La última audiencia pública realizada en el Anexo del Congreso Nacional fue organizada por el espacio “No a la Baja” con la participación de la Comisión por la Memoria y un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Serpaj, CEPOC, CTA, Proyecto Sur, Frente para la Victoria, GEN, universidades y militantes sociales, entre otros.
El dictamen de mayoría elaborado en Diputados durante 2010 mantiene la edad actual de punibilidad en los 16 años. En el mismo sentido, la Comisión por la Memoria expresa su absoluto rechazo a la baja de edad de imputabilidad. Las tareas de monitoreo periódicas sobre el sistema penal juvenil de la provincia nos permiten sostener:
· La insuficiente institucionalidad del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
· La inadecuación de las instituciones penales a los estándares de DDHH y del niño.
· La impune y brutal violencia policial sobre niños y adolescentes pobres, el reclutamiento para la comisión de delitos, las amenazas, detenciones arbitrarias y golpes recurrentes.
· Las limitaciones del acceso a la justicia para las víctimas de malos tratos y torturas.
La ausencia de propuestas institucionales de calidad y la impunidad policial alerta sobre la conveniencia de habilitar el ingreso de mayor cantidad de niños y adolescentes, cada vez más jóvenes, a un sistema que se reconoce colapsado y sin recursos materiales y humanos suficientes, que poco beneficio puede ofrecer para los procesos de responsabilización penal juvenil que se persigue en la doctrina.
Bajar la edad de imputabilidad es sin dudas una decisión de política criminal, que en nada se vincula con pseudos teorías psicológicas sobre la madurez de los jóvenes o las infundadas aseveraciones de sentido común sobre “como son los adolescentes ahora”. No existen estadísticas oficiales que demuestren que el delito cometido por los adolescentes haya aumentado. Antes bien, la cantidad de causas del Fuero Penal Juvenil no se ha incrementado en los últimos años, representando menos del 4% del total de causas en la provincia. Bajar la edad de punibilidad resulta regresivo en materia de derechos humanos. Se trata del límite que se marca para el despliegue del campo punitivo, que no restringe por ello el necesario despliegue del campo de las políticas sociales de integración y promoción de derechos de alcance sustantivo. Promover derechos para prevenir el delito es un acto de suprema demagogia. Los derechos se promueven por si mismos, por la condición humana de los sujetos.
El estado debe renunciar a la persecución y sometimiento a proceso penal para los más jóvenes, como una forma de limitar el accionar del aparato punitivo que, sabido es, solo provoca daño y en nada beneficia a los sujetos que captura. La situación actual del sistema de encierro bonaerense de ningún modo puede cumplir los objetivos de reintegración social previstos por la normativa. Incluir más sujetos y de menor edad solo significaría un agravamiento de las actuales condiciones de detención, una mayor dañosidad y el inmediato hacinamiento carcelario de niños. Es mentira que solo pueden otorgarse derechos y garantías bajando la edad de imputabilidad. Este es un enunciado extorsivo y pronunciado por quienes desconocen el sistema penal y sus prácticas, ya que habiendo transitado comisarías, juzgados e institutos pocos podrían mantener con temple que allí existe algún beneficio para cualquier adolescente, menos aún para los históricos clientes del sistema penal.
Por último, la ausencia absoluta de cifras oficiales rigurosas y exhaustivas que permitan señalar la incidencia de los menores de 16 años en la comisión de delitos hace de este debate un mundo de sensaciones, sobre los que no pueden tomarse macrodecisiones de política criminal basadas en la realidad, a pesar de decirse sobre ella (y sobre los niños y adolescentes) prácticamente cualquier cosa.
Aún hay mucho por hacer en materia de derechos del niño. Empezar por el sistema penal, condicionando la imperiosa necesidad de sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil a que se baje la edad, representará un grave retroceso y ninguna solución.
Contactos:
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Dr. Roberto Cipriano García, Director del Comité contra la tortura de la CPM0221-15-601-7695
Contacto prensa: Violeta Burkart Noe 156-520-5490
La COMISIÓN POR LA MEMORIA está integrada por:
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – HUGO CAÑON – LAURA CONTE – ALDO ETCHEGOYEN – ALEJANDRO MOSQUERA – VICTOR MENDIBIL – ELISA CARCA – MAURICIO TENEMBAUM – ROBERTO TITO COSA – DANIEL GOLDMAN – MEMPO GIARDINELLI – ELIZABETH RIVAS – MARTHA PELLONI – VICTOR DE GENNARO – EMILCE MOLLER – FORTUNATO MALLIMACI – SUSANA MENDEZ – LUIS LIMA – VERONICA PICCONE – CARLOS SANCHEZ VIAMONTE, entre otros.
Dr. Roberto F. Cipriano Garcia
Director
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Telefóno: 0221-15-6017695