En estos tres años han intervenido en el pedido de investigación y de avances efectivos en la causa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia dando comienzo a una segunda causa por torturas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Mesa Coordinadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de un Amicus Curiae.
Sin embargo, la muerte de Sonrisa y la investigación por las torturas que recibió previamente no han sido esclarecidas. Según denuncia la Mesa Coordinadora: “se rechazaron las presentaciones de las querellas aduciendo falta de inicio de la acción penal. Se rechazó el pedido de medidas de pruebas obvias como el requerimiento de los legajos personales, planillas prontuariales y antecedentes policiales y judiciales de los oficiales que lo amenazaban y torturaron. (…) Se ha negado sistemáticamente al padre de Sonrisa, poder ser parte del proceso, realizar interrogantes y solicitar pruebas que hagan al esclarecimiento de la investigación”.
En este sentido, remarcaron que existen elementos que permiten continuar una línea de investigación, a pesar de que el fiscal José Alfredo Blanco dispuso su archivo. “Este fiscal, que como es de público conocimiento, fue nombrado sin antecedente alguno que acredite idoneidad para el cargo, evidencia una falta total de voluntad en averiguar la verdad de lo ocurrido, incumpliendo abiertamente con las obligaciones que corresponden a su función, actuando como resorte de impunidad de los responsables de la muerte, que no dudamos son funcionarios policiales”, agregaron desde la Mesa Coordinadora a través de un comunicado.
Muerte encerrada
La organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunció la muerte de dos personas que se encontraban detenidas en una celda de la Brigada de Investigaciones Norte, ubicada en la localidad tucumana de Yerba Buena, e intimó al Estado a realizar una profunda revisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia.
En este marco, Andhes señaló que en lo que va de 2015 se registraron hechos similares en otros lugares de detención como el Penal de Villa Urquiza. Además de denuncias formales e informales por torturas.
“Es de público conocimiento las deficiencias estructurales que presentan todos los lugares donde se alojan a personas detenidas en nuestra provincia, y la sobrepoblación de los mismos. Sumado a esto, se niega que las personas privadas de libertad sean sujetos de derechos, no sólo porque no se les brinda comida, ni colchones, sino también porque todos sus derechos son sistemáticamente vulnerados”, manifestaron desde la organización.
En septiembre de 2012 se creó a través de la Ley 8523 la Comisión de Prevención de la Tortura de Tucumán. A casi tres años, la norma continúa sin reglamentarse. Allí se propone que la Comisión sea descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquico; debe tener capacidad para realizar visitas a los lugares de privación de libertad, recibir denuncias y promoverlas, solicitar medidas urgentes y asesorar especializadamente a entes públicos y privados a cargo de personas privadas de su libertad.
Desde Andhes alertaron que la puesta en marcha de esta Comisión “es una exigencia internacional, surgida del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (ratificados por Argentina en 1986 y 2004) y que el Estado tucumano deliberadamente incumple, comprometiendo la responsabilidad internacional del país”.
En este sentido, señalaron que es necesario que el Estado se haga cargo de la situación y actúe de forma tal que “las instituciones y agentes involucrados entiendan que la tortura debe ser erradicada por completo”: “para ayudar con ello, es necesario que el mecanismo local de prevención de la tortura comience a funcionar para ejercer su rol de contralor de los establecimientos donde cientos de personas se encuentran privadas de libertad, como así también que los diferentes Poderes del Estado ejerzan sus funciones jurisdiccionales para estos hechos no sucedan nunca más”.
Sin embargo, representantes del Poder Judicial archivan causas que deben ser investigadas y representantes del Poder Ejecutivo evitan reglamentar leyes que apuntan a dar algún tipo de respuesta a la violencia institucional que se vive en cada punto del país.