Veintiocho representantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fueron detenidos este jueves 10 de abril, imputados de ser la cúpula de dicha organización y acusados del “delito inmaculado” de “terrorismo”. La acusación se agrava con la figura de “financiación del narcotráfico” para alquilar su sede y locales partidarios, como también asegurar la inscripción y padrones para la legalización de su partido político.
También, estas detenciones demuestran el grado de ensañamiento contra los ex guerrilleros, quienes en 1993 decidieron el alto a la lucha armada y encaminarse por la participación política de las elecciones. Hace 3 años el Movadef logró juntar 360.000 firmas, para la inscripción electoral, donde solo se requería de la mitad. Estas más de un cuarto de millón de firmas aceptadas por el organismo electoral, no frenaron la decisión política del estado peruano para impedir su inscripción negándoles a los ex guerrilleros su participación política. Acto macartista que fue criticado hasta por el ex premier, del actual gobierno, Salomón Lerner Ghitis, quien pidió a la sociedad que debería permitirse una salida política para estos sectores, sugiriendo una amnistía general.
Vemos una suerte de reedición de posturas reaccionarias, beligerantes pasadas en Colombia, cuando perpetraron uno de los genocidios más grande de Latinoamérica al desaparecer al partido de la Unión Patriótica, con 15 mil militantes asesinados.
Ahora, mientras en Colombia llevan un proceso de conversaciones entre la guerrilla y el estado, en las cuales tiene el pueblo colombiano la esperanza de terminar más de 60 años de guerra; en el Perú impera la venganza contra los ex guerrilleros quienes, expresamente y de hecho, han decidido hacer política sin armas. Así, se les niega arbitrariamente un derecho constitucional.
La “razón” del Estado peruano, de prevenir toda protesta social y política está en este hecho, la muestra está en que dentro de estas detenciones, se encuentran abogados, maestros, profesores, dirigentes campesinos y sindicales, jóvenes universitarios, mujeres dirigentes de barrios y artistas. Estos apresamientos han sido elaborados en base al armado de un expediente del Juzgado Supranacional y de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema. Aún no se sabe si son detenciones preventivas o definitivas, pero la dimensión del prensa de derecha los anuncia en sus primeras planas en la forma más mediática y sensacionalista que pueda hacerlo. Esto se halla en el contexto de convenios que el Perú está realizando con Estados Unidos y los país de la Alianza del Pacifico (AP). Precisamente, a eso se dedicaba el presidente Ollanta Humala en Canadá (país miembro de la AP), en el mismo momento de las detenciones, cuando era galardonado con el premio Estadista del Año, que otorga anualmente el Consejo Canadiense de las Américas.
Los sucesivos escándalos de corrupción, medidas antilaborales y la confirmación de nuevos contratos mineros en perjuicio del pueblo peruano, hoy son tapados por esta cortina de humo de detenciones convirtiendo al país, en una cárcel de presos políticos (más de 300). Y lo hacen de la forma más descarada y burda apelando al “argumento” de financiación del narcotráfico al Movadef y al cuco de resurgimiento del terrorismo, para infundir miedo al pueblo contra cualquier reclamo u oposición al gobierno de derecha de Ollanta Humala.