El 4 de diciembre del 2006, el pueblo de Corral de Bustos, salió a la calle, hartos de tanta injusticia e impunidad (llevaban más de dieciocho crímenes sin resolver), tras el asesinato de una nena, Ariana Falache. se convocaron en la plaza (frente a los tribunales locales) exigiendo la presencia de alguna autoridad del poder judicial, que les diera una respuesta válida. Ante la negativa de los funcionarios, en dar explicaciones, y al ver llegar la guardia de infantería, como única respuesta, la gente se indignó, y el resultado fue el incendio del juzgado, el auto del juez quemado, y varios policías y vecinos heridos.La única medida que toma el poder judicial y el poder político, es la represión, y comienzan una verdadera cacería de brujas, que tuvo como resultado más de cuarenta detenidos, quedando imputadas treinta y cuatro personas.Así comienza a armarse esta causa, cargada de irregularidades, como que el fiscal a cargo nunca estuvo en el lugar del hecho. Se permitió remover todo el lugar quemado, y sus restos, sin la realización de pericia alguna. Se imputó a varios de los detenidos, la fabricación de bombas, logrando así tenerlos por más de un año, privados de su libertad. Luego la justicia provincial sobresee a los imputados por delitos federales, quienes no obstante, permanecieron en la causa sin ser indagados por un nuevo hecho, y así llegaron al juicio. Se perdieron videos de prueba, por parte de tribunales, sin haber iniciado gestión alguna para esclarecer dichas pérdidas. Una de las pruebas más importantes que tienen, es una botella de plástico, con combustible, que un policía encontró adentro de un vehículo completamente quemado.¿ Cómo hizo esta botella para no quemarse en medio de tanto fuego ? Falta aclarar que cuando el policía, Bustos Martín David (con frondosos antecedentes, como ellos dicen ), el auto estaba en el patio de la comisaría, y no en el lugar del hecho, cuando este policía la encuentra.Estas son sólo algunas de las muchísimas irregularidades de la causa.Luego de un intrincado recorrido judicial , llega el juicio, donde fueron condenados por la cámara del crimen de Bell Ville. Karina Marcela Ripoll (enfermera), fue declarada responsable del delito de daño calificado, y condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Pedro Nicolas Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero), y Julio César Suarez ( empleado de comercio) fueron encontrados coautores penalmente responsable del delito de daño calificado,y recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional. Mientras Hugo Daniel Dobba (jornalero), fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional, y 18 acusados fueron absueltos.A Víctor Barbero (abogado), y a Omar Pasquini (periodista) a la pena de siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los tribunales. A Rubén Omar Astudillo (maestro pastelero), y Juan José Guayanes (albañil), a cinco años de prisión efectiva por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio. A Juan Marcelo Farias (jornalero), y Horacio Esteban Guayanes (albañil) por el delito de incendio, a cinco años de prisión efectiva.Estas son condenas ejemplificadoras, para que nunca más nadie se atreva a cuestionar al poder judicial.Ellos están detenidos en el penal de Villa María, Córdoba, una de las peores cárceles del país. Donde tienen que trabajar, como Horacio Guayanes, por dos pesos diarios, y que el día diez de abril se cayó de tres metros de altura, de un andamio, haciendo trabajos de albañilería, o como Marcelo Farías que cose pelotas por tres pesos con cincuenta. Aquí los derechos de los trabajadores no existen. Cuantos días deben trabajar para comprar un paquete de yerba. Esto es esclavitud en manos del estado.Fueron condenados injustamente, mientras el estado queda completamente impune de sus crímenes.
 
Libertad a los compañeros !!!
A.R.