Desde Corrientes a San Cayetano por negocios inmobiliarios y otras crueldades sobre los vulnerables

La histórica Cárcel de Condenados UP1 de Corrientes es un edificio de 130 años, en terrenos de la Familia Torrent, donados a la provincia de Corrientes, con cargo de sostener este uso (penitenciaría) en el tiempo. Hoy viven hacinados allí 520 condenados porque su capacidad en plazas es de 340 personas; la superpoblación ronda el 40%. Tiene gravísimos problemas de infraestructura, hacinamiento, falta de funcionalidad, insalubridad e indignas condiciones de habitabilidad.

Con un presupuesto oficial de $ 905.000.000 el gobierno provincial abrió proceso licitatorio para la construcción de una nueva unidad penal con capacidad para 750 detenidos, en el mismo predio de San Cayetano, donde existe la Unidad Penal 6 de procesados (con capacidad para 260 personas, pero que aloja cerca de 340 personas, con aproximadamente 18% de superpoblación).El 9 de agosto se presentaron dos ofertas .La primera UTE oferente la conformaron las empresas MECAR SA – Germán Antonio Cundom – AZ SA y Norcon SRL – San Cayetano; mientras que la segunda aglutinó a estas empresas: ACIFA SRLGINSA SA – ARCA SA – GEC SA y Carbó SA. http://www.mec.gob.ar/se-presentaron-dos-ofertas-para-la-c…/
Esta decisión está íntimamente ligada al denominado Plan Urbano Costero que permite que los terrenos de la penitenciaria, identificados como UNIDAD DE GESTION Nº 6 – PENITENCIARIA (Superficie Edificable Nueva Urbanización: 43.800 m2; Altura Máxima 105 m.), según ordenanza municipal aprobada el pasado 23 de Agosto, sean reutilizados para diversos usos mixtos compatibles como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio.

Creemos que el urgente llamado a licitación y posterior traslado de la unidad penal a San Cayetano obedecen a razones de índole inmobiliaria más que a generar mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y reinserción a quienes circunstancialmente están privados de su libertad ambulatoria y bajo custodia del estado.
Al igual que el resto de las unidades de gestión que integran este plan Costero (Vías Navegables y Escuela Portuaria, Puerto, Vialidad Nacional, Barrio Militar y Ex Regimiento 9), lo que se pretende es desafectar grandes superficies de terrenos provinciales y nacionales para emprendimientos comerciales, residenciales, culturales, etc., orientadas a usuarios de alto poder adquisitivo, sin participación directa de todos los correntinos, de los vecinos, de los afectados por estas obras de alto impacto ambiental, priorizándolas por sobre la planificación, prevención y atención de los efectos sociales, ambientales y económicos negativos.

El caso que nos ocupa (la Penitenciaría), es uno más en un contexto de situaciones similares, como otros posibles traslados (expulsiones) de unidades carcelarias del país, tal el caso de la emblemática Cárcel de Devoto, en Ciudad de Bs As, también en pos de emprendimientos inmobiliarios y para sumar exclusión a los ya excluidos..(“Los feos, sucios y malos” que estén fuera de los circuitos urbanos de la “gente como uno”, si se nos permite la ironía). El traslado de la Up1 a san Cayetano, afectaría no solo a la población penal allí alojada, sino también a sus familiares y allegados que los visitan frecuentemente, a los profesionales del derecho que los asisten, al personal penitenciario que presta servicios en esa unidad, a todo el equipo de docentes de todos los niveles educativos y a los voluntarios de colectivos de derechos humanos que realizan diversas actividades de promoción de derechos.

Desconocemos si se han realizado estudios serios sobre la factibilidad de generar un complejo penitenciario de condenados, procesados y hasta presos federales en el acceso a Paso Pesoa, San Cayetano, en el predio donde hoy existe la Unidad Penal 6 de procesados y la unidad penal 2, Centro de contención de Menores.

Recordemos, la UP 6 se construyó en el año 2005 y aún no se superan problemas estructurales por habilitar espacios que no ofrecía (ni ofrecen) las condiciones mínimas de habitabilidad. Hoy se siguen padeciendo problemas de agua potable (Aguas de Corrientes no llega a la zona, hay que hacer profundas perforaciones, y bombas). Desconocemos si se realiza el debido control de calidad del agua de perforación, que sale ferrosa. Son permanentes y sistemáticas las quejas por sabor , olor y color de la misma y los internos refieren problemas de piel, de gastroenteritis y otros padecimientos. Tanto familiares como penitenciarios concurren al lugar con bidones de agua potable que llevan desde la Ciudad de Corrientes. En la construcción original del año 2005 no se previeron debidamente espacios educativos, por lo que las clases se dan en turnos rotativos algunos días a la semana. Y tampoco estaban previstos espacios de trabajo, lo que se viene resolviendo con habilitación de mini carpinterías en los patios de pabellones. Desde la ruta 12 hay 5-6 km hacia adentro, que son de tierra, intransitables los días de lluvia. Impensable suponer qué pasaría si hubiera emergencia sanitaria o un conflicto importante, después o en medio de una tormenta. No hay teléfonos fijos en ningún lugar de las unidades actualmente existentes ( 2-6) , y la telefonía móvil tiene una pésima calidad de señal, dejando por horas incomunicados tanto a presos como a personal penitenciario, situación que atenta contra el derecho a defensa (no pueden comunicarse con sus abogados), y contra el sostenimiento de los lazos familiares.

Queremos alertar sobre estos problemas, que se agravaran sin la debida planificación, en caso de concretarse estos proyectos. Solamente entre procesados y condenados provinciales y detenidos federales (también se proyectan asentar allí pabellones para detenidos a disposición de la justicia federal), hablamos de una población de más de 1200 personas, que para fines de semana, feriados, días especiales, recibe un importante flujo adicional de visitantes, muchos de ellos del interior de nuestra provincia, que deberán tomar trasporte público adicional, agravando sus costos de viaje. A lo que hay que sumar los efectivos penitenciarios, que operen en ese complejo penitenciario.

Un punto especial que entendemos se deberá atender, en este contexto, es a las necesidades de educación y trabajo. Hasta el momento, todas las nuevas unidades penitenciarias habilitadas en los últimos tiempos, no prevén debidamente estos espacios productivos y educativos, fundamentales para promover la inclusión económica e integración social y así evitar la reincidencia. Entendemos se deben garantizar espacios adecuados, dotados de conectividad, para la oferta educativa de todos los niveles (primario, secundario, terciario y universitario, bibliotecas, salón de usos múltiples, y salón para actividades artísticas y recreativas como las que realizamos desde el voluntariado de derechos humanos, etc.).

Imprescindible acortar distancias, mejorando la calidad de los caminos, el mal servicio público de pasajeros (condiciones y frecuencia), para facilitar que familiares, visitantes sostengan su frecuencia de visitas. Esperemos que se promueva y favorezca, pese a los magros salarios, con viáticos y otros mecanismos, que los trabajadores docentes, puedan/quieran prestar servicio en las unidades educativas de los penales allí trasladados, evitando así una seria vulneración en los avances en propuestas educativas de los últimos años. Las mismas consideraciones para los centros de formación profesional y los diversos talleres de oficios que hoy se dictan en el penal N° 1.

Iguales observaciones debemos hacer con respecto a las posibilidades de integrar a la población penal condenada al circuito productivo. Habrá que resolver en primer término problemas como la distancia, la incomunicación y el aislamiento que hoy se perciben como un agravamiento en las condiciones de detención, por mayores dificultades en el acceso de proveedores de insumos, o de los propios familiares que llevan y traen materia prima y retiran productos de carpintería, herrería, artesanías, que los presos realizan como un modo de contribuir al sustento de sus familias y de alguna manera fortalecer los vínculos familiares. Hay suficientes estudios y estadísticas que confirman que la reincidencia en el delito se evita no con más cárceles, más encierro, más aislamiento, sino por el contrario garantizando accesibilidad, contacto regular con la sociedad civil, con la universidad, con las instituciones educativas y con posibilidades ciertas de generar vínculos aún desde “adentro” con el mundo del trabajo.

Estas mismas dificultades en el acceso al trabajo de la sociedad civil que participa de la comunidad de la cárcel (docentes, profesionales), la incomunicación con los familiares ante problemas de salud, de la vida cotidiana, las posibilidades que las situaciones de violencia (intracarcelaria y penitenciaria), sean invisibilizadas, la falta de acceso a los medios de comunicación, etc., pueden atentar contra las Reglas Mandela (Normas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, de Naciones Unidas, actualizadas para la gestión penitenciaria del siglo XXI).
Es por todo ello que manifestamos nuestra preocupación y solicitamos:
Al Comité contra la Tortura, que realice monitoreo sobre las licitaciones y los proyectos; que pida la intervención de la FAU-UNNE y de mecanismos de prevención de la tortura regionales y nacional para garantizar que este traslado no sea urgido solamente por los negocios inmobiliarios, sino que sirva para garantizar el acceso a derechos, a la dignidad de las personas allí alojadas, de sus familiares, de los trabajadores y del personal penitenciario
Que se solicite informes al Ministerio de Educación de la Provincia, (dirección de Contextos de Encierro), al INET, a Educación Superior y a la UNNE para que determinen cantidad de aulas, talleres y salones educativos, equipamiento, conectividad, etc con las que un proyecto inclusivo en lo que a educación refiere debería contar para evitar retrocesos en calidad y cantidad respecto a la oferta educativa actual (primaria, secundaria, terciaria y diplomatura universitaria), ofrecida en la penitenciaría de la calle 3 de Abril.
Que se pida estudio de impacto ambiental sobre el paraje Paso Pesoa respecto al importante incremento habitacional, incluidos estudios de agua (potabilización y desagües cloacales).
Que todo el Plan Urbano Costero sea sometido a Audiencia Pública y debate ciudadano.

Red Corrientes de Derechos Humanos

Las Marías, el juicio histórico que dejó un sabor amargo

Torres Queirel, ex interventor municipal de Virasoro y proveedor de materia prima para la yerbatera Las Marías, fue acusado de tener responsabilidad en la desaparición forzada del trabajador rural Peralta, ocurrida el 29 de junio de 1977. Fue el único imputado, ya que los otros dos fueron desafectados por cuestiones de salud. Aún así el juicio se convirtió en histórico ya que la causa llevó a los tribunales a la yerbatera más grande del mundo por complicidad con la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar.
Sin embargo, poco antes de las 13 de este jueves llegó la sentencia: el tribunal había cerrado el círculo de impunidad y decidió absorber de culpa y cargo a Torres Queirel y confirmar, al mismo tiempo, que en Virasoro no hay Justicia ni Verdad, sólo Memoria.

La responsabilidad empresaria

Durante los alegatos del martes, Flavio Ferrini, fiscal del Tribunal Oral, inscribió la desaparición de Peralta y todas las demás violaciones a los derechos humanos sufridos por los trabajadores de la región como crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del plan sistemático “instaurado durante la última dictadura militar, diseñado para suprimir y eliminar a quienes se identificaban como enemigos del régimen”.
Precisó que, en el caso de Virasoro, la represión estaba circunscripta a “la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”, y destacó la “eficacia de combinar el accionar de las fuerzas armadas con el aporte empresarial, para así en conjunto ejercer el poder represivo contra los trabajadores”.

Señaló así al Establecimiento Las Marías como parte del engranaje represivo que posibilitó la identificación, persecución, secuestro, detención y desaparición de los trabajadores que figuran hoy como víctimas de la dictadura cívico militar y que eran parte de las organizaciones gremiales FATRE (Federación de trabajadores Rurales) y STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación).

Remarcó que la incursión en la región de estos sindicatos posibilitó el cuestionamiento de las condiciones de explotación laboral que le arrancaron a la empresa Las Marías en particular, y a las subsidiarias de ésta, derechos laborales que comenzaban a ser ejercidos por sus trabajadores.

“A partir del 25 de mayo de 1973 la actitud de una parte del personal del establecimiento – sobre todo la que respondía a la directa conducción gremial de los dos nombrados en ultimo termino, Acuña y Franco- fue de abierta rebelión contra las normas de trabajo implantadas en la empresa y que durante toda la vida habían fructificado en una cordial relación con todo el personal”, testificó el 9 de enero de 1978 Adolfo Navajas Artaza, presidente de Las Marías. Agregó también ese mismo día que “a partir de marzo de 1976 esta clase de hechos habían dejado de producirse en su totalidad”.

Pero la participación de Las Marías en la confección de la lista de los que luego serían víctimas del Terrorismo de Estado puede rastrearse en la declaración jurada del establecimiento. “En ellas existen unas marcas o señalamientos efectuados con símbolos de flechas y círculos con una cruz en fibra que, como claramente se aprecia, fueron efectuadas previo a que las copias enviadas fueran certificadas por el escribano”, señaló el fiscal.

En esos documentos aparecen señalados, tildados, marcados con cruces o circulitos, los trabajadores que fueron después víctimas de la represión: Marcelo Acuña, Ramón Aguirre, Juan Manuel Gómez, Pablo Franco. Incluso los que hoy permanecen desaparecidos: Neri Pérez y Marcelo Peralta.

Jefe territorial

Para Ferrini, la participación necesaria de Torres Queirel en el desmantelamiento de las organizaciones sindicales quedó acreditada. Nombrado como interventor municipal de Gobernador Virasoro, sus funciones estaban claramente estipuladas con anterioridad al golpe de Estado en la “Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75 – Lucha contra la subversión”. “De acuerdo a las directivas del Ejército, el que ejercía control territorial era Torres Queirel. Tenía asignada esa función de acuerdo a su estado militar y a lo que las directivas del Plan le habían asignado. Éstas, además, se reafirmaron en las funciones dictadas en 1977. Era quien tenía la facultad de liberar la zona en su caso, prestar la logística necesaria para su cometido, como los medios para garantizar la impunidad, pero también la posibilidad de impedirlo o interrumpirlo”, leyó el fiscal.

Torres Queirel coordinaba con los militares la lucha contra la subversión. Contaba con un consejo asesor -un abogado y otras siete u ocho personas – que eran parte de un sistema de recolección de información para la identificación de personas, sus actividades y su posterior persecución. Su participación tenía un valor agregado. Además de ser militar, era productor yerbatero. Es decir empresario/patrón que se beneficiaba con el desmantelamiento de los sindicatos y con la restauración de un sistema de explotación laboral “que hoy, bien sería trata laboral”, sostuvo Ferrini.

Para el fiscal, su condición doble lo convirtió en “la persona más idónea para el plan criminal, con un conocimiento acabado sobre las situaciones que había generado la organización obrera para el sector”.

Marcelo Peralta

La desaparición del tarefero se produjo la madrugada del 29 de junio de 1977. En ese momento estaba en marcha el Operativo Consolidación, en Virasoro, del que participaron un jefe, cinco oficiales, 31 suboficiales, y 146 soldados de clase 1958. El objetivo era intensificar las acciones represivas para el aniquilar la “subversión”. “En este contexto de persecución se desarrolla el secuestro de Marcelo Peralta. Arrancó con el operativo que realizaban los grupos de tareas desde las 00 hasta las 04 de la madrugada, cuando finalmente lograron dar con el paradero de Marcelo”, resumió el fiscal.

Junto a él, su esposa Genara Díaz y su pequeña hija estaban en la precaria casilla que compartían en la Estancia María Aleida, propiedad de Torres Queirel. Se encontraban allí hacía unos quince días cosechando yerba mate en condiciones de explotación laboral. El operativo había comenzado a la medianoche del 29 de junio. Durante cuatro horas los militares ocuparon la estancia, recorrieron varias casillas, golpearon y torturaron a varios trabajadores rurales –entre ellos a Ramón Peralta y Ramón Falcón- hasta dar con quien estaban buscando: Marcelo “el Galgo” Peralta.
Genara declaró ante el Tribunal que a su esposo lo sacaron a medio vestir de la casilla y que llegó a escuchar varios disparos. Tuvo la impresión de que en ese instante y en ese lugar lo habían matado.

Torres Queirel, partícipe necesario

En el cierre de su alegato, Ferrini sintetizó la participación esencial de Torres Queirel en la desaparición de Peralta.
“Está probado que Marcelo Peralta detentaba el carácter de oponente, según la filosofía que emanaba de los manuales castrenses del Plan Criminal. El teniente Torres Queirel albergó en su establecimiento la instalación del vivac de junio de 1977, Operativo Consolidación que tenía como fin el exterminio de los que no habían sido habidos hasta ese momento.

Contribuyó desde su posición de intendente a recopilar información de inteligencia, bajo la fachada de una junta de asesores. Al mismo tiempo lo realizaba la policía por vía de los manzaneros que refirió el comisario Ramírez.
El contratista Balbuena, garantizó y reforzó la información por medio de la complicidad de un empleado del Establecimiento Las Marías. Éste, al mismo tiempo, tenía sujeción de dependencia en las oficinas municipales.

Según los elementos probatorios analizados, debo concluir que ellos contribuyeron al menos a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en la localidad de Virasoro. Aquí fue donde se llevaron a cabo estos delitos y, al mismo tiempo, conforman de modo claro y manifiesto la relación de causalidad entre ellos y el resultado final”.

Luego, el fiscal pidió la máxima pena para la figura penal con la que imputaron a Torres Queirel: seis años de prisión más el doble de inhabilitación. Reconoció que las deficiencias de la instrucción explican, entre otras cuestiones, lo ínfimo de la pena. Era una condena que, de concretarse, no reflejaría el grado de participación ni responsabilidad de este represor en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Virasoro. Pero no ocurrió ni siquiera eso.

El importante desarrollo de la lucha gremial en la zona explica el andamiaje represivo que tuvo como epicentro la localidad de Gobernador Virasoro, donde se concentraron todas las fuerzas militares y de seguridad bajo el mando del área militar 236.

Para los familiares y sobrevivientes de esa etapa fue un hecho sustancial volver a centrar en la figura de Navajas Artaza y de todo el entramado empresarial de Las Marías la responsabilidad en los secuestros, torturas, desapariciones y persecución de todos los trabajadores, que fueron víctimas de la dictadura cívico militar y el clima de hostigamiento y disciplinamiento que se extendió después a toda la región.

Para la sentencia, se acercaron a Virasoro organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares tanto de Peralta como de Pérez, ambos desaparecidos desde junio de 1977. Torres Queirel seguramente podría aportar información sobre ambos, pero ya no lo hará.

Como parte central del alegato, Ferrini solicitó al tribunal que se extraigan piezas de la investigación que se remitan al Juzgado Federal de Paso de los Libres para formular actuaciones por la responsabilidad empresarial de Adolfo Navajas Artaza en los crímenes de lesa humanidad contra trabajadores sindicalizados y vinculados laboralmente al establecimiento Las Marías. A juzgar por el veredicto, eso tampoco sucederá.

Para el Colectivo Justicia para Virasoro, los alegatos del Ministerio Público Fiscal corroboraron lo sostenido por víctimas y familiares en estos largos doce años de lucha por justicia. Luego de escuchar la sentencia emitieron un comunicado que da cuenta de una desolación que no significará, como no lo hizo nunca, bajar los brazos: “La absolución de Torres Queirel niega la existencia del terrorismo de Estado en Virasoro. Desanda todo el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Es un retroceso muy grave. La sentencia no tiene conexión con lo que se planteó en la investigación. Estamos ante una nueva desaparición de Peralta y Neris Pérez. El andamiaje político, judicial, económico sigue vigente para garantizar la impunidad. El tribunal es parte como lo fue en la instrucción. No hubo compromiso de los operadores judiciales para investigar los crímenes de Las Marías. No hubo verdad ni Justicia. Sólo memoria. Esta sentencia no es la verdad. Seguimos teniendo derecho a saber donde está Marcelo Peralta, Neris Pérez y todos los desaparecidos. Para nosotros Torres Queirel es responsable. Seguiremos construyendo la condena social para Las Marías y todos los responsables de las desaparición de nuestros compañeros”.

Los patrones a juicio

Como único imputado llega Héctor Torres Queirel, ex interventor militar de Virasoro y dueño de la Estancia María Aleida, donde fue capturado, muerto y desaparecido, en junio de 1977, Marcelo Peralta, tarefero, delegado de Fatre. Los militares imputados Llamil Reston y Juan Carlos Saco fueron desvinculados de la causa por cuestiones de salud. Ningún integrante de la Empresa Las Marías será indagado en esta causa, en el 2008 Adolfo Navajas Artaza fue sobreseído, sin haber prestado declaración indagatoria, por la desaparición forzada, secuestros, prisión, tormentos, de trabajadores rurales organizados en el Sindicato de trabajadores de la Alimentación y Federación de trabajadores Rurales y Estibadores, todos vinculados a la yerbatera.

El tribunal Oral Federal de Corrientes integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni, se trasladó hasta Virasoro para tomar declaración testimonial a unos 25 testigos entre los que se destacan sobrevivientes y familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se investigan.

Tras la negativa de Torres Queirel de prestar declaración indagatoria, testimoniaron Ramona Sánchez, esposa del desaparecido Neris Pérez, sus hijos Jorge y Aníbal Pérez, Genara Díaz esposa de Marcelo Peralta; Clara Mercedes Figueredo y Aureliano Acevedo

Para este martes están citados Carlos Escobar, Ramón Falcón, Juan Manuel Gómez, María Bernal, hija de Jacinto Bernal, Pablo de la Cruz Franco, Ramón Peralta y Agustina Altamirano, ex trabajadores de Las Marías y familiares.

Testimoniar en tierras del patrón.

Para los familiares y sobrevivientes de “Las Marías” traer el debate oral a Virasoro es uno de los grandes logros que deja este proceso judicial. Si bien reconocen las limitaciones que tendrá este juicio y lamentan la imposibilidad de juzgar la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura cívico militar, saben que es un acto de justicia, de reparación y de memoria. “Es muy emocionante contar, poner nuestras voces, después de pelear en la entera soledad contra este poderío, es algo muy importante para nosotros y para nuestra localidad, es un antes y un después, es un golpe para esta oligarquía dominante, que podamos decirle en un juicio, decirle en la cara lo que fueron nuestros viejos”, dijo Jorge Pérez hijo de Neris Pérez repasando lo que fue su declaración y resumiendo los años de búsqueda de su papa.

“En este juicio lo que nos importaba ya lo hicimos, que era llegar a la instancia del debate, visibilIzar a las víctimas, estas víctimas que con sus escasos recursos, han logrado imputar a los patrones de estancia, han logrado traer el debate oral, la instancia de los testimonios, a Virasoro donde están los patrones y donde ellos sufrieron el ninguneo y el desprecio, eso ya es un acto reivindicatorio en sí mismo” agregó Hilda Presman de la Red de Derechos Humanos de Corrientes.

Mensues en tierras del Patrón.

Las primeras en declarar fueron 3 mujeres. Ramona Sánchez y Genara Díaz esposa de Neriz Pérez y de Marcelo Peralta respectivamente y Mercedes Figueredo esposa de Benjamín Areco un trabajador que pudo escapar del secuestro.

El relato de las tres describe relaciones laborales caracterizadas por la explotación, los atropellos, la precarización y el sometimiento. Vivían por semanas en ranchadas, o conventillos sin agua potable, en casas “Todas mujeres que quedaron solas, con escasos recursos que debieron criar a sus hijos en condiciones indignas” apuntó Presman.

Después hablaron Aníbal y Jorge Pérez, los hijos de Neris. Aníbal tenía 14 años y Jorge 12 cuando secuestraron al padre. “A los 14 años salí a buscar a mi viejo, escuchaba noticias de que habían largado a uno de sus compañeros y ahí iba. Siempre busque a mi viejo. Yo vengo a sentarme hoy acá con todo mi dolor, sin odio, vengo buscando un poco de justicia” remarcó Jorge.

Cerró la primera audiencia el testimonio de Aureliano Acevedo que trabajaba en el secadero de las Marías y era también miembro de FATRE.

Los desaparecidos

Neris Pérez era secretario adjunto de FATRE, fue secuestrado el 2 de junio de 1977 de su casa por un grupo de tareas. Eran cerca de las 21,30. La familia nunca tuvo noticias de él. “Don Adolfo –Navajas Artaza- me dijo le perdieron el rastro en gendarmería de Paso de Los Libres”, dijo Ramona Sánchez su esposa. Se presume que murió en un Centro Clandestino de Misiones.

Marcelo Peralta delegado de FATRE, fue capturado el 29 de junio de 1977 por fuerzas militares que irrumpieron en el “conventillo” en el que vivían en la estancia María Aleida, propiedad del único imputado en esta causa, Torres Queirel, plantación satélite del grupo Navajas.

“Yo escuche un tiro, que creo que le tiraron a él, escuche un gemido y ahí yo dije que lo mataron” recordó Genara Díaz “abrace a mi hija contra mi pecho y dije le mataron a papa”.

“Se viene, se viene la justicia por los desaparecidos de la empresa Las Marías”

Domingo 1 de julio del 2018, calorcito húmedo en pleno invierno en esta zona del país. Las inmediaciones del Hospital Sussini de Virasoro comienza a transformarse: carteles, pasacalles, pancartas cuelgan de los árboles y del pequeño muro que sirve además de banco para quienes de apoco van llegando. Llegan los familiares y sobrevivientes de la represión ilegal de la que se valió la yerbatera Las Marías para desmantelar las organizaciones sindicales, FATRE y STIA, que en esos años le disputaban derechos para los trabajadores explotados de sus yerbales y teales. Se reconocen, se saludan, hay abrazos, eternos abrazos. (…)

Se suman militantes, referentes de organizaciones sociales, testimoniantes de otras causas que con sus denuncias permitieron la condena de decenas de represores. También están dirigentes sociales y sindicales de las centrales que acompañaron estos años el batallar de los que se animaron a exigir justicia en el feudo de los Navaja Artaza.

Son cerca de las 5 de la tarde, las pancartas y pasacalles coparon la Avenida Lavalle “Juicio y condena a todos los responsables del secuestro y muerte de Neris Perez y Marcelo Peralta. 2, 3 y 4 de Julio Juicio Oral en Virasoro”, se lee en la bandera de arrastre con la que marcharán hasta la plaza “Libertad” mostrando que a pesar de tanta espera, tanta dilación, el tiempo de la reparación, aunque mínima-aunque escasa, está llegando.

“Lo sabía a Neris Pérez lo despareció Las Marías, lo sabía” “Lo sabía a Marcelo Peralta, lo desapreció Las Marías, lo sabía”. A la marcha se suman los cantos y el grito profundo de Jorge Pérez, hijo de Neris Pérez, nombrando uno a los que hoy no están, los que hicieron desaparecer y los que se murieron buscando justicia. “Compañero Neris Pérez, PRESENTE, compañero Marcelo Peralta PRESENTE, compañero Ramón Aguirre PRESENTE, compañero Marcelo Acuña PRESENTE, Alfonso Comparín PRESENTE, compañero Benjamin Areco PRESENTE, compañero Lito Arguello PRESENTE, compañero Jacinto Bernal presente, 30 mil compañeros desaparecidos PRESENTE , ahora y siempre”.

La marcha llega a la plaza Libertad, la rodea. Los cantos llaman la atención de los vecinos que allí están, esta vez tampoco se van a sumar ni van a acompañar a los que reclaman. “En este pueblo todos tienen miedo, hasta hace poco los únicos que daban trabajo eran los de la empresa Las Marías”, nos dice Ramón Peralta hermano de Marcelo Peralta.

El lunes temprano será la casa del Bicentenario el lugar de encuentro, hasta ese lugar se trasladará el Tribunal integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni para juzgar al único imputado que queda en esta causa: Héctor María Torres Queirel, sindicado como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad agravada de la desaparición de Marcelo Peralta.

Este lunes 2 a partir de las 8,30 podría declarar Torres Queirel. Están citados como testigos la esposa y los hijos de Neris Pérez, Ramona Sánchez y Aníbal y Jorge Pérez; Genara Díaz esposa de Marcelo Peralta; Clara Mercedes Figueredo y Rodolfo Alfredo Fernández.

El martes 3, declaran trabajadores, familiares y víctimas: Carlos Escobar, Ramón Falcón, Juan Manuel Gómez, María Bernal (hija de Jacinto), Pablo de la Cruz Franco, Ramón Peralta y Agustina Altamirano.

El miércoles 4, último día del debate, deben asistir oficiales, soldados y personal policial: el sargento retirado Cosme Ramírez, el oficial de policía Arsenio Raúl Berón, el comisario general retirado Julio Fernández, el comisario inspector retirado Juan Ramón Cerdán, Francisco Silva, el sargento retirado Dionisio Cáceres, Alejandro Balleve, Lorenzo Ramos Chilotegui y el comisario general retirado Walter Ramírez.
Los familiares, sobrevivientes y militantes por los derechos humanos debieron esperar más de 40 años por este momento.

Marcha nacional basta de travesticidios y transfemicidios

Marcha nacional basta de travesticidios y transfemicidiosMarcha nacional basta de travesticidios y transfemicidios

Nuevamente y por tercer año consecutivo salimos este 28 de junio a las calles a gritar BASTA DE TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS,basta de crimenes de odio, basta de muertes evitables, basta de exclusión, basta de persecución a nuestras compañeras en situación de prostitución, basta de negarnos el acceso al trabajo, exigimos la ley de cupo laboral Diana Sacayán en todo el país, marchamos para decir basta de condenarnos a la muerte. Marchamos para conmemorar a nuestra compañera, camarada Lohana Berkins quién es nuestro faro en la lucha por la liberación de nuestra comunidad. Marchamos para seguir recordando a nuestras luchadoras Diana Sacayán, Pía Baudracco, Maite Amaya y todas aquellas compañeras que nos fueron arrebatadas.

Comienza el juicio por la represión a trabajadores de Las Marías durante la dictadura cívico-militar

En estos hechos, que constituyen delitos de lesa humanidad, existen evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente.

Además de proveer información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que efectuaron los procedimientos de secuestro, se evidencian en este caso situaciones en las que miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores.

La presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente es un fuerte indicio en este sentido. La pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas es otro dato central, especialmente si se tienen en cuenta las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó contra ellos la propia empresa. Se evidencia, además, un claro conocimiento de los hechos criminales, así como una serie de elementos complementarios que muestran con claridad que la empresa habilitó y facilitó recursos para la comisión de los delitos detallados más arriba.

A la espera de que se juzgaran estos delitos, fallecieron algunos de los trabajadores que sufrieron la privación ilegal de su libertad (como los secretarios generales de STIA y FATRE, respectivamente, Marcelo Acuña y Ramón Aguirre, y el trabajador rural Jacinto Bernal); y varios testigos clave (como el maestro y director de escuela Miguel Ángel Argüello y el militante sindical Alfonso Comparín).

En consecuencia, no solamente muchas de las víctimas no serán tenidas en cuenta en el debate, sino que además los principales responsables de los secuestros y desapariciones quedarán impunes. Respecto de los responsables militares, los oficiales Duilio Martínez y Ricardo Schweizer fallecieron durante el proceso, mientras que el coronel Llamil Reston y el capitán Juan Carlos Sacco fueron apartados por razones de salud. En relación a la responsabilidad que le cabe a Las Marías, a pesar de la evidencia presentada en reiteradas instancias, Adolfo Navajas Artaza, que había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal en carácter de imputado por la desaparición del trabajador Neris Victoriano Pérez, fue sobreseído sin habérsele tomado declaración indagatoria, tras la excusación de una veintena de jueces.

Tras serios obstáculos para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos delitos, se iniciara el debate oral el próximo 2 de Julio en la Casa del Bicentenario de Gobernador Virasoro. En este Juicio finalmente se tratará, en términos formales, sólo el caso del trabajador rural Marcelo Peralta. Por este hecho el único imputado es Héctor Torres Queirel, ex intendente de facto de Virasoro y dueño de la Estancia María Aleida, donde se produjo la desaparición de Peralta.

El domingo 1ro de Julio, previo al inicio se movilizarán familiares, victimas y referentes de organizaciones sociales y políticas, quienes concentraran frente al Hospital “Sussini” de Gdor Virasoro para marchar en demanda de MEMORIA- VERDAD Y JUSTICIA a la céntrica plaza Libertad a partir de las 17 hs.

Para familiares y víctimas, es de gran trascendencia haber logrado que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni se constituya en la Localidad de Virasoro para tomar los testimonios de victimas, sobrevivientes y familiares, produciendo así el primer acto de justicia reparatoria allí en el pueblo donde fueron avasallados sus derechos, despreciados por su humilde condición de trabajadores y ninguneados por los poderosos.-
Familiares y víctimas de la Represión en Gobernador Virasoro

La lucha en Gobernador Virasoro, Corrientes

Así, nos vemos en la obligación de señalar que la responsabilidad económica de la empresa, fue la primera pieza clave que el aparato político-judicial de impunidad se ocupó tempranamente de salvaguardar. Adolfo Navajas Artaza estuvo imputado por estos crímenes, y tras VEINTE inhibiciones de jueces en Paso de los Libres, finalmente el juez ad hoc n 21, Tomás Challup, sin siquiera tomarle declaración indagatoria, lo SOBRESEYO en el año 2008. El salvataje fue consolidado luego por la falta de apelación por parte de fiscalía de Cámara.-
Liberadas las responsabilidades civiles y empresariales, el juicio avanzó, fusionando dos causas, las de las desapariciones y la de los secuestros de compañeros trabajadores. Pero también la impunidad biológica hizo de las suyas. Los oficiales Duilio Martínez y Ricardo Schweizer, fallecieron durante el proceso y los militares Coronel Llamil Reston, y el Capitan Juan Carlos Sacco, quedaron apartados por razones de insania. Lamentablemente muchos valiosos testimonios han quedado en el camino, por el fallecimiento de compañeros como Ramón Aguirre, Adolfo Comparín, Marcelo Acuña, Jacinto Bernal, Miguel –Lito- Argüello,
Así y todo, esperamos que los días de debate en Gdor Virasoro sean históricos, permitan que la verdad, largamente avasallada por el miedo y la sombra del poder salga a la luz, que los compañeros sobrevivientes puedan relatar sus tragedias ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni. Y así, acompañados de militantes, familiares y amigos, se produzca el primer acto de reparación social, allí en el pueblo donde fueron sometidos, ninguneados y despreciados.-
Que este Debate oral y público haga honor a la Memoria, y sostenga la necesaria Verdad y Justicia para los trabajadores rurales y sus familias.
¡Neris Pérez- Marcelo Peralta, Presentes!

El largo, complejo y difícil camino de búsqueda de Verdad y Justicia

La segunda causa es por la desaparición de Neris Victoriano Pérez, iniciada ante la fiscalía federal de Corrientes por su hijo, Jorge Catalino Pérez, quien denunció el secuestro de su padre. En el expediente 857/12 que investiga su secuestro y desaparición están imputados los represores Duilio Martínez, Llamil Reston y Héctor Torres Queirel. La causa por esta víctima tiene como querellantes a su hijo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio oral el 17 de febrero de 2012 y aún se encuentra pendiente.

En la causa de Neris Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó “entregador”. En 2008 el empresario correntino, quien en 1982 fue ministro de Desarrollo Social de la dictadura durante la gestión de facto de Reynaldo Bignone, quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales.

La relevancia de esta causa radica en que el Fiscal de Instrucción de Paso de los Libres, Benito Pont, solicitó en 2008 la citación a indagatoria de Navajas Artaza. Sin embargo, apenas un día después, el juez dictó su sobreseimiento sin siquiera tomarle declaración. Si bien Pont presentó un recurso de apelación que planteaba la nulidad del sobreseimiento ante la Cámara, el mismo fue rechazado. Para decirlo más claramente, sin cumplir con la lógica judicial de realizar la indagatoria, el Juez resuelve el Sobreseimiento de Navajas Artaza y de este modo clausura la posibilidad de juzgarlo por el hecho imputado.

Esta causa es paradigmática porque muestra, como también se observa en casos registrados en otras provincias, que en espacios donde el poder económico tiene fuertes vinculaciones con el sistema judicial y otros actores sociales relevantes la impunidad tiene más peso que la justicia. Asimismo, la fragmentación de las causas es un obstáculo para el avance de las mismas y de hecho configura una estrategia funcional a quienes buscan asegurar la impunidad o que la mismas se tornen abstractas por la enfermedad o muerte de los acusados. En Corrientes, los Navajas Artaza lograron no sólo un acelerado sobreseimiento sino que desde el comienzo de las denuncias por delitos de Lesa Humanidad un conjunto de jueces y conjueces se excusaran de tramitar dichas causas.

El Juicio a realizarse en Virasoro a partir del 2 de julio

El Juicio tendrá como sede la Casa del Bicentenario (Centro Cultural Municipal). En Virasoro se realizará la fase de las declaraciones testimoniales, hasta el día 5 de Julio. Las otras instancias del Juicio se harán en Corrientes, Capital. Tiene como único imputado a Héctor Torres Queirel, dueño de la Estancia María Aleida, donde fue capturado y muerto, su cuerpo permanece desaparecido, Marcelo Peralta, tarefero, delegado de FATRE. Los otros militares han muerto o han quedado desvinculados de la causa por razones de insania (Llamil Reston, Juan Carlos Sacco).

La importancia del Juicio:

Si bien los resultados de este Juicio están muy lejos de satisfacer las demandas de Justicia reclamadas por las víctimas y las organizaciones de DDHH, al menos opera como un acto reparador. Es reparador porque el Estado brinda un espacio legal e institucional en el cual, tanto las víctimas sobrevivientes como los familiares de las víctimas desaparecidas, van a tener la posibilidad de relatar la historia de sus padecimientos y testimoniar frente a los tribunales. Sus palabras van a trascender los espacios privados y serán dignificadas en el marco de un proceso judicial que permitirá avanzar en la búsqueda de la Verdad y la construcción de la Memoria colectiva.

Condiciones infrahumanas en la Alcaidía de Paso de los Libres.

Tras la inspección del pasado 20 de abril de 2018, por parte de una delegación del Comité, encabezada por su presidente, el Dr. Ramón Leguizamón a la Alcaidía local de la Policía de Corrientes, y la constatación en sede policial de condiciones infrahumanas, vejatorias, para las 60 personas detenidas allí, por disposición judicial, este Comité, en el marco de lo establecido en el art 10 de la Ley Provincial 6280 que lo pone en funciones, presentó una Nota al Ministro de Seguridad informando de esta grave situación y reclamando, con un plazo de diez días hábiles, que se tomen las medidas que reviertan y mejoren positivamente las situaciones, inhumanas, vejatorias y degradantes de los allí alojados. Este plazo se cumplió el 14 de Mayo y hasta la fecha se han hecho ingentes esfuerzos oficiosos para que el Ministerio responda y no se ha obtenido respuesta alguna.- El Comité se ve en la necesidad de hacer públicas las condiciones de extrema precariedad, hacinamiento y abandono. Entre las principales falencias queremos destacar que en forma unánime todos los detenidos cuestionan la mala alimentación, que llega en envases plásticos, y en mal estado. No cuentan con camas suficientes para todos los detenidos, específicamente faltan colchones y los existentes son sumamente finos, siendo utilizados, en la mayoría de las veces para dormir en el suelo. Las instalaciones eléctricas de carácter muy precario y peligroso, con cables colgados que denotan que son de muy vieja data, situación que se trasforma en un gran riesgo, principalmente cuando llueve, atento a que se inundan todas las celdas. Los baños son precarios, e insuficientes para toda la población carcelaria y carecen de agua caliente. Los olores son nauseabundos ya que la alcaidía no cuenta con conexión del servicio de cloacas, a la red local, reiteradamente se tapan las cañerías, que deben ser destapadas a mano por los internos. Los líquidos cloacales son observados en el patio por cañerías rotas que brotan en los pisos de los patios y las celdas. A esta situación tenemos que agregar la gran cantidad de cucarachas y roedores que habitan en estos espacios cloacales y conviven con la importante población, éste mismo patio es el lugar donde los detenidos reciben sus visitas transformándose en un gran foco de contaminación. Los detenidos reclaman atención médica. Se pudo observar gran cantidad de erupciones e infecciones en la piel, producto de la constante exposición a los residuos cloacales. Los detenidos manifiestan mal trato psicológico y castigos corporales por parte de la policía que no respeta sus derechos básicos, además de realizar requisas vejatorias a las visitas. Además, se advierte la ausencia total de actividades educativas y laborales y la falta de acceso a la recreación. El edificio es del siglo XIX, sin mantenimiento, con falencias insostenibles en el tiempo. Se adjuntan fotografías que grafican lo arriba descripto, la falta de mantenimiento, las condiciones insalubres y de falta de higiene, la mala alimentación, la precariedad y peligrosidad de las instalaciones eléctricas entre otras.-

Ante la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad, responsable de la vida y la dignidad de las personas bajo su custodia este Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prepara acciones judiciales invocando el precedente de las actuaciones por similares condiciones en la Alcaidia de Goya
Por el Comité : Dr Ramón C. Leguizamón, Pte
*Corrientes, 30 de Mayo de 2018 *

Corrientes: Mujeres presas realizarán una exposición de máscaras de carnaval

Corrientes: Mujeres presas realizarán una exposición de máscaras de carnavalCorrientes: Mujeres presas realizarán una exposición de máscaras de carnaval

Este viernes 23 las puertas del Instituto Pelletier, la cárcel de mujeres de la provincia, se abrirán para presentar: “SIMPLEMENTE MASCARAS», una exposición de máscaras artesanales, producto del trabajo que realizaron durante el mes de enero las mujeres alojadas en la unidad penal N° 3. El Taller, dictado por la profesora de artes visuales Ruth Gandara, contó con la participación de 15 detenidas, quienes aprendieron a hacer moldes de arcilla y yeso y realizaron más de 25 máscaras, con técnica de cartapesta. La propuesta, busca incursionar en técnicas creativas de productos artesanales orientados al circuito del carnaval. “SIMPLEMENTE MASCARAS», se realizará el viernes 23 a partir de las 10 horas en una de las salas del instituto Pelletier, ubicado por Tucumán 760 (esquina Pellegrini). Contará con la presencia especial de las artistas y se compartirá un refrigerio con los presentes. El acceso es libre, en ese horario.