Es hora de que llamemos a las cosas por su nombre. Basta de eufemismos con eso de “Institutos”, que no nos de miedo llamarles por su nombre: empresas carcelarias de tortura y muerte. Nos referimos a los mal llamados institutos de menores correspondientes a la ciudad de Córdoba a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que a lo largo de estos años vienen demostrando su falta de intenciones y políticas para contener y ofrecer un escape real de la rueda carcelaria a los menores que se encuentran privados de su libertad.
En mayo de este año (2015) se hallo muerto en su celda a Nicolás Peralta, joven de 16 años que se encontraba tras las rejas en el pabellón Nuevo Sol desde el 23 de Diciembre del 2014. En sus líneas, diferentes medios aludieron a que “el joven tomó la decisión de autoagredirse colgándose de una sábana”. ¡Basta de encubrir al Estado y el abandono al que somete a los menores en situación de encierro y a la marginación desde la cuna! El testimonio de sus familiares dio a conocer que “al encontrar su cuerpo, este mostraba evidencias de haber sido golpeado”. Nicolás es uno más de los pibes que se suma a la lista de supuestos “suicidios” dentro del Complejo Esperanza como Guillermo Palleres (hallado muerto en Septiembre del 2013).
Es preciso remarcar, que este suceso ocurrió en la misma semana que se completó una inspección ocular para verificar el avance de obras de infraestructura y las tareas de mantenimiento requeridas por el juez penal juvenil de cuarta nominación, José González del Solar quien supervisó y presidió la inspección junto a su equipo técnico. Lo acompañaron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini, y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), Gabriel Martín, de cuya Secretaría depende el Complejo. Queda en evidencia el interés por remodelar la casa para que lxs pibxs esténencerradxs en mejores condiciones infraetructurales pero dejo en falta las medidas para evitar la violencia cotidiana a la que se les somete.
Este viernes 16 pasado se llevó a cabo un allanamiento en el Ex Centro de Ingreso Correccional (Ex C.I.C.) ubicado en la avenida Armada Argentina al 170 que duró alrededor de 10hs debido a que en los últimos días ingresó en la fiscalía de Distrito 3 Turno 3 una denuncia formulada por una asesora de Menores que daba cuenta que un joven había sido golpeado y vejado por guardias de ese establecimiento y al mismo tiempo tuvo como objetivo constatar la existencia de una celda de castigo y aislamiento (ilegal para centro de menores judicializados), algo que se corroboró.La Voz del Interior publicó una nota donde se entrevistó a Gabriel Martín, la cual nos provocó repulsión ya en su discurso pretende desconocer que la Senaf no está al tanto de las salas de aislamiento, ni de su utilizacióncomo castigo, donde se los hace permanecer hasta 4 días en un espacio de 1,50m por 1,50m, prohibidos de entablar diálogo con sus demás compañeros y donde salen 30 minutos y tienen que elegir entre pegarse un baño o realizar una llamada;esta entidad pretende silenciar el grito de cada chico ante los golpes de los “maestros” o la tristeza que provoca verlos babear por el consumo de las diferentes pastillas que ingieren y circulan por sus pasillos.
Bajo el mismo contexto, no es menor este allanamiento, en el marco de la fuga de 7 pibes hace una semana aproximadamente por la cual se resolvió el apartamiento provisorio y preventiva de agentes del Módulo 3 que cumplían sus funciones la noche del escape. Este tipo de medidas son resoluciones mediáticas que se toman por la repercusión del hecho pero no se juzgan los casos de maltrato, abandono y vejación que cometen estos mismos guardias.
Cabe aclarar que al contrario de lo que comenta la nota en la Voz del Interior, el Ex C.I.C. desde hace tiempo ha dejado de ser un centro de pre-egreso donde los adolescentes salen a trabajar y regresan a dormir. Tras sus muros se puede encontrar a jóvenes que esperan su condena desde hace más de un año sin poder salir todavía, otros que comienzan a gozar de salidas transitorias por 2 días y deben regresar, así como también casos donde se les ha otorgado su libertad pero ante la falta de un tutor que firme su egreso se los ha retenido sin respuesta no dejando más salida a elegir permanecer o darse a la fuga.
Para lxs jóvenes que hoy se encuentran secuestrados por el estado dentro de estas cárceles de menores, no es solo la amputación de su libertad como lo rige la ley sino la aniquilación de toda la facultad de sus derechos como personas, estos centros legalizados de la tortura no tiene otro fin más que mantener el negocio de los agentes que se benefician con ellas, de brindar una apariencia de seguridad para la sociedad y operar sobre los cuerpos y las mentes de lxs que allí se encuentran encerradxs.
Hablamos de cárceles de la pobreza. Cárceles de la impunidad para quienes se acobijan bajo el ala del Estado y sus instituciones criminales. Y hablemos de la cárcel como lo que es, otro sistema educativo donde las torturas, golpes, requisas, chantajes, verdugueadas, etc. son la asignatura diaria destinada para lxs excluidxs de la humanidad. De lo primero de lo que hay que proteger a lxs pibxs es del propio sistema, de la propia sociedad.