Durante la instrucción de la causa fueron numerosos los esfuerzos de las defensas de los imputados, del ex fiscal Marcos Burgos y del juez Ricardo Calcagno en aislar los hechos de las muertes. Llevó todo un tiempo anexar los casos de los heridos. Aún así, persistía la descontextualización de los homicidios al no incorporar el análisis de la represión masiva. Incluso, la pericia fotográfica del físico forense Guillermo Pregliasco parte del mediodía.
La necesidad de probar el incumplimiento de los deberes de funcionario público del ex secretario de Seguridad y de las máximas autoridades policiales- presentes en la ciudad y en el lugar durante la mañana- necesariamente exige investigar las conductas funcionales y operativas de desde que se informaron del crimen de Diego a manos del cabo Colombil. A la vez, este acento amplía el radio de interés al desplazamiento de los jefes desde Bariloche a El Bolsón y viceversa ese mismo día, por motivos que ya desarrollaremos, que estarían vinculados a una crisis severa que atravesaba a la policía tras el crimen de un médico forense.
Declararon este jueves 11 Ariel Osés, en actividad, miembro del escuadrón BORA (luego disuelto y actual COER); Hugo Neculmán, de la comisaría 2 del centro que fue movilizado a El Alto; Fernando Manquenao, que prestaba servicios en Dina Huapi; Mariela Bazán, la controvertida repartidora de la munición traída de Prosegur que participó de todo el dispositivo sin ser convocada por autoridad alguna; Mario Ochoa, de la comisaría 2 que llevó munición a comisaría de El Alto; Cristian Nelson Muñoz, chofer del ex jefe de la policía provincial Jorge Villanova; Héctor Asenjo, de la 2 movilizado a El Alto; y Carlos Baiz, subcomisario de operaciones de la 28, poseedor de un notable despliegue discursivo para eludir relatar con precisión su experiencia.

Jueves 11 de octubre, San Carlos de Bariloche, Río Negro