Durante un allanamiento al Hospital Borda dispuesto por el Juzgado Nacional Correccional en lo Criminal de Instrucción N°38, se descubrió que en 2009 y 2010 murieron 46 pacientes sobre una población aproximada de 800 pacientes, lo que eleva los índices de fallecimiento por sobre los de establecimientos penitenciarios.
La medida, a principios de este mes, había sido dispuesta para investigar los motivos que provocaron la muerte en circunstancias poco claras, en noviembre de 2010, de un joven de 24 años que se encontraba internado en el hospital desde diciembre de 2009.
En la medida judicial participaron representantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Pompeya y Parque Patricios, y de la querella del Centro de estudios Legales y Sociales (CELS).
Por la Procuvin intervinieron el Coordinador del Área de Encierro, Roberto Cipriano García, Mara López Legaspi y la médica especialista en psiquiatría, Laura Sobredo.
El allanamiento fue dispuesto en virtud de la ausencia de páginas de la historia clínica de la víctima, así como también de registros del Servicio donde el joven era asistido. Esta información faltante del último año de su internación es central para la investigación judicial iniciada.
La diligencia duró 18 horas, tiempo durante el cual se realizó un exhaustivo recorrido por los sectores de guardia, admisión, estadística, laboratorio, dirección, subdirección, jefatura del departamento V y varios servicios de internación.
Se secuestraron importantes documentos y se corroboró una grave negligencia en el manejo y cuidado de la documentación en la que consta la intervención llevada adelante para conservar la integridad de los pacientes y rehabilitar su salud.
Ante la búsqueda de otras historias clínicas relacionadas con el proceso por la muerte del joven Matías Carbonell, se constataron faltantes del período que se investiga.
Sobre este punto, diferentes funcionarios de dependencias del Hospital asignaban responsabilidad a otros que al ser consultados remitían al anterior y así sucesivamente, sin que se hallaran los documentos faltantes.
Durante el procedimiento, se allanaron catorce dependencias del Hospital Borda, cuya extensión es de alrededor de 16 hectáreas. Antes de comenzar a revisar cada lugar, se cerraron las dependencias para evitar que se extrajera cualquier información, colocando un agente de policía y evacuando a todo el personal. Luego de logrado el aseguramiento, los funcionarios comenzaron a revisar la documentación existente de forma minuciosa y en ese marco hallaron la documentación sobre las muertes de los 46 pacientes.
“Precaria asistencia a los pacientes”
Cipriano García señaló que “más allá de no ser el objetivo del allanamiento, este visibilizó la precaria asistencia brindada a las personas con padecimiento mental, una organización institucional que impide intervenciones efectivas en su rehabilitación, no respeta los derechos humanos de los pacientes ni los estándares mínimos que la atención en salud mental requiere”.
“Esta diligencia a tres años de la muerte del joven, señala al menos una deuda importante del sistema de justicia con la víctima, su familia y las demás personas que viven en el Hospital psiquiátrico”, agregó el funcionario de la Procuvin. Además, precisó que “los dos allanamientos anteriores dispuestos en la causa carecieron de rigurosidad y no relevaron varios documentos hallados en este último”.
“Sin lugar a dudas, el Poder Judicial debe priorizar las investigaciones de personas que mueren bajo custodia del Estado, para llegar a la verdad y deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos”, concluyó Cipriano García.