El pasado 28 de septiembre en la ruta nacional 34, los trabajadores y trabajadoras azucarerxs del Ingenio de Ledesma en Jujuy, en pleno ejercicio de su legítimo derecho constitucional a la protesta, reclamaron al gobierno de Gerardo Morales por las constantes violaciones a sus derechos laborales ejercidas por sus patrones en complicidad con la justicia jujeña.
En el marco del reclamo, Martina Montoya, comunicadora de la radio del Sindicato de Azucareros, y Julio Gutiérrez, integrante de Radio Capoma, – quienes estaban en el lugar cubriendo en su labor de prensa por la RNMA-, fueron imputadxs, por la Agente Fiscal N°10 Dra. Silvia del Valle Farall por impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del tránsito, medios de transporte o comunicación (art. 194 Código Penal).

El articulo 194 CP, junto al delito de coacción política, fue creado por el dictador Juan Carlos Onganía en 1968, mediante la sanción de la ley 17.567, como una herramienta legal para criminalizar las formas de protesta sindical más activas.
Ni protestar ni comunicar son delitos y por eso repudiamos toda criminalización. En este caso en particular, ambxs estaban cubriendo una jornada de protesta en su labor de comunicadorxs populares.

Esto demuestra el nivel de amedrentamiento que existe en Jujuy, que ya hemos visto en otras provincias, contra quienes realizamos comunicación comunitaria, alternativa y popular.

Comunicar no es delito.

Desprocesamiento ya de nuestrxs compañerxs.