Desde entonces Facundo Jones Huala fue apresado dos veces y sometido a idénticos juicios de extradición con resultados diferentes dos veces también.

Su comunidad sufrió innumerables atropellos, el mayor de ellos, la represión ordenada por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, en que resultara desaparecido Santiago Maldonado.

Pero además de la Justicia Federal, de vergonzoso papel, y de las fuerzas represivas, emerge con claridad en esta historia la presencia de las decisiones políticas que dan lugar a las represiones, agresiones, encarcelamientos, procesamientos de otros comuneros y ahora a la extradición.

Dichas decisiones se tomaron en la cúpula del poder político de ambos Estados involucrados en el caso, concretamente en la reunión cumbre realizada entre la ex presidenta chilena Michelle Bachellet y el presidente argentino Mauricio Macri, el día 27 de junio de 2017. En ella la ahora ex presidenta solicitó expresamente la extradición de Jones Huala a Chile a pesar de que ya existía un fallo de rechazo a la medida.

Pocas horas después de concluida esa reunión el lonko Jones Huala fue detenido por segunda vez en el marco del pedido de extradición cursado por Chile, habiendo ya en el caso una sentencia de rechazo dictada por el Juez Federal de Esquel Guido Otranto. Poco después de esta segunda detención la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la decisión de Otranto, pero el lonko siguió preso, esperando que se reconozca la ilegalidad de su prisión. Pero nada de esto sucedió.

El día que debía dictarse el levantamiento de prisión en el Juzgado Federal de Bariloche, 28 de julio de 2017, con Nocetti presente en la ciudad para coordinar el plan represivo contra las comunidades, los familiares y compañeros de Jones Huala fueron brutalmente reprimidos en las afueras del Juzgado.

Tres días después Gendarmería realizaría en la Lof en Resistencia el allanamiento ilegal en el cual resultaría desaparecido Santiago Maldonado, quien se encontraba en el lugar para ser parte de las acciones de reclamo de la libertad del lonko.

De allí en mas la violencia contra las comunidades mapuche iría en aumento, con allanamientos ilegales, quema y destrucción de viviendas, hechos de hostigamiento y tortura. Todo ello con aval judicial y acompañamiento mediático de justificación mediante la demonización del pueblo mapuche.

Es sabido que el principio de que no puede someterse a una persona a un doble juzgamiento es universal. El lonko Jones Huala afrontó este año su segundo e ilegal juicio de extradición, en el que el juez Villanueva, el mismo que ordenó el operativo en que Prefectura asesinara a Rafael Nahuel, decidió su extradición a Chile.

El 23 de Agosto de este año la Corte Suprema de Justicia avaló la resolución de Villanueva y ordenó la extradición obviando no solamente el doble juicio sino su propia intervención anterior en el caso y el hecho de que Jones Huala, ciudadano argentino, tiene derecho a ser juzgado en su país.

El 5 de septiembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Estado Argentino que no proceda a la extradición hasta que un grupo de expertos revisara el caso, en virtud de las violaciones procesales cometidas por el Estado argentino y de los malos antecedentes que registra el Estado chileno para con el manejo de lo que dan en llamar “conflicto mapuche”, que incluye la aplicación de la Justicia con criterios racistas contra mapuches, el uso repetitivo y exclusivo de la ley Antiterrorista contra esa etnia y la utilización de la tortura contra detenidos.

A días del pedido del Comité el gobierno argentino respondió negativamente y procedió rápidamente a la expulsión del lonko a Chile. Quien recibió el informe de la Cancillería argentina fue la nueva Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, la ex presidenta chilena que solicitara a Mauricio Macri la extradición de Jones Huala a Chile.

La marcha de los acontecimientos todavía no terminó, aún Jones Huala debe ser sometido a un juicio en un caso en el cual los demás acusados han sido absueltos o condenados a penas muy bajas. Sin embargo lo sucedido hasta ahora con la intervención de las diversas instituciones estatales demuestra que existen claros planes de coordinación represiva entre ambos Estados involucrados, y que las instituciones, principalmente la Justicia aparece como una herramienta de convalidación de las decisiones políticas que se toman en otros ámbitos, donde la legalidad es a veces invocada y otras veces ignorada.