Declaración de Isabel Huala , otra vez incidentes con los niños y bebés

El Juez Federal fue rodeado y duramente increpado por las mujeres mapuche.
Pero los responsables directos que emiten éstas órdenes y dirigen las fuerzas de Seguridad son la Fiscal Federal Silvia Litlle (a quien María Nahuel le rompió la cabeza en medio de una audiencia) y el Secretario Federal Dr Alejandro Iwanow.
Hoy se pretendía que Isabel Huala, madre del Lonko Facundo, no hablará en su idioma originario.
Obviamente estamos ante un Pueblo que no deja de pelear.
Así dejaron —hace muy poco — la puerta de ingreso al Juzgado Federal por más vallas y seguridad que pongan.
Esto es impensable que ocurra en Comodoro Py u otros Juzgados Federales.
Por su parte, se sabe, la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, mantiene la defensa de sus asistidos, sea cual fueren los medios o métodos que utilicen.
¡Basta de persecución al pueblo mapuche!

«Una causa inventada, una causa política»

INTERPONEN RECURSO DE APELACIÓN

Señor Juez:
MATIAS ALAC y EDUARDO SOARES, integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y defensores de CAROLINA ALAC en la causa Nro FGR 24020/17, ambos con domicilio constituido en autos, a V.S. decimos:

I. -OBJETO
Que en tiempo y forma venimos a interponer Recurso de Apelación contra la resolución que ordena el procesamiento de nuestra asistida.

II. –UNA CAUSA INVENTADAUNA CAUSA POLITICA
Si a algo nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos la Justicia Argentina y en especial la Justicia Nacional -muy particularmente el Ministerio Público Fiscal – es al armado de causas con fines políticos, independientemente de los hechos específicos objeto de investigación que, pueden o no haber existido pero que en estos autos ni siquiera existen.
En el presente caso entonces consideramos que estamos ante la situación típica de una causa inventada y por sobre todo, de una causa política.
Hacemos esta introducción para dejar claro nuestro pensamiento frente a este tipo de construcciones político -jurídicas y también por una cuestión de honestidad intelectual. Si algo nos caracteriza tanto a nosotros como a la organización de abogados que integramos es hablar con claridad y decir lo que pensamos.
De manera que, reiteramos, esta es una causa política, sin nada más que la política, sin nada de Derecho, ni mucho menos de pruebas de un hecho que ni siquiera sabemos bien si realmente existió.
Y por supuesto, con una protagonista como Carolina Alac que es una militante política, dirigente sindical honesta, luchadora y al frente de sus representados que justamente por esas cualidades la han elegido.
Y por último está el marco en que supuestamente aparece el delito enrostrado a Carolina que es el de realizar una pintada. Nos referimos a que el objeto de la investigación sucede en el contexto de uno de los más graves hechos políticos de los últimos años como lo fue la desaparición del joven Santiago Maldonado y el posterior hallazgo de su cadáver en el río Chubut.
Más allá de las consideraciones jurídico -técnicas sobre las circunstancias de su muerte, nadie negará que el hecho en sí fue político y que, es en ese contexto que supuestamente se realizaron las pintadas que dan origen a la presente causa cuando se desarrolla una gran movilización en Bariloche para repudiar a la Gendarmería, al Gobierno Nacional y a la Justicia Federal.
Y en particular, la pintada que se denuncia, no se trata de un graffiti punk, sino una consigna eminentemente política como es “GENDARMERIA ASESINA”. Consigna o texto compartida por todos los militantes que marcharon ese día por Bariloche y casi toda la Argentina y por supuesto por Carolina Alac. Pues dejando hipocresías de lado, es obvio que Carolina comparte lo que esa consigna en la pared aparentemente decía, pero ese no es el punto.
El punto es que se trata de una causa política y, en consecuencia, la imputación que se realiza a nuestra defendida la compañera Caro en este expediente sin prueba fehaciente de ningún tipo.
De manera que, es innegable que TODO lo que rodea al hecho de autos está relacionado con aspectos políticos.
Esas mismas características, las cualidades individuales de la imputada y el marco de los hechos descriptos, han sido tenidas en cuenta para armarle a Carolina esta causa nefasta.

III. -NI SIQUIERA TENEMOS CONSTANCIAS DEL HECHO
La resolución plantea muy ligeramente la existencia de una pintada a partir de un informe que realiza un alto oficial de Gendarmería Nacional, quien pasaba por el lugar casi por casualidad y sería quien aparentemente dispara algunas fotos.
Si separamos toda la parafernalia que se ha conformado dentro de este expediente judicial, de la prueba o constancia de la autoría por parte de Carolina, lo único que hay realmente es lo antes dicho.
Según da cuenta el expediente, la investigación preparatoria ha sido tan poco seria, tan omnipotente, (en el sentido de quien sabe que nadie le irá a cuestionar nada y de quien está acostumbrado a eso como si en lugar de ser funcionarios judiciales fueran emperadores) que ni siquiera tuvieron el mínimo criterio de una investigación penal cual es la de preservar el lugar del hecho.
De perimetrar el lugar, de resguardar la pintada, que en definitiva es el hecho objeto de esta investigación.
Y?, donde está la pintada?? No lo sabemos!!!!
Pero aclaremos mejor el punto, porque no es que no lo sabemos (ahora), o que hubo un intento mínimo de resguardar la escena. No señores, nada de eso!!! Directamente borraron la prueba.
Quienes borraron esa prueba son miembros de la fuerza de seguridad que responden al Juzgado Federal y a la respetadísima señora Fiscal.
De manera que ahora se acusa -así como así – a Carolina sólo porque la investigación judicial supone que una persona fotografiada de espaldas frente a una pared, puede ser la misma ubicada distante a varias cuadras del lugar del hecho, en el Centro Cívico de Bariloche. Y la resolución pretende que eso puede tener alguna credibilidad.
La resolución no peca de ingenua, y ha previsto tanto la posibilidad de la Alzada como que aparezca gente como nosotros con semejantes cuestionamientos como los que aquí planteamos. Y por eso hace referencia, una y otra vez, a la “precariedad” de la prueba contra Caro.
Se nos dice sin pudor en la resolución -invocando grandilocuentemente jurisprudencia – que la pared fue dañada con pintura.
Hasta el momento no sabemos si fue tocada esa pared con pintura alguna porque no tenemos la pared. Es más, no sabemos que hubiera sido pintada en algún momento porque las fotografías del alto funcionario de gendarmería en Bariloche no nos dice nada en sí mismas.
Solo da cuenta de una gente frente a la pared, de espaldas a la cámara y algunas leyendas que, al no ser preservadas no sabemos si se borraron solas porque eran de tinta indeleble o si fueron blanqueadas inmediatamente por los gendarmes justamente para ocultar una prueba que nos hubiera favorecido.
El mismo sujeto que saca fotos a la pared, es el mismo que luego se traslada al centro cívico y saca fotos a Carolina (hasta el propio Tribunal debe reconocerlo) y así, con ese rompecabezas arman una causa contra una de las mas prestigiosas dirigentes de Bariloche y la comarca. Claramente una construcción política.
Lo que hace la Sra. Fiscal y el Magistrado, en lugar de empezar la investigación por donde corresponde, es decir por la pared, comienzan por Carolina Alac. Porque lo concreto es que la pared no era el verdadero interés. Por esa razón no fue objeto de preservación, análisis o investigación.
Pero a quien sí investigaron fue a Carolina, porque es mas que evidente (y hasta la resolución debe reconocerlo) que el Oficial de Gendarmería salió raudamente al Centro Cívico de Bariloche donde fotografió a Carolina y a partir de ahí, con la anuencia básicamente de la Fiscal y un poco el consentimiento pasivo del magistrado, se armó esta causa contra ella. Típica causa armada que empieza en un funcionario de Seguridad, pasa por el Ministerio Público Fiscal que le da orden y marco judicial a la aberración inicial y termina como estamos ahora.
Quizás la Alzada pueda remediar estas arbitrariedades, aunque la experiencia de la Gremial de Abogados, que actúa en este tipo de causas desde fines de los sesenta o principios de los setenta, que luchó contra tribunales como el “Camarón” y otros similares y que cuenta en su historia con más de doscientos abogados muertos o desaparecidos pertenecientes a nuestra Organización, nos dice que tampoco podemos tener muchas expectativas en una Justicia politizada al extremo, no solo desde ahora sino por décadas.
Pero para no irnos por ahora del objeto de los presentes autos, lo cierto y concreto es que la pared nos dice todo porque es la principal prueba de la defensa. Al no decirnos nada la pared nos dice todo, por ejemplo que ni siquiera sabemos si fue pintada.
Una pared preservada nos hubiera dicho no sólo si fue pintada y con qué tipo de material, sino si la letra del o los autores se corresponde con la existente en el inmueble.
Es cierto que Carolina Alac se negó a declarar y hacer su descargo, pero también es cierto, confrontando el acta de la indagatoria, que jamás se le preguntó si estaba dispuesta a formar cuerpo de escritura. Es más hoy día sigue esperando esa pericia.
Y además, dicho sea de paso al respecto en relación a su negativa a declarar, que nada había que decir sobre algo que no existía.
No se entiende entonces de qué se acusa a Carolina y de qué tenemos que defenderla como no sea de un armado claramente político, el cual para defenderse no necesita abogados, para eso se basta de sí misma y de los compañeros que representa.

IV. -SE SEÑALO A CAROLINA ALAC DESDE EL PRIMER MOMENTO DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Como se dijo ya, en esta causa no se anduvo con rodeos, y lo que se hizo es ir directamente contra Carolina Alac y, en consecuencia, contra la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche, como surge de las actuaciones.
El Gendarme informa de una pintada, y se traslada -como dijimos – al Centro Cívico donde no saca fotos a todos los que ese día estaban reunidos -que eran muchos – sino solamente a Carolina. Y con eso ya tenían una causa armada.
La Fiscal deja hacer y colabora y el Juez mientras tanto mira para otro lado.
El trabajo de “inteligencia” de la Prefectura también aporta a este razonamiento nuestro, porque no se esfuerzan mucho, directamente van al Facebook de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche donde saben previamente que una de sus dirigentes es Caro Alac y ya tienen todo listo.
Miren Señores Jueces, uno no les pide que actúen como en la serie televisiva “CSI Miami” pero mínimamente que conserven las formas, en este caso que conserven la pared.
La politización que dirige esta causa surge justamente de esto último porque nuestra defendida estuvo en la mira de la Justicia Federal y del Ministerio Público desde el inicio.
Lo que se hace con Carolina, (como se hace con las comunidades mapuche y con los jóvenes pobres de barrios pobres y con algunas organizaciones políticas o sindicales) es lo que se conoce como Derecho Penal del Enemigo, esto es construir un armado político -jurídico, una causa sin ton ni son, un engendro y luego ver como hacemos para que pueda ser involucrado en el mismo determinada persona u organizaciones.
Es un traje a medida, un traje judicial que viene imponiéndose desde varios años en toda Nuestra América, ante determinado tipo de organizaciones. Es parte de lo que se denominan tareas “contrainsurgentes” contra quienes luchan, organizan o enfrentan determinados poderes o tiene como sueños de sus vidas u objetivos construir sociedades justas.
Y contra eso se utilizan los medios del Estado, en este caso un gendarme, un alto oficial dispuesto a este tipo de acciones y por supuesto, los funcionarios judiciales que lo avalan, sea que conocieran o no desde antes, lo que se haría.
Porque el punto respecto de los funcionarios judiciales es que da lo mismo si fueron parte del armado o lo consintieron, lo real es que responden o son funcionales a un mismo objetivo.
De lo contrario habrían preservado la pared porque hasta el empleado de menor categoría de la Fiscalía sabe eso. Cuanto más, no lo podrían saber los fiscales y hasta los propios gendarmes del Destacamento que debieron preservar el lugar y la escena aún sin orden.
Es obvio que los gendarmes que limpiaron de inmediato la pared recibieron órdenes de hacerlo y en la cadena de mandos, por arriba del más alto nivel, está la Justicia Federal.
De manera que se nos viene ahora a alterar un orden sagrado cual es el principio de inocencia ante una situación de duda. Y eso justamente es lo que configura el Derecho Penal del Enemigo que es lo que se aplica contra Caro Alac ahora, en esta causa.
Dicho de forma más simple: acá tenemos una duda más grande que la pared en cuestión porque no sabemos si se pintó y menos aún, quién lo hizo. Esto surge porque no tenemos ni la pintura, ni la leyenda, ni la pared, ni la escritura.
Tampoco existe un solo testigo que de cuenta de que Caro Alac fue la autora del hecho (salvo el gendarme que sería en este caso además damnificado del hecho y por tanto tiene un interés en el caso -sin contar con el interés político).
Y entiéndase bien para aventar, como dijimos, hipocresías de nuestra parte: ni Caro Alac, ni su organización política, ni la Multisectorial, ninguno, repudiaría esa pintada, y por lo que bien podría haber sido la propia Caro Alac la autora del hecho y a mucha honra de ella.
Pero nada hay en la causa que así nos lo indique, ni por indicio, ni por mera sospecha y, por el contrario mucho hay en el expediente de armado político contra ella.
Ante esa duda, una justicia independiente o un Ministerio Público que considerara por arriba de su propio rol cuestiones de Orden Público y/o garantías constitucionales, debería abstenerse de investigar a Carolina y menos procesarla, justamente por el beneficio de la duda.
Pero el instituto del Derecho Penal del Enemigo que campea en toda Nuestra América a instancia de los Norteamericanos que lo impulsan en nuestra justicia, dice otra cosa. Y la construcción ideológica lleva así esta causa por otro carril, esto es: borro toda la pared para que quede duda y esa duda se la imputo a la persona objeto de persecución.

IV. –COMO SE ARMA LA CAUSA PARA PERJUDICAR A CAROLINA
Este tema es también parte del armado para perjudicar y criminalizar a Carolina. – De entrada el expediente dice que el Jefe de la Unidad Especial de procedimientos Judiciales “Bariloche” tomó fotografías de un hecho producido un día antes en esa misma Unidad que el hombre comanda.
Como dijimos antes, el experto en “procedimientos judiciales” y Jefe de una “unidad especial” no tuvo la precaución de preservar el escenario del hecho y en particular la pintada que denuncia como “asesina” a la Gendarmería por atribuírsele responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado.
Si el máximo jefe de todos los gendarmes que se ocupan de “procedimientos judiciales” permite que en pocas horas o minutos se destruya la prueba principal de un caso, eso de por sí solo explica muchas cosas de la Historia de la Gendarmería Nacional. Y explica la famosa frase una muy locuaz diputada del oficialismo que dijo que a la Jefa de la Seguridad de la Argentina “le ponen la droga para que la Gendarmería la encuentre”.
Y esto explica también los hechos violentos y brutales cometidos por la Gendarmería Nacional como las de Corcovado o Las Heras en Chubut y otros tantos a lo largo y ancho del país, recordemos el famoso “gendarme carancho” filmado cuando se tiraba en palomita al paso de un vehículo conducido por una Hija de desaparecidos para dar pie a sus camaradas de armas a que destruyeran el automotor y sacaran a sus conductores literalmente de los pelos. Todo esto fue en el Gobierno anterior, pero la Gendarmería sigue siendo la misma.
Como dijimos entonces, el Jefe de la “unidad especial” espera un día y acompaña fotos de personas pintando pared y fotos de Caro Alac en el Centro Cívico. – El hombre es desprolijo evidentemente, pero lo llamativo es que ese proceder (el de no resguardar la prueba) no haya sido advertido por experimentados y prestigiosos funcionarios judiciales como el Magistrado interviniente en ese momento y en especial la Señora Fiscal a cargo de la investigación por delegación.
Vemos cómo relata los hechos la resolución que atacamos que es por demás descriptiva por sí misma:
“Recepcionado el expediente en este Tribunal, a fs, 5 se delegó la investigación en la representante del MPF en los términos del art. 196 del CPPN, quien –entre otras medidas – encomendó a la Delegación Bariloche de la Prefectura Naval Argentina la realización de tareas investigativas a fin de conocer la identidad de las personas fotografiadas al momento del hecho, corroborando que una de ellas se trataba de Carolina Alac –ver fs. 20/33”
“En este contexto a fs. 47/8 la representante del MPF solicitó se cite a Alac a prestar declaración indagatoria, acto que se materializó el día…”
O sea que aparece un gendarme acompañando fotos al Juzgado de un hecho producido el día anterior, se designa a la Fiscal para que investigue, y ésta en lugar de ir primero al lugar del hecho, verificar los extremos de la denuncia, establecer pruebas, cercar el lugar y toda la retahíla de medidas que los protocolos nos dicen que debe hacerse, en lugar de eso directamente ordena identificar a Carolina, a quien ya tenían fotografiada –pero no en el lugar porque no hay nada que indique que algunas de las personas de la pared es Caro Alac – y de este modo da por sentado y tiene por cierto lo que el gendarme le informa y acá tenemos ahora a Caro teniendo que responder en un hecho del que aún no sabemos si se produjo.
Ninguna pericia ni análisis fotográfico mediante ningún método nos indica que alguna de las personas que aparentemente pintan una pared de espaldas al fotógrafo, es la compañera Carolina Alac, absolutamente nada. La resolución parte de esa base porque sí, porque construye una imputación contra Caro a partir de la ideología y de una interpretación arbitraria (Algo así como “es Alac y se acabó!!!” “porqué?? ¡¡Porque yo lo digo!!”)
Vayamos de nuevo a la resolución:
“Para así decidir valoro en primer lugar, que en las fotografías obrantes en autos se observa a una mujer que lleva puesta una campera clara con capucha, jean, botas marrones y un morral escribiendo con aerosol en las paredes de la dependencia de la Gendarmería Nacional….”
Cuál es el fundamento por el cual la resolución parte de que la persona vista de espaldas es “una mujer” no lo sabemos. Si lo deduce sólo de las fotos, lo que ahí vemos son personas como muchísimo abrigo puesto que era un día de mucho frío. Con semejante abrigo y capucha no es tan sencillo determinar el sexo de una de las personas.
Sí, es Carolina a quien se la fotografió en el Centro Cívico.
Posteriormente, nos dice la resolución cual fue el método riguroso, científico e indubitable que utilizó la Prefectura Naval Argentina, otro cuerpo especializado en estas cosas si los hay, para arribar a la conclusión de que la –supuesta – mujer, encapuchada fotografiada (aparentemente) en Reconquista 96, es nuestra Caro Alac. – “Agrego en este sentido que las tareas encomendadas a la Delegación local de la Prefectura Naval Argentina permitieron confirmar la identidad de la encartada, ya que se corroboró mediante imágenes publicadas en la Red Social Facebook que las fotografías obtenidas de la causante el día del suceso (una vez que se quitó la capucha en el Centro Cívico de esta localidad) se condicen con las de la usuaria “Caro Alac” -diminutivo del nombre de pila de la imputada -“. – La propia resolución parece aportar los elementos para esta Defensa, menos aún de algún tipo de análisis más científico.
El razonamiento es simple: una encapuchada que no sabemos quién es, y luego Carolina a cara descubierta en el Centro Cívico y listo, con eso nos basta.
La resolución nos habla una y otra vez de “la precariedad” de la prueba y de la investigación, como una forma de abrir el paraguas.

V. -LA CALIFICACION LEGAL Y EL INMUEBLE
La resolución da por hecho que el inmueble de la pintada pertenece a la Gendarmería. Quien lo dice?? La Gendarmería?? El Registro de la Propiedad??, no!!, nadie lo dice!!. En todo caso el gendarme fotógrafo.
No hay ninguna constancia en el expediente de que los hechos se sucedieran en un edificio de la gendarmería, parece ser que suceden ante un simple inmueble, sin ningún cartel, sin referencia, sin símbolos, sin bandera patria, sin personal uniformado custodiando, sin nada que lo identifique.
Pero esta Defensa técnica no es afecta a las acusaciones indirectas, pero sí a hablar claro, con sinceridad y honestidad, aunque le duela a quien le doliere. De manera que no negaremos que el edificio podría, pertenecer a la Gendarmería, es más, casi seguro que puede haber sido o es un lugar de INTELIGENCIA de la estructura de la Gendarmería.
Quizás por eso tanto encono, quizás por eso les duela tanto, quizás por eso se sintieron “zarpados”, quizás por eso se apuraron a consultar y se les ordeno borrar la pintada suponiendo que haya existido. Y por eso mismo han ido contra Caro sabiendo que nadie los controlaría, al contrario. Hablar claro y aceptar las cosas, no cuesta nada.
Entonces, veamos la primera hipótesis: que el edificio fuera efectivamente de Gendarmería.
En ese caso estamos confundidos y extrañados porque no sabemos muy bien de qué delito tendremos que defender a Caro ya que la acusación sería –como se plantea permanentemente – por Daño en la modalidad del art 184 inc 5 del CP o sea agravado por haberse producido contra un “edificio de uso público”.
Pero la resolución que aquí contestamos está planteada una y otra vez en los términos del art 183 CP o sea simple daño.
Se explican los hechos sobre un tipo penal, pero se la procesa sobre otro tipo penal diferente. ¿de qué delito realmente la defendemos??
De todas formas, planteamos lo siguiente:
1) Como dijimos antes, no había, ni hay en el edificio nada que indique que el lugar pertenece a la Gendarmería Nacional.
2) Si lo fuera, cuestión que no está acreditada, y si en tal caso fuera una repartición denominada “unidad especial, etc”, no vemos que sea uno de los bienes explicados en el art 184 inc 5to referido a “bienes de uso público”.
Justamente si algo no es ese lugar es “de uso público”.
Ahora, si estamos a los términos del procesamiento y de la acusación, en los términos del art 183 CP, esto significa que necesariamente tenemos que el inmueble objeto de la supuesta pintada es privado, en cuyo caso no es competente la Justicia Federal para investigar, pero sobre todo, la denuncia debió hacerla el particular que detenta la propiedad o al menos la posesión del objeto, cosa que aquí no ocurrió.
Todas estas cuestiones aquí planteadas, no las traemos para una discusión sobre aspectos técnicos sino para hacer resaltar no sólo la desprolijidad de la investigación, sino, y lo que es peor: la intención de introducir a Carolina Alac a como sea en un proceso penal. –

V. -EL DAÑO APARENTE NO EXISTE
Entrando entonces de lleno al aspecto del tipo penal de la acusación y el procesamiento, tenemos que en la hipótesis de que no se trate de un “bien de uso público” y por tanto se aplica la disposición del art 183 CP bueno es entonces recordar su redacción para considerar si en efecto hubo “daño” en la pintada que se le atribuye a Carolina. – “ART 183: Será reprimido con prisión….el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito mas severamente penado”
“dañare cosa mueble o inmueble”
La resolución que nos agravia no establece cual es efectivamente el daño producido a la pared del inmueble. Nos habla genéricamente de “una pintada” pero no hay pericia alguna ni evaluación concreta del “daño” que menciona el art. 183 CP.
Concretamente Excelentísimos jueces: ¿cuál sería el daño producido?
¿En qué se dañó a la pared?, ¿cuál sería el costo del mismo?, ¿en qué se menoscabó el inmueble o la pared del inmueble?, ¿cuál es el perjuicio?.
Nada de eso está contenido en la resolución que atacamos.
Sobre todo, porque no contamos con la pintada en cuestión para analizarlo. En realidad no tenemos nada, sólo a Carolina en el Centro Cívico.
El elemento determinante del tipo penal del art. 183 CP es justamente que exista un daño y esa situación no solo no existe, sino que tampoco hay referencia alguna de su existencia en la resolución por lo cual, es imposible que apliquemos dicha norma si carece del sustento principal de su redacción.

VI. –LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN EL PROCESAMIENTO SON ESENCIALMENTE UN CASTIGO POLITICO

En un delito como el aquí investigado que posee una pena de cumplimiento condicional, la resolución ha impuesto “condiciones” junto al procesamiento que son para tipos de delitos muy graves, lo que constituye, sin lugar a dudas, un adelanto de pena.
Carolina es una militante política y sindical y la esencia de su actividad es moverse, viajar, reunirse, etc. Por un delito de Daño se le impone prohibición absoluta de salir del País. Eso constituye una pena accesoria, una forma de castigarla más aún, y esto está relacionado directamente con las actividades militantes de Carolina. Es un castigo político dirigido en forma adrede por su condición de militante. – Se le impone un castigo como prohibirle ausentarse de su domicilio por más de 24 hs, eso para una delegada sindical como lo es Carolina en el Gremio de ATE implica sujetarla para que no cumpla con su mandato de estar con sus compañeros, recorrer la provincia, estar presente en las luchas y reclamos, etc.
Y se le impone presentarse una vez por mes ante la Policía Federal. La resolución ni siquiera explica para qué, ni hacer que, solo dice “presentarse” .
A qué tiene que presentarse la compañera Caro ante la Policía Federal?? No lo sabemos pero, esto constituye claramente otro agravamiento.
Las “condiciones” impuestas a Carolina Alac son un adelanto de pena, es adelantarle que será condenada, constituye una presunción de culpabilidad.
Nos agraviamos y repudiamos estas condiciones por las que se la pena a Carolina por adelantado y pedimos que se dejen sin efecto de inmediato porque no se corresponden ni con la índole del delito investigado ni con la personalidad de Carolina que siempre estuvo y estará a derecho.

VI. – CONCLUSIÓN: SOLO UNA PERSECUSION POLITICA A CAROLINA ALAC
Como se dijo, Carolina Alac es una persona de alta estima en la Comunidad de Bariloche y la comarca, integrante de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión, y delegada de su sector de trabajo en el Sindicato ATE.
Y, también como se dijo, ella jamás repudiaría o desconocería la pintada que da cuenta de que la Gendarmería es una fuerza “asesina” como aparentemente se escribió en la pared.
La Historia de esa fuerza nos dice que es probable que quien produjera esa pintada tuviera en cuenta los antecedentes de la misma.
Pero aun así, lo concreto es que ésta es una causa amañada, iniciada burdamente por un Jefe de la Gendarmería que por un lado se erige en investigador (sin que nadie se lo ordenara), lo cual podría haber estado justificado pero si hubiera hecho una investigación en serio, preservando la prueba principal y dando cuenta de cómo llega desde la pared al Centro Cívico solo por Carolina.
Esta causa es un desaguisado, una aberración de las que la Gremial de Abogados y Abogadas hemos visto por decenas.
Desde una Fiscal que jamás tendrá que enfrentarse con nosotros en un juicio y algo igual puede decirse del Magistrado inferior actuante. Así de fácil.
Se les pasa la responsabilidad a los jueces de Alzada y eventualmente éstos al Tribunal que corresponda y por tanto a otro fiscal federal de juicio. Lamentamos que no podamos enfrentarnos en el Debate, en el contradictorio, en la oralidad, en la publicidad, con quienes arman esto de esta manera.
Los jueces de la Alzada tendrán una oportunidad importante de revocar la resolución recurrida considerando todo lo aquí planteado.
Así lo solicitamos. –

VIII. -PETITORIO
En virtud de lo expuesto, de V.S. solicitamos:

1) Se tenga por presentado el Recurso de Apelación en tiempo y forma. – 2) Se tenga presente lo expuesto
3) Se eleven las actuaciones al Tribunal de Alzada que corresponda. – 4) Dejamos hecha la reserva de nuestra voluntad de informar oralmente ante la Sala que corresponda del Tribunal de Alzada. – 5) Oportunamente se revoque la resolución apelada en todos sus términos

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA

Causa armada contra Carolina Alac en Bariloche

José Luis Costamagna, segundo comandante de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional con asiento en Bariloche, personalmente hizo tareas de inteligencia durante al menos tres marchas realizadas el año pasado en la ciudad en solidaridad al justo reclamo de la Lof en Resistencia Cushamen y la liberación de presos políticos federales, entre otros puntos. El 19 de octubre del año pasado, durante una movilización de repudio a la aparición de un cuerpo sin vida en el río Alto Chubut, se realizó una pintada en las paredes exteriores de un edificio ubicado en Reconquista 96 que el expediente judicial confirmó se trata de la unidad de inteligencia.

Costamagna fue identificado y denunciado por el espionaje, lo que motivó la persecución contra nuestra compañera que esta semana fue procesada por el delito de daño. Moldes dispuso además un embargo en su contra, corroborando que el juzgado federal de Bariloche se convirtió en una maquinaria fundamental de armado de causas penales contra el activismo social y político en la zona andina.

A la vez, el expediente penal contra Carolina prueba la desproporcionalidad del uso de los recursos del estado para perseguir un presunto delito menor y el andamiaje combinado de las fuerzas federales. Cuatro efectivos de la Prefectura Naval hicieron espionaje contra Carolina bajo la excusa de recabar prueba de su presunta participación en la pintada, hecho denunciado por el propio Costamagna que ahora no cumple funciones en Bariloche ya que su identificación pública no es la más apropiada para seguir haciendo de espía.

Este expediente prueba la asociación de la justicia federal, la Gendarmería y la Prefectura, la misma que no avanza contra los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Valoramos profundamente el compromiso y patrocinio de los abogados Matìas Alac y Eduardo Soares de la Gremial de abogadas y abogados de la Repùblica Argentina, quienes desde el primer momento se pusieron a disposiciòn para defender a nuestra compañera y a muchxs otrxs , incluyendo a las madres y a lxs niñxs de la comunidad Lafken Winkull, lxs que han sido injusta y sistemáticamente perseguidxs y judicializadxs por este juzgado federal.

• rechazamos y repudiamos el procesamiento de Carolina Alac por su presunta participación en ningún delito

• rechazamos cualquier cercenamiento a la libertad de expresión, incluída una pintada

• rechazamos el espionaje a la sociedad civil en democracia

• repudiamos el uso de la justicia federal para legitimar el espionaje por parte de fuerzas federales

• repudiamos la persecución sistemática a los luchadores de base desde el juzgado federal de Bariloche simbolizados por la fiscal Sylvia Little y el juez Leónidas Moldes

10 de diciembre de 2018

Otro día de cacería de mapuches

-Lautaro y Fausto fueron quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel.

-Tanto Lautaro como Fausto no son solamente los mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael tratando de auxiliarlo, sino que han sido los sobrevivientes y principales testigos de la emboscada que sufrieron los comuneros el 25 de noviembre del año pasado. Muchísimos kilómetros arriba de lo que determinaba la orden de desalojo del juez Villanueva. Esto es importante que se empiece a plantear. No se logra visibilizar cuál fue el rol de los dos lamien dentro de la causa judicial. Hoy son los únicos imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Todo esto está en un mismo expediente, lo que imposibilita ser testigos, contar lo que pasó y relatar ese momento sobre la montaña. Hay otros testigos que pueden relatar qué pasó abajo y cómo fue el operativo sobre la ruta y en la ciudad. El relato de ellos, hoy en la causa, impide que se logre individualizar a cada uno de los albatros que subió a esa emboscada.

– Los testigos de las causas, tanto en la de Santiago Maldonado como en la de Rafael Nahuel, más que protegidos son perseguidos por la justicia, ¿no?

– El modus operandi de la justicia y del poder ejecutivo se mantienen en la misma línea. Lo que el año pasado pasó en el caso de Santiago Maldonado es lo que está pasando ahora: tratar de invisibilizar a los testigos que pudieron salir a declarar para seguir judicializando gente, identificando personas y perseguir familias. Las personas que se dispusieron a contar todo lo que se había visto adentro de lo que fue el allanamiento y la represión del 1 de agosto que culminó con el secuestro, posterior asesinato y haber plantado el cuerpo de Santiago Maldonado en la misma comunidad. Va en la misma línea que en la que va ahora la investigación en cuanto al asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Hay2 testigos que no están en la causa. Nos llama la atención como tanto a Fausto como a Lautaro les plantaron la teoría del enfrentamiento, como que tuvieron algo que ver con la muerte de Rafael Nahuel. Fueron detenidos en ese mismo instante cuando llegan a la ruta. No se les dio ningún tipo de asistencia, ni a ellos ni a Rafael, que, en teoría, se encontraba ya sin vida, algo que no está claro todavía. Recién fueron trasladados a la ciudad de Bariloche sobre las 12 de la noche, casi 6 horas después de que llegaran a la ruta. Fueron empapelados de una manera tal que generan un mamarracho jurídico alrededor de ellos. Salieron excarcelados el 29 de noviembre y la revocatoria de la excarcelación terminó culminando el 15 de mayo por una orden de la Cámara de Casación, que además pretende imputarlos por otro delito que es atentado al orden constitucional. El juez Villanueva pidió que se los llame para detenerlos nuevamente y se les impute este delito. El 18 salió la orden de detención. Se presentaron distintos pedidos para apelar esta orden de revocatoria de excarcelación, que no fueron tenidos en cuenta hasta un mes después cuando la Corte Suprema dijo que no iba a hacer lugar a la apelación porque no se han presentado y no se han cumplido los requisitos que requería la excarcelación. Esto fue en el mes de junio, aun teniendo en cuenta que la Fiscal Little, en su pedido de revocatoria, introdujo un nuevo elemento en la causa que es culparlos de tenencia de armas. En la causa judicial no están imputados por tenencia de armas. Sus imputaciones son por usurpación y por resistencia a la autoridad, agravado por ser más de 3 personas. En ningún punto del expediente se encuentra visualizado ni probado que por parte de la comunidad haya habido armas ni ningún otro tipo de resistencia que no fuera la de la defensa. Porque volvemos a hablar de una emboscada. Albatros disparó más de cien veces sobre el grupo de comuneros que se encontraba a varios kilómetros del lugar que les correspondía cuidar y por el cual estaban como preventores. La orden de desalojo del juez Villanueva fue de 200 × 300 metros. No implicaba toda la fracción de territorio por la cual Parques Nacionales hace la denuncia en su momento. Este mamarracho jurídico siguió el 10 de agosto, cuando se dictó una orden de captura a Fausto y a Lautaro. Días después, suspendieron la defensa. Posteriormente, se pidió nuevamente una pericia sobre las ropas de Rafael, de Lautaro y de Fausto para tratar de probar si había restos de pólvora. Tanto en las manos de Fausto como en Rafael se encontraron muy pocas partículas de pólvora que no son compatibles al hecho de haber tenido ni disparado un arma ese día. Se encontraron mayor cantidad de restos de pólvora en las manos de Pintos. Esto no fue tenido en cuenta. Todo pretende ir directamente a probar desde su parte que hubo un enfrentamiento, lo cual es totalmente ilógico. Hay que tener en claro que la teoría del enfrentamiento es algo que viene de arrastre. Generar un enemigo interno te permite empezar a aislarlos y romper esos lazos solidarios que hemos generado desde hace 3 años que se encuentra la comunidad en resistencia recuperando territorios. Hay que tenerlo claro para entender cómo se genera toda la estigmatización, ahora también sobre la comunidad Latismuypuimapu. Es muy llamativo tener la presencia del juez Villanueva investigando durante un año una muerte en la cual él decidió llevar a cabo el desalojo sin tener ningún tipo de medida. Dejó el lugar librado al azar y dejó actuar a los Albatros, cuando en realidad el predio estaba abajo. Cuando desalojó la comunidad quedó él a cargo del predio. Y es el juez Villanueva el que sigue investigando durante un año, cubriendo a los asesinos, cubriendo a quienes dieron las órdenes políticas de que se entrara ese día a desalojar a la comunidad. Hay que recordar que el Comando Unificado sigue funcionando y viene funcionando desde hace más de un año. Hubo un acuerdo entre los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén para poder llevar adelante la represión sobre las comunidades que pretendan poner en jaque los intereses de los grandes capitalistas. La recuperación a Parques Nacionales siempre ha sido tenida en cuenta como una de las acciones más radicales de las comunidades cuando en realidad son muchísimas las comunidades cuyos territorios están siendo usurpados por Parques.

-¿La decisión de Fausto y de Lautaro de no presentarse ante la justicia ¿fue personal o colectiva?

– En cuanto a las decisiones, cada familia es autónoma y cada comunidad es una familia. No es que ellos decidieron darse a la clandestinidad. Fueron obligados por la cantidad de presiones que se generan jurídica y políticamente. Esperamos que los organismos de derechos humanos tomen una postura necesariamente política y salgan a defendernos. Son las personas que pueden relatarnos lo que pasó durante esa emboscada, montaña arriba, y que nos pueden definir quiénes fueron los que dispararon y cómo actuaron. Está probado en la causa y en el expediente jurídico que la bala salió del arma del Albatros Pinto. Hubo otros 6 que intervinieron cuyos roles están definidos. Hoy están llamados como testigos cuando en realidad son tan homicidas como el que disparó ¿Cuál es el rol del juez Villanueva investigando una muerte que él mismo ocasionó? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Seguridad, Noceti, Burzaco, Patricia Bullrich? ¿Cuál es el rol del poder ejecutivo a cargo de Mauricio Macri y de los distintos poderes de las provincias? Esto es lo que necesitamos que se ponga en discusión. Nos molesta mucho y nos duele el hecho que la muerte de Rafael Nahuel no haya generado las mismas presiones que generó la desaparición forzada de Santiago Maldonado; que no se hayan acercado las distintas organizaciones a conversar, a plantear una estrategia y a ver cómo se acompaña. Lo que llegó a dilatar el caso es que tuviéramos al mismo juez que dio la orden de matar a Rafael a cargo de la investigación un año. Ahora se fue, retomó Moldes, que es otro juez que viene persiguiendo a las comunidades y a las distintas organizaciones y activistas sociales desde hace dos décadas. Moldes es el primero que criminaliza una protesta social en Bariloche. El panorama no es nada alentador. Tampoco es alentador cuando el resto de las organizaciones y la sociedad hacen silencio ante esta arremetida de los poderes.

-Ahora el juez Moldes libró un alerta roja de Interpol pidiendo la detención de Lautaro y de Fausto.

– Hace dos días salió una alerta roja de Interpol. Es llamativo que esta medida se dé a días de que se inicie en Chile el juicio hacia el lonko Facundo Jones Huala. Todos saben que las familias se van a movilizar. Deja abierta la puerta para que las fuerzas represivas del Estado chileno puedan investigar, perseguir, seguir criminalizando a los integrantes de las distintas comunidades que puedan llegar a dar su solidaridad en este juicio. No nos sorprende para nada. Los argumentos por los que la Interpol da este alerta roja no tienen ningún tipo de sustento. Son en base a un supuesto número que podría pertenecer a alguien cercano a Lautaro. Lo real es que no tienen nada, pero la persecución continúa. La siguen profundizando. Nos molesta mucho saber que hay silencio del otro lado. Los lamien tienen pedido de detención desde hace seis meses y un pedido de captura desde hace tres meses. Al volver al juzgado de Bariloche, Moldes podrá tomar decisiones trascendentes que Villanueva no se animó a tomar. El pedido de la fiscal Ávila sobre un nuevo desalojo en la comunidad está aún latente. Villanueva no le hizo lugar, pero es posible que Moldes sí le haga lugar y le pida que se allanen distintas comunidades como se hizo el año pasado con la excusa de tratar de buscar a Santiago Maldonado.Ahí se allanaron distintas comunidades en distintos lugares. El Comando Unificado ya tiene acuerdos de cómo van a reprimir y a quiénes van a criminalizar. Nos tiene preocupados que se puedan librar órdenes de allanamientos con la excusa de buscar a Fausto y a Lautaro, que puedan llegar a cualquier comunidad generando los desastres que generan, desapariciones, muertes, torturas y violaciones. El Pu Lof tiene un importantísimo arsenal de denuncias contra las fuerzas represivas. Estamos expuestos a que cualquier orden de allanamiento o de represión pueda culminar con desapariciones y muertes contra todos los que nos encontramos en el territorio hoy resistiendo. Necesitamos que se los reconozca a Fausto y a Lautaro como las personas que nos pueden relatar lo que pasó en aquella emboscada. Rafael era el sobreviviente de una colonización que nos atraviesa hace siglos. Estaba reconstruyendo su identidad y fue fusilado por la espalda defendiendo un territorio de su comunidad y de su pueblo en conjunto. Son las cosas que necesitamos que se empiecen a visualizar.

MIRTA CURRUHUINCA AL SER DETENIDA (ROXANA SPATARO FB: ROX ANA)
Luego de la charla con Elisabet Loncopan, la Red Nacional de Medios Alternativos también pudo charlar con Mirta Curruhuinca, la mamá de Lautaro, apenas minutos antes de que fuera detenida durante la protesta por Rafael Nahuel.

“Yo soy la mamá Lautaro. Como madre estoy orgullosa con el acto de humanidad que hizo mi hijo: querer salvarle la vida a una persona. Nosotros como familia quedamos muy marcados con lo que pasó con Santiago. La desaparición, los allanamientos y todo lo que tuvimos que sufrir en ese tiempo. Nadie denuncia nada. Nosotros nos tenemos que unir como madres. Duele mucho ver lo que les hacen a nuestros hijos. Estamos orgullosos de lo que él hizo al querer salvarle la vida a este lamien. Más allá de toda la persecución, seguimos firmes y no vamos a bajar los brazos. No le tenemos miedo al Estado. Vamos a seguir luchando. Yo también estoy imputada en la causa de La Trochita, no puedo salir del país. Lo único que queda es unirnos y tratar de defendernos entre nosotros. Todo va a ir complicándose más. El juez que viene ahora parece bastante antimapuche. Acá seguimos fuertes y con la frente en alto. No queremos ser los mapuches a los que la gente les tenga lástima. Tampoco somos delincuentes. Tampoco somos personas que hagamos cosas malas. Somos familias que estamos volviendo al territorio. Estamos construyendo una identidad y una cultura. Lo que dice la prensa es un circo mediático, para después golpear. Estamos atentos”, comenzó diciendo Mirta.

-La imputación en La Trochita fue por una medida para visibilizar el conflicto. Luego hubo una gran represión en enero del 2017.

-La represión fue bien dura. Ellos decían que tenían que desocupar las vías. No tenían que haber llegado a la casa como llegaron. Ahí en la casa entraron y golpearon. A mi niña, que tenía 11 años, la arrastraron y la sacaron de los pelos. Nos golpearon. Eso fue a la mañana. La persecución no es solo con nosotros sino también con la gente que se solidariza con las represiones. Después hubo 5 lamien más que fueron llevados a juicio, personas que fueron a ser solidarias con la comunidad. Terminaron imputados y con causa por enfrentamiento a la policía. Es un circo que uno realmente no entiende. Nos damos cuenta que el Estado nos tiene miedo. Sino no haría todo este circo mediático.

-¿Cómo vivís la clandestinidad de tu hijo?

– Una madre siempre tiene la preocupación de no saber cómo está ni dónde está. Estratégicamente, la policía, el Estado y el juez a las primeras personas que van a seguir son a los padres y a las familias. Él fue obligado a tomar esa decisión y nosotros la respetamos. Hemos visto otros casos donde los chicos caen presos y después dicen que fue un suicidio o un enfrentamiento en la misma cárcel. Ellos son testigos de lo que pasó allá arriba. Como testigos los tenemos que cuidar. Él no está clandestino porque se quiso hacer el rebelde. Está clandestino porque tenemos que salvarle la vida. Hoy en día n
-¿Hace cuánto que la familia está en el proceso de reconstruir la identidad mapuche?o se puede confiar en la justicia.Él fue obligado a ser clandestino. Como mapuches nunca tuvimos justicia. Hoy estamos fuertes, con firmeza. Como madre estoy orgullosa de mi hijo. Quiso salvarle la vida. No entiendo al grupo Albatros, si no tienen hijos o no sé que son. Nosotros somos más ser humano que esas personas, por más que nos quieran pintar como salvajes, delincuentes y terroristas. Tiene 20 años Lautaro.

– Muchos años lleva esto. Desde que ellos nacieron, sabíamos que éramos mapuche. Acá estamos en esta lucha. Siempre supimos que somos mapuche y somos de una Nación.

-¿Viven en una recuperación o en Bariloche?

– Ahora estoy en la ciudad tratando de visibilizar todo esto. Yo vivo en el territorio de Cushamen.

-¿Pensaste en abandonar la lucha?

-No. Sabemos que nacimos por algo y esto es por lo que nacimos. No es porque uno quiere militar y es así. Hoy en día hay un renacimiento como pueblo y como nación, de esa fuerza que se perdió en la época de la conquista. Esto va más allá de ser un militante político. Es espiritual y filosófico. Eso es lo que nos mueve. Nuestro pueblo se está despertando y se está levantando con fuerza. El Estado no sabe qué hacer. Esto no es porque sí. Esto tenía que pasar. Si nosotros no tenemos este compromiso y convicción, no va a quedar nada para nuestros hijos. Esto se hace para que las generaciones que vienen tengan un lugar y que el capitalismo no destruya todo. El presidente está entregando todo el territorio. Lo que ellos quieren es destruirlo. Nuestra fuerza sale de ese territorio. Nosotros tenemos que defenderlo para que nuestros hijos tengan un lugar donde levantarnos. La fuerza está en el territorio, no está en la ciudad. Tenemos que volver a los territorios. A nosotros nos van a sacar muertos del territorio. No nos importa perder la vida. Sabemos que estamos haciendo algo por nuestros hijos. Hasta para esa gente que fue a dispararle a Rafael Nahuel, y hasta el mismo juez. Ellos no saben que están haciendo. Contaminan y destruyen todo. Nosotros defendemos la naturaleza. De ahí sacamos nuestra fuerza. Es algo más espiritual. Nuestro pueblo está llamado a levantarse.
Ambas hablaron en nombre de Lautaro González Curruhuinca ante su imposibilidad de hacerlo por la situación que atraviesa. Ahora, tanto Mirta como Elisabet necesitan que alguien hable en nombre de ellas.

Un año del asesinato de Rafa, no te calles: marchamos y reclamamos justicia.

Cosas que pasan en esta justicia tan injusta. Una “justicia” en la que el juez persigue a las víctimas y protege a los victimarios. Una “justicia” en la que una fiscal, la fiscal Litle, dicta disposiciones por las que puede de manera absolutamente arbitraria y caprichosa amenazar a las madres de la comunidad con encarcelarlas y quitarles sus hijxs.

¿Qué es esto sino Violencia? Violencia legal, violencia brutal. Mucho más potente y dañina que una piedra contra un vidrio.

Rafa fue asesinado por luchar. Por atreverse a recuperar junto a la comunidad el territorio ancestral robado . Y eso sí que no se perdona. No se cuestiona el valor supremo de la propiedad privada. Por eso, el gobierno de Macri, secundado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich, exige el escarmiento para que nada ni nadie le arruine el negocio desnudando así sus verdaderas intenciones de llevar adelante una nueva campaña del desierto. Entre poderes se entienden y siempre hay un juez a mano que cumple al pie de la letra las órdenes de los títeres del poder económico. “ Armado” de causas penales, Represión , persecución y hostigamiento.

Villanueva ya no estarà ocupando su cargo de juez federal en Bariloche. Pero antes de irse dejò la tarea hecha: El pedido de una nueva pericia balística que pone en duda lo ya demostrado.

Cuántas marchas más deberemos marchar para que nuestro grito colectivo por Justicia sea tan fuerte que no nos puedan hacer callar.
Cuántas marchas más deberemos marchar para denunciar a un gobierno provincial con Weretilneck a la cabeza que implementa ridículos y costosísimos operativos de seguridad para justificar su creciente política represiva porque el poder económico así lo exige.

Basta ya de mentiras. Digamos las cosas como son. Cuánto tiempo más “se jugará” con el dolor de la familia. Qué decirles a la mamá y el papá de Rafa que además de aprender a sobrellevar la inmensa tristeza por la pérdida de su hijo asesinado, deben soportar el menosprecio, el ninguneo y la falta de respeto de un aparato judicialy político que se ríe en sus caras del dolor y del reclamo por Justicia.

Exigimos:
JUSTICIA POR RAFAEL NAHUEL
*
RCEL YA AL ASESINO DE RAFA!*

BASTA DE PERSECUCIÓN A FAUSTO JONES HUALA Y LAUTARO GONZÁLEZ

CESE DE LA PERSECUSIÓN A LA LOF LAFKEN WINKUL MAPU!
*
BASTA DE ARMAR CAUSAS A LXS LUCHADORXS SOCIALES*

Se corroboró el uso masivo de escopetas apuntando directo al cuerpo

A la vez, la defensa de los policías intentó exhumar la hipótesis del presunto uso de armas de fuego por parte de los manifestantes apelando a una desprolija convocatoria como testigo a una persona que había seguido desde el público todas las audiencias. La hipótesis de la presencia de “encapuchados” con un arma calibre 22 y otro con una tumbera fue esgrimida rápidamente por la propia policía, repetida por el propio ex gobernador Miguel Saiz, plasmada en el sumario de investigación interna de la policía primero y volcada en sede judicial después. Ocho años después y con doce jornadas de audiencias reveladoras, el testigo no corroboró lo que se había prestado a afirmar en su momento entre cuatro paredes y sin el control de la sociedad que permite la instancia de estos juicios.
Alejandra Bartoliche, trabajadora de la agencia Télam y colaboradora de distintos medios, aportó a la causa aproximadamente mil fotografías realizadas desde las 10.30 de la mañana del jueves 17, las que junto a otros documentos son base de una pericia interdisciplinaria realizada por el físico Guillermo Pregliasco, quien brindará testimonio el 1 de noviembre. Hoy Bartoliche relató su experiencia a la par que exhibió una selección de un centenar, que brinda precisiones horarias a muchos de los dichos de diferentes testigos.

Las fotografías mostradas en audiencia corroboraron, de los hechos que nosotros conocemos por las partes y el acompañamiento de estos años:

El uso generalizado por parte de la policía de las escopetas en forma horizontal, apuntando directo a los cuerpos;

Un efectivo portando una caja de munición de plomo de marca “Stopin Power” como las indicadas por los peritos balísticos que ya declararon;
El ataque centrado en la casa de la familia de Diego Bonefoi, asesinado horas antes, desde antes del mediodía y previo a la respuesta con piedras por parte de jóvenes manifestantes;

Nunca hubo una multitud, sino grupos de no más de 8 o diez manifestantes con piedras;

Personas adultas reclamaron en la comisaría 28 por personas detenidas durante la mañana, que no están incluidas en este caso ni en ningún otro;
Dispararon gases lacrimógenos contra las viviendas de vecinos que simplemente miraban los acontecimientos

Actuó personal de civil con ropas del mismo tipo y estilo que los jóvenes de barrio;

Víctor Pil, uno de los tres efectivos en actividad acusados por el homicidio de Sergio Cárdenas, se ve participando del dispositivo y apuntando con la escopeta en forma horizontal, directa a los cuerpos, y no inclinada hacia abajo buscando el rebote en el piso, como debería hacerse en caso de dispersión de manifestación; y, también, las condiciones en que los manifestantes y vecinos socorren a los heridos en medio de gases y balaceras.

Mas jóvenes testigos y víctimas
Finalmente declaró otro muchacho, que tenía 14 para el momento de la represión, tío de Nino Carrasco. Tiraba piedras. Estaba en el grupo que un avance policial los obliga a refugiarse dentro de la casa de la familia de uno de ellos, donde quedaron encerrados por las descargas frontales a la casa y con Nino desvaneciéndose. Horas más tarde, entre las 21.30 y las 22, en la zona de barrio Las Quintas fue corrido por la policía junto a otros jóvenes; recibió cuatro impactos de bala de goma (dos en un brazo y dos en las piernas).
Ese barrio está a varias cuadras de la sede de la ex comisaría 28, epicentro y presunto objetivo de todo el dispositivo policial desplegado. Es decir, que la conducción policial para esa hora había redefinido el objetivo del control de la ciudad y ampliaba el radio de persecución contra los jóvenes, lo que el viernes 18 no tuvo límites, lo que jamás investigó la justicia.

Se corroboró el uso masivo de escopetas apuntando directo al cuerpo

A la vez, la defensa de los policías intentó exhumar la hipótesis del presunto uso de armas de fuego por parte de los manifestantes apelando a una desprolija convocatoria como testigo a una persona que había seguido desde el público todas las audiencias. La hipótesis de la presencia de “encapuchados” con un arma calibre 22 y otro con una tumbera fue esgrimida rápidamente por la propia policía, repetida por el propio ex gobernador Miguel Saiz, plasmada en el sumario de investigación interna de la policía primero y volcada en sede judicial después. Ocho años después y con doce jornadas de audiencias reveladoras, el testigo no corroboró lo que se había prestado a afirmar en su momento entre cuatro paredes y sin el control de la sociedad que permite la instancia de estos juicios.
Alejandra Bartoliche, trabajadora de la agencia Télam y colaboradora de distintos medios, aportó a la causa aproximadamente mil fotografías realizadas desde las 10.30 de la mañana del jueves 17, las que junto a otros documentos son base de una pericia interdisciplinaria realizada por el físico Guillermo Pregliasco, quien brindará testimonio el 1 de noviembre. Hoy Bartoliche relató su experiencia a la par que exhibió una selección de un centenar, que brinda precisiones horarias a muchos de los dichos de diferentes testigos.

Las fotografías mostradas en audiencia corroboraron, de los hechos que nosotros conocemos por las partes y el acompañamiento de estos años:

El uso generalizado por parte de la policía de las escopetas en forma horizontal, apuntando directo a los cuerpos;

Un efectivo portando una caja de munición de plomo de marca “Stopin Power” como las indicadas por los peritos balísticos que ya declararon;
El ataque centrado en la casa de la familia de Diego Bonefoi, asesinado horas antes, desde antes del mediodía y previo a la respuesta con piedras por parte de jóvenes manifestantes;

Nunca hubo una multitud, sino grupos de no más de 8 o diez manifestantes con piedras;

Personas adultas reclamaron en la comisaría 28 por personas detenidas durante la mañana, que no están incluidas en este caso ni en ningún otro;
Dispararon gases lacrimógenos contra las viviendas de vecinos que simplemente miraban los acontecimientos

Actuó personal de civil con ropas del mismo tipo y estilo que los jóvenes de barrio;

Víctor Pil, uno de los tres efectivos en actividad acusados por el homicidio de Sergio Cárdenas, se ve participando del dispositivo y apuntando con la escopeta en forma horizontal, directa a los cuerpos, y no inclinada hacia abajo buscando el rebote en el piso, como debería hacerse en caso de dispersión de manifestación; y, también, las condiciones en que los manifestantes y vecinos socorren a los heridos en medio de gases y balaceras.

Mas jóvenes testigos y víctimas
Finalmente declaró otro muchacho, que tenía 14 para el momento de la represión, tío de Nino Carrasco. Tiraba piedras. Estaba en el grupo que un avance policial los obliga a refugiarse dentro de la casa de la familia de uno de ellos, donde quedaron encerrados por las descargas frontales a la casa y con Nino desvaneciéndose. Horas más tarde, entre las 21.30 y las 22, en la zona de barrio Las Quintas fue corrido por la policía junto a otros jóvenes; recibió cuatro impactos de bala de goma (dos en un brazo y dos en las piernas).
Ese barrio está a varias cuadras de la sede de la ex comisaría 28, epicentro y presunto objetivo de todo el dispositivo policial desplegado. Es decir, que la conducción policial para esa hora había redefinido el objetivo del control de la ciudad y ampliaba el radio de persecución contra los jóvenes, lo que el viernes 18 no tuvo límites, lo que jamás investigó la justicia.

La crueldad sin fin del Estado contra la solidaridad hasta la muerte

En la jornada de este jueves, a la vez, por primera vez se escuchó la versión de un manifestante de la revuelta popular en repudio al crimen de Diego Bonefoi ejecutado de un tiro por la espalda esa madrugada por un integrante de la patrulla de la Comisaría 28. Lucas Gallardo, vecino del barrio, tenía 17 en ese entonces. Recibió disparos directos a la cara con munición antitumulto a corta distancia estando en el umbral de su casa, pretendiendo salir a pedir ayuda para llevar a Nino al hospital, ya que minutos antes había recibido varios disparos que lo desplomaron.
Otro vecino, Darío Velázquez, joven obrero de la construcción, volvió a relatar esa escena de película de acción cuando atento a los disturbios en la calle y los sonidos de los impactos de balas, se asoma a un paredón del patio de su casa y empieza a grabar con la cámara de video de su celular. Ve el avance de varios grupos de policías, pibes corriendo hasta que lo asustó un zumbido –diferente a los que estaba escuchando- pasó muy cerca de él. Dejó de grabar, con la panorámica despejada vé que un pibe cae en la calle, que varios lo rodean. Se acerca, otros le abren la remera, vio un hilito de sangre salir del costado derecho.
Con su esposa decidieron aportar ese video a la causa judicial, pidieron ayuda para bajar a un CD el video, cuya autenticidad no dejó de intentar cuestionar Sebastián Arrondo, defensor privado de 7 de los ocho policías imputados.
Este jueves declararon seis testigos en la octava jornada de audiencias públicas. A pesar de la tragedia, es importante constatar que vecinos de a pié asumieron su “deber de memoria” y volvieron a sostener ante los acusados su versión. Importante también saber que aún en medio del peligro personal muchos honraron la vida y ayudaron o intentaron ayudar hasta el último instante tanto a Nino como a Sergio.
“Me muero”, dijo Nino con los pulmones sin aire casi. “Vas a estar cuidado”, dijo Kerz que le dijo al jovencito.
Las paredes del frente de la casa de la familia Gallardo tiene todavía los huecos de los balazos del 17. Es difícil describir cómo son, hasta dónde llegan los huecos de la impunidad y de la (de)mora de 8 años hasta este juicio.

Multisectorial contra la represión y la impunidad de Bariloche, 18 de octubre de 2018.

Policías reconocen que fueron a buscar munición a Prosegur y que no hubo conducción clara en el terreno

Con diferencias en la cantidad de cajas de municiones y sin afirmar que se trató de munición de plomo, Susana Corona Sambueza y Juan Pablo Siris, de la Brigada de Investigaciones para junio de 2010, confirmaron un elemento central para la hipótesis de la Fiscalía y las querellas de las víctimas: quien fuera que estuviera al mando del dispositivo policial envió a buscar munición a una empresa privada que no usa balas de goma antitumultos.

A la vez, estos testigos por primera vez se abstienen de exponer y repetir la hipótesis del caos y del presunto eminente peligro para la vida propia como excusa para no declarar con detalles. Dos de ellos, Siris y Miranda, de diferente modo, permitieron a la sala acercarnos a las condiciones materiales concretas que vivieron algunos de los efectivos ante la conducción operativa errática sino directamente ausente de la Jefatura en una jornada “excepcional”, como calificó un testigo esta semana.
Cuando recién se cumplieron 8 de las jornadas prevista hasta el 24 de octubre inclusive en principio, recién hoy parece posible que algunos quiebren el pacto de silencio y lealtad al bloque de Víctor Cufré.

Se amplió el tiempo que se investiga por los hechos trágicos del 17 de junio de 2010

Durante la instrucción de la causa fueron numerosos los esfuerzos de las defensas de los imputados, del ex fiscal Marcos Burgos y del juez Ricardo Calcagno en aislar los hechos de las muertes. Llevó todo un tiempo anexar los casos de los heridos. Aún así, persistía la descontextualización de los homicidios al no incorporar el análisis de la represión masiva. Incluso, la pericia fotográfica del físico forense Guillermo Pregliasco parte del mediodía.
La necesidad de probar el incumplimiento de los deberes de funcionario público del ex secretario de Seguridad y de las máximas autoridades policiales- presentes en la ciudad y en el lugar durante la mañana- necesariamente exige investigar las conductas funcionales y operativas de desde que se informaron del crimen de Diego a manos del cabo Colombil. A la vez, este acento amplía el radio de interés al desplazamiento de los jefes desde Bariloche a El Bolsón y viceversa ese mismo día, por motivos que ya desarrollaremos, que estarían vinculados a una crisis severa que atravesaba a la policía tras el crimen de un médico forense.
Declararon este jueves 11 Ariel Osés, en actividad, miembro del escuadrón BORA (luego disuelto y actual COER); Hugo Neculmán, de la comisaría 2 del centro que fue movilizado a El Alto; Fernando Manquenao, que prestaba servicios en Dina Huapi; Mariela Bazán, la controvertida repartidora de la munición traída de Prosegur que participó de todo el dispositivo sin ser convocada por autoridad alguna; Mario Ochoa, de la comisaría 2 que llevó munición a comisaría de El Alto; Cristian Nelson Muñoz, chofer del ex jefe de la policía provincial Jorge Villanova; Héctor Asenjo, de la 2 movilizado a El Alto; y Carlos Baiz, subcomisario de operaciones de la 28, poseedor de un notable despliegue discursivo para eludir relatar con precisión su experiencia.

Jueves 11 de octubre, San Carlos de Bariloche, Río Negro