«La jueza Gauchat fabricó una cauda judicial contra Hugo Silva”

A Silva, la jueza le reprocha hechos que nada tienen que ver con el delito imputado” advierte un documento reciente firmado por más de 20 organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, en el marco de la campaña por la liberación de Hugo Silva.

“La verdadera causa por la cual se lo mantiene detenido lo ha manifestado la propia Jueza al denegarle el beneficio de la excarcelación, en donde manifiesta: ‘Si bien en la presente se investiga la usurpación de un lote de la denunciante, son múltiples los casos iniciados por denuncias ante estos estrados y de público conocimiento la masiva invasión de otras tierras de forma casi simultánea por numerosas personas que utilizando de escudo a mujeres y niños para garantizar su impunidad ponen de manifiesto una organización tendiente a asegurar la imposición de sus decisiones que no descartan evidentemente la comisión de otros ilícitos para lograr su cometido. Los hechos acaecidos en la mañana del día 24 de septiembre del corriente año, en la que una gran multitud de personas trató de ingresar a este juzgado pidiendo a gritos la libertad de Silva constituye la más clara evidencia del resultado de la conducta que prima facie había venido desplegando el imputado’. Es decir, se lo mantiene detenido por ‘las múltiples denuncias’ y la ‘masiva invasión de otras tierra’” que supuestamente estarían realizando otras personas, y porque sus compañeros fueron a exigir su libertad” revela el documento de las organizaciones.

Días atrás Silva recibió la visita de su familia, y también de una comitiva del Ministerio de Derechos Humanos.Un grupo de compañeros y compañeras de su organización y su barrio, acampan para exigir la liberación. Mientras crece el clamor por su libertad, queda expuesto cada vez más el carácter “disciplinador” de la detención, lo que convierte al caso en un episodio de criminalización de la protesta y la pobreza, y a Hugo Jorge Silva, en un preso político.
#10añosdeSuperficie

Destrucción de la selva misionera con complicidad oficial

Las máquinas han avanzado hasta menos de 15 metros de sus casas, arruinado vertientes de agua de las que se provee la Comunidad, tapado el cauce de arroyos, destruido los tacuarales donde obtienen materiales para la construcción de sus casas y confección de artesanías. Arruinando las posibilidades de pesca y caza, ambas imprescindibles en la dieta alimentaria de las once familias que la integran.
Su territorio ocupa, apenas, 1715 hectáreas según el relevamiento efectuado bajo la ley 26.160, el monte que protegieron durante años desaparece de su vista en minutos, ante el silencio de las autoridades a sus reclamos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no le entrega la documentación que le permitiría exigir la protección de la provincia a ese territorio.
Su Mburuvicha – Casimiro Fernández- ha realizado denuncias policiales y enviado Carta Documento al INAI exigiendo la entrega de la documentación que misteriosamente se demora, ha reclamado al Ministerio de Ecología copia de las autorizaciones otorgadas al empresario maderero Tschirsch, ex vice gobernador de la provincia, esta es información pública pero después de un año siguen sin entregarla. Es evidente el peso político que el ex funcionario conserva.
En una provincia en la que se moviliza gente para impedir un camino de menos de una hectárea a una comunidad en la Reserva de Biosfera de Yaboty, se guarda un cómplice silencio ante la destrucción de cientos de hectáreas de selva nativa, claro, en este caso no es un indígena quien lo hace.

¿Dónde estaba Santiago Maldonado?

¿Dónde estaba Santiago Maldonado?¿Dónde estaba Santiago Maldonado?

(APL) Santiago estaba en la Comunidad de Vuelta del Río (Cushamen, Chubut) solidarizándose con la causa de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, cuestión que los organizadores del acto central de Plaza de Mayo omitieron en absoluto. No se puede entender el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado sin ver el contexto de represión continua y hostigamiento a esas comunidades, su largo conflicto por la tierra y su lucha contra el despojo. Esta es la discusión de fondo cuando se habla de terrorismo refiriéndose a los pueblos originarios, mientras se mantiene ilegalmente en prisión a Facundo Jones Huala en Chubut, a Agustin Santillán, Roberto Frias, Hugo Delgado y los hermanos Luna en Formosa, y se mantiene la orden de captura contra comuneros wichi. Libertad para ellos!

¿Dónde estaba Santiago Maldonado?

(APL) Santiago estaba en la Comunidad de Vuelta del Río (Cushamen, Chubut) solidarizándose con la causa de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, cuestión que los organizadores del acto central de Plaza de Mayo omitieron en absoluto. No se puede entender el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado sin ver el contexto de represión continua y hostigamiento a esas comunidades, su largo conflicto por la tierra y su lucha contra el despojo. Esta es la discusión de fondo cuando se habla de terrorismo refiriéndose a los pueblos originarios, mientras se mantiene ilegalmente en prisión a Facundo Jones Huala en Chubut, a Agustin Santillán, Roberto Frias, Hugo Delgado y los hermanos Luna en Formosa, y se mantiene la orden de captura contra comuneros wichi. Libertad para ellos!

La Inquisición

1.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste romper el vidrio para escaparte si estabas secuestrada?” La joven levanta los ojos llorosos y trata de responder, desde la sensatez, una pregunta que roza el absurdo. Y roza el absurdo no sólo porque carece de sentido común (¿romper el vidrio? ¿escaparse por una ventana con vidrios rotos con una nena que sufre discapacidad motriz y tiene retraso madurativo?), sino también del más elemental análisis sobre las responsabilidades implicadas en una situación de encierro y amenazas. Para la fiscal, aparentemente, los secuestrados tienen la culpa de no escaparse, las mujeres golpeadas de no separarse de sus parejas, las prendidas fuego de no haber apagado a tiempo las llamas. “Pero se trataba de tu hija! Hubieras roto el vidrio!”, le reprende la fiscal y suma una nueva función a las previstas por el Codigo Penal: estipular lo que “se hubiera hecho”, así, en subjuntivo, en el colmo del contrasentido. El tribunal no objeta nada.

2.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste pedirle ayuda a la médica de guardia y avisarle que tu concubino las estaba maltratando?” La joven levanta los ojos llorosos y explica, desde la sensatez, que Lovera estaba vigilándola desde una ventana, a pocos metros de allí, y describe además cómo son los precarios “boxes” del hospital público de Oberá. “Pero se trataba de tu hija! Le hubieras dicho igual!”, amonesta nuevamente la fiscal, con el mismo tiempo verbal, y la misma autoatribución de funciones por fuera de la ley. El tribunal no objeta nada.

Los que estamos presenciando el interrogatorio y la increpación nos sentimos en el mundo del revés: ¿acaso es un crimen ser víctima y no poder verbalizar un pedido de ayuda? ¿No poder verbalizar no es acaso resultado de la misma acción del victimario? Y por otra parte: ¿la médica de guardia debía escuchar la palabra “ayuda” para ayudar en una situación tan clara de abuso de una menor? Y más importante aún: ¿concurrir a la guardia no es una forma de pedir ayuda en el contexto de las limitaciones de la vigilancia permanente de Lovera? Pära la fiscal, aparentemente, la víctima tiene la culpa de su condición, y “hubiera hecho algo más” para no ser victimizada. Tal razonamiento no solo va contra el principio de protección a la víctima sino que además niega los resultados de numerosos estudios realizados sobre el tema. El informe del psiquiatra Oscar Krimer, quien declarará mañana en la segunda audiencia del juicio, explora la línea de la “encerrona trágica”, que fue postulada por el psicoanalista Fernando Ulloa para describir el estado de indefensión en que quedan los sujetos sometidos a experiencias traumáticas por parte de aquellos que detentan el poder. Esta línea es aplicable a la violencia que padeció Victoria, que incluyó, según el profesional que la entrevistó, incomunicación, encierro, castigos físicos y psicológicos, amenazas de muerte y abuso sexual. En la “encerrona trágica”, la crueldad del victimario lleva a la víctima a una situación “sin salida”, en la que no puede apelar a un tercero, y su propia subjetividad resulta “amputada”, por lo que difícilmente pueda tener alguna responsabilidad en todo lo que sucede. Para la fiscal, no obstante, es necesario insistir sobre la responsabilidad de la víctima, porque de ese modo puede confirmar, supuestamente, que Victoria “no hizo lo suficiente” para salvar a Selene. Aunque Victoria, a pesar de la encerrona, hizo muchas cosas para salvar a Selene, la fiscal debe llevar al extremo del absurdo las supuestas “opciones” que tuvo la joven, para que el Poder Judicial pueda justificar el rol de verdugo que cumplió frente a esta víctima de violencia de género.

3.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste pedirle al médico que te revisara bien en la comisaría para que viera los golpes que tenías?” La joven levanta los ojos llorosos y responde, desde la sensatez, con una contrapregunta: “¿Usted estuvo alguna vez en una comisaría? ¿Sabe cómo le tratan a una en un lugar así? A mí me llevaron a las rastras, me tiraron en un calabozo oscuro, y el médico que llegó no me revisó bien.” La fiscal sonríe (¿?) e intenta decir: “Nunca estuve en una comisaría, pero sé que hubiera pedido que me revisen bien…”, pero es interrumpida por una acotación del abogado defensor, y la sonrisa se transforma en una mueca indescifrable.

La Inquisición no actúa sola, forma parte de todo un aparato que se despliega con el objetivo de mantener en funcionamiento el sistema de forma óptima. Los “agentes del orden”, los tipos que portan garrote y disparan balas, son parte connatural de ese sistema. Y el sistema, como sabemos, no funciona sin opresión ni explotación. ¿Por qué Victoria, una joven estudiante, sin antecedentes, que resolvió ser madre soltera y luchó por cuidar a su hija, termina en la comisaría y después en la cárcel? La respuesta es simple. Como diría doña Rosa: porque es “negrita” (descalificativo de clase y no necesariamente de raza), y porque es la madre, es decir, porque es mujer. Las opresiones deben seguir vigentes, la explotación debe seguir vigente, y el peso del Estado debe descargarse sobre esos sectores oprimidos y explotados. ¿Por qué la fiscal nunca estuvo en una comisaría? Qué pregunta; basta mirarla para saberlo. ¿Por qué a Lovera le trata con condescendencia? ¿Por qué el violador Santandrea está libre? ¿Por qué el femicida Willy Ríos volvió a su pueblo con una caravana de bienvenida? ¿Por qué Gruber está impune?

4.

La fiscal la mira y pregunta, inquisidora: “¿No pudiste escaparte con el conocido de tu papá cuando lo encontraste en el supermercado? ¿A cuántos metros estaba? ¿A qué distancia estaba Lovera?” La joven levanta los ojos llorosos y responde, desde la sensatez: “¿Cómo me iba a ir si la nena estaba dentro del auto? ¿Acaso la iba a dejar sola con él?” La respuesta desarma la reprimenda que ya estaba en los labios de la fiscal (esta vez no puede decir: “Pero se trataba de tu hija! Te hubieras escapado!”).

Los que estamos presenciando el diálogo aplaudimos interiormente a Victoria, esta victoria de Victoria y todas las anteriores victorias de Victoria. Cada una de sus respuestas ha desarmado, al menos parcialmente, la estrategia de la acusación. Victoria ya no es una víctima, es una sobreviviente. Lo que no es poco frente a la Inquisición.

El fascismo se sube al colectivo

Estas preguntas nos llevan al ámbito de la legalidad de las medidas tomadas en estos operativos; sin embargo habría que preguntarse también sobre su legitimidad, su eficacia como forma de “prevención del delito” y los límites al poder del Estado frente al ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos, tales como la libre circulación, la presunción de inocencia, el derecho a no ser discriminado y muchos etcéteras.

Legalidad y sus grises
El art. 18 de la Constitución Nacional declara que “Nadie puede ser (…) arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.” Asimismo, varias opiniones indican que no existe una ley que obligue a las personas a portar el DNI, lo cual es cierto.

Sin embargo, por debajo de la ley suprema existe toda una infralegalidad que es la que realmente se aplica, que da márgenes para que la garantía constitucional quede en letra muerta.

Puntualmente en la provincia de Misiones, la ley XVIII – Nº 22 (Antes Ley 3389) que rige a la institución policial provincial faculta a los agentes policiales a detener sin orden judicial “a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse…”

Cuándo y cuál es la necesidad de “conocer sus antecedentes y medios de vida”, o cuáles son “circunstancias que lo justifiquen” queda librado al criterio policial, que además puede recurrir a otras figuras para justificar una detención arbitraria, por ejemplo algunas del Código de Faltas como la vagancia, el escándalo, la negativa a identificarse, que para ser probadas sólo necesitan la enunciación de la autoridad policial.

Se puede argumentar con razón entonces que todas estas atribuciones dadas a los agentes a través de estas leyes son inconstitucionales. Son planteos de vieja data, por ejemplo con respecto a los Edictos Policiales que regían antaño en la Capital Federal o con respecto al más recientemente modificado Código de faltas de la Provincia de Córdoba. Ambos abiertamente inconstitucionales.

Pero entonces hay que preguntarse cómo es posible que no solamente se aplican, sino que además se lo está comenzando a hacer de manera masiva en Misiones. Y en este punto la respuesta solamente puede ser política. Dejar esta cuestión en el ámbito exclusivo de la legalidad puede resultar realmente peligroso: es importante conocer las leyes y los derechos para ejercerlos, pero hay que ser conscientes de la inmensa debilidad del ciudadano ante cualquier requerimiento policial, incluido el de exhibir su DNI.

Antecedentes y responsabilidades

Este nuevo tipo de operativos de control callejero de personas, desconocido para muchos o recordado solamente por quienes lo evocan como una situación típica de los períodos de dictaduras militares, viene a sumarse a otros operativos masivos de identificación de transeúntes que se iniciaron en 2015 en el ámbito de toda la provincia de Misiones, que son presentados como controles vehiculares pero que en los hechos son operativos de control aleatorio de personas.

El 16 de mayo pasado los operativos dieron un salto en despliegue y espectacularidad, realizándose un megaoperativo de saturación encabezado por el jefe de Policia de la Provincia y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, del cual participaron 2000 agentes, 1500 de ellos en Posadas.
Ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, Marcelo Pérez: control masivo sobre la población.

De acuerdo con las mismas expresiones oficiales, estos operativos “preventivos” son parte de un plan de lucha contra el delito, enfocándose sobre todo en el tráfico de drogas y en el consumo.

El operativo consistió en ubicar dos policías por cada cuadra en todas las avenidas paralelas a la avenida Urquiza, desde Roca, Corrientes, Francisco de Haro hasta la avenida Jauretche. Los agentes requisaban tanto a peatones, a quienes se les pedía DNI y se les podía revisar sus pertenencias, como también a conductores, ya que se incluyó el control vehicular de autos y motos, controlándose también a sus ocupantes.

Como en muchos temas que implican el accionar policial, es necesario revisar las responsabilidades políticas detrás de estos “operativos de prevención”, además de la necesidad de revisar para qué fin sirven los operativos de control masivo.

Estos operativos no se llevan adelante en base a una decisión institucional de la Policía de la Provincia, sino en base a los planes de seguridad que diseña el gobierno provincial y ejecuta la Policía por orden del Ministerio de Gobierno.

El marco en el que se lleva adelante ese plan de seguridad es el de decreto de “emergencia en seguridad” que firmó el presidente Mauricio Macri a pocos días de iniciar su mandato en diciembre de 2015.

Presentación del libro de los seis dirigentes campesinos paraguayos presos políticos

En conjunto, todo ese material cuenta la historia de una batalla desigual: los seis campesinos junto a las organizaciones que los acompañaron en estos años frente al poder casi absoluto del Estado, el Ministerio Público, la Justicia paraguaya y los sectores políticos que operan a través de ellos, que les han impedido defenderse y los sometieron a todo tipo de arbitrariedades con las que los retienen en prisión.

Este libro es una ventana que permite mirar muros adentro y encontrar a estos militantes que, demonizados y criminalizados, traen su palabra para contar su historia, oportunidad que no tuvieron a lo largo de estos años en Paraguay.

La organización está a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión de Familiares de los Seis, la Federación Juvenil Comunista y el Partido Comunista de la Argentina.

Montecarlo sitiada por efectivos policiales ante el conflicto social

Cecilia Rodrigues

El operativo se instaló luego de que ayer fracasara en Montecarlo la reunión entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones y representantes de la Multisectorial de la zona, debido a que los funcionarios se negaron a incluir en la agenda de temas la situación de los docentes que se encuentran movilizados y en lucha hace más de un mes.
Si bien Ortiz puntualizó que hasta el momento no se habían producido detenciones remarcó el carácter intimidatorio contra los luchadores del operativo de saturación.

Conflicto docente:
En Misiones el ciclo lectivo inició con movilizaciones y paros docentes, ya que los gremios rechazaron el acuerdo salarial celebrado entre el gremio oficialista Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y el Ministerio de Educación.
Desde entonces no han cesado los paros y medidas de fuerza, en las que el sector más activo es el nucleado en el Frente Único de Trabajadores de la Educación (FUTE) que reúne a cinco gremios docentes disidentes. Uno de ellos, el Movimiento Pedagógico de Liberación (CTA-A), tiene una de sus bases más importantes en Montecarlo, ciudad en la cual luchan a la par de otras organizaciones de trabajadores que forman parte de la Multisectorial que ayer debía reunirse con el Ministerio de Desarrollo Social.
Los docentes de Montecarlo tenían previsto participar hoy en la movilización del FUTE en Posadas, pero debido a la situación de sitio policial decidieron el envío de una delegación y convocaron a reunirse hoy a partir de las 8:00 en la Asociación de Maestros.
Como primer punto, tratarán la exigencia de retiro inmediato del operativo de saturación.

Pedido de apoyo:
Se solicita a las organizaciones políticas y sociales de todo el país que exijan el retiro de la policía de la ciudad de Montecarlo y el fin de la intimidación a los sectores en lucha, dirigiéndose al Ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, Dr. Marcelo Pérez: E-mail: prensa.mindegobierno.misiones@gmail.com/ Telfax: (376) 4447174/ Félix de Azara 1749 – Posadas – Misiones.

Libertad ya a Victoria Aguirre

Que Victoria sea mujer no es un dato menor para entender esta situación. Como exponente del género oprimido, y como mujer pobre y trabajadora, que estudiaba magisterio para permitirle mejores perspectivas a su hija, Victoria sufrió y sigue sufriendo todos los golpes de un sistema putrefacto que no sólo es cómplice si no también garante de la opresión. Hoy debe esperar, sin derecho a la excarcelación, que se inicie el juicio oral que resolverá sobre la condena de 30 años que pende sobre su cabeza, como resultado de una serie de vejaciones que pone de manifiesto la perversidad de la trama patriarcal-capitalista y la extensión de la cadena de cómplices y responsables. Esta situación, además, nos revela la necesidad de emprender en forma urgente una campaña lo más amplia posible por su inmediata liberación.

Una víctima culpabilizada
Madre de una hija con retraso madurativo y episodios de epilepsia, Victoria, oriunda de Oberá, inició una relación con Rolando Lovera que en sólo 30 días terminaría en tragedia. En muy poco tiempo conoció de la peor manera a la persona detrás de la máscara. Su pareja, que al principio le demostró interés por ella y su bebé, de nombre Selene, a partir de diciembre de 2014, cuando comenzó la convivencia, se dedicó a alejarla de su familia – rompiendo su celular y mintiendo en las redes sociales acerca de su paradero-, a amenazarla a ella y a la nena, a chantajearla para tener relaciones sexuales, a maltratarlas psicológica y físicamente, hasta terminar secuestrándolas y matando a la más vulnerable de las dos, la niña. La historia fue descripta como una “encerrona trágica”; tal el nombre que le dio el médico psiquiatra Oscar Krimer y se conoció públicamente el acontecimiento en la crónica realizada por la periodista Alicia Rivas. En las encerronas trágicas, la víctima no tiene opciones, está totalmente sometida a su agresor, y no puede escapar de este “desamparo cruel”, en palabras del psicoanalista Fernando Ulloa. Como fue Victoria la que llegó al hospital Samic de Oberá con la niña en brazos, ya sin vida, no pudiendo dar muchas explicaciones, en estado de shock por las acumulación de conductas violentas y perversas para con ella y con su hija, la decisión judicial fue detenerla “en averiguación del hecho”.

¿Por qué no se evitó la prisión preventiva?
Luego de esta detención inicial, la diputada del Partido Agrario y Social (prokirchnerista), Miriam Duarte, ofreció a la familia de Victoria los servicios de un abogado, Roberto Bondar, y luego solicitó a Krimer, quien ya había participado como perito del caso María Ovando, una pericia psiquiátrica en forma “urgente” para pedir su liberación. El psiquiatra se entrevistó con Aguirre en la comisaría de Oberá donde estaba alojada, y determinó que se trataba de una “madre ejemplar”, dedicada a su hija y consciente de su patología, por lo que le realizaba constantes controles médicos, con conocimiento de medicamentos e indicaciones de prescripción. También determinó que se vinculó afectivamente a una persona que la engañó y abusó de ella en forma creciente, dejándola en un estado de indefensión y pasividad y, en los últimos momentos, de shock y pánico. Sin embargo, esta pericia, según Krimer, no fue presentada en tiempo y forma y tampoco se hizo la conferencia de prensa acordada con Duarte, debido a que el abogado decidió cambiar de estrategia, y, así, la carátula del delito sumado al agravante del vínculo, impidieron la excarcelación y permitió que estén llegando al juicio víctima y victimario en igual condición y en claro perjuicio para Victoria, sobre quien recaería una pena mucho mayor por su vínculo con la víctima.
Krimer no comprende ni comparte el cambio de estrategia del abogado, a quien acusa de falta de honestidad profesional. También denuncia la inacción de la diputada que lo contrató y que se llamó a silencio ante estas circunstancias. Señala, además, la falta de seguimiento del caso por parte del Colectivo de Acción contra las Violencias de Género, al que presentó un documento con toda la información.

Victoria Aguirre: un caso testigo
Victoria, así como Belén, la joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo y fue injustamente acusada de asesinar a su bebé, son casos testigos donde se ve claramente que toda la fuerza del sistema punitivo (que deja libres e impunes a violadores y asesinos, sobre todo si se trata de “hijos del poder”) se descarga sobre los sujetos más vulnerables del sistema social, que poco pueden hacer para defenderse apropiadamente. Misiones tiene un triste récord de casos de agresores y femicidas que eludieron a la Justicia y fueron protegidos por sus amigos o parientes con riqueza y vínculos con el Gobierno o las jerarquías del Estado. El de Tati Piñeiro es uno de los más resonantes: una niña de 14 años, violentamente ultrajada y asesinada en la localidad de Puerto Esperanza hace cuatro años, cuya madre aún espera que se haga justicia a pesar de haber llegado incluso a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien no le prestó atención al reclamo. En este crimen, los vecinos del pueblo señalan como posible perpetrador al hijo de un diputado y sobrino del intendente, que sigue comportándose con la impunidad que brinda el tener un apellido “intocable”. Pero los casos puntuales sólo muestran la fisura del sistema capitalista, que se rompe y sangra por su costado más frágil, mientras los poderosos siguen acumulando riqueza y privilegios. En este caso, como en muchos otros de violencia de género, el Estado es responsable, y los distintos gobiernos que lo administran, incluyendo el anterior y el actual, no cambiaron ni van a cambiar las condiciones fundamentales que dan lugar a la opresión.

Por eso pedimos:
LIBERTAD YA a Victoria Aguirre.

Basta de criminalización de las mujeres trabajadoras
Basta de encubrimiento a los violentos.

“Merecer la vida, no es callar y consentir / tantas injusticias repetidas”.
PCO- Misiones

Condena feroz y política de la oligarquía paraguaya a los compañeros

Llella de Misiones (desde Asunción)

La acusación contra los seis dirigentes está basada únicamente en el testimonio de un informante de la Fiscalía, Dionisio Olazar, quien indicó su participación junto a otros miembros de la dirección política del Partido Patria Libre en una reunión en la cual se decidió dar muerte a Cecilia Cubas, quien se encontraba secuestrada desde hacía varios meses.
Dicho testimonio es sumamente controvertido ya que el informante cambió varias veces de versión, de acuerdo a los intereses de la Fiscalía y la querella, cayendo en contradicciones irresolubles. Sin embargo ninguna de las instancias judiciales intervinientes dieron cuenta de ello.

Durante el año 2014 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó un informe acerca de las violaciones cometidas en el proceso judicial contra los seis, entre los más importantes indicaban:
1. Violación del derecho a la defensa: el Tribunal actuante en el caso impidió la presentación de pruebas de descargo que le hubieran servido a los seis campesinos para probar su inocencia.
2. Violación del principio de inocencia y sentencia previa: los acusados siempre fueron tratados como culpables, lo cual consta por escrito en la denegación de pedidos presentados a su favor antes de la confirmación de la condena e
por parte tanto del tribunal como de la Cámara de Apelaciones. Asimismo, Codehupy probó que la sentencia fue escrita con anterioridad a la finalización del juicio.
3.Abuso de la prisión preventiva: los seis cumplieron 10 años de prisión efectiva sin condena firme. El máximo establecido por la Constitución paraguaya es de 5 años. Asimismo, la omisión de contar el tiempo de prisión que los seis sufrieron en Argentina le permitió a la Justicia violar un sinnúmero de garantías procesales y denegar beneficios a los que hubieran debido acceder al cumplirse plazos procesales, como el levantamiento de prisión preventiva y la extinción de la causa penal.
4. Violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable: los seis fueron llevados a juicio casi seis años después de haber sido arrestados, por dilaciones del poder judicial.

Todas estas violaciones procesales son avaladas ahora por el reciente fallo de la Corte Suprema.
Sin embargo la decisión, por demás esperable, permite a las defensas legales acudir a instancias judiciales internacionales, posibilidad que estaba cerrada antes de la resolución de la Corte.