Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación dio esta tarde media sanción a un proyecto de ley que tiene por objetivo garantizar a los internos el derecho a la educación en igualdad de condiciones a las personas que no están en esa condición. “Entendemos que asegurar el derecho a la educación puede tener un impacto formidable en lo que hace a la posibilidad de la reinserción de cada uno de los internos”, aseguró el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, al exponer en la sesión.
Gil Lavedra explicó de que se trata el proyecto: “Estamos impulsando, junto con otros diputados, como Ricardo Alfonsín y Adriana Puiggrós, y un conjunto de diputados que habían presentado proyectos anteriores, una norma que va a ser determinante para poder alcanzar el pleno respeto a la dignidad humana en nuestro sistema carcelario. Y que puede tener un impacto extraordinario en lo que hace a la reinserción social de los internos. Se trata de asegurar el derecho a la educación pública en iguales condiciones que a los restantes ciudadanos a quienes se encuentren privados de la libertad. El derecho a la educación forma parte de esos derechos básicos que hacen a la persona humana, asegurados en todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y forma parte de nuestros derechos fundamentales asegurados por nuestra Constitución Nacional”.“La ley penitenciaria nacional continuó contemplaba la posibilidad de educación en las cárceles. Sin embargo con este proyecto y la modificación de este capítulo de la Ley Penitenciaria, le estamos dando un grado de sistematización mucho más profundo”, dijo. Y agregó: “Números oficiales del sistema nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena señalan que en el año 2008 en estos como en otros temas las estadísticas argentinas nunca están muy actualizados en el Sistema penitenciario nacional había 53.448 internos, de los cuales sólo el 40 % había terminado estudios primarios, y menos del 5 % tenía estudios secundarios completos. El 60 % no había terminado la escuela primaria; y de ellos, casi el 10 % no tenía ningún tipo de instrucción. A la vez, la mitad de quienes se encontraban en la cárcel no tenían oficio ni profesión conocida”.“El proyecto contempla la necesidad de notificar a cada uno de los internos una vez que ingresen, el derecho que tienen a la educación en sintonía con las leyes nacionales en materia de educación pública. Todo en iguales condiciones que los otros. Contempla también un sistema también de incentivos, que no pueden superar los 20 meses, pero para todos aquellos internos que se acojan al sistema y vayan completando sus estudios. Pone en cabeza del Ministerio de Educación de la Nación la ejecución del programa junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A la vez establece un hábeas corpus correctivo para que un juez pueda garantizar que este derecho verdaderamente se satisfaga. También se da un plazo necesario para adaptación que establecimientos carcelarios necesitarán para cumplir este derecho que se está garantizando. También plantea el proyecto que se puedan hacer extramuro algunos de estos cursos y medidas de educación”, señaló.Por último, Gil Lavedra remarcó: “En definitiva, estamos avanzando con este proyecto de modo decisivo hacia un sistema penal que garantice a las personas privadas de libertad todos los derechos, menos los que sean inherentes a la restricción a la libertad ambulatoria. Quien está privado de la libertad es un ciudadano que tiene los mismos derechos de quien no está privado de la libertad, salvo los que se derivan de su encierro forzoso y los que tienen alguna relación accesoria con el. Avanzamos con esta media sanción a un sistema que sea más respetuoso de los derechos y la dignidad humana.”
Ahora, el SenadoPor su parte, el abogado de la Procuración Ariel Cejas Meliare sostuvo que “ahora debemos militar para que se apruebe en el Senado”.A la vez, Cejas Meliare sostuvo que “el año pasado, a raíz de una huelga de hambre en Devoto, fui al Centro de Estudiantes, y sugerí a su Presidente y demás estudiantes, que buscaran propuestas fructíferas en su petitorio. Fue así que propusieron reflotar varios proyectos que no habían sido tratados y que respondían a su busca por el respeto a los derechos constitucionales de los privados de libertad. De ese modo, “la Procuración Penitenciaria, continuó Cejas Meliare llevó a Asesores de distintos Bloques a reuniones en el Centro Universitario. Luego de ello, el Diputado Bonasso y otros presentaron un nuevo proyecto de ley educativa en contextos de encierro. Una vez en Comisiòn de Legislación Penal y teniendo en cuenta ese proyecto, el de la Diputada Puiggros y otros, el Diputado Gil Lavedra propuso una reforma mas amplia y profunda, buscando no sólo el estímulo sino la reforma TOTAL del capitulo de educaciòn de la ley 24.660, extendiendo la atención sobre la educación primaria, involucrando una participación más fuerte del Consejo Federal de Educación, con fuerte control judicial”. Finalmente, Meliare concluyó afirmando que “seguramente existe una lista muy extensa para reconocer e incluir los aportes, pero es auspicioso que una idea haya podido ser rescatada y trabajada en conjunto y con interés por un amplio grupo, que ojalá se expanda y fortalezca cada vez más”.