No obstante, nunca se ha llevado a cabo una reforma estructural del sistema penitenciario. Por el contrario, en el último tiempo, la presión por más seguridad se ha traducido en una política pública de más encierro y en peores condiciones, como se evidencia claramente en la provincia de Buenos Aires. Tampoco la Justicia ha actuado en consecuencia, y ha garantizado la impunidad y profundización de esta situación crítica.
Es imprescindible la intervención urgente de los distintos poderes del Estado nacional y provinciales para detener la tortura ejecutada por fuerzas policiales y penitenciarias, de la que son víctimas miles de ciudadanos, la inmensa mayoría jóvenes pobres.
No debe dilatarse más la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura que aún no se ha ejecutado y los mecanismos provinciales para el control de los lugares de encierro. Al mismo tiempo debe abandonarse el paradigma punitivo y manodurista, que ha demostrado su inoperancia en materia de seguridad, produciendo más violaciones a los derechos humanos.
Declaración de la CPM

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