FAMILIARES Y AMIGXS DE PRESOS Y CAUTIVAS

Último día de acampe y resistencia frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

(APL)A 104 días de visibilización y como manera simbólica de cerrar esta histórica lucha jamás vista en una  acción anticarcelaria,f amiliares ,compañerxs liberadxs, invitamos a que nos acompañen en esta última etapa de lucha, para que entre todxs sigamos gritando , basta de torturas y muertes en prisión, basta de seguir aplicando las leyes de manera inconstitucional, libertad a todas las mujeres embarazada y con hijxs, libertad a nuestros compañeros en situación de riesgo!!!

Abajo los muro de todas las prisiones!!!

Ni una menos en las cárceles también!!!

TERRORISMO DE ESTADO EN PARAGUAY ¿QUÉ HARÁ SUECIA?

Interpelación en el Parlamento sueco por Lichita, Lilian y María Villalba

(APL) La diputada del Partido de Izquierda, Lorena Delgado Varas, presentó un pedido de interpelación en  el Parlamento sueco a la ministra de Asuntos Exteriores Ann Linde sobre la respuesta del país nórdico respecto a la desaparición forzosa de Lichita Villalba a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay; y la ejecución de Lilian y María Villalba, de 11 años, por la FTC. Como se sabe, las acciones  del terrorismo de Estado cometidas en ese país vinculadas a esta causa incluye la prisión de Laura Villalba en un cuartel militar. La interpelación se realizará próximamente y entre las preguntas de la legisladora se hallan las siguientes 1) ¿Le exigirá el gobierno sueco al paraguayo que tome medidas en relación a los asesinatos de Lilian y María Villalba, de 11 años, y la desaparición forzosa de Carmen “Lichita” Oviedo Villalba, de 14 años? 2)¿Seguirá siendo el gobierno sueco incondicionalmente positivo al acuerdo comercial Mercosur sin tomar en cuenta la violencia estatal en Paraguay y Brasil?

CHUBUT – INICIATIVA POPULAR- NO A LA MEGAMINARÍA

Corte, acciones y resistencia

(Texto y fotos: Sonia Coca/APL) Las asambleas de vecinas y vecinos de Chubut siguen exigiendo el tratamiento de la Iniciativa popular. Posteriormente del desalojo de la Ruta Nacional Nº 3, en la madrugada de este domingo, se reprodujeron las movilizaciones en la provincia. Desde el pasado jueves 6 vecinas y vecinos de las asambleas por el “No a la Megaminería” se manifestaban en distintas localidades de la provincia en repudio a la decisión del poder legislativo de no dar tratamiento al Proyecto de Iniciativa Popular. En ese sentido, se decidieron medidas como la ocupación y corte de la Ruta Nacional Nº3 en principio, luego se sumaron pobladores de la cordillera replicando sobre la Ruta Nacional Nº 40. Paralelamente, fueron ocupados distintos municipios.

El juez Guillermo Lleral, titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson ordenó “liberar” la ruta nacional Nº 3 jueves 6. Dicha orden fue ejecutada por el Ministerio de Gobierno a cargo de Federico Massoni en horas de la madrugada del domingo 9. Como resultado del descarado operativo de seguridad ”sin violencia” detuvieron a tres personas que fueron liberadas en el transcurso del mediodía sin imputárseles acusación alguna ya que fiscalía no contó con prueba que amerite tales detenciones.

Durante la tarde se realizaron numerosas movilizaciones en distintas localidades de la provincia y desde las diversas asambleas se propone continuar con medidas de acción de resistencia y lucha que se informarán oportunamente.

Compartimos algunas imágenes de las jornadas de movilización, corte y asamblea en la Ruta Nacional Nº 3.

CRIMÉNES, RACISMO, TRATA PROSTIBULARIA, NARCOS Y ENCUBRIMIENTO EN TIGRE

Pedido para desarchivar la causa por el feminicidio de Micaela Fernández

(Sole Rincón*/APL) Lisette Fernández es hermana de Micaela, y lleva adelante una lucha incansable para que el feminicidio de Micaela no quede impune. Este miércoles se presentó en la fiscalía general de Talar, partido de Tigre junto a su abogada Paula Alvarado Mamani para iniciar el desarchivo de la causa, presentar nuevas pruebas y  ser la principal damnificada ya que en el momento del feminicidio era menor de edad. Micaela Fernández perteneciente a la comunidad qom Yacthakay tenía 14 años de edad en 2013 cuando fue asesinada y encontrada en la casa del  narco-tratante Dante “Pato” Cenizo en el barrio de las Tunas, partido de Tigre; a pesar de que la menor había expresado amenazas por parte del feminicida la causa fue caratulada como suicidio. Pasaron ocho años del feminicidio de Micaela, en todo ese tiempo la justicia no cambió la carátula que continua siendo de suicidio, no investigó porqué el cuerpo de la víctima fue encontrado en la casa de un narcotraficante reconocido en la zona, ni tuvo en cuenta que Micaela  había expresado a familiares que estaba siendo amenazada por el  narco-tratante Dante “Pato” Cenizo.

A esos ocho años de impunidad debe sumarse que la indiferencia estatal y judicial hizo posible un segundo feminicidio en el núcleo familiar ya que en 2014 fue asesinada Nancy Fernández, madre de Micaela. Ella además de encabezar varias manifestaciones pidiendo justicia estaba siendo hostigada y amenazada por Dante “Pato” Cenizo,  el entorno del femicida y por la policía local.

En el momento que Nancy toma conocimiento de su hija estaba dentro de una red de trata y narcotráfico se dirigió a la comisaría Sexta de Tigre en Talar para denunciar ese hecho, y allí sufrió torturas, golpes e insultos como “india de mierda” por personal policial.

Lisette Fernández, hermana de Micaela e hija de Nancy, forma parte de la organización Madres victimas de Trata, de la Unión de los pueblos originarios de Tigre y Escobar, de la Asamblea Transfeninista de Zona Norte; y junto a familiares, organizaciones sociales, sindicales y políticas exige justicia por ambos feminicidios, reclama para que el Estado le brinde asistencia psicológica y económica para llevar adelante ambas causas.

*Sole Rincón es miembro del Taller de Narrativa de la Cooperativa Esquina Libertad.

CHUBUT

Corte de ruta por tiempo indeterminado ante la “entrega y expoliación”

(Por Sonia Coca/APL) Las y los legisladores de Chubut, decidieron este jueves -, mediante reunión virtual – darle nuevamente la espalda a quienes dicen representar. Con 13 votos a favor, 12 en contra y casualmente 2 abstenciones que definirían el resultado, el Poder Legislativo de Chubut en consonancia con el Poder Ejecutivo Provincial y el gobierno de Fernández- Fernández a nivel nacional, continúan con su plan sistemático de entrega y expoliación de los territorios. Es la segunda iniciativa popular – mecanismo reconocido constitucionalmente – que el Poder Legislativo de Chubut, rechaza. A su vez, en la conferencia de prensa realizada en la Ruta Nacional Nº 3, esta tarde ,  lxs asambleístas decidieron: 1) corte de ruta por tiempo indefinido garantizando el paso cada hora y por cuestiones de salud urgentes, 2) exigir a los sindicatos la continuidad del “paro ambiental” con apoyo concreto y logística para llevar a cabo el mismo, 3) movilización con antorchas en Trelew desde el centro hasta el corte y 4) manifestar públicamente la solidaridad con el pueblo colombiano.

El miércoles 5 de mayo se reunió la “Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente” de la Legislatura de la provincia de Chubut. La misma es integrada por Aguilera, María Andrea – Artero, Rossana B. – Eliceche, Carlos – Goic, Tatiana A. – Gómez, Carlos – Ingram, Roddy E. – López, Antonio S. – Mansilla, Mario E. – Williams, Claudia M. En un breve lapso de trabajo esta comisión emitió el dictamen de rechazo al tratamiento de la Iniciativa Popular.

El proyecto (IP) fue avalado por más 30.000 firmas y el poder legislativo debía darle el tratamiento constitucional correspondiente en la sesión legislativa dispuesta para tal fin.

Esa sesión legislativa se desarrolló en el día de la fecha.

Como viene sucediendo, los y las legisladoras de Chubut no asisten al espacio físico del supuesto trabajo. Sus sesiones son virtuales. Hace ya casi un año, “legislan virtualmente” a favor de los intereses de las corporaciones extractivistas y el mandato nacional que lo instaló en la agenda, sin pruritos.

El proyecto de rechazo a la IP contó con el acompañamiento de 13 diputados: Juan Horacio Pais, María Cativa, Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi, Roddy Ingram, Xenia Gabella, Miguel Antín, Mariela Williams, Gabriela de Lucía, Pablo Nouveau y Graciela Cigudosa de Chubut al Frente; Carlos Eliceche de Visión Peronista; y Sebastián López de Integrando Chubut.Por la negativa votaron Leila Lloyd Jones, José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y Rossana Artero de Chubut Unido; Rafael Williams, Carlos Mantegna, Mario Mansilla, Belén Baskovc, Mónica Saso y Adriana Casanovas del PJ; y Tatiana Goic de Cultura, Educación y Trabajo.Los legisladores que se abstuvieron fueron Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera pertenecientes a la UCR.

Es necesario destacar que distintos sindicatos estatales – mayoritariamente alineados al poder ejecutivo nacional- convocaron a un “Paro Ambiental” para el día de la fecha. Sin embargo, a excepción de la publicidad que giró un par de horas por las redes sociales, no convocaron ni se sumaron a la jornada de protesta.

En este sentido, y posteriormente de las visitas del Ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta (febrero 2.021), se ha observado un cuasi abandono de banderas y pecheras de los sindicatos alineados al PEN: (ATE, ATECH- docentes- SITRAVICH- APEL….) en las manifestaciones y movilizaciones convocadas por las asambleas de vecinos/as.

Pareciera que intentan estar en la misa y en la procesión las dirigencias sindicales que han permitido y sostenido la profunda crisis económica de la provincia. La situación de precarización laboral y la pauperización sistemática hacia la que condenan a la mayoría de la población de la provincia es inaudita.

A pesar de todos ellos/as, vecinas y vecinos se acercaron hoy a la sede legislativa para manifestarse en contra del posible resultado. Se escuchó la sesión en el playón del predio. Habida cuenta del resultado, en asamblea se aprobó iniciar acciones directas y se decidió el corte de la Ruta Nacional Nº 3. En la ciudad de Esquel, cuna de estas asambleas, las ylos vecinos, ocuparon el edificio municipal.

Mientras se desarrolla esta información, surgen convocatorias en distintas ciudades de la provincia para manifestar el repudio a esta nueva bofetada a la población.

Conversatorio virtual e internacional: ¿Dónde está Lichita?

El próximo viernes 7 de mayo a las 18:00 (Arg) se organiza el conversatorio virtual e internacional: ¿Dónde está Lichita? para seguir exigiendo su aparición con vida y denunciando el accionar del Estado Paraguayo.  Las convocadas a participar han vivido y enfrentado dictaduras genocidas en Argentina y Chile y esa experiencia nos aporta el saber popular cuando en 2021, atravesamos accionares de fuerzas militares y gubernamentales en Paraguay que son crímenes de lesa humanidad. Infanticidio, desaparición forzada son delitos que no tienen prescripción ni fronteras. El conversatorio busca visibilizar internacionalmente la ejecución de Lilian y María Villalba, a los 11 años, la desaparición forzada de su prima Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba y la cárcel de Laura en un cuartel militar en Paraguay. Se podrá ver por el Canal de You Tube de La Retaguardia y por el Canal de You Tube de La Tribu, ambas emisoras radiales comunitarias de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El conversatorio también será retransmitido por las páginas de Facebook de:

El Irreverente (Chile) -Coordinadora La Fuga (Chile)- CONAICOP-América Latina Radio Zapote- (México)

SIN CUIDAR LA SALUD Y EL AMBIENTE

Prorrogaron por 90 días la concesión privada de la Hidrovía Paraná

(Por Fernanda Giribone/APL) La concesión, cuyo plazo de operación  vencía el 30 de abril, fue aplazada por 90 días a favor del actual prestador, el consorcio Hidrovía SA., conformado por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA. Esta medida confirma que el gobierno apunta a mantener un tipo de gestión privada  y no estatal, tal como piden algunos sectores políticos y grupos ambientalistas. Sería fundamental terminar con la privatización para frenar el saqueo, los negociados de las multinacionales y  proteger el medioambiente.  La privatización del Río Paraná data del 29 de abril de 1993 cuando Carlos Menem, junto al Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Felipe Solá, encaminaron el proceso licitatorio para la “modernización, profundización y balizamiento” del Río, y en el 95 se adjudicó a la firma Hidrovía SA. A partir de ese momento el Paraná se convirtió en el corredor fluvial más importante de la región, siendo hoy el  canal de navegación, por donde sale el 80% de las exportaciones del país. La Hidrovía cuenta con 3.400 kms. de largo, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay, y por ello es uno de los corredores más extensos del planeta.

En el momento de la privatización, se acordó un plazo de 10 años, pero posteriores y sucesivas renovaciones (la última del 2010) extendieron su usufructo hasta el 30 de abril de 2021. Los derechos de explotación fueron renovados consecutivamente a la misma firma, sin llamar a nuevos concursos. Así el Río Paraná permaneció privatizado, durante 25 años, sin que ninguno de los gobiernos que se sucedieron, crearan al menos un órgano de control que velara por los intereses de la región. Con este profundo desprecio y desinterés, por el agua y la vida, tampoco realizaron estudios de impacto ambiental y social, y vergonzosamente se dejó en manos de la misma empresa que se encargó de la explotación, la evaluación de estas cuestiones.

Durante los últimos meses, ante la proximidad del vencimiento de la concesión, las críticas al usufructo  privado sobre la navegación del Río se han hecho sentir. Estas se expresaron en torno al elevado costo del peaje (en relación a los servicios que presta), pero fundamentalmente sobre las consecuencias socio-ambientales que su explotación pudiera generar.

Las modificaciones al río afectan sus ecosistemas, y a las comunidades que de él dependen. Hay que tomar en cuenta además que la hidrovía Paraná-Paraguay constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo.

El uso del Río Paraná, como canal de exportación, se relaciona también con todo el modelo productivo agrícola. Puesto que el principal objetivo de los productores y el Gobierno es aumentar los volúmenes de granos a exportar, se provoca la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, para ganar mayores superficies de cultivo, a la par que se profundiza el fenómeno del monocultivo, porque se priorizan aquellos productos que permiten competir en el mercado internacional. La constante ampliación del área cultivable implica también la pérdida y degradación de los humedales, el deterioro de la calidad del agua, la deforestación de bosques nativos y la extinción de especies autóctonas (pérdida de flora, fauna y biodiversidad).

Se expolia la naturaleza porque buena parte de la actividad económica y de la recaudación, se basan en el fluir de las exportaciones. Según cifras del Ministerio de Agricultura de la Nación las manufacturas de origen agropecuario representaron el 37,1% de las exportaciones argentinas, siendo granos -y sus derivados- un 62% del total (datos del primer semestre del año 2019). Este comercio se canalizan mayormente a través de los puertos del gran Rosario, puesto que el transporte fluvial es el más económico. Sin embargo, en ese cálculo no se tiene en cuenta los costos por daños al medioambiente.

El proyecto económico del gobierno, que mantiene el perfil primario extractivista, se profundiza a la par de la catástrofe ambiental, con agricultura transgénica y agro tóxicos, factorías porcinas, megaminería, fracking y la ampliación de las plantas químicas y petroquímicas. Se pone en juego la seguridad ambiental y sanitaria del país, que hoy ya se encuentra en serio riesgo de daño irreparable por el modelo agroindustrial.

Las exportaciones agropecuarias -manejadas sin control por multinacionales- no se relacionan en nada con una producción pensada para el desarrollo del país y el bienestar de su población, sino que se produce para satisfacer las demandas del mercado mundial. Por este motivo aunque, los volúmenes de producción sean realmente impresionantes, la mayoría de lo que produce Argentina es para consumo animal y se exporta. Y hoy Argentina atraviesa esta crisis económica y sanitaria, con el 40% de la población sumida en la pobreza.

Sectores ligados al gobierno plantean una nueva licitación -para que puedan presentarse otras empresas- y  proponen ahora sí, que se defina un nuevo tipo de funcionamiento con más controles, pero siempre manteniendo la privatización. Por ello, la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, propuso la creación de una comisión bicameral, para que el Congreso siga de cerca el funcionamiento del futuro contrato, manteniendo la gestión de criterio empresarial y privada.

Sin embargo, otros sectores plantean que el mantenimiento del tramo de la Hidrovía, correspondiente a la Argentina, debe quedar directamente a cargo del Estado Nacional.

En este sentido, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto de ley para disponer la nulidad de la concesión de la Hidrovía del Paraná, y proceder a su inmediata reestatización, para que el Estado -con la gestión de los trabajadores y la  población ribereña- reasuma como único titular de la administración, explotación y funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los mayores sistemas navegables del planeta.

María y Lilian Villalba entre nosotros

(APL) En la dinámica de la lucha de clases de América Latina el fascismo recurrió una vez más a la barbarie represiva para enviar su mensaje del terror, intentar paralizar a los luchadorxs  y desalentar toda insubordinación a sus planes de hambre y opresión en el conjunto del pueblo. Ese es el fundamento de la ejecución de Lilian y María Villalba, a los 11 años, la desaparición de su prima Lichita y  la cárcel de Laura en un cuartel militar. Pero  no siempre esta “tecnología de punta” del terror cumple los objetivos previstos por sus criminales. A 8 meses del fusilamiento sumario de María y Lilian, se cumplieron este 2 de mayo, crece la rebeldía en Paraguay y tambíen en el mundo entero. Es inevitable el dolor y el desgarro, tan ineluctable como el escarmiento que sobrevendrá a los matadores materiales e intelectuales. Uno de ellos, Mario Abdo Benítez, duerme con un ojo abierto porque no sabe con certeza cuándo han de llegar su hora y su día. Pero llegarán. ¡Hasta la victoria siempre, compañeritas!

A 50 MESES DE LA MASACRE DE PERGAMINO

¿Dónde están los 7 pibes?

(APL)Alan Córdoba, Jhon Claros, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Juan Cabrera y Federico Perrotta viven en nuestra militancia cotidiana por una sociedad distinta a la que desplegaron los gobiernos dizque democráticos. Es cierto que la masacre de Comisaría 1° de Pergamino se perpetró a bajo el Gobierno fascista de Macri; tan cierto como que los gobiernos kirchneristas, autollamados neodesarrollistas, son responsables del 52 por ciento de los asesinatos en las calles o en los sitios de encierro desde 1983. Como se sabe, los mandos de las fuerzas de Seguridad están SIEMPRE, en el Poder Ejecutivo. Es verdadero que durante el macrismo ultimaron a un/a pibx cada 19 horas y que a lo largo del kirchnerismo estos crímenes fueron cada 28, 29 o 30 horas, según el período que se tome. Pero ya aullamos que no vinimos a este mundo para proclamar cada cuántas horas debe morir un pibe o una piba.

 Ningunx debió sucumbir y nunca hubo Justicia. Porque por más que a sus asesinos les hubiesen dado 100 perpetuas a cada uno, lxs pibxs no vuelven a la vida. Algo parecido a la Justicia es que no nos maten más. Pero no es posible en el capitalismo de América Latina. Entonces, la lucha por Justicia está absolutamente ligada a la pelea por el cambio social. ¿Estamos tristes hoy? Sí. Cómo no estarlo si hay siete familias aún devastadas por el dolor en Pergamino. ¿Seguimos en lucha? Sí, porque las vidas de Alan, Jhon, Sergio, Fernando, Franco, Juan y Federico no pueden y no deben haber sido sesgadas en vano. Y es por eso que con el alma herida, pero llenos de rabia nosotros vamos con ellos a las marchas, a pintar paredes, a cortar calles y estarán siempre en cada forma de lucha que el pueblo decida para enfrentar del genocidio encubierto.

Sabemos que ahora vendrán los reproches: “¿Por qué atacar de ese modo a los gobiernos democráticos, populares, etc?”. La respuesta es sencilla:

Si ellos no hubiesen asesinado a nuestrx hijxs, nosotros jamás lo hubiésemos escrito.

POR COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL – ESPACIO DE LUCHA NILDA ELOY

Un año sin facundo Astudillo Castro: Un año de impunidad

El 30 de abril del 2020, en un contexto de pandemia ultra represivo bajo la excusa de “cuidar”, Facundo fue visto por última vez mientras era subido a un patrullero por agentes de la Bonaerense. La desaparición forzada seguida de muerte de Facundo continúa impune. Desde el inicio la causa estuvo rodeada de mentiras, desviaciones, eliminación de pruebas y hostigamiento y amenazas a familiares y amigues de Facundo. No podemos dejar de mencionar que el propio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia, se tomó 65 días para apartar de la causa a la Bonaerense, principal sospechosa de este crimen. Todas las pruebas indican que los autores materiales de la desaparición seguida de muerte de Facundo son los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca.

En un contexto donde cada vez más se utiliza el eufemismo de violencia institucional queremos señalar que el crimen de desaparición forzada es un crimen federal e internacional, que tiene al Estado como responsable. Por eso la responsabilidad cae no solamente sobre la bonaerense, el ministro Berni y el gobernador Kiccilof, sino también sobre todo el Estado nacional, incluido el presidente Alberto Fernández.

La consideración por el derecho internacional de la desaparición forzada como una violación de múltiples Derechos Humanos y crimen de lesa humanidad, considera como parte fundamental del delito la negativa del Estado a reconocerlo, prolongando y agravando sus consecuencias para las víctimas y sus familiares.

Tengamos en cuenta que, tras la autopsia de Facundo, denunciada por la querella por incumplir y violar los protocolos y convenios internacionales, disminuyó notablemente la difusión del caso en los medios hegemónicos.

La autopsia fue realizada sin tener en cuenta el contexto en el que desapareció y fue asesinado, pero sabemos de sobra que hay mucha información que confirma que Facundo tuvo contacto varias veces a lo largo de su desaparición con efectivos de La Bonaerense.

Creimer, la única perito que no firmó el informe forense, cuestiona, en un largo escrito, que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de la fuerza policial; destaca que una de las zapatillas del joven hubiera sido hallada en perfecto estado junto a restos esqueletizados, y que un cabello en un patrullero coincidiera con el ADN del joven. Cree que sus restos fueron plantados y por eso pidió analizar el agua de las dependencias policiales por donde habría pasado el joven ya que “de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo sólo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado”. La recolección de agua la hizo la Policía Federal, cinco días después y a 80 metros de donde estaba el esqueleto, acusa.

El tema del agua es definitorio porque sobre ese análisis se basa la certeza de que Facundo murió donde se lo encontró. Sin embargo, el 23 de octubre se ordenó un estudio sobre el estuario con el objetivo de determinar la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo, en donde estaba la mochila –bastante más lejos y con la ropa dentro– y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El pedido lo hicieron Horacio Azzolin y Héctor Andrés Heim, los fiscales especiales adscriptos a la causa desde el 28 de agosto. Ese día, desde el IADO llegó otro documento: “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón 46030/2020 – FBB 8640/2020”, algo inusual según los fiscales: un integrante de una de las instituciones presentaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes, en el que sostenía hipótesis y conclusiones que no se le solicitaron. Los fiscales se lo devolvieron.

Pero el 10 de febrero la jueza Gabriela Marrón ordenó al IADO el estudio sobre el estuario. “Eso no implicaba reasumir la instrucción del caso”, se cubrió. Al contrario, Azzolin y Heim entendieron que sí se metía en la instrucción y solicitaron su nulidad. Como Marrón parecía insistir en su convicción, ya insinuada, de que Facundo se ahogó solo, los fiscales señalaron que perdía imparcialidad.

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó entonces parte de la resolución de la jueza que rechazaba medidas de prueba. Los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado dictaminaron que se allanara de nuevo el puesto policial de Teniente Origone donde fuera visto por última vez Facundo. Hicieron constar que, según una testigo, las ropas –telas y una gorra– aparecidas allí habían sido tiradas. Los camaristas ordenaron secuestrar los teléfonos de los efectivos que tuvieron contacto con Facundo aunque no el medio centenar pedido por la querella, que incluía los de Prevención Local en Bahía Blanca, en uno de cuyos patrulleros fue hallada una piedra turmalina de un collar del joven.

Con el reimpulso de las medidas de prueba reaparecieron los hostigamientos, como las amenazas y aprietes que recibió uno de los testigos clave.

Entendemos que se viene instalando cada vez con más fuerza el término “Violencia Institucional” para referirse a hechos represivos producidos por las fuerzas de inseguridad estatales. El concepto mismo de “Violencia Institucional” esconde más de lo que explica: omite el cuestionamiento central al Estado como una forma de organización política y social que reproduce diferentes formas de dominación y represión.

Así la amplitud que se le da al concepto de violencia institucional presenta algunas dificultades no inocentes: iguala prácticas que son esencialmente diferentes. Las violencias y exclusiones en el ámbito de la salud y la educación y en algunos aspectos del servicio de justicia, son cualitativamente distintas a prácticas como el gatillo fácil, la desaparición forzada de personas, el secuestro de pibas para su ingreso a las redes de trata o la lisa y llana represión policial en una marcha.

Partir del concepto de “violencia institucional” no sólo admite la legitimidad de algunas violencias estatales sino que a la vez no permite modificar nada de raíz, ya que alude a supuestos “excesos” de ciertas instituciones como algo a corregir. Y esto no es así: las fuerzas represivas son constitutivamente violentas y tienen una finalidad concreta y específica: la represión es una política y una función específica del Estado.

La lucha por la justicia para Facundo y otras miles de víctimas, y para terminar con este sistema que continúa y va a continuar cobrándose vidas exige que seamos responsables y rigurosos a la hora de entender cuáles son las responsabilidades del Estado en este tipo de crímenes.

JUSTICIA POR FACUNDO ASTUDILLO CASTRO

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS

JUSTICIA POR TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN

NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL