Meses atrás, el Defensor General de La Pampa presentó ante el Tribunal de Impugnación Penal un habeas corpus correctivo colectivo, en el mismo se solicita que los presos pampeanos sean trasladados a las penitenciarías de Santa Rosa y General Pico como garantía del respeto a todos sus derechos. El Director de la Colonia Penal de Santa Rosa, señaló que no estaba a su alcance decidir el destino de los detenidos, ya que esa es una potestad de los niveles superiores del Servicio Penitenciario Federal. En la misma línea se pronunció el Ministro de Gobierno César Rodríguez. Para la Procuración Penitenciaria, quien se presentó como “amicus curiae¨ el Tribunal estaba en condiciones de declarar la inconstitucionalidad de la cláusula del convenio entre la provincia y el SPF, en la cual se delega la potestad del traslado de las personas detenidas a cualquier cárcel federal del país, o sea, la ley otorga el movimiento y distribución de los procesados al Servicio Penitenciario Federal, con comunicación al juez competente, esto habitualmente se efectúa cuando el detenido ya fue traslado y raro vez el juez de ejecución penal verificada el porqué del mismo. El traslado termina constituyendo una pena accesoria pues genera un sufrimiento que va más allá de la sanción y trasciende la persona del delincuente abarcando todo su núcleo familiar.