En diciembre pasado, esta Agencia dio cuenta de la muerte del joven Diego Borjas en el Instituto Agote, quién había sido enviado a una celda de castigo por “hablar de mal modo” a un uniformado. De acuerdo a la propia reglamentación de los institutos cerrados, en línea con la Convención de los derechos del Niño y leyes dictadas en su consecuencia, está prohibido sancionar con aislamiento a los jóvenes detenidos.
A la vez, a la Procuración Penitenciaria de la Nación que hace varios años reclama que le permitan monitorear los institutos de menores, le es negado ese derecho sistemáticamente.

En ocasión de la muerte de Diego, el titular de la PPN, Francisco Mugnolo, sostuvo “nos interesa enfatizar es que estos hechos deben prevenirse en vez de lamentarse, y no existe medida más efectiva para prevenir torturas y malos tratos que garantizar que organismos independientes, controlen periódicamente y sin restricciones las condiciones de detención en esos lugares”.

Además de Mugnolo y Cejas Meliare, de la PPN, se expresaron en tal sentido Laura Musa de la Fundación Sur, Eva Asprella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Leah Tandeter, de Amnistía Internacional Argentina y la relatora de los derechos del niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Rosa Ortíz.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, dio cuenta – días atrás- de dos jóvenes “suicidados”. Uno, de 17 años, en el Instituto Almafuerte de La Plata, fue encontrado ahorcado el 16 de junio pasado. Veinte días después, el sábado 4 de julio, otro joven fue hallado sin vida en su celda del Instituto Pablo Nogués de Malvinas Argentinas.
El estado, en lugar de acudir a políticas de inclusión, contención, formación, recreación, entre otras formas de abordar la problemática de los jóvenes más vulnerables, elige las rejas, el aislamiento, la tortura, la devastación y la muerte.

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