El desempleo también lo padecen los presos y liberados de las unidades penales de la provincia de Corrientes, ya que tanto quienes se encuentran con posibilidades de incorporarse al régimen de semilibertad o son libres tras cumplir su condena, no alcanzan a completar los requisitos que exige el sistema judicial.
En el caso de las personas que ya obtuvieron su libertad, explican que “es mentira que se les otorga un subsidio hasta conseguir empleo” y agregan que “tampoco existe en el Penal Nº 1 algún programa de capacitación laboral, por lo que al salir de la cárcel, se complica conseguir trabajo”. Esta situación será abordada también en Relatos de Gente Común, de EL LIBERTADOR, del próximo domingo 20.
En comunicación con Alejandro Pizarro, ex presidiario, explicó que “sólo hay capacitación para salidas laborales que en su mayoría están contempladas para relación de dependencia” y agregó: “Hago alusión a esto porque si bien son sólo oficios, como panadería, herrería, carpintería, electricidad, reparación de pc, sastrería, etcétera, ninguna de estas se puede llevar a cabo con el solo porte de la habilidad y una simple herramienta, sino que necesitás en todos los casos una infraestructura que para un ex convicto es muy difícil de obtener después de años de encierro”.
Detalló también que “sólo unos pocos internos que trabajan en la imprenta estatal, así como los empleados tercerizados para la empresa que distribuye las raciones alimenticias para los presos, son las únicas personas que trabajan, unas diez horas semanales, pero cobran alrededor de 450 pesos”.
Es por esto que desde la Red de Derechos Humanos de Corrientes, se trabaja en incorporar programas de formación y capacitación laboral, para que tanto quienes estén en las unidades penales, como aquellos que salieron en libertad, puedan obtener un empleo remunerado y de esta manera, solventar los gastos de su familia.
SEMILIBERTAD
Según la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, establece que el trabajo constituye un derecho y un deber del interno y que tiene que ser remunerado.
Sin embargo, a pesar de que es un derecho, existe en la Provincia un 49 por ciento de detenidos sin remuneración; un 48 por ciento al que se le paga sólo diez horas semanales; mientras que el 3 por ciento restante cobra por 20, 30 o 40 horas semanales.
De los 491 condenados, hay quienes pueden solicitar incorporarse al régimen de semilibertad, al reunir los requisitos que establece el artículo 17 de la Ley. “Pero es muy dificil reunir los requisitos que piden aquí la Ley y la Juez, porque tienen que salir a trabajar en blanco, con los patrones inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, para tener monotributo, etcétera; y eso cuesta muchísimo”.
Presman destacó que tanto el trabajo como la educación son herramientas fundamentales, porque permitirá que un padre de familia, por ejemplo, pueda contribuir a sostener el grupo familiar con un trabajo mínimo que realice en la cárcel; y resolver algunas necesidades básicas, o brindar un recurso económico para que su familia lo visite”, detalló.
Indicó que existen reglamentaciones y decretos nacionales que generan programas de entrenamiento de capacitación de recursos, para personas en contexto de encierro que acá no estaban instrumentados. Es por eso que conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, durante la gestión de Miguel Alegre, se realizó una reunión para coordinar informaciones con la delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Así podrán introducirse al mundo laboral y hacer uso de sus derechos, porque “la condena significa la privación de la libertad transitoria, no significa la pérdida de otros derechos básicos, como es el derecho a la educación o al trabajo”, concluyó Presman.
PARA DESTACAR
POSITIVO. A pesar de las dificultades que se les presentan para reunir los requisitos legales, los ex presidiarios buscan conseguir un trabajo que les permita insertarse por sí solos en un terreno laboral.
NEGATIVO. En 2013 sólo una persona trabajaba bajo el régimen de semilibertad, pero actualmente en Corrientes, ningún interno goza de este derecho.
Monotributo social
Desde fines de 2014, la Red de Derechos Humanos de Corrientes coordina tareas con la Defensoría del Pueblo para reformular estrategias laborales, y lograr que las personas en situación de cárcel o que recuperan la libertad, puedan acceder a un monotributo social.
“Este es uno de los objetivos principales, para equiparar los derechos de las personas en contexto de encierro, tanto en la educación como en el mundo laboral. De este modo, el interno o liberado que trabaja por cuenta propia, en carpintería y/o tareas similares podrá obtener empleo de manera inmediata al ser monotributista”, resaltó Hilda Presman.
Una realidad nacional
El Sistema Nacional de Estadística y Ejecución de la Pena, sacó a la luz el alto índice de la población penitenciaria que no posee remuneración por las tareas que desempeña. En Argentina el total de presos, entre condenados y procesados, hasta diciembre de 2014 alcanzó un total de 68.407, de los cuales el 59 por ciento no posee trabajo remunerado. Mientras que Corrientes registraba 887 internos, de los cuales 434 tampoco percibe remuneración.
A escala nacional 6.597 presos reciben un salario por diez horas semanales, en tanto que en Corrientes, son 427 los que cobran cerca de 450 pesos por la misma carga horaria.