«La jueza Gauchat fabricó una cauda judicial contra Hugo Silva”

A Silva, la jueza le reprocha hechos que nada tienen que ver con el delito imputado” advierte un documento reciente firmado por más de 20 organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, en el marco de la campaña por la liberación de Hugo Silva.

“La verdadera causa por la cual se lo mantiene detenido lo ha manifestado la propia Jueza al denegarle el beneficio de la excarcelación, en donde manifiesta: ‘Si bien en la presente se investiga la usurpación de un lote de la denunciante, son múltiples los casos iniciados por denuncias ante estos estrados y de público conocimiento la masiva invasión de otras tierras de forma casi simultánea por numerosas personas que utilizando de escudo a mujeres y niños para garantizar su impunidad ponen de manifiesto una organización tendiente a asegurar la imposición de sus decisiones que no descartan evidentemente la comisión de otros ilícitos para lograr su cometido. Los hechos acaecidos en la mañana del día 24 de septiembre del corriente año, en la que una gran multitud de personas trató de ingresar a este juzgado pidiendo a gritos la libertad de Silva constituye la más clara evidencia del resultado de la conducta que prima facie había venido desplegando el imputado’. Es decir, se lo mantiene detenido por ‘las múltiples denuncias’ y la ‘masiva invasión de otras tierra’” que supuestamente estarían realizando otras personas, y porque sus compañeros fueron a exigir su libertad” revela el documento de las organizaciones.

Días atrás Silva recibió la visita de su familia, y también de una comitiva del Ministerio de Derechos Humanos.Un grupo de compañeros y compañeras de su organización y su barrio, acampan para exigir la liberación. Mientras crece el clamor por su libertad, queda expuesto cada vez más el carácter “disciplinador” de la detención, lo que convierte al caso en un episodio de criminalización de la protesta y la pobreza, y a Hugo Jorge Silva, en un preso político.
#10añosdeSuperficie

Destrucción de la selva misionera con complicidad oficial

Las máquinas han avanzado hasta menos de 15 metros de sus casas, arruinado vertientes de agua de las que se provee la Comunidad, tapado el cauce de arroyos, destruido los tacuarales donde obtienen materiales para la construcción de sus casas y confección de artesanías. Arruinando las posibilidades de pesca y caza, ambas imprescindibles en la dieta alimentaria de las once familias que la integran.
Su territorio ocupa, apenas, 1715 hectáreas según el relevamiento efectuado bajo la ley 26.160, el monte que protegieron durante años desaparece de su vista en minutos, ante el silencio de las autoridades a sus reclamos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no le entrega la documentación que le permitiría exigir la protección de la provincia a ese territorio.
Su Mburuvicha – Casimiro Fernández- ha realizado denuncias policiales y enviado Carta Documento al INAI exigiendo la entrega de la documentación que misteriosamente se demora, ha reclamado al Ministerio de Ecología copia de las autorizaciones otorgadas al empresario maderero Tschirsch, ex vice gobernador de la provincia, esta es información pública pero después de un año siguen sin entregarla. Es evidente el peso político que el ex funcionario conserva.
En una provincia en la que se moviliza gente para impedir un camino de menos de una hectárea a una comunidad en la Reserva de Biosfera de Yaboty, se guarda un cómplice silencio ante la destrucción de cientos de hectáreas de selva nativa, claro, en este caso no es un indígena quien lo hace.

¿Dónde estaba Santiago Maldonado?

¿Dónde estaba Santiago Maldonado?¿Dónde estaba Santiago Maldonado?

(APL) Santiago estaba en la Comunidad de Vuelta del Río (Cushamen, Chubut) solidarizándose con la causa de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, cuestión que los organizadores del acto central de Plaza de Mayo omitieron en absoluto. No se puede entender el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado sin ver el contexto de represión continua y hostigamiento a esas comunidades, su largo conflicto por la tierra y su lucha contra el despojo. Esta es la discusión de fondo cuando se habla de terrorismo refiriéndose a los pueblos originarios, mientras se mantiene ilegalmente en prisión a Facundo Jones Huala en Chubut, a Agustin Santillán, Roberto Frias, Hugo Delgado y los hermanos Luna en Formosa, y se mantiene la orden de captura contra comuneros wichi. Libertad para ellos!

La Inquisición

1.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste romper el vidrio para escaparte si estabas secuestrada?” La joven levanta los ojos llorosos y trata de responder, desde la sensatez, una pregunta que roza el absurdo. Y roza el absurdo no sólo porque carece de sentido común (¿romper el vidrio? ¿escaparse por una ventana con vidrios rotos con una nena que sufre discapacidad motriz y tiene retraso madurativo?), sino también del más elemental análisis sobre las responsabilidades implicadas en una situación de encierro y amenazas. Para la fiscal, aparentemente, los secuestrados tienen la culpa de no escaparse, las mujeres golpeadas de no separarse de sus parejas, las prendidas fuego de no haber apagado a tiempo las llamas. “Pero se trataba de tu hija! Hubieras roto el vidrio!”, le reprende la fiscal y suma una nueva función a las previstas por el Codigo Penal: estipular lo que “se hubiera hecho”, así, en subjuntivo, en el colmo del contrasentido. El tribunal no objeta nada.

2.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste pedirle ayuda a la médica de guardia y avisarle que tu concubino las estaba maltratando?” La joven levanta los ojos llorosos y explica, desde la sensatez, que Lovera estaba vigilándola desde una ventana, a pocos metros de allí, y describe además cómo son los precarios “boxes” del hospital público de Oberá. “Pero se trataba de tu hija! Le hubieras dicho igual!”, amonesta nuevamente la fiscal, con el mismo tiempo verbal, y la misma autoatribución de funciones por fuera de la ley. El tribunal no objeta nada.

Los que estamos presenciando el interrogatorio y la increpación nos sentimos en el mundo del revés: ¿acaso es un crimen ser víctima y no poder verbalizar un pedido de ayuda? ¿No poder verbalizar no es acaso resultado de la misma acción del victimario? Y por otra parte: ¿la médica de guardia debía escuchar la palabra “ayuda” para ayudar en una situación tan clara de abuso de una menor? Y más importante aún: ¿concurrir a la guardia no es una forma de pedir ayuda en el contexto de las limitaciones de la vigilancia permanente de Lovera? Pära la fiscal, aparentemente, la víctima tiene la culpa de su condición, y “hubiera hecho algo más” para no ser victimizada. Tal razonamiento no solo va contra el principio de protección a la víctima sino que además niega los resultados de numerosos estudios realizados sobre el tema. El informe del psiquiatra Oscar Krimer, quien declarará mañana en la segunda audiencia del juicio, explora la línea de la “encerrona trágica”, que fue postulada por el psicoanalista Fernando Ulloa para describir el estado de indefensión en que quedan los sujetos sometidos a experiencias traumáticas por parte de aquellos que detentan el poder. Esta línea es aplicable a la violencia que padeció Victoria, que incluyó, según el profesional que la entrevistó, incomunicación, encierro, castigos físicos y psicológicos, amenazas de muerte y abuso sexual. En la “encerrona trágica”, la crueldad del victimario lleva a la víctima a una situación “sin salida”, en la que no puede apelar a un tercero, y su propia subjetividad resulta “amputada”, por lo que difícilmente pueda tener alguna responsabilidad en todo lo que sucede. Para la fiscal, no obstante, es necesario insistir sobre la responsabilidad de la víctima, porque de ese modo puede confirmar, supuestamente, que Victoria “no hizo lo suficiente” para salvar a Selene. Aunque Victoria, a pesar de la encerrona, hizo muchas cosas para salvar a Selene, la fiscal debe llevar al extremo del absurdo las supuestas “opciones” que tuvo la joven, para que el Poder Judicial pueda justificar el rol de verdugo que cumplió frente a esta víctima de violencia de género.

3.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste pedirle al médico que te revisara bien en la comisaría para que viera los golpes que tenías?” La joven levanta los ojos llorosos y responde, desde la sensatez, con una contrapregunta: “¿Usted estuvo alguna vez en una comisaría? ¿Sabe cómo le tratan a una en un lugar así? A mí me llevaron a las rastras, me tiraron en un calabozo oscuro, y el médico que llegó no me revisó bien.” La fiscal sonríe (¿?) e intenta decir: “Nunca estuve en una comisaría, pero sé que hubiera pedido que me revisen bien…”, pero es interrumpida por una acotación del abogado defensor, y la sonrisa se transforma en una mueca indescifrable.

La Inquisición no actúa sola, forma parte de todo un aparato que se despliega con el objetivo de mantener en funcionamiento el sistema de forma óptima. Los “agentes del orden”, los tipos que portan garrote y disparan balas, son parte connatural de ese sistema. Y el sistema, como sabemos, no funciona sin opresión ni explotación. ¿Por qué Victoria, una joven estudiante, sin antecedentes, que resolvió ser madre soltera y luchó por cuidar a su hija, termina en la comisaría y después en la cárcel? La respuesta es simple. Como diría doña Rosa: porque es “negrita” (descalificativo de clase y no necesariamente de raza), y porque es la madre, es decir, porque es mujer. Las opresiones deben seguir vigentes, la explotación debe seguir vigente, y el peso del Estado debe descargarse sobre esos sectores oprimidos y explotados. ¿Por qué la fiscal nunca estuvo en una comisaría? Qué pregunta; basta mirarla para saberlo. ¿Por qué a Lovera le trata con condescendencia? ¿Por qué el violador Santandrea está libre? ¿Por qué el femicida Willy Ríos volvió a su pueblo con una caravana de bienvenida? ¿Por qué Gruber está impune?

4.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste escaparte con el conocido de tu papá cuando lo encontraste en el supermercado? ¿A cuántos metros estaba? ¿A qué distancia estaba Lovera?” La joven levanta los ojos llorosos y responde, desde la sensatez: “¿Cómo me iba a ir si la nena estaba dentro del auto? ¿Acaso la iba a dejar sola con él?” La respuesta desarma la reprimenda que ya estaba en los labios de la fiscal (esta vez no puede decir: “Pero se trataba de tu hija! Te hubieras escapado!”).

Los que estamos presenciando el diálogo aplaudimos interiormente a Victoria, esta victoria de Victoria y todas las anteriores victorias de Victoria. Cada una de sus respuestas ha desarmado, al menos parcialmente, la estrategia de la acusación. Victoria ya no es una víctima, es una sobreviviente. Lo que no es poco frente a la Inquisición.

El fascismo se sube al colectivo

Estas preguntas nos llevan al ámbito de la legalidad de las medidas tomadas en estos operativos; sin embargo habría que preguntarse también sobre su legitimidad, su eficacia como forma de “prevención del delito” y los límites al poder del Estado frente al ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos, tales como la libre circulación, la presunción de inocencia, el derecho a no ser discriminado y muchos etcéteras.

Legalidad y sus grises
El art. 18 de la Constitución Nacional declara que “Nadie puede ser (…) arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.” Asimismo, varias opiniones indican que no existe una ley que obligue a las personas a portar el DNI, lo cual es cierto.

Sin embargo, por debajo de la ley suprema existe toda una infralegalidad que es la que realmente se aplica, que da márgenes para que la garantía constitucional quede en letra muerta.

Puntualmente en la provincia de Misiones, la ley XVIII – Nº 22 (Antes Ley 3389) que rige a la institución policial provincial faculta a los agentes policiales a detener sin orden judicial “a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse…”

Cuándo y cuál es la necesidad de “conocer sus antecedentes y medios de vida”, o cuáles son “circunstancias que lo justifiquen” queda librado al criterio policial, que además puede recurrir a otras figuras para justificar una detención arbitraria, por ejemplo algunas del Código de Faltas como la vagancia, el escándalo, la negativa a identificarse, que para ser probadas sólo necesitan la enunciación de la autoridad policial.

Se puede argumentar con razón entonces que todas estas atribuciones dadas a los agentes a través de estas leyes son inconstitucionales. Son planteos de vieja data, por ejemplo con respecto a los Edictos Policiales que regían antaño en la Capital Federal o con respecto al más recientemente modificado Código de faltas de la Provincia de Córdoba. Ambos abiertamente inconstitucionales.

Pero entonces hay que preguntarse cómo es posible que no solamente se aplican, sino que además se lo está comenzando a hacer de manera masiva en Misiones. Y en este punto la respuesta solamente puede ser política. Dejar esta cuestión en el ámbito exclusivo de la legalidad puede resultar realmente peligroso: es importante conocer las leyes y los derechos para ejercerlos, pero hay que ser conscientes de la inmensa debilidad del ciudadano ante cualquier requerimiento policial, incluido el de exhibir su DNI.

Antecedentes y responsabilidades

Este nuevo tipo de operativos de control callejero de personas, desconocido para muchos o recordado solamente por quienes lo evocan como una situación típica de los períodos de dictaduras militares, viene a sumarse a otros operativos masivos de identificación de transeúntes que se iniciaron en 2015 en el ámbito de toda la provincia de Misiones, que son presentados como controles vehiculares pero que en los hechos son operativos de control aleatorio de personas.

El 16 de mayo pasado los operativos dieron un salto en despliegue y espectacularidad, realizándose un megaoperativo de saturación encabezado por el jefe de Policia de la Provincia y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, del cual participaron 2000 agentes, 1500 de ellos en Posadas.
Ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, Marcelo Pérez: control masivo sobre la población.

De acuerdo con las mismas expresiones oficiales, estos operativos “preventivos” son parte de un plan de lucha contra el delito, enfocándose sobre todo en el tráfico de drogas y en el consumo.

El operativo consistió en ubicar dos policías por cada cuadra en todas las avenidas paralelas a la avenida Urquiza, desde Roca, Corrientes, Francisco de Haro hasta la avenida Jauretche. Los agentes requisaban tanto a peatones, a quienes se les pedía DNI y se les podía revisar sus pertenencias, como también a conductores, ya que se incluyó el control vehicular de autos y motos, controlándose también a sus ocupantes.

Como en muchos temas que implican el accionar policial, es necesario revisar las responsabilidades políticas detrás de estos “operativos de prevención”, además de la necesidad de revisar para qué fin sirven los operativos de control masivo.

Estos operativos no se llevan adelante en base a una decisión institucional de la Policía de la Provincia, sino en base a los planes de seguridad que diseña el gobierno provincial y ejecuta la Policía por orden del Ministerio de Gobierno.

El marco en el que se lleva adelante ese plan de seguridad es el de decreto de “emergencia en seguridad” que firmó el presidente Mauricio Macri a pocos días de iniciar su mandato en diciembre de 2015.

Presentación del libro de los seis dirigentes campesinos paraguayos presos políticos

En conjunto, todo ese material cuenta la historia de una batalla desigual: los seis campesinos junto a las organizaciones que los acompañaron en estos años frente al poder casi absoluto del Estado, el Ministerio Público, la Justicia paraguaya y los sectores políticos que operan a través de ellos, que les han impedido defenderse y los sometieron a todo tipo de arbitrariedades con las que los retienen en prisión.

Este libro es una ventana que permite mirar muros adentro y encontrar a estos militantes que, demonizados y criminalizados, traen su palabra para contar su historia, oportunidad que no tuvieron a lo largo de estos años en Paraguay.

La organización está a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión de Familiares de los Seis, la Federación Juvenil Comunista y el Partido Comunista de la Argentina.

Montecarlo sitiada por efectivos policiales ante el conflicto social

Cecilia Rodrigues

El operativo se instaló luego de que ayer fracasara en Montecarlo la reunión entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones y representantes de la Multisectorial de la zona, debido a que los funcionarios se negaron a incluir en la agenda de temas la situación de los docentes que se encuentran movilizados y en lucha hace más de un mes.
Si bien Ortiz puntualizó que hasta el momento no se habían producido detenciones remarcó el carácter intimidatorio contra los luchadores del operativo de saturación.

Conflicto docente:
En Misiones el ciclo lectivo inició con movilizaciones y paros docentes, ya que los gremios rechazaron el acuerdo salarial celebrado entre el gremio oficialista Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y el Ministerio de Educación.
Desde entonces no han cesado los paros y medidas de fuerza, en las que el sector más activo es el nucleado en el Frente Único de Trabajadores de la Educación (FUTE) que reúne a cinco gremios docentes disidentes. Uno de ellos, el Movimiento Pedagógico de Liberación (CTA-A), tiene una de sus bases más importantes en Montecarlo, ciudad en la cual luchan a la par de otras organizaciones de trabajadores que forman parte de la Multisectorial que ayer debía reunirse con el Ministerio de Desarrollo Social.
Los docentes de Montecarlo tenían previsto participar hoy en la movilización del FUTE en Posadas, pero debido a la situación de sitio policial decidieron el envío de una delegación y convocaron a reunirse hoy a partir de las 8:00 en la Asociación de Maestros.
Como primer punto, tratarán la exigencia de retiro inmediato del operativo de saturación.

Pedido de apoyo:
Se solicita a las organizaciones políticas y sociales de todo el país que exijan el retiro de la policía de la ciudad de Montecarlo y el fin de la intimidación a los sectores en lucha, dirigiéndose al Ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, Dr. Marcelo Pérez: E-mail: prensa.mindegobierno.misiones@gmail.com/ Telfax: (376) 4447174/ Félix de Azara 1749 – Posadas – Misiones.

Libertad ya a Victoria Aguirre

Que Victoria sea mujer no es un dato menor para entender esta situación. Como exponente del género oprimido, y como mujer pobre y trabajadora, que estudiaba magisterio para permitirle mejores perspectivas a su hija, Victoria sufrió y sigue sufriendo todos los golpes de un sistema putrefacto que no sólo es cómplice si no también garante de la opresión. Hoy debe esperar, sin derecho a la excarcelación, que se inicie el juicio oral que resolverá sobre la condena de 30 años que pende sobre su cabeza, como resultado de una serie de vejaciones que pone de manifiesto la perversidad de la trama patriarcal-capitalista y la extensión de la cadena de cómplices y responsables. Esta situación, además, nos revela la necesidad de emprender en forma urgente una campaña lo más amplia posible por su inmediata liberación.

Una víctima culpabilizada
Madre de una hija con retraso madurativo y episodios de epilepsia, Victoria, oriunda de Oberá, inició una relación con Rolando Lovera que en sólo 30 días terminaría en tragedia. En muy poco tiempo conoció de la peor manera a la persona detrás de la máscara. Su pareja, que al principio le demostró interés por ella y su bebé, de nombre Selene, a partir de diciembre de 2014, cuando comenzó la convivencia, se dedicó a alejarla de su familia – rompiendo su celular y mintiendo en las redes sociales acerca de su paradero-, a amenazarla a ella y a la nena, a chantajearla para tener relaciones sexuales, a maltratarlas psicológica y físicamente, hasta terminar secuestrándolas y matando a la más vulnerable de las dos, la niña. La historia fue descripta como una “encerrona trágica”; tal el nombre que le dio el médico psiquiatra Oscar Krimer y se conoció públicamente el acontecimiento en la crónica realizada por la periodista Alicia Rivas. En las encerronas trágicas, la víctima no tiene opciones, está totalmente sometida a su agresor, y no puede escapar de este “desamparo cruel”, en palabras del psicoanalista Fernando Ulloa. Como fue Victoria la que llegó al hospital Samic de Oberá con la niña en brazos, ya sin vida, no pudiendo dar muchas explicaciones, en estado de shock por las acumulación de conductas violentas y perversas para con ella y con su hija, la decisión judicial fue detenerla “en averiguación del hecho”.

¿Por qué no se evitó la prisión preventiva?
Luego de esta detención inicial, la diputada del Partido Agrario y Social (prokirchnerista), Miriam Duarte, ofreció a la familia de Victoria los servicios de un abogado, Roberto Bondar, y luego solicitó a Krimer, quien ya había participado como perito del caso María Ovando, una pericia psiquiátrica en forma “urgente” para pedir su liberación. El psiquiatra se entrevistó con Aguirre en la comisaría de Oberá donde estaba alojada, y determinó que se trataba de una “madre ejemplar”, dedicada a su hija y consciente de su patología, por lo que le realizaba constantes controles médicos, con conocimiento de medicamentos e indicaciones de prescripción. También determinó que se vinculó afectivamente a una persona que la engañó y abusó de ella en forma creciente, dejándola en un estado de indefensión y pasividad y, en los últimos momentos, de shock y pánico. Sin embargo, esta pericia, según Krimer, no fue presentada en tiempo y forma y tampoco se hizo la conferencia de prensa acordada con Duarte, debido a que el abogado decidió cambiar de estrategia, y, así, la carátula del delito sumado al agravante del vínculo, impidieron la excarcelación y permitió que estén llegando al juicio víctima y victimario en igual condición y en claro perjuicio para Victoria, sobre quien recaería una pena mucho mayor por su vínculo con la víctima.
Krimer no comprende ni comparte el cambio de estrategia del abogado, a quien acusa de falta de honestidad profesional. También denuncia la inacción de la diputada que lo contrató y que se llamó a silencio ante estas circunstancias. Señala, además, la falta de seguimiento del caso por parte del Colectivo de Acción contra las Violencias de Género, al que presentó un documento con toda la información.

Victoria Aguirre: un caso testigo
Victoria, así como Belén, la joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo y fue injustamente acusada de asesinar a su bebé, son casos testigos donde se ve claramente que toda la fuerza del sistema punitivo (que deja libres e impunes a violadores y asesinos, sobre todo si se trata de “hijos del poder”) se descarga sobre los sujetos más vulnerables del sistema social, que poco pueden hacer para defenderse apropiadamente. Misiones tiene un triste récord de casos de agresores y femicidas que eludieron a la Justicia y fueron protegidos por sus amigos o parientes con riqueza y vínculos con el Gobierno o las jerarquías del Estado. El de Tati Piñeiro es uno de los más resonantes: una niña de 14 años, violentamente ultrajada y asesinada en la localidad de Puerto Esperanza hace cuatro años, cuya madre aún espera que se haga justicia a pesar de haber llegado incluso a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien no le prestó atención al reclamo. En este crimen, los vecinos del pueblo señalan como posible perpetrador al hijo de un diputado y sobrino del intendente, que sigue comportándose con la impunidad que brinda el tener un apellido “intocable”. Pero los casos puntuales sólo muestran la fisura del sistema capitalista, que se rompe y sangra por su costado más frágil, mientras los poderosos siguen acumulando riqueza y privilegios. En este caso, como en muchos otros de violencia de género, el Estado es responsable, y los distintos gobiernos que lo administran, incluyendo el anterior y el actual, no cambiaron ni van a cambiar las condiciones fundamentales que dan lugar a la opresión.

Por eso pedimos:
LIBERTAD YA a Victoria Aguirre.

Basta de criminalización de las mujeres trabajadoras
Basta de encubrimiento a los violentos.

“Merecer la vida, no es callar y consentir / tantas injusticias repetidas”.
PCO- Misiones

Condena feroz y política de la oligarquía paraguaya a los compañeros

Llella de Misiones (desde Asunción)

La acusación contra los seis dirigentes está basada únicamente en el testimonio de un informante de la Fiscalía, Dionisio Olazar, quien indicó su participación junto a otros miembros de la dirección política del Partido Patria Libre en una reunión en la cual se decidió dar muerte a Cecilia Cubas, quien se encontraba secuestrada desde hacía varios meses.
Dicho testimonio es sumamente controvertido ya que el informante cambió varias veces de versión, de acuerdo a los intereses de la Fiscalía y la querella, cayendo en contradicciones irresolubles. Sin embargo ninguna de las instancias judiciales intervinientes dieron cuenta de ello.

Durante el año 2014 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó un informe acerca de las violaciones cometidas en el proceso judicial contra los seis, entre los más importantes indicaban:
1. Violación del derecho a la defensa: el Tribunal actuante en el caso impidió la presentación de pruebas de descargo que le hubieran servido a los seis campesinos para probar su inocencia.
2. Violación del principio de inocencia y sentencia previa: los acusados siempre fueron tratados como culpables, lo cual consta por escrito en la denegación de pedidos presentados a su favor antes de la confirmación de la condena e
por parte tanto del tribunal como de la Cámara de Apelaciones. Asimismo, Codehupy probó que la sentencia fue escrita con anterioridad a la finalización del juicio.
3.Abuso de la prisión preventiva: los seis cumplieron 10 años de prisión efectiva sin condena firme. El máximo establecido por la Constitución paraguaya es de 5 años. Asimismo, la omisión de contar el tiempo de prisión que los seis sufrieron en Argentina le permitió a la Justicia violar un sinnúmero de garantías procesales y denegar beneficios a los que hubieran debido acceder al cumplirse plazos procesales, como el levantamiento de prisión preventiva y la extinción de la causa penal.
4. Violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable: los seis fueron llevados a juicio casi seis años después de haber sido arrestados, por dilaciones del poder judicial.

Todas estas violaciones procesales son avaladas ahora por el reciente fallo de la Corte Suprema.
Sin embargo la decisión, por demás esperable, permite a las defensas legales acudir a instancias judiciales internacionales, posibilidad que estaba cerrada antes de la resolución de la Corte.

«Matemos a nuestros maridos»

Cecilia Rodrigues

Juliana habría sido hija de un cacique guaraní de la zona de Asunción, y habría sido entregada a su amo/marido español Nuño de Cabrera como parte de los pactos de amistad que celebraron los guaraníes con los españoles en los primeros años de la conquista. Juliana sería, en realidad, el nombre que recibió la india tras un breve – y obligado- ritual de bautismo cristiano que la “habilitó” a servir a un ibérico en tierras guaraníes.
Las referencias históricas son pocas, vagas y contradictorias, pero todas coinciden en la existencia de la guaraní que pasó a degüello a su abusador. Algunos autores ubican el hecho en la Semana Santa de 1539, fecha en la cual ocurrió el primer gran intento de motín de los guaraníes contra los españoles asentados en Asunción. Sin embargo existen elementos que indican que los acontecimientos que implican a Juliana ocurrieron con posterioridad a la intentona de la Semana Santa, ya en 1542.
Se cuenta que, harta de abusos y maltratos, Juliana asesinó a su amo/marido Nuño y luego habría incitado a otras mujeres guaraníes, entregadas como ella a los conquistadores, a seguir su ejemplo.
Así lo cuenta el historiador Roberto Romero (1995) en su obra La Revolución Comunera del Paraguay:
_“…las mujeres guaraníes protagonizaron la gran conspiración contra los colonizadores españoles, dirigida por la india Juliana, en el año 1542. Ella mató a su marido español Ñuño Cabrera y salió a recorrer las calles de la ciudad, incitando a las nativas que hicieran lo mismo con sus esposos europeos para terminar con todos los conquistadores. La conspiración fue dominada y Juliana fue condenada y ejecutada por orden del Adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. La heroína guaraní murió en la horca…” _(Romero, op.cit.)

El propio Alvar Núñez relata su intervención en el caso en su “Relación de los Naufragios y Comentarios”, dando una versión diferente de los hechos:
“…al tiempo que llegué á la dicha provincia fuy ynformado que una yndia llamada Juliana, natural de la dicha tierra, avia dado ponzoña a un crystiano llamado Ñuño de Cabrera, y que Domingo de Yrala la avia tenido presa é abia hecho proceso contra ella, é abiendo comprobado el delito por confision de la dicha Juliana (…) al tiempo que supieron que yo benia la hizieron soltadiza y la dicha Juliana se fue, é á todas las otras yndias que syrbian á los crystianos les dezia que ella sola hera la baílente que avia muerto á su marido; lo qual benido a my noticia mandé buscar é prender la dicha Juliana, y presa, procediendo de nuevo tornó á confesar el delito, (…) y por birtud del proceso mi alcalde hizo justicia della, porque damas de merecerlo convino para quitar el atrevimiento que otras no se atrebiesen á semejantes casos…”

Más allá de las diferentes versiones acerca del asesinato de Nuño de Cabrera, lo que queda fuera de duda es que Juliana fue torturada y asesinada públicamente con crueldad ejemplificadora para las muchas mujeres guaraníes que vivían en la Asunción de ese tiempo como concubinas de los conquistadores.
Los intentos frustrados de multiplicar su ejemplo no son mencionados con frecuencia por los historiadores que relatan las grandes rebeliones guaraníes contra los españoles, ciclo que comenzó en 1539; tal vez porque no logró poner realmente en jaque el poder de los conquistadores. Sin embargo, el asesinato de Nuño de Cabrera por parte de Juliana, una de sus concubinas, lejos de ser un incidente doméstico, tiene un trasfondo histórico dramático y nos propone mirar de cerca las relaciones entre guaraníes y españoles en los primeros años de la conquista de lo que actualmente es Paraguay; en particular, la situación de las mujeres originarias en ese contexto.

1537: fundación de Asunción, pacto entre carios y españoles
La entrega de mujeres como parte del pacto

Los españoles fundaron el fuerte de Asunción en agosto de 1537, siendo para ello decisiva la victoria en 1536 sobre las fuerzas guaraníes que estaban al mando del cacique Lambaré.
La bahía en la que se emplaza la actual capital paraguaya, antiguamente llamada por los nativos Paraguâ-y, era habitada por la parcialidad cario del pueblo guaraní. Como todos los guaraníes, se trataba de un pueblo guerrero, que se encontraba en la fase neolítica superior. Eran seminómades; se asentaban en algún lugar por algunos años durante los cuales practicaban una agricultura precaria y luego migraban para no agotar la tierra. No existía entre ellos divisiones de clase ni acumulación de riquezas, pero se organizaban en base a una marcada división sexual del trabajo: los hombres cazaban, recolectaban, preparaban la tierra para el cultivo y hacían la guerra, en tanto que las mujeres cultivaban la tierra, criaban a los niños y hacian el trabajo doméstico.
El primer contacto entre españoles y carios habría sido a través de breves escaramuzas en las cuales los ibéricos triunfaron en gran medida gracias a la superioridad de su armamento, pero también gracias al deslumbramiento que paralizaba a los guerreros carios cuando veían en las armas e instrumentos de metal de los extranjeros, el poder de la magia, lo cual representaba para los originarios una señal indudable de superioridad. A partir de alli llamarán karaí a los españoles, término que refería a sus propios karaiva o shamanes con poderes mágicos.
Ya al momento de ser derrotadas las fuerzas de Lambaré en 1536 los carios solicitan a los españoles que no maten a sus mujeres y niños, y les entregan mujeres en señal de rendición. Este episodio es narrado por el soldado Ulrico Schmidl en sus crónicas:
“…Como ya no podían resistir más y temían por las mujeres e hijos, que también tenían consigo en la ciudad, nos pidieron misericordia prometiendo complacernos en todo con tal que les perdonásemos las vidas. También le trajeron a nuestro capitán Jann Eyollass (Juan Ayolas) 6 mujeres, de las que la mayor tendría unos 18 año; le presentaron también 8 venados, ciervos y otras salvajinas más. De ahí se empeñaron con nosotros para que nos quedásemos con ellos, y le regalaron a cada soldado 2 mujeres, para que nos sirvan en el lavado y cocina. También nos dieron comida y de cuanto nos hacía falta. Así de esta manera se hizo la paz entre nosotros…”

Una vez fundado el fuerte de Asunción en 1537 los carios ven la posibilidad de establecer relaciones duraderas con los karai, y observando la ausencia de mujeres entre ellos, les ofrecen las suyas como manera de establecer lazos de parentesco.
La mayor expectativa de los guaraníes era que sus nuevos parientes los ayudasen a combatir contra otras tribus enemigas, tales como los guaicurúes y los payaguás; pero también sienten gran interés por poseer instrumentos de metal de los españoles, como el hacha de mano que, según comprendieron, facilitaría enormemente la tarea del rozado de la selva que hacían para preparar las tierras para los cultivos.
Cuando en 1541 Domingo Martínez de Irala decide despoblar el fuerte de Buenos Aires y llevar a toda la soldadesca a Asunción, menciona en sus cartas las razones de la orden, entre las cuales la disponibilidad de mujeres nativas en aquel lugar, parece ser de importancia fundamental:
_“…en el Paraguay […] está fundado[…] un pueblo en que estaran […] 400 honbres […] como vasallo de su Magestad los yndios Guaranys sy quier Caryos […] los quales sirven a los cristianos […] como con sus mugeres en todas las cosas del servicio necesaryas y mando para el servicio mejor de los cristianos 300 mugeres para que las sirvan en sus casas y en las rroças…” _Martinez de Irala

Los españoles, que ya habían escuchado hablar del mito del Kandiré, la tierra de la plata y el oro, buscaban llegar a ella a través del Chaco. En poco tiempo comprendieron que no había metales preciosos en la zona de Asuncion, por lo que solamente se propusieron establecer allí una posta de aprovisionamiento para llegar a la mítica zona de la plata en el Perú.

En ese sentido, los primeros años de relación entre guaraníes y españoles estuvo signado por haber consumado lo que la Dra. Susnik (2010) caracteriza como pacto de intereses: los guaraníes creían haber obtenido aliados contra sus antiguos enemigos y los españoles consiguieron quienes los aprovisionen y ayuden en sus expediciones.
El pacto se celebra con un hecho clave que es la entrega, por parte de los guaraníes, de sus mujeres, quienes eran la principal fuerza de trabajo de sus comunidades:
“…asentados ya los españoles en Asunción, los caciques Cupirati, Moquirací, Mayrarú, Yvy-yocá, por mencionar sólo a los principales, los que tenían su asiento donde está actualmente Asunción, vinieron ante los españoles con el deseo de formalizar el pacto de amistad. Ellos se hallaban dispuestos a aceptar a ese grupo de 400 hombres españoles, sin mujeres, porque la integración – según la mentalidad guaraní y según la de otros indígenas también- era que tratándose de un grupo de hombres solos, podían asimilarse efectivamente a su propio grupo étnico. Los guaraníes, sin conocer en absoluto la estructura sociopolítica ni sociocultural de los recién llegados, se limitaban a juzgar la situación por su apariencia externa, inmediata, y viendo que los españoles carecían de mujeres, pretendían formalizar el pacto de amistad con el ofrecimiento de sus propias mujeres. Así venían todos los caciques, los tey’i rú, cada uno con sus hijas y sobrinas, ofreciéndolas a los españoles, en la seguridad de que este vínculo político sería el verdadero lazo de amistad y formalización del pacto…” (Susnik, op. cit.)

Para los guaraníes la entrega de sus mujeres significaba la realización de un verdadero pacto político por el cual los españoles pasaban a ser no solamente aliados, sino parientes políticos, lo que en el mundo guaraní conceptualizaban como tovajas o cuñados. Esa relación implicaba estrechas obligaciones de reciprocidad de toda la familia de la mujer con los tovajas y debían ser correspondidas.
“(…) no se trataba de una mera pauta psicosocial sino de una verdadera forma de interrelación basada en el sistema guaraní del parentesco político. Esto lo sabían tanto los españoles como los guaraníes, quienes ofrecían sus mujeres para formalizar el pacto porque de esta manera se emparentaban con los karai y solamente por medio del parentesco político era concebible para una sociedad neolítica, como la guaraní, fundamentar una verdadera amistad interétnica. Solamente por medio del parentesco,además, podía esperarse que se cumpliera la norma de la reciprocidad, pues para los guaraníes –como para todos los neolíticos en general- dar es recibir; hacer un favor implica tácitamente la seguridad de recibir el contra favor. Tal era la regla de la reciprocidad que ellos mismos practicaban dentro de su sociedad…” (Susnik, op. cit.)

Los españoles también comprendieron el valor del pacto en esos primeros años, luego de sufrir hambre en el fuerte de Buenos Aires y sin haber encontrado en su camino hacia Asunción a otros pueblos cultivadores:
“…tanto Ayolas como Irala también comprendieron claramente el valor de este pacto, sabiendo que necesitaban contar con el respaldo de estos grupos cultivadores, con ese asiento fijo como retaguardia y como base de operaciones para sus ensayos expedicionarios hacia El Dorado, y que para ello era necesario también poblar el lugar estableciendo relaciones duraderas y estables…” (Susnik, op. cit.)

Es probable que Juliana haya sido una de las mujeres entregada a los españoles en los primeros contactos con los nativos. Los guaraníes no solamente entregarían mujeres a los conquistadores, sino que también dispondrían de una gran cantidad de guerreros jóvenes, los kerembas, que a compañaban a los españoles en sus expediciones.
Sin embargo esa ilusoria concordia duraría poco tiempo por varios factores, principalmente por el hecho de que los españoles nada compartían del concepto de reciprocidad de los guaranies, su ethos era claramente el del conquistador. Poco después, cuando llegara a ellos la noticia de que Diego de Villarroel había llegado al cerro del Potosí por el Perú, Asunción perdería interés como punto de llegada hacia la sierra de la Plata.

En muy poco tiempo los guaraníes comprobarían que los españoles en vez de tratarlos como parientes los trataban como siervos, lo que daría lugar en 1539 al primer gran conato de rebelión durante la preparación del Corpus Christi. La misma fracasó como consecuencia de la delación de una mujer guaraní entregada a Juan de Salazar, a quien el autor Helio Vera le atribuye el nombre de Juliana. No sabemos si se trata de la misma que degollara luego a Nuño de Cabrera.

La intentona de 1539 implicaría un cambio sensible en el trato de los conquistadores hacia los guaraníes: tras sellar una alianza con los guaicurúes para desarmar el intento de motín, Salazar hace capturar y ahorcar a diez de los principaes cabecillas de la fallida revuelta, todos ellos caciques principales.
Entre 1542 y 1543 se produjo la primera rebelión de otra parcialidad guaraní, los guarambarenses, quienes se negaron a aportar víveres y guerreros para las expediciones de los españoles al Perú. Irala capturó y ahorcó entonces al cacique Arambaré, lo que provocó la rebelión del cacique Tavaré, ligado a Arambaré por lazos de parentesco. La represión española contra las rebeliones fue sumamente cruel. Tavaré, tras ser derrotado, debió rendirse y pidió que les devuelvan a mujeres y niños capturados.

Cuando en 1542 Juliana llamó a las mujeres guaraníes a matar a sus maridos españoles, el trato de los ibéricos hacia los guaraníes era claramente de sometimiento, operado a través de las matanzas, las torturas, la captura y traslado forzado de mujeres y niños guaraníes hacia Asunción para ser convertidos en siervos.
Se pueden leer en documentos de la época denuncias de los propios conquistadores y de algunos clérigos ante el Consejo de Indias acerca de las prácticas violentas, el sometimiento sexual y la explotación a la que eran sometidas estas mujeres.
“_…y las demas han muerto con los malos tratamientos que les han hecho los espanoles que las pringan y queman con tizones atando las pies y manos, y las meten hierros ardiendo, y hazenles otros generos de crueldades que no es licito declararlas, y a otras con muchos acotes y palos que les dan […] sabra vuestra alteza que son muy grandes trabajos los que les dan que las hazen cavar con azadones /o palas todo el dia, y despues a las noches quando vienen las hazen hilar algodón dandoselo por peso y ansi lo buelven a dar hilado por tasa, estan todo el dia con ellas, con los frios y soles trabajan, y si alguna descansa le dan de palos, otros les dantarea de lo que han de trabajar y quando no lo acaban les dan de acotes y palos / demas ay al presente otra manera de nuevos trabajos que mas las muelen y matan que en pilones a bracos con unos palos muelen canas porque no ay otro artificio para ello de que hazen acucar, miel para hazer confituras y conservas y otras maneras de fructas, y en esto se gasta mucha lena, y se la hazen traer a cuestas…” _(Gonzalez M.)

Del status de la mujer guaraní
Hai o madre procreadora
La sociedad guaraní se organizaba en grupos familiares bajo la autoridad de un cacique. Los grupos familiares tenían una organización patrilineal y los caciques practicaban la poligamia.
Esta práctica estaba regida como todas las relaciones del mundo guaraní por el concepto de la reciprocidad: el parentesco obligaba a ambas partes y sus familias. Para los caciques la poligamia era una manera de acrecentar su poder político mediante relaciones de parentesco.
En la comunidad guaraní la mujer es la que trabaja la tierra y como en cualquier comunidad es la base de la superviviencia biológica. En el imaginario guaraní se asimila la mujer a la figura divina de Hai, la madre procreadora.

Kuña y tembireko
Con la aparición de los españoles y junto a ellos la llegada del cristianismo, la Corona Española permite el casamiento de españoles con yndias a condición de que sean bautizadas en la fe cristiana. Esto implicará un desdoblamiento del status antes único de la mujer, distinguiéndose la esposa, tembirekó, de la simple mujer, amante, concubina o también muchas veces llamada criada, a la que se la sigue llamando kuña.
Los españoles, que rápidamente adoptaron la práctica de la poligamia de los guaraníes desprovista de las obligaciones de reciprocidad y simplemente como práctica de dominación, en general consideraron a las mujeres guaraníes como kuñas, como amantes y sirvientas.

Marca de poder
Para los conquistadores la posesión de mujeres pasa a ser una marca de poder, cuantas más mujeres poseía un conquistador, se volvía más prestigioso y contaba, además de con el servicio de sus kuñas, con el obligado servicio por parentesco de los varones guaraníes.

Pieza y objeto de cambio
Algunos autores atribuyen la conversión de la mujer en objeto de cambio a la ausencia de metales valiosos en la zona, por lo que la economía asuncena seguia teniendo el carácter de economía de subsistencia. La mujer era una pieza clave en su sostenimiento y servía de valor de cambio ante la ausencia de objetos de valor. Las mujeres eran cambiadas por ropas, utensilios, objetos varios.
Asi también la mujer es claramente en este contexto un trofeo de guerra o pieza, práctica que ya era común entre los pueblos originarios cuando los españoles llegaron, siendo la captura de mujeres una práctica realizada no solamente por los conquistadores sino también por sus acompañantes los kerembas en sus expediciones al Chaco.

Mujeres esclavas
Pero mientras los kerembas capturan a las mujeres de los pueblos enemigos como forma de compensar las mujeres que comienzan a faltar en sus comunidades por la entrega pactada o forzada por parte de los españoles, los conquistadores ven la oportunidad de establecer un mercado de mujeres esclavas creando redes comerciales hacia la frontera con los dominios portugueses.

Muy tempranamente se comenzaron a registrar denuncias acerca de la venta de mujeres como piezas o su uso como prendas de cambio. El estatus de vasallos libres dado por la Corona a los pueblos originarios no regía en la práctica en la colonia, señalándose al propio Irala como el funcionario que estableció las relaciones comerciales para vender yndios a los pueblos portugueses del Brasil.
En 1542 el propio Alvar Nuñez emitió un bando en el que “recordaba” que los yndios son vasallos libres y no podían ser comercializados, esclavizados ni cambiados en trueque por objetos. A pesar de ello, la venta de mujeres llegó a cobrar gran dimensión en el puerto de Asunción.

Profundización de la violencia: las rancheadas
Las prácticas de maltrato y explotación que existieron desde el comienzo de la relación entre conquistadores y conquistados como episodios de abusos se generalizarían a partir de 1544 cuando, tras una larga disputa política, Alvar Núñez fue apresado y Martínez de Irala asumió su segundo periodo como gobernador. A partir del comienzo de su mandato, Irala cedería a la presión de la soldadesca que exigía que se les dé libertad de acción para dirigirse a los asentamientos cercanos y tomar ya sea mediante pacto o por la fuerza cuantos nativos quisieran para obligarlos a trabajar para ellos. Estas expediciones tomaron el nombre de rancheadas y significaron violentísimos ataques a las comunidades, mediante los cuales los españoles tomaban por la fuerza más que nada a mujeres y niños y los llevaban para su servicio o para su venta.

La práctica de las rancheadas se habría extendido en forma permanente al menos por cinco años, y provocó como respuesta la gran rebelión de 1546, la primera que puede considerarse realmente “panguarani”, en el sentido de que unificó a gran cantidad de cacicazgos.
La situación provocada por la extracción violenta de mujeres y niños de las comunidades para ese entonces es caracterizada por Susnik como de ocaso sociobiológico. El violento choque civilizatorio y las imposiciones de los conquistadores habían resquebrajado seriamente el antiguo sistema de relaciones en el mundo guaraní.
Privadas las comunidades de su fuerza de trabajo y de sus procreadoras, las hai, se les hacía cada vez más difícil continuar su antiguo modo de vida. Hacia 1546 las comunidades cercanas a Asunción se encontraban en situación crítica dado que prácticamente ya no nacían niños guaraníes por la apropiación de mujeres por parte de los españoles. A su vez, era frecuente que los jóvenes guerreros que acompañaban las expediciones de los conquistadores ya no quisieran regresar a sus antiguas comunidades, con lo que se dificultaba el establecimiento de relaciones de cooperación y reciprocidad.
Una de las mayores preocupaciones de los guaraníes en ese tiempo era el hecho de que los niños mestizos nacidos de las mujeres guaraníes con los españoles ya no se relacionaban con la comunidad materna, quebrando los antiguos lazos de parentesco, base de las relaciones guaraníes.
En esa situación y ante el embate de las rancheadas, muchas de las comunidades cercanas a Asunción optaron por alejarse de la zona y buscar refugio en zonas más alejadas, selva adentro. En pocos años en Asunción y sus alrededores, casi la totalidad de la población será por lo tanto mestiza.
La extracción, primero pactada y luego forzada de las mujeres guaraníes terminó teniendo un costo excesivamente alto para las comunidades orignarias, poniendo en riesgo su propia continuidad.
Hacia 1556, luego de fracasadas las grandes rebeliones guaraníes que persistirían de todas maneras hasta 1616, el gobierno de Asunción se decidió a acatar las normas de la Corona reglamentando el sistema de encomiendas.
Dicho sistema, si bien declara la intención de proteger a la población originaria preservándola del abuso de los conquistadores, implicaría nuevas relocalizaciones de las comunidades, la obligación de asentarse definitivamente en un lugar, rompiendo su tradición de nomadismo; y la dislocación definitiva de sus antiguos principios organizativos y costumbres.
Junto al fin del ciclo de rebeliones, el establecimiento del sistema de encomiendas significaría para los guaraníes el comienzo de formas pasivas de resistencia.
(*)*La autora es comunicadora social y periodista de revista superficie*
Bibliografía:
–Guillaume, Candela (2014), “Las mujeres indígenas en la conquista del Paraguay entre 1541 y 1575”, Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos – Colloques 2014, URL : http://nuevomundo.revues.org/67133. Consultado 02/03/2016
–Susnik, Branislava (2010), “La Independencia y el Indígena”. Colección: Independencia Nacional, Intercontinental Editora. Asunción
– Romero, Roberto (1995), “La Revolución Comunera Del Paraguay- Su Doctrina Política” Imprenta Leguizamón. Asunción
– Núnez Cabeza de Vaca, Alvar, “Relación de los Naufragios y Comentarios”. https://archive.org/stream/relacindelosnau01herngoog/relacindelosnau01herngoog_djvu.txt Consultado 02/03/2016