El gobierno miente con descaro: presenta esta reforma con la supuesta finalidad de fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal y a la vez promover su integración social mediante servicios y programas socio-educativos. Pero lo cierto es que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso por orden del FMI redujo la partida destinada a programas de niñez y adolescencia, como así también el destinado a educación y salud.
Según el último informe del INDEC, de diciembre de 2018, del total de desocupados del país el 55,4% son jóvenes. Del total de la población, el 27,3% es pobre. Pero entre 15 y 29 años la pobreza sube al 32,9% y entre 0 y 14 años llega al 41,4%. Ambos grupos etarios son los más golpeados por la pobreza y la indigencia. Además son el sector más golpeado por los abusos sexuales y las redes de trata y explotación sexual.
Mientras tanto, el disciplinamiento cotidiano contra la juventud y los sectores más humildes se expresa en el aumento de los asesinatos por fuerzas de seguridad. Ha sido una política de todos los gobiernos post-dictatoriales implementar el gatillo fácil. Bajo el gobierno kirchnerista aumentó a 1 caso cada 28 horas. Y con Macri pegó un salto, llegando a 1 caso cada 21 horas. La “doctrina Chocobar” de Macri y Bullrich busca legalizar el asesinato policial.
Asimismo, en vísperas del 8M, denunciamos que en lo que va de 2019 hubo 25 femicidios y 10 travesticidios de los cuales el 37% fue cometido por las fuerzas represivas. Hasta 2018 venía siendo del 20%, o sea que la participación de dicha fuerzas en femicidios casi se duplicó.
A hoy no solo siguen impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de fuerzas de seguridad, sino que se pretende cerrar las causas para consagrar la impunidad. Bullrich empezó el 2018 reincorporando a 11 policías y gendarmes antes destituidos por acusación de homicidio, y lo terminó con los asesinatos de Marcos Soria y Rodolfo Orellana.
En igual sentido va el decreto que promueve el uso de armas de fuego por esas fuerzas, que Bullrich promulgó en el contexto del G 20. Habilitar el uso de pistolas Taser (de hecho, una picana eléctrica) no hace más que agravar este cuadro. Por su parte, Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, corrió por derecha a Bullrich al señalar que “cada policía debería portar una Taser”.
Esta política se da en una escalada represiva, que apunta en especial contra quienes se oponen y enfrentan las políticas de ajuste y entrega, como se vio cuando presentaron el “protocolo antipiquetes”. Así, importantes movilizaciones populares son duramente reprimidas. Además se persigue y procesa a quienes participan en ellas, contándose por decenas los procesados por luchar. La ley antiterrorista sigue pesando como una espada de Damocles sobre las cabezas del activismo popular. Esta persecución llega hasta encarcelar a opositores y luchadores, como Daniel Ruiz, preso desde hace más de 5 meses, y Milagro Sala, presa desde hace más de tres años.
Como parte de esa política, el gobierno de Macri-Bullrich viene atacando a los organismos de derechos humanos y buscando vías para liberar a represores de la última dictadura militar, como fue el intento de aplicar el 2×1 a delitos de lesa humanidad.
Ante esta escalada represiva, que ahora pone en primer lugar la baja en la edad de imputabilidad, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos decimos:
• Basta de represión y ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI
• No a la baja de edad de imputabilidad, basta de gatillo fácil
• Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presas y presos políticos.
28 de febrero 18 hs, marchamos desde 9 de Julio y Av. de Mayo a Congreso
Encuentro Memoria Verdad y Justicia