principal de estos incendios. Respuesta: “La deforestación explica la mayoría de los incendios. Históricamente, están vinculados al avance de la deforestación, combinado con períodos de estación seca intensa. Pero en 2019 no tenemos una sequía tan severa como en años anteriores, sin embargo hay un aumento sustancial de incendios. Todo indica que la estación seca no es en absoluto el factor predominante. Si hubiera habido más sequía, hubiera sido mucho peor “.

Respondiendo a la segunda pregunta sobre el origen de estos incendios, Paulo Moutinho da los siguientes detalles: “Los incendios siempre son de origen humano, el fuego se utiliza para limpiar áreas deforestadas, para abrir caminos o para preparar tierras para cultura. La falta de prevención significa que estos incendios se extienden a áreas secas que no fueron destinadas a quemarse”.

Cuando se le preguntó si el nuevo equipo gobernante está promoviendo incendios para la limpieza masiva de la selva amazónica, el investigador dice: “No tengo ningún dato para responder a eso. Puedo decir que el problema es muy grave y que el gobierno debería lanzar una campaña para controlar y prevenir la deforestación. Esta progresión debe detenerse. La ocupación ilegal de tierras públicas significa un robo para todos los brasileños. En la mayoría de los casos, la deforestación permite especular revendiendo la tierra más tarde.

Así es como un acuerdo de libre comercio entre la Comisión Europea y los países del Mercosur discutido ahora en el G7 ya está produciendo múltiples efectos negativos incluso antes de que sea ratificado por los estados miembros de la Unión Europea ». Irlanda y Francia dijeron estar en contra la semana pasada.

Concluyendo: históricamente en el Amazonas los incendios están directamente relacionados con la deforestación porque es una de las técnicas para limpiar la tierra y transformar áreas forestales en áreas agrícolas y cría o limpieza de áreas previamente deforestadas. La deforestación en julio fue casi cuatro veces mayor en el mismo mes de 2018.

Jair Bolsonaro es el blanco de una avalancha de críticas de científicos, ONG conservacionistas en el Amazonas y poblaciones indígenas por su apoyo al desarrollo de la agricultura y la minería, especialmente en áreas protegidas.

Los dos principales contribuyentes al Fondo Amazonas, Noruega y Alemania, han suspendido recientemente sus subvenciones a este fondo para financiar la preservación del bosque, debido a las posiciones del presidente brasileño.

Los incendios son normalmente raros en la Amazonía debido a las condiciones húmedas que impiden que se disparen y se propaguen. Pero en unos pocos meses, se multiplicaron en los bosques de Brasil. Desde principios de 2019, los incendios han aumentado un 83% en comparación con el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

Entre enero y agosto de 2019 se registraron 72.843 incendios en el país, frente a 39.759 en todo 2018 reveló la organización que utiliza datos satelitales actualizados en tiempo real. Los incendios fueron más numerosos en los Estados ocupados total o parcialmente por la selva amazónica.

De hecho, los incendios se ven favorecidos por los claros de tala y quema utilizados para transformar áreas forestales en áreas de cultivos y ganado o para limpiar áreas ya deforestadas, generalmente durante la estación seca que termina en dos meses. Sin embargo, la tala ha experimentado un repunte dramático desde la elección del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro para aumentar el comercio mundial de Brasil.

Chubut en llamas

La intendente elegida por el voto popular y con ayuda de “La Cámpora” fue suspendida de su cargo al hacer abandono no sólo de su función y obligaciones sino al llevar al municipio capitalino al borde del desastre financiero. Ello derivó en el reclamo de los trabajadores municipales que aún no han cobrado el mes de junio. Kilómetros de basurales a cielo abierto rodean al pueblo de Rawson garantizando en un futuro muy cercano la proliferación de enfermedades producto de la contaminación provocada por el estado municipal.Quince candidatos a la intendencia tuvo la ciudad capital para estas últimas elecciones. La mayoría de ellos de extracción peronista. Partido – que en todas sus vertientes – ha gobernado el municipio desde el inicio de la constitucionalidad a la fecha, con sólo una excepción que no hizo la diferencia.

Los presos políticos de ayer son prisioneros de los museos hoy.
Pareciera que la memoria de muchos se remite sólo a gritar “presentes” en las nuevas prisiones que hoy llevan el nombre de museos.
Ni una sola mención hizo la burocracia sindical este 22 de agosto, a los presos políticos de hoy. Nunca mencionaron a Daniel Ruiz, por ejemplo. Ni una sola mención a la ley antiterrorista K. Continúan abusando del nombre de Santiago Maldonado sin hacer una sola referencia a las causas que lo llevaron a ser solidario con la nación mapuche mientras luchaba por la liberación del Lonko Facundo Jones Huala, preso político de los estados nacionalistas de Argentina y Chile.

La historia recortada. La manipulación burocrática en su salsa.
La Mesa de Unidad Sindical (MUS) está conformada casi en su totalidad por militantes nacionales y populares. El sector docente que la conforma, se encargó de obviar en las últimas PASO el estado deplorable de las escuelas garantizando de esta manera el normal desarrollo del circo electoralista. Personal de las fuerzas represivas “trapeaba” galerías ya que ese día también llovió dentro de las instituciones educativas.
Los operadores de la comunicación de las pautas oficiales hacen permanentes llamamientos a la “vocación de los docentes” demonizándolos porque se atreven a plantear las necesidades del sector que no son sólo salariales. Los sectores más demagógicos y empáticos con los aún más precarizados de a sociedad , esgrimen -“los docentes dejan a los niños sin comer, tienen que atender los comedores escolares”.

La escuela como sinónimo del guiso para los más pobres.
Ni una mención a los funcionarios y funcionarias y todo su ejército de soldados que desde que asumió el extinto Das Neves, saquearon la provincia de Chubut.
Mientras vociferaba la burocracia sindical citando a Jauretche, se desarrollaba a unas cuadras de allí, uno de los juicios más emblemáticos por la corrupción solapada del difunto y “sus jóvenes brillantes”.

La puta oligarquía que critican sólo cuando no se sienten pertenecientes a ella. Las causas conocidas como “EL EMBRUJO”,“REVELACIÖN”,“ ALBERTO VARGAS. reúne a la mayoría de la casta política desde el primer mandato del extinto. Se quedaron hasta con la comida donada para los perros ante la inclemencia climática de hace unos años en Comodoro Rivadavia.

Las coimas por “el retorno de la obra pública” y la generación de ñoquis vip y precarizados sumieron al estado provincial y municipal en una catástrofe similar a los años del “Chubutazo” y la gran crisis de fines de los años noventa y principios del dos mil. Por supuesto, todo ello en un contexto nacional en el que el empresario que no sabe ni leer y que conduce el país, castiga aún más a la provincia por el alineamiento del escribano Arcioni a la fórmula presidencial Fernández y Fernández.

Aunque las burocracias no cedieron un segundo de sus cinco minutos de gloria, se amplía el sector de trabajadores que intenta separarse de las mismas. El “COLECTIVO DOCENTE” que concentra trabajadorxs de la educación, se encuentra acampando hace casi 50 días afuera del Ministerio de Educación con temperaturas bajo cero lidiando no sólo con la casta política institucional sino también con la burocracia sindical que aún estando a media cuadra del acampe, les cierra las puertas del sindicato impidiéndoles de esta manera calentar agua y usar baños haciendo quelos derechos humanos del populismo valgan un slogan.

Con aciertos y desaciertos, este grupo humano de trabajadoras y trabajadores docentes enarbolan otra bandera que se pronuncia en contra de esta política de ajuste, no sólo porque entienden que plata hay para algunos (la policía de la provincia nunca dejó de percibir salarios) sino porque reconocen que esta forma de hacer política partidaria, es abrir las puertas abiertamente a la expoliación de nuestro sagrado territorio mediante la implementación de la megaminería como única salida.

“Luche. Luche. Luche y que se escuche”.
Y escucharon y vieron los y las adolescentes de un par de escuelas secundarias que tomaron la iniciativa y ocupan instituciones educativas en Trelew y Puerto Madryn. Sin partidos políticos. Sin sindicatos presentes. Con esta claridad han iniciado un camino que cosecha solidaridades y esperanza el presente.

-“Será que el camino está en las calles, no doy más” – expresaba una maestra que reconoció que a punto de jubilarse, es la primera vez en su vida, que hace una medida de fuerza.

“Luche. Luche. Luche y que se escuche.” El amigo viento desparrama el sonido para que esta lucha por la dignidad también se naturalice.

Maniobra del PRO para boicotear el sitio de Memoria de lxs pibxs

Por tanto, falta únicamente que se expida el oficialismo en la Ciudad. Mientras persiste en su silencio ante nosotrxs y la sociedad toda, los vecinos de Once corren peligro porque el sr Levy puede instalarse nuevamente con sus negocios que llevaron a la muerte. No se trata de que no sea importante que las victimas de masacres evitables puedan ser recordadas de diversas maneras, entre ellas los monumentos. Se trata del llamativo silencio del Pro ante nuestros proyectos, y ahora esta presentación que esperamos, no pretenda reemplazar el imprescindible espacio de memoria para que Nunca Más ocurra Cromañón, espacio que debe funcionar en el mismo boliche, por el mensaje que implica para las actuales y futuras generaciones. Tal como queda claro en la presentación de la diputada Victoria Roldán Méndez, evidentemente no hay — como se nos dijo- un problema presupuestario. El problema es de decisiones, de escucha, de respeto por la memoria. Los legisladores de la Ciudad tienen el deber histórico de generar condiciones para patrimonializar/expropiar el boliche. Por un sitio de memoria en el boliche Cromañón. /La memoria no se negocia, la memoria se construye colectivamente. LXS PIBES DE CROMAÑON PRESENTES.
movimiento.cromanon@gmail.com / T: MCromanon/FB: Movimiento Cromañon/ Ins: movimientocromañon

Buenos Aires 22 de Agosto de 2019

Podría convertirse en una figura destacada del eventual gobierno de Alberto Fernández

La impunidad en nuestro país se ha convertido en moneda corriente.

El sistema judicial, controlado por sectores adictos al poder político y económico, nos lo muestra a diario. Así es como los responsables de asesinatos atroces como los sucedidos el 26 de Junio del 2002 en Avellaneda, aún siguen en libertad, continúan actuando en política y son protegidos por jueces, fiscales y fueros parlamentarios. El manto encubridor que los cuida de la demanda de justicia que los sectores populares llevamos adelante, es un entramado transversal que traspasa las fronteras de los distintos sectores del oficialismo y la oposición. Es así que durante todo el gobierno kirchnerista y el macrista no han avanzado las causas que los involucran. Hablamos puntualmente de Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Oscar Rodriguez, Juan José Alvarez, Luis Genoud y otros miembros de los ejecutivos del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires durante el año 2002.

Es por esta impunidad que Alberto Fernández intenta imponer el olvido por sobre la memoria

Es por este encubrimiento que la impunidad protege a la impunidad. Solá fue Ministro de Agricultura en los ’90 durante el gobierno de Carlos Menem. En aquella oportunidad, su principal medida ejecutiva fue abrirle las puertas de nuestro país a Monsanto junto a su batería de agrotóxicos. Esta decisión generó numerosos perjuicios a lo largo y ancho de la Argentina. Al tiempo que se envenenó la tierra y a las personas, Monsanto y los especuladores financieros incrementaron abismalmente sus ganancias. Sin embargo, este no parece ser un impedimento para que Alberto Fernández lo sostenga como uno de sus principales voceros. Tampoco fue un obstáculo el haber formado parte en el 2002 del acuerdo entre su gobierno de la provincia de Buenos Aires y el nacional de Duhalde. En aquella oportunidad tomaron la decisión de reprimir con dureza la movilización de las familias desocupadas de los barrios. El reclamo era por la tremenda situación económica y social que azotaba a millones de trabajadores en nuestro país. La Policía Bonaerense, la Federal, Gendarmería y Prefectura fueron coordinadas por la ex SIDE. Asesinaron a Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki. Hirieron con munición de plomo a mas de treinta manifestantes. Cientos de detenidos y detenidas. Intentaron cubrir la responsabilidad gubernamental argumentando que nos habíamos matado entre nosotres. Los trabajadores de prensa sacaron a luz la realidad. Los policías bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alberto Acosta fueron detenidos y condenados a cadena perpetua por los asesinatos. Sin embargo, nunca se completó el círculo de la justicia, es decir se condenó a los responsables materiales de los crímenes y nunca se tocó a los políticos responsables que planificaron y dieron las órdenes desde el poder.

Le decimos a Alberto Fernández que no nombre a Felipe Solá, ni a ningún sospechado por sus responsabilidades políticas y penales en crímenes desde el Estado.

Los Asesinos de Ayer NO Pueden Ser Los Salvadores de Hoy.
Juicio y Cárcel para los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda.
Justicia para Darío y Maxi.
Por Justicia Completa.

COMISION INDEPENDIENTE JUSTICIA POR DARIO Y MAXI

Alberto Santillán (Padre de Darío), Leonardo y Javier Santillán (Hermanos de Darío), Mara Kosteki (hermana de Maximiliano). Paula Mercedes Alvarado (Abogada de Mara Kosteki y familia Santillán). FPDS (Frente Popular Darío Santillán), Movimiento de los Pueblos – FPDS CN (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional), MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril -, MTD Anibal Verón (Movimiento de Trabajadores Desocupados), FOL (Frente de organizaciones en Lucha), APDH La Matanza (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional). Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Red Internacional por la Libertad de todos los Presos Políticos del mundo y Justicia por Nuestros Mártires, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Emancipación Sur, Venceremos Partido de Trabajdorxs,

Adhieren:
Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA. Encuentro Militante Cachito Fukman. SERPAJ (Servicio Paz y Justicia). APEL (Asociación de Profesionales en Lucha). CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos). CMM (Colectivo Memoria Militante). CADHU (Centro de Abogadxs por los Derechos Humanos). Mutual Sentimiento. Comisión de Vecinos Justicia por Campomar. Colectivo Sanitario Andrés Carrasco. Oscar Castelnovo (Agencia Para la Libertad). ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social). CEIL (Coordinadora de Estudiantes Independientes en Lucha). H.I.J.O.S. Zona Oeste. ADEMyS (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior). CTA (Central de Trabajadores Argentinos) Autónoma de Lomas de Zamora. Defensoría de Género. Polo Obrero. MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) 12 de Abril. Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. CUBa MTR (Coordinadora de Unidad Barrial- Movimiento Teresa Rodríguez). Poder del Pueblo. Partido Obrero. PRML (Partido Revolucionario Marxista – Leninista). Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo). Corriente Social y Política Marabunta. Izquierda Socialista. Partido Guevarista. Convergencia Socialista La Verdad. PSTU (Partido Socialista de Trabajadores Unificado). MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) en el FIT-Unidad (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Convergencia Socialista de Combate. PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). AyL (Autodeterminación y Libertad).

«Política de Estado»

En nuestra región, sede de la jefatura política de la Policía Bonaerense, se han sucedido más de 600 casos de muertes a manos de las fuerzas represivas en el gobierno de Daniel Scioli, y más de 220 en la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, cuyo punto culmine son las masacre de Pergamino, San Miguel del Monte y Esteban Echeverría. Llamamos a los familiares de las víctimas a organizarse para seguir reclamando justicia y denunciar la responsabilidad política de los gobernantes en estos crímenes de Estado. En La Plata marcharemos para decir: Basta de gatillo fácil/Ni unx pibx menos. Ni una bala más. El estado es responsable/Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención/Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas./ Trabajar no es delito. Basta de represión a manterxs, vendedores ambulantxs y artesanxs. Fuera la policía de nuestras plazas./ Libertad a lxs presxs por luchar./ No a la reforma del código penal y la implantación de la “doctrina Chocobar”.

La crisis y las víctimas del sistema penal que nadie quiere ver

En diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, 50.500. Este es un nuevo récord y la tasa de prisionización también es la más alta de la historia. El correlato directo de esta política criminal es el sobre-encarcelamiento: la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%; es decir, personas que duermen en el suelo o se turnan para dormir.

A su vez, la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención generan condiciones de posibilidad para las violaciones a los derechos humanos en el encierro. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político. En 2018, a partir de las entrevistas que se realizan durante las inspecciones a los lugares de encierro o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó 12.421 hechos de tortura.
Estas políticas de mano dura que, supuestamente, solucionarían los problemas de seguridad pública siguen demostrando su fracaso año tras año. El único resultado que dejan es la consolidación del sistema de la crueldad: una forma de gobierno de las poblaciones más vulnerable — pues la mayoría de las víctimas son pobres, acusados de delitos menores e, incluso, falsamente acusados—que naturaliza la violencia estatal y la muerte.
Las masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de esos resultados que se pretenden mostrar: primero fue Pergamino, después Esteban Echeverría y hace pocos meses, Monte. Pero estos no son hechos aislados: son la consecuencia de una política que asume la muerte como resultado esperable. Sólo durante 2018, 339 personas murieron bajo custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes.

Otras 120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario de servicio. La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como femicidio.

En el contexto de esta crisis estructural del sistema penal, y como ocurre cada año desde el 2004, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe anual. El sistema de la crueldad XIII sobre lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires.
La presentación será este miércoles 21 de agosto a las 10 horas en el Anexo de la Cámara de Senadores, avenida 7 esquina 49, La Plata. El acto público ocurrirá, a su vez, en el marco de una jornada con mesas de trabajo y reflexión de la que participaran educadores bonaerenses, integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, y trabajadores y trabajadores de organismos que gestionan acervos documentales sobre el pasado reciente.
Entre las actividades programadas, a las 14 horas en el auditorio de la CPM (calle 54 Nº 487), Mariana Franco presenta su libro El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos. A esa misma hora, en la sala Hugo Cañón de la CPM, se realiza la mesa de trabajo “Archivos y justicia. Preservación de la memoria”.

Al mismo tiempo, en el Salón de los espejos de la Facultad de Derecho de la UNLP, se desarrollará el “Espacio de formación: monitoreo territorial de la violencia policial” con la participación de integrantes de la Red familiares de la CPM. Y en el edificio Karakachoff de la UNLP las mesas de trabajo sobre “Escuela: juventudes, género y exclusión”, “Trabajo, economía y sociedad” y “Derecho a un ambiente digno” con la participación de coordinadores que participan del programa Jóvenes y Memoria.

Por último, a partir de las 17:30 horas, los participantes podrán recorrer en el museo de la CPM (calle 9 Nº 984) la muestra multimedia Encierro, una exposición que, desde distintas miradas y registro, pretende formar un relato sobre las cárceles y las personas que las habitan. La muestra está integrada por el registro de las inspecciones de la CPM, la obra de destacados fotógrafos y fotógrafas, y poemas, imágenes y objetos de personas que estuvieron detenidas o de sus familiares.

La presentación del décimo tercer informe se realiza, además, en el marco de los 20 años de la CPM. Desde el 2002, el organismo despliega tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, y de las políticas de seguridad, niñez y salud mental. En todos estos años, la CPM realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos, y presentó 45 mil expedientes judiciales por torturas y otros tratos inhumanos o degradantes.

Ese trabajo sistemático realizado durante estos años convirtió, de hecho, a la CPM en el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos degradantes. La autonomía del organismo respecto de los poderes políticos de turno ha constituido un rasgo fundamental para el desarrollo y la consolidación de este trabajo.