(APL) “En este último año también se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 de esas muertes fueron en cárceles; es decir, más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad y el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes”. Así lo afirma la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que presentó en el anexo del Senado bonaerense su undécimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad. El informe constata, una vez más, el fracaso de las políticas punitivistas que todas las gestiones han sostenido y profundizado, y que llevaron al actual colapso del sistema penal. “La Comisión viene trabajando desde hace años con las víctimas de la violencia institucional porque el dolor que ellos sufren y los crímenes que ellos viven no pueden seguir sucediendo”, dijo el copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Frente a este escenario, el organismo vuelve a reiterar la urgencia de tomar medidas que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos; entre ellas, el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo de prevención de la tortura, tal como lo estipula el protocolo de la ONU.

Hoy,lunes 4 de septiembre, está prevista una requisa general en uno de los pabellones de la Unidad N°31, de Florencio Varela. La misma está pensaba con el propósito de romper aquel pabellón donde convive la población universitaria de esta unidad. El personal ya está avisado y preparado para la operación, a primera hora avanzarán sobre este grupo para dividirlos y trasladarlos por distintas unidades de la Provincia. Hace tiempo que el Servicio Penitenciario ha comenzado a avanzar sobre la población universitaria en general, y sobre los Centros de Estudiantes Universitarios en particular. Esto sucede por un motivo: los mismos, semilleros y motor de organización, vienen siendo la vanguardia de la lucha por los derechos de los estudiantes privados de su libertad, pero sobre todo, de la población total de los penales. Por esto entendemos que, de alguna manera, romper con estos espacios es avanzar sobre los derechos de todas las personas privadas de su libertad.

(APL) La tensión partió el aire cuando las madres de los pibes asesinados insultaron a los policías con toda la rabia que exteriorizaban sus rostros, desencajados, ante la Comisaría 1°. “Hijos de puta, ustedes los mataron: Asesinos, basuras, cobardes!”. Una valla de hierro las separaba de los uniformados. El jefe del Operativo ordenó prepararse y los efectivos cambiaron sus gorras por cascos, descendieron de la vereda al asfalto, se formaron uno junto al otro con los escudos al tiempo que amenazaron con reprimir. Ellas estaban acompañadas , en la cabecera, por Roberto Cipriano García y Sandra Raggio – de la Comisión Provincial por la Memoria-, más de 20 madres cuyos hijos sucumbieron bajo las balas policiales en Capital y Conurbano y un centenar de perganinenses, en su mayoría jóvenes. En 6 meses de tormento y rebeldia para estos familiares, los habitantes de una de las tierras más ricas de la Argentina mostraron indiferencia; hostilidad manifiesta con dos marchas en favor de los policías, agravios en las redes, como “7 chorros menos”; y -claro está – , la dignidad de quienes las rodearon de solidaridad y jamás las dejaron solas: “Ay policía qué vida elegiste vos/ Matar a la gente pobre es tu profesión/ Ya vas a ver/En el fuego que no apagaste vos vas a arder/El pueblo habló/ no a la domiciliaria/Sí a la prisión”, entonó el gentío a escasos metros de los represores de La Bonaerense, mientras agitaban una enorme bandera con los rostros y nombres de Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Claros, Juan Cabrera y Fernando Latorre. A la vez, la aparición con vida de Santiago Maldonado estuvo presente a la largo de toda la jornada en la que la CPM realizo talleres con decenas de integrantes de la Red de Familiares en la Universidad Nacional de Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Para acompañar el reclamo de justicia de las familias de los 7 jóvenes asesinados hace seis meses en la masacre de la comisaría 1ª, la Comisión por la Memoria (CPM) realizará en Pergamino el IV Encuentro de capacitación de familiares víctimas. La agenda incluye talleres de evaluación de las acciones realizadas por las organizaciones que integran la RED, y talleres de formación para profundizar los desafíos contra la violencia policial o penitenciaria. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), Monteagudo 2772, desde las 9 hs. A las 16 horas los familiares convocan a concentrar en Plaza Merced y movilizar por las calles de la ciudad para reclamar “justicia por los 7”.

Un día antes de cumplirse el mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el pueblo de 25 de Mayo acompañó a la familia en el reclamo urgente y unánime: “Aparición con vida ya”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viajó hasta la ciudad natal de Santiago a reunirse con sus padres, hermanos y familiares. “Estamos aquí para pedir que Santiago aparezca y para exigir que el Estado deje de mentir y encubrir la desaparición forzada”, señaló el presidente de la CPM Adolfo Pérez durante la charla abierta realizada antes de la movilización.

(APL) Hace un mes y medio que el buque pesquero con puerto de asiento en Mar del Plata “EL REPUNTE se hundió a unos 65 kilómetros al noreste de Rawson, cuando navegaba hacia la zona de pesca de langostinos. El 17 de junio de 2017, a las 9:36 horas, el capitán lanzó un pedido de auxilio, había a bordo 12 tripulantes, de los cuales solo 2 fueron rescatados con vida, 3 de ellos fueron encontrado muertos y 7 continúan desaparecidos. Nadie duda que las condiciones de precariedad, por la falta de mantenimiento, fueron las causas de dicho naufragio. Bajo la consigna NI UN HUNDIMIENTO MAS, los familiares, amigos y trabajadores de El Repunte vienen denunciando en cada espacio en que se les permite hablar, la responsabilidad, tanto de los dueños de los barcos como de los gobiernos de turno, por la falta de control en la seguridad de los barcos y en mucho casos, la sospecha de complicidad de funcionarios estatales, que ha provocado 4 hundimientos en un año y 16 vidas perdidas, la mayoría de ellas Marplatenses.