(Por Fernanda Giribone/APL) La concesión, cuyo plazo de operación vencía el 30 de abril, fue aplazada por 90 días a favor del actual prestador, el consorcio Hidrovía SA., conformado por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA. Esta medida confirma que el gobierno apunta a mantener un tipo de gestión privada y no estatal, tal como piden algunos sectores políticos y grupos ambientalistas. Sería fundamental terminar con la privatización para frenar el saqueo, los negociados de las multinacionales y proteger el medioambiente. La privatización del Río Paraná data del 29 de abril de 1993 cuando Carlos Menem, junto al Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Felipe Solá, encaminaron el proceso licitatorio para la “modernización, profundización y balizamiento” del Río, y en el 95 se adjudicó a la firma Hidrovía SA. A partir de ese momento el Paraná se convirtió en el corredor fluvial más importante de la región, siendo hoy el canal de navegación, por donde sale el 80% de las exportaciones del país. La Hidrovía cuenta con 3.400 kms. de largo, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay, y por ello es uno de los corredores más extensos del planeta.
En el momento de la privatización, se acordó un plazo de 10 años, pero posteriores y sucesivas renovaciones (la última del 2010) extendieron su usufructo hasta el 30 de abril de 2021. Los derechos de explotación fueron renovados consecutivamente a la misma firma, sin llamar a nuevos concursos. Así el Río Paraná permaneció privatizado, durante 25 años, sin que ninguno de los gobiernos que se sucedieron, crearan al menos un órgano de control que velara por los intereses de la región. Con este profundo desprecio y desinterés, por el agua y la vida, tampoco realizaron estudios de impacto ambiental y social, y vergonzosamente se dejó en manos de la misma empresa que se encargó de la explotación, la evaluación de estas cuestiones.
Durante los últimos meses, ante la proximidad del vencimiento de la concesión, las críticas al usufructo privado sobre la navegación del Río se han hecho sentir. Estas se expresaron en torno al elevado costo del peaje (en relación a los servicios que presta), pero fundamentalmente sobre las consecuencias socio-ambientales que su explotación pudiera generar.
Las modificaciones al río afectan sus ecosistemas, y a las comunidades que de él dependen. Hay que tomar en cuenta además que la hidrovía Paraná-Paraguay constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo.
El uso del Río Paraná, como canal de exportación, se relaciona también con todo el modelo productivo agrícola. Puesto que el principal objetivo de los productores y el Gobierno es aumentar los volúmenes de granos a exportar, se provoca la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, para ganar mayores superficies de cultivo, a la par que se profundiza el fenómeno del monocultivo, porque se priorizan aquellos productos que permiten competir en el mercado internacional. La constante ampliación del área cultivable implica también la pérdida y degradación de los humedales, el deterioro de la calidad del agua, la deforestación de bosques nativos y la extinción de especies autóctonas (pérdida de flora, fauna y biodiversidad).
Se expolia la naturaleza porque buena parte de la actividad económica y de la recaudación, se basan en el fluir de las exportaciones. Según cifras del Ministerio de Agricultura de la Nación las manufacturas de origen agropecuario representaron el 37,1% de las exportaciones argentinas, siendo granos -y sus derivados- un 62% del total (datos del primer semestre del año 2019). Este comercio se canalizan mayormente a través de los puertos del gran Rosario, puesto que el transporte fluvial es el más económico. Sin embargo, en ese cálculo no se tiene en cuenta los costos por daños al medioambiente.
El proyecto económico del gobierno, que mantiene el perfil primario extractivista, se profundiza a la par de la catástrofe ambiental, con agricultura transgénica y agro tóxicos, factorías porcinas, megaminería, fracking y la ampliación de las plantas químicas y petroquímicas. Se pone en juego la seguridad ambiental y sanitaria del país, que hoy ya se encuentra en serio riesgo de daño irreparable por el modelo agroindustrial.
Las exportaciones agropecuarias -manejadas sin control por multinacionales- no se relacionan en nada con una producción pensada para el desarrollo del país y el bienestar de su población, sino que se produce para satisfacer las demandas del mercado mundial. Por este motivo aunque, los volúmenes de producción sean realmente impresionantes, la mayoría de lo que produce Argentina es para consumo animal y se exporta. Y hoy Argentina atraviesa esta crisis económica y sanitaria, con el 40% de la población sumida en la pobreza.
Sectores ligados al gobierno plantean una nueva licitación -para que puedan presentarse otras empresas- y proponen ahora sí, que se defina un nuevo tipo de funcionamiento con más controles, pero siempre manteniendo la privatización. Por ello, la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, propuso la creación de una comisión bicameral, para que el Congreso siga de cerca el funcionamiento del futuro contrato, manteniendo la gestión de criterio empresarial y privada.
Sin embargo, otros sectores plantean que el mantenimiento del tramo de la Hidrovía, correspondiente a la Argentina, debe quedar directamente a cargo del Estado Nacional.
En este sentido, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto de ley para disponer la nulidad de la concesión de la Hidrovía del Paraná, y proceder a su inmediata reestatización, para que el Estado -con la gestión de los trabajadores y la población ribereña- reasuma como único titular de la administración, explotación y funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los mayores sistemas navegables del planeta.
