Este es otro atropello a las libertades democráticas que el Juez Torres está llevando adelante como herramienta y cómplice judicial de la política represiva del Gobierno de Mauricio Macri, el FMI y el G20.

El Juez Torres está persiguiendo a los trabajadores que salimos a enfrentar el robo a los jubilados el 18 de diciembre. Por eso persigue a nuestro compañero Sebastián Romero, y encarceló a Cesar Arakaki y Dimas Ponce, que hoy se encuentran en libertad, pero procesados.

Las razones que da para negar el derecho a la libertad a Daniel dejan en evidencia su rol de verdugo del plan de ajuste y represión. La Justicia para el Juez Torres no es ciega, tiene los ojos puestos en los dedos del Gobierno, esperando la orden para salir a atacar a la clase obrera.

Así funciona esta justicia, que libera a los empresarios “arrepentidos”, que admiten haber cometido delitos, y reprime y encarcela a los trabajadores y pobres.

Las razones que da el Juez Sergio Torres son:

La gravedad de los hechos que supuestamente cometió Daniel, pero que no están probados. Entonces mientras verifica si la acusación es válida lo tienen preso.

Toma la hipótesis de la Fiscalía según la cual Daniel el 18 de diciembre pudo haber incurrido en un hecho más grave, entorpeciendo el normal funcionamiento del Congreso. Es decir, haber ido a manifestar el repudio al robo que llevó adelante el Congreso y el Gobierno a los jubilados para el juez Torres es un delito y merece la cárcel.

Los que deberían estar presos son esos diputados, senadores y Mauricio Macri, el principal delincuente de este circo de empresarios, delincuentes y jueces.

Su libertad supuestamente podría entorpecer la búsqueda de Sebastián, por la relación política que tienen por ser del mismo partido. Es decir, le niegan la libertad por su militancia política.

La posibilidad de una condena, según el juez, abre la hipótesis que Daniel “intente eludir los compromisos procesales”. Todavía el juez no ha probado ningún delito por parte de Daniel. Pero, como según el Juez podría existir la posibilidad de que en algún momento lo puedan culpar de algo, lo meten preso.

Según el juez los viajes al exterior y el dinero hallado en la casa son razones para sospechar que estaba planeando una fuga. Es decir: Su actividad política, sindical que lo lleva a tener que viajar a menudo, y el dinero de la indemnización de cuando lo despidieron de la empresa petrolera SP de Comodoro Rivadavia, donde trabajaba en el pozo de petróleo.

El Juez habla de un arma de fabricación cacera, refiriéndose al uso de un fuego artificial de venta libre. Esto lo volverían sospechoso de “querer obstaculizar el accionar de la justicia”.

Llamamos a todos los trabajadores, a los convocantes del Paro General del 24 y 25 de septiembre, y especialmente al Sindicato de Petroleros de Chubut, donde Daniel es Congresal y fue delegado elegido por sus compañeros de trabajo; a los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sindicales que se han solidarizado, y a aquellas que aun no lo hayan hecho, a que redoblemos la campaña de solidaridad por la Libertad de Daniel y todos los presos por luchar, como Milagro Sala, Facundo Jones Huala y cese la persecución a Sebastián Romero y todos los luchadores.