Burijovich y Berra son psicólogas referentes en la temática de Salud Mental en Córdoba y desde hace años reclaman por la plena implementación de la Ley Provincial de Salud Mental (9.848) en los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia. En este contexto, las profesionales consideran que el sorpresivo traslado corresponde a un apercibimiento del Gobierno de Córdoba por las críticas impartidas ante la falta de políticas públicas. (Ver: Trasladan a psicólogas luego de informes críticos al Gobierno)
El pasado viernes, los trabajadores del Neuropsiquiátrico se reunieron en asamblea y decidieron declararse en estado de alerta por el traslado de sus compañeras.
La medida generó también el rechazo del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, que a través de una solicitada criticó la actitud autoritaria del Gobierno Provincial: “Este accionar es evidencia de las políticas públicas autoritarias y discrecionales que van a contramano de todas las conquistas histórica que se han alcanzado en relación a la ampliación de derechos”, reza el comunicado.
Otra institución que se declaró en contra del traslado fue la Asociación Interdisciplinaria del Hospital Rawson, quien acusó que se trata de una “medida de castigo encubierto tomada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba”
“Las compañeras Burijovich y Berra son profesionales respetables que, por ser críticas a las políticas de Salud del Ministerio y en particular del área de Salud Mental, sufren esta sanción de “traslado” como castigo. Solicitamos con energía se vuelva atrás con esta medida arbitraria que supone un abuso de poder del Gobierno Provincial”, afirman.
Asimismo, un paciente del nosocomio decidió realizar una petición en la plataforma Change.org para la reincorporación de las profesionales.
“Pido en mi nombre y en el de todos los pacientes del Hospital Neuropsiquiatrico la reincorporación de la Lic. Jacinta Burijovich y de la Lic. Cecilia Berra (…) Existe un grupo minoritario de profesionales que con absoluta valentía opone resistencia y lucha por la plena y efectiva aplicación de la Ley Provincial Nº 9848 y la Ley Nacional Nº 26657, ambas plenamente vigentes y sobre Derecho a la Protección de la Salud Mental”, afirma la propuesta que ya tiene más de 1100 adherentes.
Mientras tanto, las dos profesionales presentarán un recurso administrativo para impedir la expulsión del nosocomio donde trabajan desde hace más de 15 años.