Las tareas llevadas a cabo en esta evaluación arrojaron una situación “muy grave”, según el resultado del recorrido al que acompañaron los fiscales federales: Patricio Sabadini, Diego Vigay y Carlos Amad, junto con organismos de derechos Humanos y también el presidente del Comité Contra la Tortura, Mario Bosch.Córdoba estuvo hoy presente en el último día del juicio contra el ex capitán Norberto Tozzo, y allí comentó que en la U7 “no hay derecho humano que no se viole”.El referente de la Procuraduría narró que todo comienza desde el gobierno mismo de la institución, con las políticas de la cárcel, pasando por la infraestructura, “obsoleta”, que condicionan la permanencia de las personas. Pero también mencionó la desatención médica, y algunos casos referidos a golpes por situaciones violentas dentro de la unidad. Todo relacionado con un mal funcionamiento del sistema judicial, porque “vamos a objetar que a más de mil kilómetros de donde está el juez de ejecución, se tenga a los detenidos, lo que significa en sí mismo un castigo, porque los detenidos no tienen acceso a los familiares, a ser asistido por sus abogados, ni tienen modo de peticionar al juez”, explicó en relación a aquellos provenientes de Buenos Aires.También expresó que hay personas condenadas y otras que están en proceso, pero destacó la gran cantidad de personas del Gran Buenos Aires que están allí.Ahora “analizamos el material que vimos en el lugar y vamos a hacer el planteo de la vulneración de derecho que implique el riesgo para la salud y la vida y luego, en unos días más, veremos qué medidas tomar. Pero la política del Ministerio Público Fiscal es empezar a inspeccionar las cárceles y gestionar para que la situación se revierta”, finalizó.