El penal de Chimbas, en la provincia de San Juan, fue allanado recientemente a pedido de la fiscal federal Katia Troncoso Muñoz, con el objeto de recabar elementos de prueba en la investigación de la golpiza a la que fue sometido el 25 de junio pasado el detenido Federico Elías Fernández Santa Lucía, de 29 años, a raíz de lo cual aún continúa internado.
En el caso resulta singular la actuación del Servicio Peninteciario provincial, que demoró el traslado de la víctima a un centro de salud pese a las recomendaciones médicas y a la orden judicial para que lo hiciera de inmediato. Además, el hecho ocurrió en el mismo penal donde estaban alojados los militares Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes se fugaron del Hospital Militar Central de Buenos Aires luego de obtener la autorización judicial para recibir atención de médicos psiquiatras y dermatólogos a más de mil kilómetros del lugar donde debían cumplir la condena. Tanto en el caso de Fernández Santa Lucía como en el de los militares intervino en el mismo juez, Leopoldo Rago Gallo.
En el allanamiento a la cárcel provincial participó la fiscal Troncoso Muñoz con la asistencia de la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad federal que por el momento custodia de la víctima. La fiscal, que tiene a su cargo la instrucción de la causa, solicitó en este caso asistencia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional.
Durante el procedimiento fue secuestrada documentación, que está en análisis, aunque se dejó trascender que permitiría precisar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del personal penitenciario en los hechos que tuvieron como víctima a Fernández Santa Lucía y abrir el camino a la solicitud de nuevas medidas probatorias.
Al momento de la agresión, el joven interno se encontraba detenido en la Unidad 2 del Complejo Penitenciario de San Juan, ubicado en la localidad de Chimbas, a disposición del juez federal Rago Gallo y de la justicia ordinaria de esa provincia.
Fernández Santa Lucía fue brutalmente golpeado dentro del penal y debido a la falta de atención médica adecuada sufrió un cuadro de meningitis por infección cerebral a raíz de la contaminación que le causó la introducción en el cráneo de un elemento filoso, presuntamente oxidado. El primer pronóstico médico indicó la posibilidad de que la víctima perdiera la visión y le fuera muy dificíl recuperarse.
Después de la golpiza, el interno estuvo alojado más de tres días en el penal, pese a la recomendación del médico penitenciario Zapata Gómez, a cargo de la División Sanidad del penal, para que fuera derivado rápidamente a un hospital fuera de la cárcel. De acuerdo con ese primer diagnóstico, Fernández Santa Lucía presentaba una alteración neurológica post traumática y requería la atención de un especialista, pero esa prescripción médica no se cumplió.
Por esa razón, el padre de la víctima interpuso un habeas corpus correctivo con el patrocinio del defensor público Horacio Garcete. Ello derivó en la orden del juez para que la víctima fuera trasladada. Pero esa disposición tampoco fue acatada de inmediato por el Servicio Penitenciario. El 28 de junio, tres días después de la agresión, el joven seguía en el penal.
Pero una vez que se logró su internación en el Hospital Guillermo Rawson de San Juan, Fernández Santa Lucía fue retirado por personal penitenciario días después, el 8 de julio pasado, sin orden judicial y sin el alta médica, y reingresado al penal de Chimbas. El traslado se produjo en un móvil no acondicionado para personas convalecientes, sin asistencia médica, con la herida de la cabeza sangrante y en un estado de aparente semiconsciencia, dado que minutos antes la víctima no había podido reconocer a su madre.
Ante ese reingreso a la cárcel, el defensor y la fiscal interpusieron otro habeas corpus en resguardo de la integridad de Fernández Santa Lucía y denunciaron penalmente a los funcionarios del Servicio Penitenciario. El juez hizo lugar y actualmente el joven se recupera en otro centro de salud, custodiado por la Gendarmería Nacional.
La causa que se abrió a partir de esta denuncia fue delegada por el juez Rago Gallo en la fiscal Troncoso Muñoz. Es en el marco de este expediente que la representante del Ministerio Público requirió el allanamiento al penal de Chimbas.
Roberto Cipriano García
Procuraduria de Violencia Institucional