Luego de enterados de la situación, presentó un hábeas corpus colectivo, ante “la golpiza y simulacro de fusilamiento del primero de marzo, que fue la consecuencia de algunas medidas que habían tomado los detenidos para pedir el traslado a unidades carcelarias cercanas al núcleo familiar”.

Huelga de hambre
“Algunos habían iniciado una huelga de hambre y otros habían tomado la decisión extrema de coserse la boca para hacer escuchar sus reclamos”, agregó el organismo en su presentación.

Según la denuncia, “frente a la falta de respuesta en cuanto a la garantía de derechos tales como la vinculación familiar, la protesta desencadenó como respuesta penitenciaria en un simulacro de ejecución extrajudicial acompañado de torturas no solo psicológicas sino físicas”.

La Comisión alertó finalmente que “desde la gestión penitenciaria se instauran prácticas de delegación de la violencia con la finalidad de establecer un control sobre la población a cargo basado en la sumisión y humillación constante, para luego de producirse incidentes intervenir en forma directa reprimiendo los conflictos suscitados”.