Neuquén, 29 de julio de 2009 ( 8300.com) María del Carmen Verdú e Ismael Jalil de la Correpi
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció los abusos cometidos en la U11 durante su intento de visita a los presos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villaroel. La denuncia será elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International y Human Rights Watch. En el marco de las actividades realizadas por la presentación del libro “Represión en democracia. De la ‘ primavera alfonsinista’ al ‘gobierno de los derechos humanos’” de María del Carmen Verdú, integrantes de la Correpi denuncian una gravísima situación que, simultáneamente, ha violado los derechos y garantías de dos personas privadas de su libertad, y ha impedido el libre ejercicio profesional de quienes suscriben la denuncia, las abogadas María Teresa Larramendy y María del Carmen Verdú, y el abogado Ismael Jalil.Por pedido de Eduardo Soares, abogado defensor de los detenidos, el lunes integrantes de la Correpi se hicieron presentes en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Neuquén con el fin de entrevistar a los presos Fuentevilla y Villarroel. El objetivo de la visita era interiorizarse de la situación de los detenidos, en su condición de presos políticos, especialmente en relación a las denuncias que los mismos formulan sobre el indebido agravamiento de su detención, y las habituales dificultades que encuentran los organismos de derechos humanos nacionales y provinciales para acceder a verlos.Luego del relato pormenorizado del accionar del personal de la unidad de detención que impidió su acceso, Ismael Jalil concluye que “la violación de los derechos humanos en Neuquén es feroz”. “La situación vivida ha sido realmente insusitada para tres letrados que hace dos décadas recorren penales y comisarias de todo el país asistiendo presos políticos y que son ampliamente conocidos, así como la organización a la que pertenecen, por su activismo”, detalla la denuncia realizada que se presentará ante varios Colegios de Abogados del país, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International y Human Rights Watch. “Jamás en ninguna jurisdicción nacional o provincial, hemos visto violentado de tal manera nuestro derecho a entrevistar a un detenido, situación que no exige requisito alguno, fuera de acreditar la identidad y la condición de abogado. En ningún penal ni comisaría del país es requerido que un profesional del derecho sea previamente designado como defensor de un detenido para poder entrevistarlo por primera vez, lo que, además, implicaría el absurdo de privarlo de toda representació n legal o ampliación de la misma”, continúa la denuncia.El escrito resalta “cuánto más grave es la situación al tratarse de dos detenidos que son caracterizados como presos políticos por las organizaciones populares locales y nacionales, extranjeros, por añadidura, lo que imposibilita el contacto frecuente con sus personas de confianza, y que vienen denunciando el agravamiento de sus condiciones de detención”.Exigen al Colegio Profesional que investigue lo sucedido y garantice su no repetición en defensa del derecho violentado a los detenidos y a los profesionales. En este sentido, solicitan que se apliquen sanciones penales y administrativas para los funcionarios involucrados: quien dijo ser el jefe de requisa y máxima autoridad de la U11, Fredy Rivera, y la funcionaria judicial por él mencionada la Dra. Tissot, de la Cámara Federal de Zapala, entre otros responsables.
“Represión en democracia” en Neuquén
El lunes se presentó en Neuquén el libro “Represión en democracia. De la ‘primavera alfonsinista’ al ‘gobierno de los derechos humanos’” de María del Carmen Verdú. Se realizaron dos encuentros, en Zanon-FaSinPat por la mañana y en Aten Provincial por la tarde. Allí la autora compartió detalles del libro y de la experiencia de la Correpi en su historia de militancia contra a la represión estatal.
“El libro de María del Carmen Verdú es como una liberación, porque descubre los mecanismos de la dominación. Expone hechos y razonamientos con gran claridad y los utiliza para mostrar con contundencia las trampas y encubrimientos de las diabólicas ‘historias oficiales’, preparadas por las policías y mantenidas por los tribunales, en el marco de la nefasta ‘guerra contra la delincuencia’ . Desde el entendimiento cabal de la política represiva, que atrapa invariable y mayoritariamente a los integrantes de grupos sociales desfavorecidos, permite replantear la búsqueda de la libertad, que no está dada, ni mucho menos, y que hay que ganarla y defenderla cada día”. Con estas palabras, desde la contratapa, Ricardo Canaletti nos introduce en la temática del libro.“Entre marzo del 2003 y diciembre del 2008 hemos registrado una muerte cada 40 horas por violencia policial”, suelta al aire María del Carmen durante la presentación de la tarde, sabiendo lo impactantes que son las cifras para describir la gravedad de la situación.Uno de los ejes argumentales del libro es cómo ha variado la represión del estado desde la vuelta de la democracia hasta hoy.. Se analiza, desde la teoría y desde la experiencia concreta de la Correpi, la represión desde los primeros años ochenta, cómo se fueron modificando las modalidades, agregándose nuevas herramientas, hasta llegar a la situación actual. “Bajo el reinado de un gobiernos que se ha autodenominado ‘gobierno de los derechos humanos’, en lo que va de este año, se presentan 20 casos mensuales de muertes por gatillo fácil, torturas en cácerles, comisarías e institutos de menores. Este promedio supera incluso el ya aterrador que tenía este gobierno hasta diciembre del año pasado, de 16 casos por mes”, remarca Verdú.“En la situación de cada vez más marcada de concentración de la riqueza que experimenta el país, el sistema va aumentando su fuerza de represión sobre las clases bajas. La política represiva, que es estructural, ayudada por la crisis, está mostrando sus facetas más duras. El abuso policial, las torturas y la represión no son una “excepción”, sino más bien una característica intrínseca de nuestro sistema democrático”, agrega Ismael Jalil, también integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
La Correpi en palabras de María del Carmen Verdú:
Comenzamos a militar en la decada del 80. Se trataba de desentrañar qué ocurría realmente detrás del frecuente titular de los diarios ‘joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden’. Luego de intervenir en varios casos advertimos que lo único cierto de esos titulares era que un joven, por lo general pobre, había fallecido fusilado por la policía. Todo lo demás era un armado, un entramado de encubrimientos de la policia y de la justicia.Intentamos meter estos temas en los ámbitos correspondientes. Durante los primeros años intentamos incluir la discusión en los organismos tradicionales, pero fracasamos rotundamente. Por un lado, porque no se reconocía el caracter político de las ejecuciones policiales, así como tampoco de otros temas que fuimos incorporando, herramientas de una misma política de estado, como la utilización sistemática de tortura, muertes en cárceles, comisarias o institutos de menores, y todo el sistema de detenciones arbitrarias de que disponen las fuerzas de seguridad. Por el otro lado, nos topamos con una limitación fuerte que proviene de una distinta mirada de clase, cuando, por ejemplo, se nos contestaba que no son lo mismo los luchadores revolucionarios de los 70 que los tres pibes tomando cerveza en una esquina. Así se hace depender la definición de violación de derechos humanos en la condición de la víctima y no en el carácter de aparato represivo estatal del victimario.A partir de las dificultades para instalar estos temas en la agenda del movimiento de derechos humanos lo que vivíamos como un fracaso llegó el momento de reconocernos como organización. Allí fue cuando nos denomimamos Correpi.Desde entonces venimos militando consecuentemente en todo lo que tiene que ver con la aplicación de políticas represivas de estado. Tanto aquellas disciplinadoras de control social, que parecen descargarse de manera indiscriminada sobre el conjunto de la sociedad, pero que selectivamente se dirigen contra los más vulnerables y de allí su contenido de control social como también la represión selectiva que se aplica cuando la primera falla, cuando ya hay una situación de organización de clase, es decir, la represión a las organizaciones y militantes políticos. Todo esto constituye el campo de acción de nuestra organización.Trabajamos en diferentes equipos, de acuerdo a los temas, las zonas, las áreas de influencias, y por sobretodo, en un espacio muy amplio, en cuanto a la cantidad, que es el conformado por compañeros que se incorporan a militar a Correpi como víctimas, o familiares de víctimas, del gatillo fácil y la tortura. Geográficamente el área concreta de militancia es la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y La Plata.Habiendo alcanzado un grado importante de consolidación interna, uno de objetivos de la etapa actual es profundizar el desarrollo nacional de la organización, de ahí la decisión de escribir este libro. Fue concebido como una herramienta para la militancia, que nos permita, a partir del recorrido por el país, generar material más ordenado y sistemático. La idea es establecer un ámbito de debate y discusión que permita desarrollar Correpi en todos los rincones del país, concluye la autora de “Represión en Democracia…” con una mirada cargada de desafío y optimismo.Más InformaciónCoordinadora contra la Represión Policial e InstitucionalCiudad de Buenos Aires • ArgentinaTel: 011-154 417 0659correpi@fibertel. com.ar