En el Centro Cultural Universitario (CCU) se presentó, días atrás, un informe que contabiliza las muertes que se dieron por el aparato represivo del Estado en Corrientes, elaborado por el Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (Ocso-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Se trata de un estudio preliminar que analiza los hechos ocurridos entre 2008 y 2018, en el que se destaca que, en ese lapso de tiempo, en la provincia se registraron 59 decesos que se dieron “bajo responsabilidad del aparato represivo del Estado (…)” tanto “por acción (directa o indirecta) como por omisión”.
Específicamente, 33 de esas muertes (el 56%) se dieron en lugares de encierros como ser cárceles o comisarías, considerando que las defunciones se originaron “por cualquier causa mientras sus vidas (la de los internos o detenidos) están a cargo de la administración penitenciaria” o policial. “De ese subtotal determinamos que predominan las muertes por abandono, que se dan principalmente en las cárceles, aunque también hay un alto número de personas ahorcadas en comisarías”, señalaron, y subrayaron que “seis de cada diez” de estas muertes “ocurrieron en cárceles provinciales administradas por el Servicio Penitenciario”.
En cuanto a las modalidades que llevaron a estos decesos, se registraron nueve abandonos, cuatro apuñalamientos, tres ahorcamientos, una tortura y una quemadura. “Las muertes por abandono duplican a los asesinatos entre internos que, por cierto, son acciones violentas entre la población carcelaria que el Servicio Penitenciario necesariamente propicia”, sostiene el estudio.
Además, en cuanto a las localidades donde se dieron estos hechos, se resalta que el 59% ocurrió en Capital, con la aclaración de que “el 90% de la población penitenciaria está distribuida” en esta ciudad, así como en Riachuelo y San Luís del Palmar.
“Gatillo fácil”
Las muertes provocadas por acción de las fuerzas de seguridad representan el 44% de los casos relevados, teniendo en cuenta que aquí se puede encontrar como causas al “gatillo fácil” (“ejecuciones y fusilamientos de personas por parte de las fuerzas represivas del Estado mediante el empleo del armamento suministrado por este”), las muertes en operativos (“en contextos en que la víctima es seguida o asediada por uno o varios agentes”), los femicidios (comunes y vinculados) provocados por agentes, las peleas intrafamiliares, las desapariciones forzadas y las golpizas. En este aspecto, el “gatillo fácil” es el que mayor número de decesos provocó (17%).
Vale recordar que el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, había indicado a este medio que el “gatillo fácil” no era un tema preponderante en Corrientes, asegurando que porcentualmente los homicidios en esta jurisdicción “tienen menos del 1%, mientras que la media nacional es de 5%” (calculando un asesinato cada 100 mil habitantes).
Respaldo
Las entidades que elaboraron el informe señalaron que el mismo se trata del “avance de un trabajo de mayor envergadura que se halla en proceso de desarrollo”, con el que se busca comparar estos números con los de la región. En diálogo con El Litoral, desde el Ocso explicaron que el objetivo es brindar a las organizaciones sociales un respaldo estadístico a sus reclamos por las condiciones de las cárceles correntinas, las cuales suelen ser denunciadas frecuentemente por la Red de Derechos Humanos, por ejemplo, así como por el accionar indebido de las fuerzas de seguridad.