Las máquinas han avanzado hasta menos de 15 metros de sus casas, arruinado vertientes de agua de las que se provee la Comunidad, tapado el cauce de arroyos, destruido los tacuarales donde obtienen materiales para la construcción de sus casas y confección de artesanías. Arruinando las posibilidades de pesca y caza, ambas imprescindibles en la dieta alimentaria de las once familias que la integran.
Su territorio ocupa, apenas, 1715 hectáreas según el relevamiento efectuado bajo la ley 26.160, el monte que protegieron durante años desaparece de su vista en minutos, ante el silencio de las autoridades a sus reclamos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no le entrega la documentación que le permitiría exigir la protección de la provincia a ese territorio.
Su Mburuvicha – Casimiro Fernández- ha realizado denuncias policiales y enviado Carta Documento al INAI exigiendo la entrega de la documentación que misteriosamente se demora, ha reclamado al Ministerio de Ecología copia de las autorizaciones otorgadas al empresario maderero Tschirsch, ex vice gobernador de la provincia, esta es información pública pero después de un año siguen sin entregarla. Es evidente el peso político que el ex funcionario conserva.
En una provincia en la que se moviliza gente para impedir un camino de menos de una hectárea a una comunidad en la Reserva de Biosfera de Yaboty, se guarda un cómplice silencio ante la destrucción de cientos de hectáreas de selva nativa, claro, en este caso no es un indígena quien lo hace.