Basta de asesinatos y torturas en las cárceles

BASTA DE ASESINATOS Y TORTURAS EN LAS CÁRCELES
● Abolición inmediata de la cama de sujeción.
● Abolición inmediata del uso de celdas de aislamiento, llamadas buzones o calabozos. Sabemos que la cuarta parte de los “suicidios” se produce en los lugares de aislamiento.
● Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulneran derechos elementales.
● Que la visita íntima no sea un premio, es un DERECHO.
● Que el acceso a la educación no sea un premio, es un DERECHO.
● Que el acceso al sistema de salud no sea un premio, es un DERECHO.
● Que se respete la Ley 24660, acceso a salario y derechos laborales de las personas que están en contexto de encierro.
● Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.
● Incorporar al observatorio recientemente creado por el ministerio de justicia y derechos humanos a mujeres y familiares de personas presas, integrantes de equipos interdisciplinarios de la UNC que aborden las problemáticas específicas de los contextos de encierro y de otras organizaciones por fuera del Ministerio de Justicia y DDHH, a los fines de que los resultados no sean parcializados en una realidad que favorece solo a algunxs.
● Reglamentación del Mecanismo provincial de monitoreo.

La segunda forma de asesinato por parte del Estado es la que se provoca en cárceles y comisarías, después del gatillo fácil

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ADHIEREN

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· CORREPI, COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL
· EQUIPO DE EDUCACIÓN POPULAR PAÑUELOS EN REBELDÍA
· ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL (ACVI)
· “NÚCLEO DE ANTROPOLOGÍA, VIOLENCIA, MUERTE Y POLÍTICA” DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA UNC
· COLECTIVO DE EDUCADORXS DESDE EL SUR
· AGRUPACIÓN DOCENTE MARÍA SALEME EN FRENTE FUDOC EN PLURICOLOR
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· CONJUROS A VIVA VOZ. PRODUCCIONES RADIALES FEMINISTAS. ALAS FM 89.1 – RADIO COMUNITARIA EL BOLSÓN. RÍO NEGRO.
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· SOCORRISTAS EN RED (FEMINISTAS QUE ABORTAMOS)
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Seis chicos wichí fueron detenidos en Ingeniero Juárez, Formosa.

Seis chicos wichí fueron detenidos en Ingeniero Juárez, Formosa.Seis chicos wichí fueron detenidos en Ingeniero Juárez, Formosa.

(APL) Seis menores de edad pertenecientes a la comunidad wichí fueron detenidos en la tarde de este jueves por la policía provincial de Formosa, en la ciudad de Ingeniero Juárez. Tienen entre 11 y 14 años. Uno de ellos de es de apellido Moreno. Ni las autoridades políticas, ni las fuerzas represivas dieron información alguna. ¡Libertad a los pibes wichí! ¡Con los pibes no! Por favor Difundir. (Noticia en desarrollo)

Tres pibes wichís fueron baleados por la policía formoseña

Tres pibes wichís fueron baleados por la policía formoseñaTres pibes wichís fueron baleados por la policía formoseña

(APL)La Policía formoseña hirió este lunes con balas de goma en el rostro y el cuerpo a tres chicos de esa comunidad, del Barrio Cincuenta Viviendas, en Ingeniero Juárez, al noroeste de la provincia. Un adolescente de 13 años debió ser hospitalizado. Los efectivos hostigaron a los niños y luego intentaron detener a una decena de ellos, que se resistieron. Hace 12 días, las fuerzas de seguridad habían herido con balas de plomo a dos jóvenes wichís. “No pudieron entrar al barrio porque los vecinos no dejamos que persigan a los chicos”, indicó Ana María Agüero, integrante de esa comunidad y tía de los heridos en la represión de la semana ante pasada. El gobernador Gildo Insfrán suma y sigue en línea con el Gobierno Nacional. ¡Basta de represión a los pueblos originarios!

Agustín Santillán recuperó su libertad

La libertad de Agustín Santillán se demoró demasiado. El joven wichí estuvo preso injustamente, con causas armadas que ya habían sido anuladas por la Justicia. Daniel Cabrera, abogado de Santillán dijo que “Agustín está más fortalecido que antes” de ingresar a prisión porque “ha visto todo el acompañamiento del pueblo wichí y de todos los pueblos originarios” que reclamaron su libertad. Cabrera explicó, entonces, como seguirá el proceso de libertad de Agustín: “Hoy estaría regresando a su casa después de varios meses de estar privado de su libertad por un hecho que no se ha podido probar. Se revocó el auto de procesamiento que se dictó en Las Lomitas y se ordenó la libertad de Agustín y también uno de sus compañeros Víctor Hugo Delgado”, contó.

De todos modos, el abogado advirtió que es necesario tener cuidado porque el líder wichí aun tiene causas (armadas) que podrían provocar un nuevo encarcelamiento en el futuro: “Agustín Santillán sigue imputado en las otras causas y falta que se resuelva su situación procesal. No tiene que participar en ningún hecho para que le armen otras causas. Dios quiera que al juez no se le ocurra darle un auto de procesamiento por las otras causas”, pidió.

El doctor Cabrera se refirió a la complicada situación que se vive en la provincia que gobierna Gildo Insfrán y explicó que “la criminalización de la protesta en Formosa está muy latente, no solo con Agustín sino con cualquier ciudadano” que termina preso por “cualquier reclamo mínimo”.

Por último, habló de la alegría de Gabriela Torres, la mujer de Agustín, que además de tener que ser el sostén económico de su familia tras la injusta detención de su marido, sufrió los agravios de la policía formoseña durante todo el proceso de reclamo por la libertad de Santillán: “Gabriela está muy contenta. Lo esperaba hace mucho tiempo. Ha soportado todo, la discriminación y las injusticias. Es una líder a la par de Agustín. Esta situación los va a fortalecer”, aseguró y cerró con un mensaje optimista para lo que viene: “Vamos a seguir acompañando sus luchas reclamando justicia por todos los pueblos originarios”, afirmó.

Gendarmería, muerte y silencio: A 70 años de la Masacre de Rincón Bomba

Luciana Mignoli

Una violencia que se inscribe en un continuo histórico en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al “malón”. Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como “Campañas al Desierto”. Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX.
La Gendarmería Nacional protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacimiento en la Reducción de Napalpí fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados.
En la actualidad, se puede mencionar – entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. Allí – al igual que hace dos meses en Cushamen- la comunidad qom sostenía un corte la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.
En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina.

La Bomba
Tonkiet era un hombre que – según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño.
Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual.
Dicen que el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería Nacional fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea.
Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.

Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. Su delito fue reunirse.
La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.
“Calendario”. Obra de los artistas plásticos Hugo Vidal y Cristina Piffer.
El minucioso y respetuoso documental “Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio”, de Valeria Mapelman, recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento.
Allí, también se recuerda en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo.
Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería Nacional que llevó adelante la masacre.

Morir sin justicia
Qadeite era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a su madre y su pequeño hermano. Se escondió en el monte. Pasó hambre. Escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos.
A muchos “se los tragó el monte”. El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida.
Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas.
En esta última funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”.

Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas.
Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera- le pidió perdón.
Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Qadeite falleció en septiembre de 2015, unos meses después de la partida de Setkoki´en (Melitón Dominguez), otro activo sobreviviente de la masacre.
El año pasado fue el turno de Salqoe (Pedro Palavecino), un anciano que siempre instaba a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. “Falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”, decía.

Y hace un mes murió Ni´daciye (Solano Caballero) que en diciembre del año pasado llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires desde su Formosa natal para dar testimonio.
“Tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito. Es grande, está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años”.
En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.

Genocidios de segunda
Este 10 de octubre a las 17, la Federación realizó un acto por la conmemoración de los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte en intersección con la Ruta Nacional 81, Las Lomitas. Entre otras cosas, esa tarde se inauguró un memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, realizado por el artista plástico Ulises González, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.
¿Cuántos organismos de derechos humanos les mandarán sus adhesiones? ¿Cuántas figuras públicas acompañarán ese día al Pueblo Pilagá? ¿Cuántos medios de comunicación destinarán amplias coberturas a esta masacre impune? ¿En cuántas escuelas recordarán este hecho histórico? ¿Y por qué hay dolores que conmueven más que otros?
Porque hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente.
Un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber “bajado de los barcos” y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.
Porque participamos –sin siquiera saberlo- de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo.
El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares.
Reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza.
Por eso, en el 70º aniversario de una de las masacres crueles del siglo XX, Qadeite, Salqoe, Setkoki´en, Ni´daciye y todo el Pueblo Pilagá merecen que nunca deje de exigirse memoria, verdad y justicia por las víctimas y sobrevivientes de Rincón Bomba.

(*) Luciana Mignoli es periodista e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.
Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento, Revista de Gendarmería Nacional (1992).

CONTACTOS PARA NOTAS:
Noolé Palomo: 3718623642, Consejo de Mujeres
Ángel Navarrete: 3715497145 (Whastapp), Consejo de Ancianos
Bartolo Fernández: 3715488236, Consejo de Representantes
Tomas Domínguez, teléfono 3718560854 (Whatsapp), Secretario de la Federación
Para enviar adhesiones: federaciondelpueblopilaga@gmail.com
VIDEO: Corto de 18 minutos, “La historia en la memoria”, de Valeria Mapelman.

«Si debo morir, moriré luchando por mi derecho»; Agustín Santillán, 20 días en huelga de hambre

 «Si debo morir, moriré luchando por mi derecho»; Agustín Santillán, 20 días en huelga de hambre

(Por La Retaguardia) El referente wichí escribió una nueva carta desde la Alcaidía de Formosa, donde permanece detenido desde hace más de cuatro meses. Aunque ya no le quedan causas con prisión preventiva, ya que todas fueron cayendo, la justicia formoseña lo mantiene preso y alejado de su familia. La salud de Santillán desmejora a cada día ya que continúa con su huelga de hambre esperando, al menos, que lo trasladen nuevamente a Las Lomitas. «Desde la cárcel de Formosa escribo esta carta. Hace como 20 días que decidí hacer huelga, mandé un escrito al juez López Picabea pidiendo que me trasladen de nuevo a Lomitas y por mi libertad. Hasta ahora no tengo ninguna novedad. Voy a seguir con mi huelga de hambre pase lo que pase con mi vida, porque me acusan de cosas que no hice. Si me pasa algo, ya todos saben quiénes son los responsables. Lejos de mi pueblo, lejos de mi familia, pido acercamiento familiar y no me responde. Yo sé que todos tenemos derecho. Siento un dolor, y por ser «indio» me discriminan. El juez no importa mi condición económica. Seguiré con mi huelga hasta donde dé mi cuerpo. Si debo morir, moriré luchando por mi derecho. Atte:Agustín Santillán»

«La causa contra Agustín Santillán no es judicial sino política»

Pablo Pimentel y Nora Cortiñas tenían un viaje planificado hacía meses. Querían estar en Formosa por el 70° aniversario de la masacre de Rincón Bomba. Aquel viaje se postergó y finalmente se realizó junto a una delegación de organismos de derechos humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Una vez allí, aprovecharon para visitar a Agustín Santillán, conocer su situación legal y entrevistarse con diferentes autoridades de la provincia.
El día de la visita a La Retaguardia era especial para Pablo Pimentel. Se cumplían 33 años de la muerte de su padre, don Eduardo Pimentel, que “a los 60 años se iba temprano y sin avisar”. El 6 de agosto de 1984, Pimentel padre presentaba junto al FOSMO – Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio- el primer proyecto de abolición al servicio militar obligatorio y “un día como hoy se despedía del mundo dejándonos un legado que hoy homenajeamos”. Un legado que Pimentel hijo llevó con dignidad y orgullo, avocándose de lleno a cualquier situación de injusticia o violación de los derechos humanos. Por eso su viaje a Formosa y por eso su presencia en La Retaguardia pocas horas después de haber regresado: “Fueron cuatro días muy completos de tareas interesantes. Llegamos el viernes a Formosa con Paulita Alvarado y Norita Cortiñas (además de los integrantes del EMVyJ). Logramos meter una amicus curiae en el marco del genocidio por Rincón Bomba. Ahora se cumplen 70 años de algo que quedó impune y que murieron dos mil hermanos y hermanas pilagá. Habíamos ido por esto. Nos dieron el teléfono de alguien del juzgado, nos abrieron y nos recibieron el amicus curiae. Le hemos pedido que lleven adelante el juicio por la verdad”, comenzó relatando Pimentel.

La visita a Agustín Santillán
Así como La Retaguardia tuvo inconvenientes en lograr una autorización para visitar al referente wichí preso en la Alcaidía de Formosa, uno de los integrantes de la delegación que viajó con Pimentel no pudo ingresar a la visita: “Hubo una lista que autorizó el juez y pudimos entrar. Hubo un problema que se exteriorizó no autorizando la entrada a Paula Alvarado. Hay un problema interno. A ella se le prohibió entrar. Estaba firmado por Agustín Santillán. Paula se bajoneó mucho y se volvió a Buenos Aires. Después Agustín me dijo que a él lo obligaron. Es un problema de interna de abogados. Esa soberbia que caracteriza a algunos compañeros y compañeras abogados que no socializan toda la información o se ponen celosos hay que desterrarla de la militancia. Me quedé con mucha angustia. Estaba Norita, Nilda Eloy, Miguel (Rainieri) de Liberpueblo y Margarita Pinto del Colectivo Memoria Militante. Evidentemente (el responsable) fue Daniel Cabrera”, explicó; de la delegación también participaron Alejandrina Barry del CeproDH, Claudia Ferrero de APEL, Silvana Di Lorenzo de Resistencia Qom y Gabriela Vargas de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El presidente de la APDH de La Matanza contó cómo vio a Agustín Santillán y las sensaciones que le dejó su encuentro: “Agustín estaba muy angustiado. Estaba en el quinto día de una huelga de hambre (que continúa al cierre de esta nota). Está pidiendo la libertad. No sabe por qué está preso. Está preso porque es un luchador social que ha tenido el tupé de pararse ante el sistema feudal de esta provincia y haber dicho que respeten su territorio y su cultura. Es lo que están haciendo los hermanos mapuches en el Lof Cushamen, lo que han hecho muchos militantes originarios de distintos puntos del país que están sufriendo causas o cárceles”, evaluó. Pidió por la liberación de Agustín, Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías, y tildó como causa política el proceso judicial que aun los retiene en prisión: “Le solicitamos al juez que Agustín regrese a Las Lomitas hasta tanto recupere su libertad de acuerdo al dictamen de la Cámara que fue contundente. Decretó nulo el proceso de detención de Agustín. La figura es anulando el auto de procesamiento en la causa que le quedaba a Agustín. Pero no es una causa judicial. Es una causa política. Está clarísimo. Se lo dije a (Francisco) Orella, que es el juez que está subrogando a (Marcelo) López Picabea. No hay sustento, no es una causa judicial”, protestó Pimentel. Este lunes, López Picabea retomó sus tareas, pero aún no respondió el pronto despacho con el pedido de excarcelación inmediata de Santillán que solicitó su abogado Daniel Cabrera.

De todos modos, los tres wichí continúan presos y eso despierta la preocupación de sus familiares. Los organismos de derechos humanos que visitaron la prisión hicieron todos los esfuerzos posibles para lograr su liberación, que si siempre fue ilegítima ahora además es ilegal: “Agustín y la familia están con una angustia muy grande. Por lo menos se quedó con la tranquilidad que lo planteamos y le llevamos al juez lo que recibió el jefe del penal, de ser trasladado. Agustín sigue ahí. Hay que chequear, pero parece que no se sentía muy bien. Le hemos planteado al juez que Agustín, Delgado y el otro compañero Frías no podían estar ni un día más. Si seguían presos estaban en forma ilegal. Me dijo que esperara a que recibiera el expediente. Ahí Cabrera estuvo bien. Dejó el pedido de absolución y libertad con una copia. Hoy podrían haberlo soltado y todavía sigue preso. Están los tres en la misma situación. Hablamos por los tres. Pasa que a los otros dos no llegamos a verlos. No hubo tiempo”, informó Pimentel en el programa La Retaguardia. Delgado y Frías permanecen detenidos en la Alcaidía de Las Lomitas.

El presidente de la APDH de La Matanza agradeció a “Nilda Eloy y a los compañeros de Encuentro Memoria Verdad y Justicia que pusieron sus recursos” y también a los integrantes de La Retaguardia que semanas antes estuvieron en Formosa mostrando las condiciones en las que vive la comunidad wichí: “El camino que ustedes hicieron dejó su sendero. Los compañeros de la APDH (de Formosa) valoraron mucho que ustedes hayan podido ir y visibilizar la situación que se estaba viviendo”, expresó.

Los reclamos de los pueblos originarios
Pimentel denunció no solo los escasos recursos que existen para atenderse en las comunidades sino también la discriminación que sufren los aborígenes: “Estábamos reunidos con la federación Pilagá. Un señor mayor nos contó que fue al hospital nuevo que hicieron en Las Lomitas temprano, a las 4 de la mañana, para ser uno de los primeros en ser atendidos. Lo atendieron último. Es una señal de total discriminación. Es porque es aborigen. Los atienden al final. Tuvimos la oportunidad de decírselo al juez. Le dije que esto estaba en la vidriera no solamente de la Argentina sino de todo el mundo, la detención de Agustín Santillán y los demás hermanos. Esto se ponía a punto con lo de Facundo Jones Huala, Milagros Sala y los demás detenidos de la Tupuc Amaru. Los Estados no se bancan que los pueblos originarios hagan cumplir y respetar el artículo 75 inciso 17, reformado hace 23 años, que habla del derecho a la consulta y de la recuperación territorial, de la preexistencia. Si hablan de la preexistencia es porque en algún lugar estaban. Sin embargo, los Gobiernos no quieren hablar de la tierra. Pueden dar remedios, ropa, alguna casa, educación bilingüe, pero un territorio no. Esa es la discusión de fondo”. Pimentel repasó la larga lista de estos actores sociales que sufren la discriminación política y la injusticia social de toda una nación. Además contó sobre las proclamas que presenció en una reunión de comunidades: “Facundo Jones Huala, los chicos que fueron reprimidos en el Sur, la detención de los formoseños, la detención de Milagros Sala y los procesamientos que hay en Salta o Chaco son porque se cansaron de que esta Nación no respete sus acuerdos. Uno de los temas que nos llamó la atención fue cuando hablaron todos los hermanos en aquella interwichí el sábado y dijeron ‘Nos sentimos esclavos de un sistema y nos sentimos discriminados. Nosotros por ser aborígenes no tenemos los mismos derechos que el blanco.’ A esta altura del partido, con todos los avances que ha habido en el mundo y propiamente en la Argentina en materia de derechos humanos, no podemos tolerar que hermanos que pertenecen a pueblos preexistentes estén viviendo esta situación”, dijo indignado y siguió relatando lo que vivió en su experiencia en Formosa, donde juntó reclamos de toda índole para presentar ante las autoridades nacionales: “Las casas que el Estado hace no son casas dignas. Optimizan. Prefieren hacer muchas casas no dignas y no como ellos las establecen. Venimos con la mochila cargada de demandas y con cosas para plantear en el Gobierno nacional. Telefónicamente vamos a bombardear a los funcionarios con los que hemos estado, incluido el intendente. Por una cuestión de respeto lo fuimos a saludar antes de irnos con todos los originarios. Éramos un grupo de 30. Le dije al intendente que me iba con mucha preocupación. El domingo estaba en el lote 47 en una salita con una chica wichí. Ella va todas las mañanas, abre la salita, recibe a los médicos y siempre tiene la angustia de que cuando viene un hermano a buscar un medicamento no lo hay. Eso no me lo contaron, lo vi yo. En el momento en que estaba vino un chiquito llorando porque le dolía mucho la cabeza. Tenía fiebre. Cuando pidió un remedio la chica le respondió que no tenía. Esto es lo que está pasando hoy en Formosa y en la Argentina. Son lugares que tienen que estar provistos con medicamentos, que seguramente están las partidas y alguien se las queda. Otra cosa: Una docente, directora, se afanó literalmente 80 mil pesos que habían llegado para hacer una cocina. Llegaron 95 mil pesos, hizo una cosa que costó 15 mil pesos, sacamos la cuenta, y el resto se los quedó. El intendente lo reconoció y dijo que lo están investigando. Estas cosas que viven cotidianamente son muy perjudiciales para la educación, para la salud, para el deporte y la religión. Había una cancha que empezaron hace dos años y no habían terminado. El domingo estaban orando en una iglesia tipo choza que se venía abajo. El pastor me pidió que se lo planteara al intendente. Está todo pendiente. Está todo para hacer”, admitió con preocupación Pimentel.

Para colmo, otro de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas de Formosa y el resto del país es que cuando la ayuda es finalmente enviada a las comunidades por parte del Gobierno nacional, el Gobierno provincial la detiene, argumentando que ya están cubiertas esas necesidades: “Eso me lo dijeron secretarios de vivienda de Nación. Cuando le fuimos a plantear las viviendas para los wichí el año pasado nos dijeron que llegaron hasta la Casa de Gobierno de Gildo (Insfrán, Gobernador de la Provincia de Formosa). Gildo les dijo que él se ocupaba. Después ellos las reparten punterilmente a los que le responden”, explicó.

La situación legal de Santillán

La carta que presentó la delegación ante el juez subrogante pidiendo la libertad de los wichí.
“La sensación que nos dio a los que estábamos ahí es que el juez Orella recibía el expediente y resolvía. Entendía que el fiscal no iba a apelar la medida de la Cámara. Si el fiscal no apela y le da lugar a lo que le dice la Cámara, tiene que quedar libre. Son plazos políticos. Hicimos un poco de ruido y salimos en los medios. Yo creo que habrá llamado (Jorge) Gonzalez, el Ministro de Gobierno (Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia de Formosa), a dar alguna instrucción seguramente. Es muy peligroso porque el juez no tiene elementos para seguir teniéndolos ni un minuto más presos a ninguno de los tres”, aseguró Pimentel.
El conflicto mapuche en la Patagonia con la detención de Facundo Jones Huala y la represión al Lof Cushamen ayuda a Insfrán a sostener la prisión de Santillán, manteniendo una misma línea política a lo largo del país de criminalizar y demonizar los reclamos de los pueblos originarios: “Lo de Milagros Sala también. Los procesados pobres, los que luchan. Esto tiene que ver con un cambio filosófico de administrar la Justicia en base al cambio político que hubo en la Argentina. Cuando la Justicia no hace justicia crea impunidad. El caso Gabriel Blanco se revirtió después de que asumió (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri. Hasta el Gobierno anterior, era un fallo condenatorio. Después quedaron con prisión domiciliaria los policías. Esto está pasando ahora. La discusión es la tierra, el agua, el petróleo, la soja, el latifundismo y la caña. En Formosa y en Esquel. Allí hemos viajado tres veces con Norita este año por la represión que hubo en enero, después por un problema que hay con las trabajadoras de limpieza de la universidad del Comahue y pidiendo la liberación de Facundo Jones Huala. Todos te hablan de lo mismo. Son jóvenes que hemos empoderado para que interpelen al sistema y ahora nos rasgamos las vestiduras. Siempre se rasgó las vestiduras cuando el pueblo se organiza y reclama los temas de fondo. Los pueblos originarios quieren hacer un cambio de fondo y que se los reconozca como pueblos preexistenes. Si los reconocen, tienen que reconocerles un territorio. Para reconocerles un territorio tienen que sacarle a los que tienen mucho y que ellos vuelvan a hacer sus rucas en el Sur y sus chozas en el Norte”, razonó Pimentel, acercándose a la utopía de la justicia para los originarios.
Ese reconocimiento del que habla Pimentel está basado en la Constitución: “A los que son legalistas vayan a la Constitución Nacional, artículo 75, y van a ver que todo eso se reformó hace 23 años y no se puso en práctica. Hay que terminar con la hipocresía, con la mentira y con la subestimación; el sistema nos subestima permanentemente. Subestima a los pobres, pero dentro de los pobres hay otra categoría más baja que son los originarios”, calificó el referente de derechos humanos.
Si bien el Gobernador Insfrán no pertenece al PRO ni a Cambiemos, es decir, ningún partido político del Gobierno que Pimentel critica, pudo encontrar una definición para Insfrán: “Es un acomodatista de acuerdo a las circunstancias que vienen. Formosa vive de la coparticipación federal. El 80% de los formoseños vive del empleo del Estado de Formosa. Él es el patrón de estancia que define, por eso valoramos tanto la militancia en esas provincias. No solamente en Formosa, sino también en Salta o Jujuy. Son sociedades muy conservadoras. Hay que terminar con la hipocresía. Los derechos humanos se respetan o se violan, no hay término medio. Acá se están violando”, sentenció.

La desaparición de Santiago Maldonado

Por último, Pimentel se refirió a la desaparición del joven platense que se encontraba en la represión que sufrió la comunidad mapuche en el Lof Cushamen por parte de la Gendarmería: “Lo hago responsable a Mauricio Macri y pedimos la renuncia de Patricia Bullrich por incompetente. A Santiago lo han visto por última vez corriendo hacia el río. Los mapuches cruzaron el río. Él no lo llegó a cruzar porque no sabía nadar. Se escondió en un arbusto y fue visto cuando la Gendarmería lo tomó, lo detuvo, lo cargó a una camioneta y se lo llevó. Basta. Lavaron esos vehículos. Más claro echale agua. En el país de los desaparecidos. De la dictadura. En el país de los desaparecidos en democracia. Jorge Julio López. Luciano Arruga. Tantos jóvenes. No puede ser que estemos tolerando que un joven que fue a solidarizarse y acompañar amigos en una recuperación territorial hoy esté desaparecido con la Gendarmería. A ver, pueblo, ¡reaccionemos! Pasado mañana por la marcha del viernes pasado tenemos una oportunidad de ir a la Plaza de Mayo y desbordarla. Hay que desbordarla al estilo 10 de mayo, cuando estábamos por el 2×1. Por qué fuimos contra el 2×1. Justamente porque no queremos que los genocidas estén sueltos. Hoy hay miembros de las fuerzas federales que han desaparecido a un joven y los tipos no responden. Si no responden ellos debería responder el presidente. Sin embargo, no. Pido que no nos resignemos. No naturalicemos la desaparición de Santiago Maldonado. Tenemos que interpelar y si es necesario pedirle el juicio político a quien sea, inclusive al presidente. No puede ser que en el país de los desaparecidos, en un mundo donde las comunicaciones están al día, este chico todavía no aparezca. Hoy hablé con Sergio Maldonado. Estaba realmente muy mal. Me imagino el dolor que te desgarra por adentro. La incertidumbre de saber qué pasó. Sobretodo conociendo a estas fuerzas que son brutas. Son fuerzas que no les importa absolutamente nada. Alguien que tiene que responder es Pablo Noceti, Jefe de Gabinete de Patricia Bullrich. Él regenteó el operativo del Lof Cushamen cuando tenían una orden judicial estrictamente para desalojar la ruta 40, cortada cada tanto. Una vez que la desocupó, la Gendarmería se tenía que haber ido. Se metió al Lof y empezó a quemar las pertenencias de los hermanos y hermanas. Ahí es donde este chico se esconde. Lo ven, lo detienen y hoy está desaparecido. Insisto, el responsable primero es Mauricio Macri. Segundo, Patricia Bullrich. Estaba citada para ir a la Cámara de Diputados y no fue. Subestiman al Poder Legislativo. Subestiman al pueblo y a la familia de Maldonado. Son de 25 de mayo, un pueblo de la provincia que me imagino debe estar como todo el pueblo esperando que haya una respuesta”, expuso Pimentel, señalando al presidente y a la ministra de Seguridad como responsables directos y acusando a Nocceti, quien estaba en el lugar de los hechos al momento de la desaparición de Santiago y comandó el operativo represivo que se lo llevó.
Un dato que puede resultar importante para la investigación es que en los días previos a la represión en el Lof Cushamen había mayor presencia de lo habitual por parte de las fuerzas de seguridad y también estaban allí otros escuadrones de Gendarmería además de los locales. Cuando fuerzas represivas de otros sectores van hacia un lugar ajeno a su jurisdicción suele significar que se va a tratar de una represión fuerte y desmedida: “La Argentina se ha caracterizado por acciones disciplinadoras por parte del Estado. Históricamente, en dictadura con los 30 mil, pero también en democracia hay hitos donde disciplinan: Teresa Rodríguez, Cutral Co, Aníbal Verón, General Mosconi, Darío y Maxi, los 70 muertos en el 19 y 20 de diciembre del 2001, Mariano Ferreyra, Agustín Ramirez en el ’88, los wichí presos, Milagro presa, Facundo Jones Huala preso… es para que los que queramos interpelar al sistema nos midamos un poquito. Miren lo que pasa con los chicos que por ahí no son militantes y van a solidarizarse. Desaparecen. Está visto por todos. Lo que tenemos que hacer pueblo es decirle a Macri y a las autoridades que no subestimen más, que den las explicaciones o si no vayan todos presos. Todo ese escuadrón que intervino tiene que estar todos presos hasta que este chico aparezca”, exigió Pablo Pimentel.

Viaje al mundo wichí – 5 – «Pasan los días y él nunca sale»

Al momento de la charla, los tres estaban en el mismo lugar de detención, la Alcaidía de Las Lomitas, aunque Santillán permanecía solo en una celda. Ahora que el referente fue trasladado a la Alcaidía de Formosa, seguramente castigado por haber denunciado amenazas, Delgado y Frías permanecen en Las Lomitas.
Víctor Hugo Delgado fue detenido el 1 de abril, quince días antes que Santillán. “lo detuvieron por intermedio de un empleado municipal que tiene como nombre Bienvenido Helguera –comenzó relatando su padre-. Lleva como alias Pirulo. Lo buscó de tantas maneras para sacarlo de la casa, mintiéndole de llevarlo a trabajar. Lo llevó a la avenida en el centro y llamó a unos policías que estaban de civil, con pantalón corto, remera y las esposas en los bolsillos. Ahí fueron y agarraron a mi hijo, directamente. De ahí, dice mi hijo, que lo han volteado, le han puesto las rodillas en la espalda y lo han tenido boca abajo hasta que vino el patrullero y lo alzó. Lo trajeron a la comisaría. Después, nos hemos enterado nosotros y hemos ido a la comisaría”, contó Felipe pausadamente. Delgado es criollo, “pero tengo los papeles, ya me hicieron la adopción”, dijo con humor mientras recordó que hace 21 años que vive con su esposa, Delicia Villa, una mujer wichí que asiente y sonríe vergonzosa en el fondo de la escena, apoyada contra una pared. Felipe relató que decidió acompañar a su hijo detenido a Las Lomitas porque temía por su seguridad, pero que no pudo evitar que le pegaran: “sin embargo, después le han pegado a él, más tarde, allá en Lomitas. Igual le han pegado. Él nos avisó a nosotros cuando hemos ido a visitarlo. Le han pegado. Lo han garroteado. La madre fue primero que yo. Tenía todavía lastimado aquí detrás de las orejas, se le hinchaban los dedos, tenía moretones en la espalda… Ahora estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Tenemos esperanza”.

Las razones de la detención de Delgado son similares a las de Santillán: “A él le adjudican tantas cosas. Por último le adjudican que él quemó esta casa, pero él no estuvo. Justo ese día estaba trabajando para un gendarme, aquí a dos cuadras. No hay forma de que lo comprendan. Le dicen que no. Que él estaba, pero no estuvo en esto”. La casa quemada queda a pocos metros y es del policía Chamorro, a quien los hermanos identifican como quién disparó a corta distancia contra Santiago Torres y le produjo la pérdida de su ojo derecho. Al día siguiente, mientras Torres era atendido en la capital provincial, vecinos del barrio escracharon la casa, que ahora tiene una camioneta policial como consigna permanente. Le preguntamos si no llamaron a declarar al gendarme de la casa en la que estaba trabajando su hijo aquel día: “No, no le piden declarante. No le piden testigo. No le piden nada. Todos los testigos que buscan son los testigos que van en contra de mi hijo como en contra de Agustín Santillán. Testigos a favor de ellos no piden, de ningún lado”, explicó.
Durante los pocos días que estuvimos en Formosa, apenas tres, las jornadas se nos hicieron demasiado cortas. Nos levantamos bien temprano pero al final del día, lejos de correr a la cama para descansar, necesitamos quedarnos charlando aunque sea entre nosotros, repasando la tristeza, programando el día siguiente para que no se nos esfumara ni un segundo. Escuchando, aprendiendo.

-¿Ya te volviste wichí? –preguntamos para distender.
-Y sí, qué va a hacer. Tengo mi niñez que pasé en una escuela aborigen. Estoy bien. Gracias a Dios, a todos lados en donde ando veo buena mirada del aborigen y del criollo. Muchas veces me miran mejor los aborígenes que hasta mi propia familia –respondió Delgado, con simpleza.

Delgado padre trabaja como albañil, por día. “Limpio terrenos, construcciones, de todo un poco. Todos los días estoy trabajando. Hoy me estaba yendo a trabajar, pero justo me dice vamos un ratito y enseguida me vine a escucharlos y conocerlos”. La que dice desde atrás continuamente, casi en susurros, es Delicia, la mamá de Víctor Hugo. Le preguntamos si quiere hablar, pero se niega una, dos, quizá tres veces. A la cuarta dio unos pasos hacia adelante. Nosotros acortamos distancia para achicarle la vergüenza, pero en cuanto le acercamos el micrófono la que preguntó fue ella: “¿Cómo pueden hacer para ayudarlo para que salga? Porque él tiene sus dos nenas y su esposa, que está embarazada. Día a día necesitamos para comer. Son tres, y cuatro con el que tiene en su vientre, que necesitan el alimento y todas esas cosas. Si no está él…bueno, estamos nosotros, pero más bien ellos lo necesitan a su papá”, nos dijo señalando a su nuera, que sonríe acariciando su panza.

“Espero que él salga lo más pronto posible. Le mienten, le dicen ‘vamos a ver la otra semana’ y otra semana, y pasan y pasan los días y él nunca sale. Eso es lo que tengo para contar y espero sus ayudas, a ver cómo pueden ayudarnos”, cerró Delicia. No supimos qué decir. Nos fuimos yendo cómo pudimos, cuándo pudimos. El silencio se apoderó de nuestro viaje por varios minutos. La hermana y el hermano wichí que venían con nosotros respetaron ese tiempo. Nunca lo charlamos hasta aquí, pero todos allí estábamos pensando si podíamos hacer algo. Escribimos esta nota con bastante angustia; mientras, tratamos de hacer lo que podemos.

Amenazaron de muerte a Agustín Santillán tras requisa en su celda -Viaje al mundo wichí – 4 –

Pero la requisa no fue el final. Cuando ya los policías se habían ido, a Santillán le acercaron una advertencia: “Cuidate y hablá con tu gente porque los del gobierno te quieren matar”. También le dijeron que mientras estuviera preso se cuidara, fundamentalmente de noche. En un Estado policial y de persecución sistemática como Formosa, es difícil saber cuándo se trata de una advertencia amigable o si es una amenaza directa en formato amigable.
A Agustín Santillán, preso político del gobierno de Insfrán, le dicen que no les alcanza con verlo preso y aislado, le aseguran que lo quieren muerto. Por lo que pudimos ver en nuestra corta recorrida, a los que no están presos, también los quieren muertos. Eso tiene una sola definición que podrá sonar exagerada y que no es una novedad para quienes conocen la realidad de los pueblos originarios en Argentina. La definición duele, pero no queda otra que aplicarla en este caso. Esto se nombra de una sola manera: genocidio.

Viaje al mundo wichí – 3 – «Matacos sucios»

No nos atrevemos a hablar de casualidades, sería demasiado inocente pensar que a dos miembros de la misma familia les puede ocurrir lo mismo con idénticas consecuencias en tan solo un año. Claudia dice que es sistemático, aunque lo diga con sus palabras, haciendo un gran esfuerzo por hacerse entender en español mientras su hijo mayor le susurra frases en su lengua para que no se olvide de contar nada.
“Después tengo un changuito que tiene bala, acá en el collar”, agrega esta mujer originaria, grandota y morocha, señalándose el cuello y haciendo gestos para que su hijo mayor nos mostrara la ropa que llevaba puesta otro de sus cinco hijos, el que aún conserva las balas de goma bajo su piel, porque su hermana no pudo quitárselas cuando lo auxilió.

Solemos decir que el Estado está ausente cuando vemos personas, familias y comunidades viviendo en esas condiciones, pero estos episodios sistemáticos dan cuenta de la presencia constante del Estado a través de su aparato represivo garantizando que los wichí sientan miedo cada día de su vida. “Acá la policía no nos respeta a nosotros. A mí no me gusta denunciar. No respetan a las mujeres y le hacen así el dedo (levanta su dedo medio imitando el gesto) y le tratan de todo. Nos tratan mataco sucio, mataco hediondo y a nosotros no nos gusta eso porque nosotros no molestamos a nadie. Nosotros queremos casa. No tenemos nada. Hay veces que mi hijo se va al retén de policía porque tienen que balear, lo tiene que balear el policía. Casi se muere, pero Dios es grande. Dios es grande. Yo quiero que nos respeten a nosotros la policía. No se puede pasar, ni salir para buscar leña ni para comprar carne, nada. Nos dicen mataco sucio, mataco hediondo, vieja cochina, todo te dicen. No sé, yo no puedo entender eso también. Nosotros somos cristianos”.

Claudia nació en el monte, y desde muy niña comenzó a trabajar. Luego se mudaron a Ingeniero Juárez –ciudad a la que la sabiduría popular nombra Ciudad Juárez- y desde hace diez años vive en el barrio 50 viviendas, desde que la comunidad wichi decidió, en 2007, tomar las casas que el instituto de la vivienda de Formosa había construido en sus tierras sin su consentimiento, para que fueran habitadas por familias criollas.

“Yo soy lavandera de todo el pueblo. Soy una mujer que le gusta trabajar de chiquitita: planchar, lavar, carpe, palear. Nosotros tenemos intendente, pero yo nunca le pedí algo al intendente. No, nada. Te tratan mal, patean, todo hacen. No sé, yo no tengo mamá y no tengo papá. Yo soy una mujer solita y tengo que trabajar para darle de comer a mis hijos”.

La voz de Claudia se quiebra y llora sin consuelo, parada junto al marco de la puerta de la habitación de la que su hijo no sale desde hace meses, porque apenas puede incorporarse de la cama. “Yo veo a mis hijos que están tirados, mi marido también que le sacaron el ojo”, insiste.
Como en el resto de las casas que visitamos, nos preguntamos cómo hacen para sobrevivir. Claudia ya no trabaja porque tiene una hernia que se lo impide. “Yo tengo pensión de $700. Con esito compro para comer”, explica casi con resignación.
Todas las personas que viven en esa casa están shockeadas todavía por los ataques que sufrieron y asustados por la presencia policial: “todas las noches caminan, caminan y caminan con caballos. Así se va a la esquina. Gritan. Los chicos se sientan. Hay veces que yo quiero salir y ahí gritan mujer y no nos respetan a nosotros. Salgo afuera y ya me chiflan. Me silban, todo hacen. No puedo pasar. No es lindo que hagan así con nosotros. No se puede vivir así. No sé cómo terminará.”.
Las comunidades wichí de Ingeniero Juárez están más desamparadas desde que Agustín Santillán está preso, por su solidaridad cotidiana que Claudia rescata: “Hay otro que está preso. Nada que ver con el problema que hacen. No tiene que estar preso. No es él. Lo culpan. Él es el cabecilla de toda la comunidad de nosotros. Trae alimentos, trae de todo. Ahora no hay nada, porque él no está. Se lo llevaron porque dicen que es él que hace, pero no, no es él. No sé por qué está preso. La policía no nos respeta a nosotros”.