En estos hechos, que constituyen delitos de lesa humanidad, existen evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente.

Además de proveer información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que efectuaron los procedimientos de secuestro, se evidencian en este caso situaciones en las que miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores.

La presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente es un fuerte indicio en este sentido. La pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas es otro dato central, especialmente si se tienen en cuenta las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó contra ellos la propia empresa. Se evidencia, además, un claro conocimiento de los hechos criminales, así como una serie de elementos complementarios que muestran con claridad que la empresa habilitó y facilitó recursos para la comisión de los delitos detallados más arriba.

A la espera de que se juzgaran estos delitos, fallecieron algunos de los trabajadores que sufrieron la privación ilegal de su libertad (como los secretarios generales de STIA y FATRE, respectivamente, Marcelo Acuña y Ramón Aguirre, y el trabajador rural Jacinto Bernal); y varios testigos clave (como el maestro y director de escuela Miguel Ángel Argüello y el militante sindical Alfonso Comparín).

En consecuencia, no solamente muchas de las víctimas no serán tenidas en cuenta en el debate, sino que además los principales responsables de los secuestros y desapariciones quedarán impunes. Respecto de los responsables militares, los oficiales Duilio Martínez y Ricardo Schweizer fallecieron durante el proceso, mientras que el coronel Llamil Reston y el capitán Juan Carlos Sacco fueron apartados por razones de salud. En relación a la responsabilidad que le cabe a Las Marías, a pesar de la evidencia presentada en reiteradas instancias, Adolfo Navajas Artaza, que había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal en carácter de imputado por la desaparición del trabajador Neris Victoriano Pérez, fue sobreseído sin habérsele tomado declaración indagatoria, tras la excusación de una veintena de jueces.

Tras serios obstáculos para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos delitos, se iniciara el debate oral el próximo 2 de Julio en la Casa del Bicentenario de Gobernador Virasoro. En este Juicio finalmente se tratará, en términos formales, sólo el caso del trabajador rural Marcelo Peralta. Por este hecho el único imputado es Héctor Torres Queirel, ex intendente de facto de Virasoro y dueño de la Estancia María Aleida, donde se produjo la desaparición de Peralta.

El domingo 1ro de Julio, previo al inicio se movilizarán familiares, victimas y referentes de organizaciones sociales y políticas, quienes concentraran frente al Hospital “Sussini” de Gdor Virasoro para marchar en demanda de MEMORIA- VERDAD Y JUSTICIA a la céntrica plaza Libertad a partir de las 17 hs.

Para familiares y víctimas, es de gran trascendencia haber logrado que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni se constituya en la Localidad de Virasoro para tomar los testimonios de victimas, sobrevivientes y familiares, produciendo así el primer acto de justicia reparatoria allí en el pueblo donde fueron avasallados sus derechos, despreciados por su humilde condición de trabajadores y ninguneados por los poderosos.-
Familiares y víctimas de la Represión en Gobernador Virasoro