Que Victoria sea mujer no es un dato menor para entender esta situación. Como exponente del género oprimido, y como mujer pobre y trabajadora, que estudiaba magisterio para permitirle mejores perspectivas a su hija, Victoria sufrió y sigue sufriendo todos los golpes de un sistema putrefacto que no sólo es cómplice si no también garante de la opresión. Hoy debe esperar, sin derecho a la excarcelación, que se inicie el juicio oral que resolverá sobre la condena de 30 años que pende sobre su cabeza, como resultado de una serie de vejaciones que pone de manifiesto la perversidad de la trama patriarcal-capitalista y la extensión de la cadena de cómplices y responsables. Esta situación, además, nos revela la necesidad de emprender en forma urgente una campaña lo más amplia posible por su inmediata liberación.

Una víctima culpabilizada
Madre de una hija con retraso madurativo y episodios de epilepsia, Victoria, oriunda de Oberá, inició una relación con Rolando Lovera que en sólo 30 días terminaría en tragedia. En muy poco tiempo conoció de la peor manera a la persona detrás de la máscara. Su pareja, que al principio le demostró interés por ella y su bebé, de nombre Selene, a partir de diciembre de 2014, cuando comenzó la convivencia, se dedicó a alejarla de su familia – rompiendo su celular y mintiendo en las redes sociales acerca de su paradero-, a amenazarla a ella y a la nena, a chantajearla para tener relaciones sexuales, a maltratarlas psicológica y físicamente, hasta terminar secuestrándolas y matando a la más vulnerable de las dos, la niña. La historia fue descripta como una “encerrona trágica”; tal el nombre que le dio el médico psiquiatra Oscar Krimer y se conoció públicamente el acontecimiento en la crónica realizada por la periodista Alicia Rivas. En las encerronas trágicas, la víctima no tiene opciones, está totalmente sometida a su agresor, y no puede escapar de este “desamparo cruel”, en palabras del psicoanalista Fernando Ulloa. Como fue Victoria la que llegó al hospital Samic de Oberá con la niña en brazos, ya sin vida, no pudiendo dar muchas explicaciones, en estado de shock por las acumulación de conductas violentas y perversas para con ella y con su hija, la decisión judicial fue detenerla “en averiguación del hecho”.

¿Por qué no se evitó la prisión preventiva?
Luego de esta detención inicial, la diputada del Partido Agrario y Social (prokirchnerista), Miriam Duarte, ofreció a la familia de Victoria los servicios de un abogado, Roberto Bondar, y luego solicitó a Krimer, quien ya había participado como perito del caso María Ovando, una pericia psiquiátrica en forma “urgente” para pedir su liberación. El psiquiatra se entrevistó con Aguirre en la comisaría de Oberá donde estaba alojada, y determinó que se trataba de una “madre ejemplar”, dedicada a su hija y consciente de su patología, por lo que le realizaba constantes controles médicos, con conocimiento de medicamentos e indicaciones de prescripción. También determinó que se vinculó afectivamente a una persona que la engañó y abusó de ella en forma creciente, dejándola en un estado de indefensión y pasividad y, en los últimos momentos, de shock y pánico. Sin embargo, esta pericia, según Krimer, no fue presentada en tiempo y forma y tampoco se hizo la conferencia de prensa acordada con Duarte, debido a que el abogado decidió cambiar de estrategia, y, así, la carátula del delito sumado al agravante del vínculo, impidieron la excarcelación y permitió que estén llegando al juicio víctima y victimario en igual condición y en claro perjuicio para Victoria, sobre quien recaería una pena mucho mayor por su vínculo con la víctima.
Krimer no comprende ni comparte el cambio de estrategia del abogado, a quien acusa de falta de honestidad profesional. También denuncia la inacción de la diputada que lo contrató y que se llamó a silencio ante estas circunstancias. Señala, además, la falta de seguimiento del caso por parte del Colectivo de Acción contra las Violencias de Género, al que presentó un documento con toda la información.

Victoria Aguirre: un caso testigo
Victoria, así como Belén, la joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo y fue injustamente acusada de asesinar a su bebé, son casos testigos donde se ve claramente que toda la fuerza del sistema punitivo (que deja libres e impunes a violadores y asesinos, sobre todo si se trata de “hijos del poder”) se descarga sobre los sujetos más vulnerables del sistema social, que poco pueden hacer para defenderse apropiadamente. Misiones tiene un triste récord de casos de agresores y femicidas que eludieron a la Justicia y fueron protegidos por sus amigos o parientes con riqueza y vínculos con el Gobierno o las jerarquías del Estado. El de Tati Piñeiro es uno de los más resonantes: una niña de 14 años, violentamente ultrajada y asesinada en la localidad de Puerto Esperanza hace cuatro años, cuya madre aún espera que se haga justicia a pesar de haber llegado incluso a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien no le prestó atención al reclamo. En este crimen, los vecinos del pueblo señalan como posible perpetrador al hijo de un diputado y sobrino del intendente, que sigue comportándose con la impunidad que brinda el tener un apellido “intocable”. Pero los casos puntuales sólo muestran la fisura del sistema capitalista, que se rompe y sangra por su costado más frágil, mientras los poderosos siguen acumulando riqueza y privilegios. En este caso, como en muchos otros de violencia de género, el Estado es responsable, y los distintos gobiernos que lo administran, incluyendo el anterior y el actual, no cambiaron ni van a cambiar las condiciones fundamentales que dan lugar a la opresión.

Por eso pedimos:
LIBERTAD YA a Victoria Aguirre.

Basta de criminalización de las mujeres trabajadoras
Basta de encubrimiento a los violentos.

“Merecer la vida, no es callar y consentir / tantas injusticias repetidas”.
PCO- Misiones