Pena de muerte en las cárceles

Estos aniquilamientos se suman a la lista de personas abandonadas por el estado en lo que va del año: El siete de enero, muere Vaquel Abel Ezequiel a los treinta y siete años, en la prisión de Cruz del Eje. Tenía hipertensión y convulsiones, no tenía la atención médica necesaria.

En febrero, el dos, muere Elsa Patricia Medina a los sesenta y dos años, en la cárcel de Bouwer. Elsa tenía diabetes, una enfermedad crónica de esas que en las cárceles se vuelven mortales. No tuvo atención médica.

El veinte de febrero, en Bouwer, pierde su vida un pibe de veintiséis años, Luis Alberto Guevara. Luis tenía toxoplasmosis desde que nació. Estaba esperando un trasplante de hígado. No le permitieron recibir la medicación que llevaba la familia, y nunca lo atendió un médico. Hacía dos meses que estaba detenido.

El veintisiete de febrero en Cruz del Eje, en el módulo dos, Pedro Ramón González, de sesenta y seis años. Pedro se cayó de la última cucheta (nichos) de arriba, dos metros. Se golpeó la cabeza y el cuello, pero en ese penal falta hasta un collarín. Murió de pobre, murió de cárcel.
También en febrero muere un pibe de tuberculosis, Franco (falta completar datos). En Cruz del Eje hubo epidemia de tuberculosis.
El seis de mayo, pierde la vida María del Carmen Oviedo, de sesenta años, detenida en Bouwer en el pabellón D1, alojada en el mismo pabellón que Elsa Medina, y también como a Elsa le faltó atención médica. Desde las tres de la mañana sus compañeras reclamaban que la atendieran, recién a las siete y media de la mañana la llevaron a enfermería, y allí quedó. El personal de salud del servicio penitenciario no pudo interpretar su fuerte dolor de pecho, espalda, dorsalgia, como síntoma de un infarto. Carmen murió esperando el traslado a un hospital. La llevaron al hospital Misericordia cuando ya estaba muerta, igual que a Elsa Medina.

Ya son ocho personas muertas, este año, en las cárceles de Córdoba por falta de una atención médica adecuada. A las familias sólo les han devuelto los cuerpos. La provincia se deslinda de cualquier responsabilidad.

La salud dentro de las unidades penitenciarias debe depender del ministerio de salud.

Considero que se debería rever la función de lxs médicxs dentro de los diferentes contextos de encierro.
Lxs médicxs están muy ocupadxs jugando un rol de cuidadores de la seguridad.
Ellxs son quienes recetan las medidas de sujeción.
A un alto porcentaje de la población carcelaria, les administran psicofármacos, la mayoría toma los mismos y a la misma hora, todxs tienen la misma patología. A algunxs pacientes les tocar recibir un cóctel inyectable, un chaleco químico, que los dejan completamente drogadxs, no hacen nada en todo el día, sólo deambulan en los pabellones o en los calabozos. Estos psicofármacos tienen un alto grado de adicción.

Da la impresión que el estado sólo te ofrece drogas, de las legales y de las otras. Nunca faltan.

Estxs facultativxs también firman la prescripción de cuántas horas o días debe estar estaqueada una persona, amarrando sus extremidades en las camas de sujeción. ¿Cuál es el propósito? Hasta que sane? Habría que preguntarse si la tortura sana o enferma mucho más.

Otra ocupación de este personal de salud son las actas médicas falsas. Ante marcados indicios de tortura, sólo ponen: Muerte por paro cardiorespiratorio. O suicidio, como fueron los casos de Vanesa Castaño, y de Roberto Irusta, que tenían sus cuerpos con muchas marcas de torturas.

Si esa es la tarea que les designa el servicio penitenciario, y el ministerio de justicia y derechos humanos, considero que sería conveniente cambiar de ministerio. Que dependan del ministerio de salud.
Sin dudas es imprescindible la prevención integral, que debe comenzar por una buena alimentación, un espacio digno de alojamiento, donde puedan caminar todos los días, y no sólo una hora a la semana como sucede en algunas cárceles. La atención de profesionales, especialistas, y sobre todo la asistencia. Que no falte la medicación, la única que jamás falta son los psicofármacos!

Las personas privadas de su libertad, no sólo salen sin dientes (los arreglos no existen), sin ver bien, pierden mucho la visión, y es difícil conseguir que te hagan los anteojos, sino que salen con enfermedades que han adquirido en la prisión, como es el caso de la tuberculosis.

Deberían realizar un examen de baciloscopia a toda la población, la implementación de un mecanismo de detección de casos para diagnóstico de TBC por medio de radiografía de tórax y presencia de agente de salud que recorra los pabellones, de esta manera se evitarían las epidemias como las sucedidas en Cruz del Eje.

A este registro se suman las muertes nominadas por el estado como “suicidios”:
Butassi Luciano Nelson, el dieciséis de enero en tribunales de Río Tercero.
Janet López, el veintidós de febrero, en Bouwer.
Elisa Vanesa Castaño, treinta y cuatro años, Bouwer.
Rivero Milton César, Bouwer, MD1 pabellón A3.

Y las muertes violentas de Roberto Enrique Boj, el siete de febrero, en Cruz del Eje, en el horario de visita, delante de la guardia.
El veintiuno de marzo es apuñalado Matías Cardozo, de veintiséis años, en un pabellón de aislamiento de Cruz del Eje.

Las cárceles producen más muertes de las que previenen!!!

El campo de concentración de Cruz del Eje

Los pibes que están allí están pidiendo agua, colchón, que los saquen al baño, un poco de agua caliente para un mate. No piden la libertad, ni conocer a la jueza, o al asesxr letradx. No piden por sus derechos. Sólo piden agua, un colchón, ir al baño, y poder tomar algo caliente. Sólo piden que los dejen de torturar!!! Si, no sólo la picana eléctrica es tortura, esto también lo es!

Esto se da porque los espacios de castigo están abarrotados. Les falta espacio para más tortura, las camas de sujeción están “ocupadas” permanentemente, los verdugos deben esperar turno! También por esto van a parar al patio, como otro método de tormentos!!!

El poder judicial, uno de los principales responsables, hace su parte mediante el abuso de la prisión preventiva. Alrededor del sesenta por ciento de los hombres tiene prisión preventiva, y con las mujeres sube ese porcentaje al ochenta por ciento. Lxs juezxs de ejecución se desentienden de la situación, ignorando su función, se olvidan de las personas bajo su protección. No garantizan absolutamente nada, ni alimentación, ni educación, ni salud. Ni las relaciones familiares y sociales, porque permiten el nuevo régimen de visitas que exige familiar directo y sin antecedentes. Ni la vida garantizan.
Lxs asesores letradxs están abarrotadxs de personas a defender. Hay personas que después de dos años de encierro, nunca tuvieron una entrevista con la asesoría letrada que le designaron.

En el invierno del dos mil dieciséis hubo una epidemia de tuberculosis, en el pabellón C2 del módulo dos. Fue resultado de ingresar una persona con tuberculosis en el período de latencia, cuando más contagia, al pabellón. Terminaron infectandose cuatro personas más. Diría que hay resistencia a vacunar a las personas encerradas, pensaría que piensan que no van a salir en libertad nunca más. Pero si no hay una política de salud para las personas privadas de su libertad, que las haya para la población en general. Que puede suceder con semejante cantidad de personas encerradas en espacios tan reducidos?!!!

A la sociedad también me dirijo, pidiendo que no sean indiferentes, que el estado sólo puede maltratar, torturar y asesinar, sólo si nosotrxs lo permitimos!!! No sólo el servicio penitenciario martiriza, cuando tienen a una persona en semejante situación, es todo el estado el que tortura!!! El servicio penitenciario recibe órdenes de las autoridades, de los tomadores de decisión.
Ni una persona más encerrada en condiciones de ilegalidad!!! Cuando no se respetan las leyes, los tratados internacionales, ni la constitución, las cárceles pasan a ser meros centros de detención clandestinos.

María del Carmen Oviedo (60) fue asesinada por el Estado. Grecia Gómez (22) perdió su embarazo por abandono de persona

El viernes once de mayo, Grecia Catalina Gómez, de veintidós años, está detenida hace dos meses, su causa en la fiscalía 4 Turno 3. Estaba con un embarazo de cuatro meses, pide ayuda por comenzar con contracciones, y tener perdidas, solo le brindaron un termómetro para que se controlara la fiebre. Recién cuando la ven mal, la trasladan al hospital Misericordia, le realizan estudios, pero no la dejan internada como medida preventiva. Ya en Bouwer los dolores continúan y la sacan a la maternidad provincial, tampoco allí la dejan, es nuevamente ingresada al pabellón C2 de Bouwer. Cuando llegó fue al baño porque tenía fuerte retortijones, y allí despidió el feto, ella lo sacó del inodoro. No es el primer embarazo que se pierde este año.

Me pregunto si la formación del lxs médicxs de las cárceles se basan en saber aplicar bien, las medidas de sujeción, es su especialidad.

Lo que más recetan son horas o días en las camas de sujeción, atadas de pies y manos. También los chalecos químicos, que son pichicatas de un puré de psicofármacos, aplicación abusiva de medicación. Parece que la política es mantener la mayor cantidad de personas posible medicadas, dopadas. Estas drogas que crean fuerte adicciones, sobre todo si estás en el encierro.

Para todas las personas que están bajo “tratamiento”, los medicamentos, las dosis, y el horario, es el mismo. Es la fórmula recomendada para que no molesten. Los psicotrópicos son los únicos medicamentos que nunca faltan. En la mayoría de los casos la medicalización no se condice con ningún diagnóstico de salud mental.
Me preocupa, que algunos medios se hagan eco de la desinformación que brinda el estado por medio del servicio penitenciario, y del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque con esa mala información se queda la ciudadanía.
El estado debería tener la obligación de informar las muertes que produce. Aunque creo que teme nos demos cuenta que produce más muertes de las que previene.

La situación de la cárceles en Córdoba tiene sus responsables

El funcionamiento del poder judicial actúa en plena convivencia con los otros poderes del Estado. Lxs magistradxs son parte de este entramado que llamamos estafa. Porque la decisiones en materia de “seguridad” y “política criminal” acarrean como consecuencia directa:
la criminalización de lxs pobres, la sobrepoblación carcelaria (hacen uso y abuso de la prisión preventiva, seis de cada diez personas están sin condena), el hacinamiento, las personas presas NO tienen los medios suficientes para poder dar con quienes son responsables de sus causas, NO acceden realmente a su derecho de defensa, sino hasta que a una Fiscalía se le ocurre citarlx a declarar, recién ahí interviene efectivamente su defensa (esto se debe entre otras cosas, a que la cantidad de asesorxs letradxs del Estado son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas).
Es decir, que la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa, presxs sin D.N.I, falta de infraestructura, negación de derechos básicos de acceso al sistema de salud, educación, trabajo, regímenes de tortura, aislamientos arbitrarios.

Lo enunciado y muchos otros factores dan como resultado muertes en manos de un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas que debieran ser garantizadas, violando así los tratados internacionales por los Derechos Humanos.
Por ello creemos que es de SUMA URGENCIA llevar a cabo acciones que no solo visibilicen las problemáticas en contextos de encierro, sino también para que lxs responsables accionen frente a las demandas de forma concreta e inmediata.

•Creación del Mecanismo provincial contra la prevención de la tortura en Córdoba.

. Abolición inmediata de las celdas de aislamiento, llamadas buzones o calabozos. Sabemos que la cuarta parte de los “suicidios” se produce los lugares de aislamiento.

•Abolición inmediata de las medidas de sujeción.

• Que el acceso al sistema de salud no sea un privilegio, es un DERECHO.
Que se garantice un mínimo de especialistas de la salud por cantidad de personas.

• Vigencia real del Derecho de Defensa para las personas presas, desde el primer instante en el que son encerradas.

• Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulnera los derechos elementales. Que se restablezca la visita general.

• Que la visita íntima no sea un privilegio, es un DERECHO.

• Que el acceso a la educación no sea un privilegio, es un DERECHO.

• Que se cumpla la Ley 24. 660, acceso al salario y derechos laborales de las personas que están en contexto de encierro.

• Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.

BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN LASRCELES
FAMILIARES DE PRESXS
EX PRESXS
PERSONAS AUTOCONVOCADAS
AUTOCONVOCADXS ANTICARCELARIXSRDOBA
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La situación de la cárceles en Córdoba tiene sus responsables

El funcionamiento del poder judicial actúa en plena convivencia con los otros poderes del Estado. Lxs magistradxs son parte de este entramado que llamamos estafa. Porque la decisiones en materia de “seguridad” y “política criminal” acarrean como consecuencia directa:
la criminalización de lxs pobres, la sobrepoblación carcelaria (hacen uso y abuso de la prisión preventiva, seis de cada diez personas están sin condena), el hacinamiento, las personas presas NO tienen los medios suficientes para poder dar con quienes son responsables de sus causas, NO acceden realmente a su derecho de defensa, sino hasta que a una Fiscalía se le ocurre citarlx a declarar, recién ahí interviene efectivamente su defensa (esto se debe entre otras cosas, a que la cantidad de asesorxs letradxs del Estado son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas).
Es decir, que la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa, presxs sin D.N.I, falta de infraestructura, negación de derechos básicos de acceso al sistema de salud, educación, trabajo, regímenes de tortura, aislamientos arbitrarios.

Lo enunciado y muchos otros factores dan como resultado muertes en manos de un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas que debieran ser garantizadas, violando así los tratados internacionales por los Derechos Humanos.
Por ello creemos que es de SUMA URGENCIA llevar a cabo acciones que no solo visibilicen las problemáticas en contextos de encierro, sino también para que lxs responsables accionen frente a las demandas de forma concreta e inmediata.

•Creación del Mecanismo provincial contra la prevención de la tortura en Córdoba.

. Abolición inmediata de las celdas de aislamiento, llamadas buzones o calabozos. Sabemos que la cuarta parte de los “suicidios” se produce los lugares de aislamiento.

•Abolición inmediata de las medidas de sujeción.

• Que el acceso al sistema de salud no sea un privilegio, es un DERECHO.
Que se garantice un mínimo de especialistas de la salud por cantidad de personas.

• Vigencia real del Derecho de Defensa para las personas presas, desde el primer instante en el que son encerradas.

• Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulnera los derechos elementales. Que se restablezca la visita general.

• Que la visita íntima no sea un privilegio, es un DERECHO.

• Que el acceso a la educación no sea un privilegio, es un DERECHO.

• Que se cumpla la Ley 24. 660, acceso al salario y derechos laborales de las personas que están en contexto de encierro.

• Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.

BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN LASRCELES
FAMILIARES DE PRESXS
EX PRESXS
PERSONAS AUTOCONVOCADAS
AUTOCONVOCADXS ANTICARCELARIXSRDOBA
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La máquina de matar

El siete de enero, muere Vaquel Abel Ezequiel a los treinta y siete años, en la prisión de Cruz del Eje. Tenía hipertensión y convulsiones, no tenía la atención médica necesaria.

El dieciséis de enero aparece “suicidado” Luciano Nelson Butassi en los calabozos de tribunales de Río Tercero. Fué detenido por violencia de género, pero cuando fueron a detenerlo, la primera vez, huyó llevándose el arma del policía y el patrullero.

El siete de febrero, en Cruz del Eje, muere Enrique Roberto Boj, de treinta y siete años. Recibió un puntazo en el salón de visita, el treinta y uno de enero.

En febrero, el dos, muere Elsa Patricia Medina a los sesenta y dos años, en la cárcel de Bouwer. Elsa tenía diabetes, una enfermedad crónica de esas que en las cárceles se vuelven mortales. No tuvo atención médica.

El veinte de febrero, en Bouwer, pierde su vida un pibe de veintiséis años, Luis Alberto Guevara. Luis tenía toxoplasmosis desde que nació. Estaba esperando un trasplante de hígado. No le permitieron recibir la medicación que llevaba la familia, y nunca lo atendió un médico.

El veintidós de febrero, en Bouwer aparece “suicidada” Rosel Janet López de treinta años. Las testigos de cómo la golpearon, fueron sancionadas, una con traslado, otra con días de cama de sujeción y aislamiento. El servicio penitenciario se esforzó para borrar evidencias.

El veintisiete de febrero en Cruz del Eje, en el módulo dos, Pedro Ramón González, de sesenta y seis años. Pedro se cayó de la última cucheta (nichos) de arriba, dos metros. Se golpeó la cabeza y el cuello, pero en ese penal falta hasta un collarín. Murió de pobre, murió de cárcel.

También en febrero muere un pibe de tuberculosis, falta completar datos. En Cruz del Eje hay epidemia de tuberculosis.

En marzo, el diecisiete, encuentran otra mujer “suicidada” en Bouwer, Elisa Vanesa Castaño de treinta y cuatro años.

El veintiuno de marzo, en Cruz del Eje, pabellón A1 del módulo uno, pierde su vida Matías Cardozo a los veintiséis años.
Le pegaron una puñalada.

Y seguramente faltan nombres, no es fácil descubrir lo que el estado pretende esconder tan bien en las tumbas.
El estado va a la cabeza con el monopolio de la violencia, ejecuta más personas que las muertes que previene.
En el encierro se producen más delitos, y más graves, que los que el estado dice evitar.
Todo sea en nombre de la seguridad, sólo que estaría bueno que nos aclararan en la seguridad de quien, porque en la de lxs más pobres no es, evidentemente.

Córdoba, Capital Nacional del Encierro

Estos seres humanos, varios quedan varados allí después de haber conseguido el traslado a Bouwer, algunos vienen de Cruz del Eje, luego de una extensa lucha para que los saquen del abismo que es esa prisión. Lo que ellos ignoran es que Bouwer está completamente superpoblada. Entonces quedan en esas condiciones denigrantes a la espera de un espacio en “mejores” condiciones.

Todo esto promociona la conflictividad entre ellos, y no sólo en las celdas y pabellones, sino también, se ha dado, en el salón de visita, cuando pasa la lista, adelante de la guardia. Todo el maltrato recibido lo descargan entre ellos. Convengamos que el servicio penitenciario se encarga de dividirlos, de sembrar discordia, y eso en un clima enardecido es como echarle nafta al fuego.

Hoy hay cerca de cinco mil personas en todo el complejo de Bouwer, trescientos ochenta son mujeres, y el resto dividido en los diferentes módulos.

En Córdoba hay diez mil personas encerradas. Es la provincia con más habitantes privados de su libertad del país.
La provincia de Santa Fe tiene casi la misma población, sin embargo Córdoba tiene miles de seres encarcelados más que Santa Fe.

La política de seguridad del gobierno es tener cautivos a los más pobres, a los excluidos de sus políticas sociales. Cerca del sesenta por ciento tienen prisión preventiva, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Las mujeres con prisión preventiva superan el ochenta por ciento, también aquí recaen las leyes patriarcales.

En Córdoba es regla no utilizar alguna medida alternativa, puede existir la excepción de la regla. Sin dudas influye la opinión pública, que presiona.

Solo el cinco por ciento puede acceder al área de educación. Muchas personas salen sin saber leer ni escribir, luego de haber cumplido una condena de cinco, diez, veinte años.

Desarmaron un galpón industria, para hacerlo pabellón. No les es importante que las personas aprendan un oficio, parece que no quieren perder los clientes. Trabajo no hay, ni de fajineros, no todos tiene el privilegio de ser explotados.

Aquí las cárceles son como un agujero negro, no se sabe con certeza cuántas personas privadas de su libertad hay, cuál es el presupuesto que reciben los administradores en total.¿Cuál es la capacidad de cada penal, respetan las Reglas Mandela (Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos)?
Creo que no solo el servicio penitenciario ignora las Reglas Mandela, sino también el poder judicial.
Buscar responsables es como jugar al Antón pirulero, nadie es responsable.

Informe sobre las muertes en las prisiones de Córdoba

La perversidad del estado es tal que Paulo Barco fue operado de cáncer de colon hace un año y diez meses, y al poco tiempo tenían que realizar otra operación, pero ni el servicio penitenciario, ni el poder judicial pudieron sacarle el turno en el hospital San Roque. Paulo quedó esperando la segunda intervención con una bolsa de colostomía, la cual el servicio penitenciario le brinda una o dos por semana, cuando tienen, y él la tiene que lavar, sin las normas de higiene necesarias. El problema fue cuando a la cárcel de Bouwer la dejaron sin agua durante tres días. Paulo no podía vaciar la bolsa y lavarla, por lo tanto, tuvo que pasar esos días sin comer.
En estos días recién conseguimos turno para su intervención, justo para cuando se cumplen dos años, cuando debía ser dos meses después de la primera cirugía. ¡Ojalá podamos salvar a Paulo!

Todas las muertes que produce la cárcel ponen al descubierto la perversidad del sistema punitivo. Mucho se discute sobre la pena de muerte, como si no estuviera vigente.
La hipocresía del estado es extrema, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza actividades en la semana de la memoria, el gobernador galardona a determinados de organismos de derechos humanos. Mientras se maltratan, torturan y asesinas personas en las cárceles.
Esos nombres son de las personas que eliminó el estado el año pasado.

Febrero 5- Centeno Jonathan Nicolás, 22 años. Bouwer módulo 1, pabellón ingreso. Murió en el camión de traslados, asado a la parrilla a fuego lento, un día que hizo 40 grados.

Marzo 19- Torres José Nicasio, 54 años. Cruz del Eje. Se desvaneció en la cancha de fútbol. No había ambulancia de alta complejidad, la estaban usando para otra cosa. Suben a la otra ambulancia, y no arrancaba.

Abril 15- Lara Eugenio Eduardo, 46 años. Río Cuarto, pabellón pre egreso. Suicidio.

Mayo 19- Reina Lucas, 37 años. Cruz del Eje módulo 2. Se descompone en la cancha de fútbol, luego tiene convulsiones y luego un paro cardíaco. Llega muerto al hospital.

29- Villarreal Javier Alejandro, 49 años. Tenía cirrosis hepática y hepatitis C, y no recibía la atención médica necesaria.

Julio 11- Moyano Pedernera Leonardo Javier, 38 años. Bouwer. Padecía Celulitis necrotizante, falleció en el hospital Rawson. Murió encadenado.

Agosto 14- Otín Carlos Alberto, 33 años. Villa María. Quedó en coma luego de una pelea, murió días después. Está procesado el director por ocultar los hechos.

18- Serorena Hugo Omar, 70 años.

27- Saires Romina Gisela, 31 años. Bouwer E1. “Suicidio”.

29- Se incendió un móvil volviendo de Córdoba a Bouwer con tres personas encadenadas adentro. Pudo liberar a las personas otro móvil del servicio penitenciario. Sin muertes.

Septiembre 23- Almonacid Carlos Alberto, 69. Villa María. Tenía gangrena de founier. Shock séptico secundario.

27- Quinteros Domingo Antonio, 60 años. Villa María

Octubre 11- Quevedo Miguel Angel, 55 años. Cáncer. Murió preso, no pudo conseguir la prisión domiciliaria.

Diciembre 5- Uname Miguel Román, 66 años. Villa María. Intervenido con remplazo de cadera. Muere esposado a la cama.

28- Vega Jorge Alejandro, 46 años. Bouwer, MX2 pabellón C2. Lo encontraron sin vida.
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Asesinaron a otro pibe pobre en la cárcel de Bouwer

Tuvo el último control médico el día veinticuatro de noviembre del 2018, le realizaron una endoscopia que determinó que padecía esofagitis, endopatía congénita y duodenopatía congestiva y tenía que realizarse una biopsia a los veinte días, pedido que fue ignorado por el área de salud penitenciaria.

En ninguno de los establecimientos por los que pasó (comisaría, UCA, Bouwer) le recibieron a la familia la medicación específica para su tratamiento. La respuesta era: el médico de la unidad va a decidir qué medicación necesitaba, pero nunca se le dio asistencia médica, ni derivación a centros especializados para tratar la problemática de Luis.

No sólo la medicación se le negó, sino también el alimento que sus seres queridos alcanzaban.
Nunca le dieron una dieta especial, a pesar de que su padre les manifestó que él no podía comer cualquier comida por su delicada salud.

Cada vez que Luis pedía asistencia médica, los guardiacárceles le contestaban que él estaba drogado, y que por esa razón no podía ni estar de pie, y simplemente lo levantaban del piso (a veces) y allí lo dejaban en la celda, medio inconsciente, sin darle ningún tipo de asistencia.
En reiteradas oportunidades, Julio Guevara, padre de Luis, fue a tribunales a buscar una solución, lo atendieron en el juzgado de control cuatro, y allí presentó la historia clínica de su hijo, pero nunca se la recibieron diciendo que en la cárcel lo iban a atender bien.
El día diecinueve de febrero, en Bouwer, cuando la guardia ve que Guevara ya no reaccionaba, recién deciden atenderlo, y de allí es derivado con urgencia al hospital Córdoba. En ese lugar, el médico habla con la familia y le plantea que la bilirrubina había tomado muchos órganos: pulmones, riñones, corazón, hígado, y cerebro. El día veinte, Luis muere encadenado a su cama.
Ese día entregan el cuerpo a la familia, y el día veintiséis exhuman el cadáver, cuando la familia va al cementerio se dan con que el cuerpo no estaba, en tribunales le dieron las explicaciones correspondientes, que la fiscalía (distrito 1 turno 2) investiga la causa de la muerte.
Creo que esta es una política bien pensada para eliminar pibxs pobres. La falta de atención médica en las cárceles no es casual. Como tampoco es casual que a la mayoría de lxs presxs lxs saquen a morir a un hospital, sólo para resguardarse de responsabilidades.
El 26 de marzo acompañamos a la familia a tribunales a denunciar este crimen del estado.